Lo más destacado de la semana fue que Latinoamérica fue casi una isla a la que no llegó con fuerza la volatilidad y la decadencia económica que atraviesa a los países líderes incluido Estados Unidos, Europa, Japón y China.

El oro que había llegado a USD 5.600 por onza y es históricamente el último refugio ante la incertidumbre, soportó una ola de ventas que lo llevó a menos de USD 4.800, mientras los bonos de la región parecían inmunes y las Bolsas absorbían los golpes con caídas que no fueron preocupantes.

Estados Unidos teme que el oro reemplace a sus bonos como refugio de los Bancos Centrales. Por eso, el titular del Tesoro, Scott Bessent, criticó la estrategia China. “El oro me parece una especie de explosión acumulativa clásica”, dijo.

J.P. Morgan y Deutsche Bank contrastaron con la visión de Bessent que apuesta que las acciones norteamericanas seguirán en alza. Se mantuvieron firmes en su previsiones sobre el buen futuro de los metales. El analista internacional, Ismael de la Cruz, observó que el indicador “Bull & Bear” del Bank of America “registra una de las lecturas más alcistas de su historia”. Podría significar que el mercado está a punto de corregir la tendencia.

Con este escenario complicado que fue asimilado con escasos daños colaterales, las distintas consultoras hicieron su análisis centrándose en el convenio bilateral con EEUU, el Indec y la posibilidad de la Argentina de salir al mercado internacional para refinanciar su deuda.

”Seguimos favoreciendo la exposición a activos en moneda dura, apoyados en la acumulación sostenida de reservas internacionales y en la expectativa de una compresión del riesgo país. A comienzos de la semana, el ministro Caputo afirmó que no hay interés en emitir nueva deuda en los mercados internacionales, postura que luego fue reforzada por un mensaje del presidente Milei orientado a generar escasez de bonos argentinos. A nuestro entender, estas declaraciones deben leerse en términos de niveles. El Gobierno está señalando que no está dispuesto a emitir a los spreads actuales, en torno a los 500 puntos básicos, ni a pagar cupones en el rango de 8,75%–9,25%, como hizo Ecuador. Por eso, creemos que la Argentina buscará volver a los mercados más cerca de mayo, una vez que la acumulación de reservas alcance aproximadamente USD 4.000 millones en el año y se traduzca en condiciones de emisión más favorables”, señaló AdCap Grupo Financiero.

En la visión del grupo, “una vez disipadas las tensiones financieras de octubre y tras agotarse el impulso inicial de la recuperación -que suele favorecer a la tasa fija-, los BONCER vuelven a mostrar su ventaja relativa. Esperamos que los bonos ajustados por inflación continúen superando al resto, en particular en los próximos meses, ya que los datos de inflación podrían arrojar sorpresas negativas. Por este motivo, mantenemos nuestra posición a lo largo de la curva BONCER”.

La consultora FMyA, que dirige Fernando Marull indicó que la semana que pasó demostró que “nada es lineal; tampoco la economía internacional. Por ahora, no vemos motivos profundos más allá de una corrección desde máximos”. Y agregó: “después de varias semanas donde al Gobierno le salieron todas, acusó el primer golpe del año con el tema INDEC. Por ahora fue solo ruido (innecesario técnicamente, y que tiene todo el color de que fue un motivo político) sin impacto económico”.

La inflación “nos dio algo alta (+0,7%) y proyectamos 2,1% para febrero”, dijo el informe de FMyA. “Respecto a enero, los primeros datos de actividad fueron buenos, siendo el segundo mes consecutivo de rebote (a confirmar las próximas semanas). Para la inflación de enero, proyectamos 2,4/2,5% (Caputo dijo 2,5% y después 2,8%). La primera semana de febrero estuvo en línea con la proyectada para el mes”.

En los próximos días, indicó la consultor “el foco va a estar en el contexto global, la reunión con el FMI (que va a aprobar las metas y desembolsar USD1.000 millones pendientes) y también en el Congreso, con las novedades de la Reforma Laboral y la agenda Fiscal, que busca bajar Aportes Patronales y Ganancias, y el Gobierno están el medio de una negociación con las Provincias (porque es coparticipable)”. Y como dato positivo notó que “llovieron 15 milímetros en los primeros días de febrero y el riesgo de sequía se aleja. Igual la falta de lluvia ya afecto al 46% de la soja”.

Para EconViews, de Miguel Kiguel “febrero ha comenzado con un escenario un poco más complejo, donde los nubarrones aparecen tanto en el frente externo como en el doméstico. Afuera, la volatilidad de las acciones, las monedas y los activos como el oro ha sido enorme”.

Después de notar que la polémica por el INDEC puede provocar descreimiento en los próximos índices de inflación EconViews señala que “un tema adicional es que este año el control de la inflación ya no es el único objetivo de política económica, porque finalmente parece que el Gobierno se convenció de la importancia de acumular reservas. Pero esto tiene una trampa. En algún momento, estos dos objetivos pueden entrar en conflicto por dos razones. Primero, porque la compra de reservas implica emisión monetaria, y si se emite mucho al final puede aumentar la inflación. Es cierto que el Gobierno puede absorber parte esos pesos emitiendo bonos, o sea esterilizando, pero ahí aparecería el trauma del déficit cuasifiscal. Pero hay otro potencial problema. Es posible que en algún momento el sector privado piense que el dólar está atrasado y vuelva a comprar dólares poniéndole presión al tipo de cambio. ¿Qué haría el Banco Central en ese caso? Podría vender dólares, pero eso implicaría perder reservas. Como se ve, los desafíos continúan en el frente cambiario y monetario”.

Como datos positivos, el informe observa que el riesgo país se mantuvo estable, “señal de que el programa de acumulación de reservas se empieza a transformar en un bastión de confianza para los inversores. A esto se suma la firma del acuerdo comercial con EEUU, que debería aportar mejoras institucionales y ayudar a atraer inversiones”. Por último, coincide con las demás consultoras que la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares será una buena oportunidad para que el Gobierno muestre capacidad de negociación y sacar adelante leyes importantes “enviando una señal de gobernabilidad que el mercado valorará tanto como los fundamentos macro”.

La consultora F2, que dirige Andrés Reschini, señaló que “el dólar sigue débil en el mundo (pese al rebote de fin de enero y principios de febrero) y el mercado encuentra refugio en emergentes que tienen políticas más estables y menor nivel de endeudamiento. Este escenario ha ayudado a que Argentina esté prácticamente en condiciones de volver a colocar deuda en los mercados internacionales y también a amortiguar la apreciación del tipo de cambio real, principalmente porque el real brasileño lidera el ranking de las monedas más fortalecidas en lo que va del año. Así, las emisiones primarias de deuda de corporativos y sub soberanos continúan fluyendo y el BCRA ha conseguido acumular un saldo de compras por unos USD 1.475 millones en lo que va del año y unos USD 317 millones en lo que va de febrero con absoluta calma cambiaria”.

El informe agrega que mañana “el INDEC publicará el IPC de enero en medio de la polémica por la salida de Marco Lavagna y la aceleración de las expectativas inflacionarias. Además, el miércoles tendrá lugar la sesión extraordinaria en el Senado para el tratamiento de la reforma laboral donde el Gobierno enfrentará el primer gran test político del año”.

La consultora 1816 cree que el riesgo país que tiene la Argentina es casi el que tenía Ecuador cuando tomó la decisión de emitir bonos en el mercado internacional “de lo que podría deducirse que, si quisiera, el Gobierno de Milei ya podría emitir offshore (aunque sea principalmente para recomprar bonos existentes. Sin embargo, Caputo reiteró que no tienen planes de hacerlo, reflejo de que se tiene fe de que podrá salir al mercado a tasas más bajas (pese a que el contexto actual para emergentes es casi ideal). Sea ahora o en unos meses el sentido común indica que es importante que el país consiga financiamiento este año, porque en 2027 hay elecciones y, a juzgar por la historia, es posible que el año que viene los inversores sean más cautelosos (entre BCRA y Tesoro hay que pagar en dólares a privados, FMI y Club París USD 10.400 millones en lo que resta de 2026 y USD 21.100 millones en 2027)”.

El informe indicó que “los préstamos por consumos con tarjeta en dólares alcanzaron el último día de enero su nivel más alto de la historia, anticipando que la salida de divisas por turismo y viajes fue muy alta. Eso no impidió que el BCRA compre USD 1.158 millones en enero, algo explicado en buena medida por otros préstamos bancarios en dólares que se liquidan en el momento en el Mercado Libre de Cambios. Esos préstamos subieron USD 1.194 millones en enero”.

La Bolsa de Cereales y la Fundación INAI analizaron el acuerdo comercial. “No estamos frente a un acuerdo comercial más. EEUU es la principal economía del mundo (25% del producto global), con 350 millones de habitantes que tienen un ingreso per cápita de USD 82.000 anuales. Además, EEUU es uno los tres principales importadores de productos agroindustriales (junto a China y la Unión Europea), importaciones que llegaron a los USD 220.000 millones en 2024. La tendencia de estas importaciones es creciente, gracias al mayor ingreso de productos de alto valor como frutas, productos de panadería, cervezas, vinos, quesos y carnes. A pesar de ello Argentina solo da cuenta de menos del 1% de estas importaciones, en gran parte por tener que competir con otros países que tienen menores aranceles que los que enfrentamos nosotros (como es el caso de México, Canadá, Australia, Chile, Perú, Colombia y otros países). Esto deja en evidencia que hay mucho espacio para crecer en ese mercado si mejoramos las condiciones arancelarias bajo las cuales ingresamos”.

Si bien una sobretasa arancelaria “nunca es una buena noticia, que la misma sea de solo un 10% para la Argentina nos coloca en mejores condiciones relativas de acceso que otros competidores en el mercado norteamericano como Brasil, China, Indonesia, Tailandia, India o Vietnam”, dice el informe. Y a eso suma el listado de productos libre de sobretasas y la ampliación sustancial de la cuota arancelaria de carne bovina, “lo cual podría generar ingresos adicionales por USD 800 millones”.

Anoche el oro parecía volver a ser refugio y en las operaciones overnite cotizaba por encima de USD 5.000. Las Bolsas de Nueva York operaban en verde y el Bitcoin se mantenía alrededor de USD 70 mil.

Este domingo, el Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, donde la actualización de un 100.000% en el monto de las multas automáticas había generado un importante revuelo en los últimos meses, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Esto generó que las pymes expresaran una fuerte preocupación por el impacto de estas sanciones en su actividad diaria.

La instrumentación del Capítulo III, del título II de la Ley 27.799 se oficializó esta madrguada, mediante el decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Frente a la situación que enfrentan las pymes, el Gobierno instruyó eliminar la automatización en la emisión de intimaciones a contribuyentes que no sean considerados relevantes para la recaudación nacional. El objetivo es modificar los procedimientos de sanción y atenuar el impacto sobre las pymes, otorgándoles un trato diferencial en la aplicación de multas.

Así, las intimaciones automáticas no se remitirán a todos los contribuyentes por igual. En cambio, el análisis se realizará caso por caso, excluyendo a las pymes de la automatización y permitiéndoles corregir su situación antes de recibir una sanción formal. Esta diferenciación administrativa busca evitar que actores económicos de menor tamaño sean sometidos a las mismas reglas que los grandes contribuyentes.

En lugar de intimaciones automáticas, se enviarán recordatorios para que el contribuyente regularice su situación antes de que comience la instrucción del sumario para la aplicación de la multa

Explicaron que este mecanismo reemplaza la intimación automática por un aviso previo, incentivando la regularización voluntaria y equilibrando la fiscalización con la protección de la actividad económica de las pymes.

Por otro lado, las pymes estarán excentas de las sanciones cuando se presente la declaración jurada y se pague el tributo en tiempo y forma o; por el contrario se adhiera a un régimen de facilidades de pago. A su vez, aquellas pequeñas empresas que detecten algún error en sus documentos, tendrán un plazo para rectificarse. En el caso de que lo hagan antes de que ARCA identifique la diferencia, no será considerada una “discrepancia significativa”, por lo que no perderán la presunción de exactitud.

El consenso alcanzado en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal busca proteger a las pymes sin resignar la capacidad del Estado para controlar y fiscalizar. La instrucción de no automatizar la emisión de multas para los contribuyentes menos relevantes apunta a preservar el equilibrio entre la recaudación fiscal y la protección del empleo y la producción. Enfatizaron que los procedimientos de control y sanción deben aplicarse con criterios de razonabilidad, evitando que la automatización se convierta en una fuente de injusticias o agrave la situación de los sectores más vulnerables.

El Ejecutivo definió también los pasos que deberán cumplir los argentinos para ingresar al circuito formal los dólares almacenados fuera del sistema bancario y precisó los incentivos para quienes tributen en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La medida busca canalizar hacia el sistema financiero los aproximadamente USD 170 mil millones que se encuentran fuera del circuito formal, monto que representa casi el triple de los depósitos privados actualmente registrados en el país.

Las autoridades nacionales esperan que la reglamentación fortalezca el crédito y contribuya a la reactivación económica. El decreto también introdujo cambios en los umbrales penales asociados a la evasión fiscal: el mínimo para que una evasión simple sea considerada delito aumentó de $1,5 millones a $100 millones. Las causas previas a la publicación del decreto pueden solicitar la aplicación de la ley penal más benigna, siempre que la norma haya sido publicada en el Boletín Oficial. El nuevo umbral se ajustará anualmente bajo un método específico.

En cuanto a los procedimientos, el decreto establece que para utilizar los dólares guardados fuera del sistema, los contribuyentes deberán “bancarizarlos”, es decir, integrarlos al sistema financiero nacional. Esto podrá realizarse tanto en el origen como en el destino de los fondos.

Una fuente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explicó a Infobae que los contribuyentes podrán optar por depositar los dólares en su cuenta bancaria antes de transferirlos o girar el dinero directamente a otra persona, siempre que el circuito sea trazable.

La exigencia responde a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sostienen que la trazabilidad de los fondos reduce riesgos vinculados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La magnitud del ahorro informal fue subrayada por Caputo en diálogo con Radio Mitre, donde estimó que existen USD 170 mil millones fuera del sistema, mientras que los depósitos privados alcanzan los USD 67 mil millones. El ministro afirmó: “Hay casi tres veces el nivel de depósitos que hay en el sector privado en los colchones. Imaginate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, ni te digo todo, la mitad de eso, los problemas de la Argentina se solucionarían”.

Para adherir al RSG, la normativa exige ingresos anuales menores a $1.000 millones, un patrimonio inferior a $10.000 millones y no estar calificado como gran contribuyente. Solo se computan ingresos propios, sin contemplar los percibidos como intermediario. Entre los beneficios para quienes se incorporen al régimen figuran la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago, junto con detalles sobre los casos en los que se aplica la figura de discrepancia significativa.

El impacto para los monotributistas resulta especialmente relevante. Los pequeños contribuyentes interesados en ingresar dólares al sistema deben inscribirse previamente en el RSG; de lo contrario, quedarán sujetos a eventuales controles fiscales. Una fuente oficial advirtió: “Los pequeños contribuyentes tendrán que evaluar qué les conviene más: sacar los dólares del colchón y pagar más impuestos o no hacerlo y correr el riesgo de ser investigados”. Las autoridades confían en que la mayoría de este sector optará por regularizar su situación.

Aún está pendiente de confirmación si los lineamientos definidos en la reglamentación satisfacen las expectativas de las entidades bancarias privadas, o si la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá emitir nuevas instrucciones, en un contexto de transición en su dirección. Se prevé que en los próximos días ARCA publique nuevas Resoluciones Generales para ajustar y precisar el régimen en marcha.

El “tapón fiscal”, implementado por la Ley 27.799 —conocida como de Inocencia Fiscal— a través del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias constituye una herramienta de protección para ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El sistema introduce la presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas y abonadas bajo este régimen, lo que implica un blindaje jurídico sobre los períodos impositivos ya declarados y aceptados.

Quienes adhieren y cumplen con los requisitos del régimen adquieren el derecho a que sus declaraciones sean consideradas correctas y suficientes por ARCA. Esto significa que, una vez aceptada y abonada la declaración, ARCA no puede reabrir, ajustar ni cuestionar la determinación del impuesto en esos períodos, salvo que exista una “discrepancia significativa”. De esta forma, se abandona la antigua presunción de culpabilidad fiscal y se establece que la carga de la prueba recae exclusivamente en el organismo recaudador.

La Ley de Inocencia Fiscal representa un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los ciudadanos en materia tributaria. El objetivo central es la reparación histórica del ahorro nacional mediante la simplificación del sistema impositivo y la protección del ahorro formal. Las nuevas reglas buscan incentivar la reintroducción de fondos informales a la economía, lo que puede fomentar el consumo, la inversión y el acceso al crédito en el mediano y largo plazo.

El mecanismo de protección abarca tanto el Impuesto a las Ganancias como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos no prescriptos, incluso cuando el contribuyente no tenía obligación previa de declarar, siempre que cumpla con los requisitos fijados por la normativa. La presentación y el pago en término, ya sea en efectivo o mediante un plan de facilidades dentro del plazo legal, activan automáticamente la presunción de exactitud y el efecto liberatorio para el contribuyente.

El acceso al régimen está reservado a personas y empresas cuyos ingresos totales no superen los $1.000 millones y cuyo patrimonio no exceda los $10.000 millones en los últimos tres ejercicios. Estos límites se verifican individualmente por año y son independientes de la condición previa del contribuyente. La adhesión se realiza a través del servicio “Sistema Registral” en la web de ARCA, seleccionando “Ganancias PH Simplificada”. El sistema emite una constancia digital que acredita la incorporación al régimen y puede ser utilizada ante entidades financieras como antecedente favorable.

Para conservar el blindaje, es necesario ratificar anualmente el cumplimiento de las condiciones legales. El falseamiento de datos o el incumplimiento de los requisitos implica la exclusión del régimen y la pérdida de sus beneficios. Mientras se cumplan las obligaciones de presentación y pago, ARCA solo podrá fiscalizar la facturación y los gastos deducibles, sin intervenir en la variación patrimonial ni en los consumos personales como consumidor final.

La declaración jurada simplificada se basa en un esquema precargado por ARCA, que el contribuyente puede revisar, ajustar o aceptar. Solo se permite impugnar la información declarada si se detecta una discrepancia significativa, definida por la existencia de una diferencia de al menos el 15% en el saldo del impuesto, la superación del umbral vigente en el Régimen Penal Tributario (hoy $100 millones) o la utilización de facturas apócrifas, sin importar el monto.

En todos los casos, la carga de la prueba corresponde a ARCA, que solo puede utilizar la información declarada, la que obre en su poder o la que provenga de terceros. Si la diferencia surge de un error subsanado espontáneamente por el contribuyente antes de una notificación formal, no se abre impugnación.

La falta de presentación o el impago de la declaración jurada simplificada priva automáticamente al contribuyente del blindaje, habilitando la fiscalización plena. Si una impugnación de ARCA es revocada en sede administrativa o judicial, se restablece la presunción de exactitud y se considera que nunca debió abrirse la verificación sobre los períodos protegidos.

Cada año, al ratificar la permanencia y cumplir los requisitos, el nuevo período fiscal queda protegido, mientras que los anteriores pasan a integrar el conjunto de ejercicios blindados, salvo que exista una orden de intervención notificada sobre alguno de ellos.