Los últimos datos de actividad divulgados por el Indec revelaron que la economía mostró mayor fortaleza que la esperada incluso en los meses preelectorales. El piso de incremento del PBI para 2025 ya estaría en niveles de 4,5%. Las proyecciones para el año próximo también se están revisando al alza. Mientras las consultoras esperan un piso de 4%, en el equipo económico piensan que la expansión será incluso mayor, arriba del 5% para 2026.

Más allá del buen resultado electoral y la expectativa por las reformas que se tratarán en el Congreso, los planetas parecen alineados para darle un mayor impulso a la economía.

El aumento del precio de la soja es uno de los datos significativos de las últimas semanas. El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y China permitió el reinicio de compras por parte del gigante asiático. Como resultado, el precio de la tonelada saltó desde USD 390 hasta USD 420, cerca del 8 por ciento. Según estimó la consultora LCG, este salto de precios implica que el valor de la producción argentina de soja aumentará cerca de USD 1.400 millones.

“La suba de precio internacional es una buena noticia para el gobierno argentino; podría compensar parcialmente la menor producción esperada para la cosecha 2025/26, estimada en 47 millones de toneladas, frente a los 49,5 millones de toneladas de la cosecha 2024/25”, agregaron desde LCG.

En la Bolsa de Comercio de Rosario estimaron, por otra parte, que la producción de la próxima campaña, incluido el maíz y el trigo, aumentará un 10%, llegando al máximo de los últimos años. El efecto combinado de la suba de precios y de la mayor producción implica un incremento de USD 4.000 millones para la cosecha que se avecina por sobre la del último año.

Quizás suene exagerada aquella frase de Javier Milei, cuando dijo que “los dólares nos van a salir por las orejas”. Pero se avecina un año de significativo ingreso de divisas: el campo, el superávit energético, las colocaciones de deuda internacionales y mayores inversiones para Vaca Muerta, minería e infraestructura.

A los mejores precios internacionales y la buena cosecha se suma otro factor que jugará a favor de la Argentina el año próximo: la reducción de las tasas en Estados Unidos. La Reserva Federal ya bajó dos veces los rendimientos y se encamina a una tercera disminución en su reunión del 10 de diciembre. Y la perspectiva es que habría al menos otras tres bajas el año próximo, de un cuarto de punto cada una.

La rebaja es de por sí una buena noticia para Argentina. Significa la posibilidad de financiarse a menores rendimientos en dólares cuando se abra el mercado. Pero además impulsa a los inversores a buscar alternativas para conseguir mejores tasas con compras de bonos. Y allí es donde la deuda argentina se vuelve muy atractiva.

El riesgo país actual de 650 puntos básicos y tasas superiores al 10% anual en dólares lucen exageradas para el avance conseguido por el Gobierno en los últimos dos años. Todo apunta a una convergencia, que lleve ese nivel a un rango de 400 a 450 puntos en cuestión de meses.

¿Por qué hay el riesgo país sigue mostrando resistencia a bajar más, cuando el Tesoro de EEUU no dudó en respaldar a la Argentina en medio de una fuerte presión cambiaria? Claramente. las dudas de los mercados se relacionan con la vulnerabilidad que todavía presenta el Banco Central.

Las reservas netas siguen negativas en alrededor de USD 11.000 millones. El lunes el gobierno debe pagar otro vencimiento, en este caso de una serie de Bopreal, por cerca de USD 1.000 millones, lo que empeora todavía más los números.

Luis “Toto” Caputo no parece apurado en dar una respuesta, aun cuando se avecina otro fuerte vencimiento, los USD 4.300 millones que habrá que pagar el 9 de enero próximo.

Se está negociando un nuevo repo con bancos internacionales, es decir financiamiento fresco garantizados con bonos.

Sin embargo, los inversores esperan que el Central empieza a acumular reservas de manera genuina. Esto sería clave para reducir el impacto de shocks externos. Incluso Domingo Cavallo volvió a advertir sobre esta debilidad: “Un esquema de bandas cambiarias no es creíble si el Banco Central no tiene poder de intervención para defender el techo”.

Esta situación ya se vio en las semanas previas a las elecciones. Cuando el tipo de cambio tocó el techo de la banda cambiaria fue Scott Bessent quien tuvo que intervenir para que la cotización no lo supere. Ahora el Tesoro norteamericano divulgó oficialmente que la intervención en el mercado argentino ascendió a USD 2.500 millones para evitar la disparada del dólar oficial.

El economista Fernando Marull destacó que en la última semana el gobierno recompró USD 3.700 millones de cobertura cambiaria. Una parte fue el propio Tesoro sacando bonos dollar-linked del mercado por USD 2.300 millones y lo otro correspondió al Central, al dar de baja contratos de dólar futuro por USD 1.400 millones.

Esto refleja que la demanda de dólares o por cobertura cambiaria se redujo notablemente luego de las elecciones legislativas. Incluso en este momento de vacas flacas en lo que a oferta de divisas se refiere, el tipo de cambio se mantuvo sin mayores cambios.

Por ahora el equipo económico se muestra cauto en la implementación del plan de “remonetización”, que consiste en comprar dólares con emisión de pesos, sin necesidad de salir a esterilizar. Esta idea fue esbozada por autoridades del Central en reuniones con inversores, pero es evidente que no quieren apurar los tiempos. El objetivo es evitar que se produzca mayor presión cambiaria o un salto inflacionario. Sobre todo teniendo en cuenta que en noviembre el índice mostraría un leve incremento adicional para ubicarse cerca del 2,5 por ciento.

Otra de las incertidumbres pasa por el modelo cambiario. Un informe de Delphos Investment advirtió que “el mercado no cree en el sostenimiento del ajuste de las bandas al 1% mensual”. Los precios de los bonos y de los futuros de dólar más bien esperan que ese techo acelere su ajuste a algo más parecido al 2% mensual, lo que evitaría una mayor apreciación del tipo de cambio.

Por ahora Caputo tampoco muestra apuro por introducir cambios. Posiblemente otorgue mayor relevancia a la necesidad de seguir bajando la inflación en los meses venideros. Y para eso es importante que el dólar se mantenga estable.

La recuperación económica, la estabilidad cambiaria y el mayor optimismo de los inversores, sin embargo, contrastaron con una noticia preocupante en la última semana: el cierre de la planta de Whirlpool en Pilar, que dejó 220 personas desempleadas.

Lo más llamativo es que la noticia se conoció en paralelo con un informe del Indec sobre la evolución en la venta de electrodomésticos y línea blanca. Allí surge que en el tercer trimestre la venta de lavarropas llegó a un récord, con un incremento de 25% respecto al mismo período del año anterior.

Este incremento de las ventas va en paralelo con una disminución de precios notable del sector: el mismo lavarropas que se vendía a $800.000 a fines de 2023 ahora se consigue a $500.000. Dos años después es más barato en pesos.

La apertura importadora, la baja de precios y la reducción de márgenes tornan inviable fábricas como la de Whirpool en Pilar. Como sucede con muchas industrias, ahora optan por sustituir la producción directamente por artículos importados.

La economía argentina seguirá en 2026 moviéndose a dos velocidades. Por un lado, el campo, la energía y la minería continuarán con un impulso excepcional, que es lo que explicará otro año que apunta a mostrar una gran expansión. Pero por el otro lado aparecen sectores poco competitivos que se seguirán achicando, reemplazando producción nacional por importada y reduciendo empleo en la búsqueda de mejores márgenes.

Las reformas que se vienen tienen como objetivo reducir los costos laborales e impositivos para las empresas con el objetivo de darles mejores perspectivas. Se trata de la gran apuesta que Argentina tiene por delante en la búsqueda de mejorar el empleo y reducir los elevados niveles de informalidad, que lejos de reducirse continúan en franco aumento.

En medio del debate por la reforma laboral, la industria prevé que 2025 finalizará con cerca de 130.000 nuevas demandas por accidentes de trabajo. En caso de contemplar también los litigios por despidos y empleo no registrado que se abrieron a lo largo del año, la cifra total de la industria del juicio trepa a 260.000.

El sistema de riesgos del trabajo en Argentina sigue enfrentando una presión sin precedentes por la cantidad de juicios laborales iniciados en los últimos meses, una situación que amenaza la sostenibilidad del sector privado y complica la generación de empleo formal. De acuerdo con la información difundida por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el volumen de demandas por accidentes laborales alcanzó un récord histórico y terminará el año con unas 130.000 demandas. Este fenómeno, que se mantiene desde hace años pese a los intentos de reforma, se traduce en un incremento de los costos empresariales y en una creciente incertidumbre para quienes buscan invertir en actividades intensivas en mano de obra.

La presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió que ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización y, en medio del debate por la reforma laboral destacó que “ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial”.

Bajo la perspectiva de la UART, el debate actual se centra más en los litigios por despidos, trabajo en negro e incidencias similares que en lo que ocurre con los procesos legales abiertos por riesgo laboral. En tal sentido, definen al esquema vigente de accidentes como obsoleto.

El contraste internacional es significativo: Argentina presenta un nivel de judicialidad 21 veces superior al de Chile y 15 veces mayor que el de España. Si se aplicara la tasa de España, el país debería tener 8.200 juicios por año, con la de Chile, solo 5.600, según datos de UART.

A pesar de este contexto, el balance a 29 años de funcionamiento ininterrumpido del sistema muestra avances significativos: la mortalidad laboral se redujo un ochenta y uno por ciento, la siniestralidad bajó cincuenta y cinco por ciento y la gravedad de los accidentes cayó treinta y nueve por ciento.

El tema se tocó este viernes en Infobae en Vivo, donde la periodista Lucrecia Eterovich remarcó que “Argentina tiene una tasa de juicios laborales desproporcionadamente alta a pesar de registrar una tendencia decreciente en accidentes laborales, lo que evidencia que hay un funcionamiento judicial que incentiva la demanda”.

Eterovich analizó el clima de expectativas que genera la próxima discusión sobre la reforma laboral, así como la demanda del sector empresarial de reducir costos y bajar la incertidumbre jurídica. También planteó dudas sobre el alcance de las modificaciones que el Gobierno llevará al Congreso Nacional.

“El oficialismo intentará mantener hermetismo en lo que resta de semanas para evitar filtraciones y no anticipar el contenido de la reforma”, detalló Eterovich y agregó que el eje central estará en definir si el proyecto contempla regulaciones sobre la llamada ‘industria del juicio’ en la Argentina.

Datos de mediados de este año muestran que la distribución de estos litigios no es homogénea en el territorio nacional. La Provincia de Buenos Aires concentra el 40% del total de causas, superando los valores registrados en 2024. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también muestra un aumento respecto al año anterior, mientras que Santa Fe experimentó un crecimiento interanual del veintiocho por ciento en junio, muy por encima del promedio general. En contraste, provincias como Salta y Río Negro, que implementaron Cuerpos Médicos Forenses dependientes del Poder Judicial, exhiben índices de litigiosidad considerablemente más bajos, lo que sugiere que la aplicación plena de la normativa vigente podría contribuir a reducir el volumen de causas judiciales y aportar mayor previsibilidad al sistema, según sostienen en el sector.

La legislación actual, en particular la Ley 27.348 de 2017, establece la creación de estos cuerpos médicos forenses para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. Sin embargo, salvo excepciones como Mendoza —donde se conformó un cuerpo médico con cinco peritos bajo la órbita judicial, aunque continúan operando otros peritos controlados por este cuerpo— y la reciente convocatoria en Santa Fe para integrar un nuevo equipo de peritos, la mayoría de las provincias no ha avanzado en este sentido. En estos distritos, los peritos actúan por listados y perciben honorarios calculados en función del porcentaje de incapacidad asignado, lo que, según la UART, genera un “circuito perverso de incentivos”.

Este esquema ha derivado en que las pericias determinen porcentajes de incapacidad superiores a los establecidos por la normativa oficial, con un promedio que excede en 12,5 puntos los valores del baremo vigente. Además, las tasas de interés judiciales elevadas convierten los juicios en una apuesta financiera de retorno asegurado, advierte el sector. En 2024, el stock de juicios en curso llegó a 290.000 casos, y se estima un flujo de 260.000 nuevos para 2025, lo que representa una carga significativa para el sistema, las aseguradoras y los empleadores.

El costo promedio del seguro de riesgos del trabajo se ubica en 2,77% de la nómina salarial, y aunque este porcentaje aumentó en el último año, no lo hizo al ritmo de la litigiosidad.

El impacto de esta situación sobre el sector privado es directo: la judicialización creciente eleva el valor de las primas de seguros, afecta la competitividad de las empresas y actúa como un freno para la generación de empleo formal. Según la UART, este fenómeno genera incertidumbre y limita la capacidad de planificar inversiones, especialmente en sectores que requieren gran cantidad de mano de obra.

Un dato que ilustra la magnitud del problema es que el 88% de los juicios ingresados corresponde a casos sin incapacidad reconocida, lo que evidencia una litigiosidad que no se corresponde con un daño efectivo en la salud del trabajador. Además, el sesenta por ciento de las demandas se presenta fuera del plazo legal establecido, lo que contribuye a la acumulación de causas y a la saturación de los tribunales.

El costo económico de la litigiosidad impacta de lleno en el sector productivo. Según la UART, tomando como referencia el Salario Mínimo de junio de 2025 ($313.400), la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos. Este factor se suma al denominado ‘costo argentino’, encareciendo la contratación y desalentando el empleo registrado.

El agro marcó en 2025 un importante récord: 1 de cada 4 trabajadores del sector son mujeres. La agroindustria argentina emplea a más de 4,2 millones de trabajadores, de los cuales el 28% hoy son mujeres. Son 1,2 millones de trabajadoras que impulsan la producción, la innovación y el futuro del agro, desempeñándose como productoras, técnicas, ingenieras y emprendedoras.

De acuerdo a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) en los últimos cinco años, se sumaron 227.977 nuevas trabajadoras al rubro.

Este récord va más allá de un mero dato estadístico, es una buena señal para la empleabilidad de las mujeres argentinas y su independencia económica a futuro. Sucede que los sectores con el mayor potencial de generación de empleo y buenos salarios en la Argentina suelen estar masculinizados en lo que refiere a su fuerza laboral: la agroindustria, la minería, la economía del conocimiento y la intermediación financiera. De no mediar un cambio en estas áreas, la tendencia solo profundizaría la desigualdad.   

Oportunidades a nivel federal

FADA en conjunto con la Asociación Civil Las Chicas del Agro publicaron el informe «Mujeres en la agroindustria: construyendo futuro» con datos reveladores: la agroindustria argentina, un motor clave de la economía, se consolida como una fuente de empleo cada vez más diversa, con la participación femenina alcanzando cifras estratégicas en 2 sectores clave: 43% en servicios y 41% en comercio.

En cambio, los rubros primarios (14%), insumos (14%) y transporte y logística (17%) muestran menor presencia femenina, ya que históricamente se asociaron a tareas más físicas y tradicionalmente masculinizadas.

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1. servicios conexos (+92.477 mujeres),
2. comercio (+88.325)
3. industria (+64.333),
4. bienes de capital (+8.837)
5. insumos (+1.496)

Por el contrario, en algunos sectores como transporte y logística (-11.884 mujeres) y primario (- 15.607 mujeres) se observó una disminución en la cantidad de trabajadoras. Sin embargo, estas caídas coincidieron con reducciones similares en el empleo masculino.

Otro punto importante es que la agroindustria se destaca por ser federal. A diferencia de otras actividades productivas, que suelen concentrarse en las grandes capitales, la agroindustria está presente a lo largo y a lo ancho del país, generando oportunidades laborales y económicas en cada región, ya sea grandes ciudades o pequeños pueblos. Es un motor de desarrollo local y regional, que impulsa las economías del interior y genera un valor agregado distintivo.

Empleo en el agro

El reporte también quiere desterrar el prejuicio de que el agro no genera empleo en cantidad. «Cuando hablamos de cadenas agroindustriales (CAI), nos referimos a más de 20 sectores productivos, que abarcan desde las peras y manzanas del Alto Valle, el complejo pesquero, las lanas y cueros patagónicos, los vinos de Cuyo, las legumbres y cítricos del NOA, el arroz, tabaco, té y yerba mate del NEA, hasta los granos y producciones pecuarias de la región Pampeana-Centro, entre muchos otros», indica el reporte.

Además, el empleo agroindustrial comprende todas las etapas del proceso productivo, desde la siembra y la cría hasta la llegada de los alimentos a la mesa de los argentinos o su exportación. Esto incluye no solo la producción primaria, sino también el comercio, la industria, el transporte, la logística y los servicios conexos que hacen posible su funcionamiento.

Empleo agroindustrial por sectores (FADA)

«Es fundamental considerar a todos estos actores, ya que sin la producción inicial de cualquiera de estos productos no existirían los empleos asociados al transporte, la industria o los servicios vinculados,» consignan FADA y Las Chicas del Agro.

De esta forma, en conjunto de todo lo mencionado, se concluye que la agroindustria emplea a 4.200.295 personas en todo el país.

Tecnología: la llave de la inclusión

La irrupción de la tecnología es un gran motor de este cambio. La automatización y la digitalización están borrando la histórica asociación de ciertas tareas con la fuerza física. Según Antonella Semadeni, economista de FADA, las mujeres acceden a roles de alta capacitación técnica y operativa, desde la conducción de tractores y cosechadoras de última generación y la operación de sembradoras, hasta el manejo de drones, la gestión inteligente de la logística, entre otros.

El futuro está en manos de las nuevas profesionales: el informe destaca que, si bien la participación femenina crece en todos los grupos etarios, el aumento es mayor entre las menores de 30 años, lo que proyecta un futuro más equilibrado y prometedor para el empleo agroindustrial.

«La agroindustria argentina no solo está produciendo alimentos para el mundo, sino que está construyendo un modelo laboral más equitativo, demostrando que la eficiencia y la innovación pasan por la inclusión de talento sin distinción de género», concluyen las analistas.