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ECONOMIA

Vicentin en crisis: los fondos para los sueldos no aparecen y hay directivos detenidos

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Paralizada por la falta de granos para moler, y sin fondos frescos para cubrir la totalidad de los sueldos adeudados, Vicentin parece encaminarse a un precipicio sin retorno. La compañía en cuestión, que acumula una deuda post concurso superior a los $5.000 millones, continúa intervenida por la Justicia desde mediados de este mes y en la última semana sumó otro frente de escándalo: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, ex directivos de la firma, fueron detenidos e imputados por los presuntos delitos de estafa y asociación ilícita. En concreto, se los acusa de haber utilizado fondos de la compañía para gastos personales. Los acusados enfrentan acciones promovidas por la Fiscalía de Delitos Económicos.

Los cuatro ex directivos tomaron parte de una audiencia imputativa que se llevó a cabo durante la tarde del jueves. Y las detenciones siguen la línea de una investigación abierta hace algo más de cuatro años contra la cúpula de la empresa agroindustrial.

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La fiscalía mencionada acusa a Scarel, Macua, Gazze y Buyatti de concebir una presunta asociación ilícita que tuvo como objetivo llevar a cabo la «planificación y comisión de una pluralidad de delitos».

Entre otros detalles, los ex directivos habrían destinado u$s1,5 millones de la caja de Vicentin para el pago de honorarios de abogados. También se señala que los ejecutivos habrían facturado viajes de avión que llevaron a cabo en una aeronave propiedad de la cerealera.

Vicentin: la Justicia intervino con allanamientos y detenciones

La decisión judicial de detener a los ex directivos llegó como corolario de una veintena de allanamientos promovidos por la fiscalía la semana pasada, todos concretados en el marco de la investigación que se le sigue a la mesa directiva de Vicentin.

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Respecto de estos procedimientos, la compañía emitió un comunicado manifestando su rechazo a los allanamientos y alegando que ese tipo de acciones complica aún más la posibilidad de que la compañía retome cierto grado de producción y, a partir de eso, cumpla con sus obligaciones con empleados y acreedores.

«Ante los graves hechos acontecidos el día de ayer (21 de marzo), por los que la Fiscalía a cargo del fiscal Narvaja procedió a allanar 20 domicilios de personal jerárquico de la sociedad, incluyendo a su Presidente, a su VicePresidente y a tres altos gerentes respecto de quienes se ordenó su detención, hacemos saber que los hechos que investiga la Fiscalía son anteriores a la presentación en concurso de la sociedad…», expuso la firma.

Para luego añadir: «… y que -de acuerdo a trascendidos, ya que la empresa no ha recibido una comunicación fehaciente al respecto- la investigación se habría ampliado ahora a la administración actual, en particular al período comprendido entre agosto de 2024 y la actualidad, con base a la pérdida de caja que ha sufrido la sociedad».

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En otro apartado del texto, Vicentin señaló: «No deja de asombrar que estos allanamientos y detenciones fueron ordenadas en el momento de máxima tensión para la sociedad, que es público y notorio, cuando intenta procurar los fazones que permitan reunir los fondos para terminar de pagar los salarios atrasados, y cuando ha obtenido recientemente un dictamen favorable del Fiscal de Cámaras en su Recurso Extraordinario para alcanzar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Con estos dichos, la compañía coloca a la Justicia como otro de los actores que, a partir de una intervención periódica, dificulta los intentos de la empresa por encontrarle una salida a su crisis productiva y la instancia de convocatoria de acreedores que atraviesa Vicentin.

Vicentin: sin granos para moler

A muy poco de haberse desatado un conflicto con los sindicatos tras haber cubierto sólo el 30% de los sueldos, la compañía entró en fase de parálisis por falta de granos para moler y a raíz de una desconfianza que se multiplica entre sus proveedores.

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En días recientes, Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Bougain, directores de la compañía, enviaron una carta al juez concursal Fabián Lorenzini, que viene de establecer una nueva intervención de Vicentin, argumentando que «la reducción a casi la mitad de la facturación de enero y la ausencia total de fazones de soja en febrero de 2025 generaron el pasivo post concursal que no podrá revertirse hasta que ingresen adelantos por la cosecha de soja».

Los directivos cargaron contra dos acreedores por la falta de homologación de la última propuesta impulsada desde la empresa para sortear el concurso en el que se encuentra. Afirmaron que CIMA Investments S.A. y el Grupo Grassi, «arriesgan una excelente operación financiera por la voracidad de querer quedarse con Vicentin sin mostrar jamás un plan serio y sustentable».

Ese parate, argumentan en Vicentin, es la variable que complica el pago de los salarios. La empresa cargó contra los gremios aceiteros señalando que las medidas de fuerza promovidas recientemente alejan aún más la posibilidad de cerrar acuerdos para recuperar el flujo de granos. «Algunos actores sindicales promueven medidas que generarán nuevas cargas sobre la ya comprometida caja de la empresa», dijeron los directores.

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ECONOMIA

Superávit fiscal: para cumplir con el FMI, en el último trimestre el gobierno deberá profundizar el recorte del gasto

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Fotografía: Adrián Escandar

El Gobierno nacional enfrenta un desafío clave en el cierre del año. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para alcanzar el objetivo de superávit primario del 1,6% del PBI acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), será necesario profundizar el ajuste del gasto público, especialmente en los rubros que no están atados a la inflación.

De acuerdo con el trabajo elaborado por el economista Nadin Argañaraz, la administración de Javier Milei deberá acelerar la reducción del gasto no indexado —que incluye salarios, subsidios a la energía y al transporte, transferencias a provincias e inversión real directa—, llevándolo de una baja del 10% real interanual en los primeros nueve meses del año a una caída del 16% en el último trimestre.

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El gasto no indexado debe bajar todo lo necesario, con tal de cumplir con el objetivo de superávit primario”, señaló Argañaraz en el informe. El especialista recordó que el compromiso de un resultado fiscal positivo del 1,6% del PBI fue incorporado en el último staff report del FMI y que constituye “el pilar fundamental de la actual administración de gobierno”.

El estudio del IARAF destaca que el año 2025 implica un desafío fiscal importante para el Gobierno, especialmente por la pérdida de recaudación del impuesto PAIS, que había sido una de las principales fuentes de recursos en 2024. De hecho, el objetivo fiscal de este año implica una leve baja respecto al superávit primario del 1,8% del PBI alcanzado el año anterior.

Durante los primeros nueve meses de 2025, los ingresos totales del sector público nacional no financiero cayeron 1,4% en términos reales interanuales, con un descenso del 1% en los ingresos tributarios y del 5,8% en los no tributarios. Por su parte, el gasto primario total aumentó 2,1% real interanual, producto de comportamientos muy dispares entre los distintos componentes.

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El gasto indexado —que incluye jubilaciones, pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo (AUH)— aumentó 18,4% real interanual en los primeros nueve meses del año. En cambio, el gasto no indexado bajó 10,3% real interanual, lo que permitió contener parcialmente el avance del gasto total.

Argañaraz explicó que “una buena parte del gasto tiene que verse reducida inclusive en términos reales, es decir, en capacidad de compra”, ya que el ajuste recae principalmente en los componentes no sujetos a actualización automática por inflación.

El informe subraya que en septiembre el superávit primario cayó 35% real interanual, en línea con la trayectoria descendente esperada por el Gobierno. Ese mes, el gasto indexado creció 8% real interanual, mientras que el gasto no indexado se redujo 6%, con lo cual el gasto total se mantuvo en niveles similares a los de septiembre de 2024.

Asimismo, los ingresos tributarios disminuyeron 6,8% real interanual, lo que afectó el resultado fiscal mensual. “Fue el quinto mes del año con caída del superávit”, precisó el IARAF, y agregó que esta tendencia está en sintonía con la reducción del resultado primario del 1,8% al 1,6% del PBI.

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De acuerdo con las proyecciones del instituto, si se mantiene la actual dinámica de ingresos, el gasto primario debería bajar un 6% real interanual en el último trimestre para cumplir con la meta fiscal del FMI. En ese escenario, el gasto total de 2025 terminaría con una leve suba real de apenas 0,4% respecto a 2024, en un contexto de crecimiento económico estimado en torno al 4%.

infografia

El gasto indexado continuaría moviéndose de manera automática, con una variación real interanual del 2,9% en el último trimestre y un incremento acumulado del 13,9% en todo 2025. En cambio, el gasto no indexado debería profundizar su caída, pasando del 10% al 16% real interanual entre septiembre y diciembre.

“De esta forma, el gasto primario real de 2025 debería ser prácticamente igual al de 2024”, apuntó Argañaraz. Pero aclaró que para alcanzar ese resultado será necesario un ajuste mayor en los rubros que no están protegidos por la inflación.

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Según el IARAF, de cumplirse este escenario, el superávit primario caería 6% en términos reales interanuales, lo que sería consistente con la meta del 1,6% del PBI. El informe concluye con una advertencia: “Quedan tres meses de mucha intensidad fiscal. Habrá que ver la línea que sigue el gobierno para sostener al pilar fundamental de su programa económico”.

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ECONOMIA

El método CLAVE para calcular el incremento del IPC en el alquiler

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Luego de la derogación de la Ley de Alquileres, coexisten distintos tipos de contratos de alquileres. Sin embargo, el más popular es el que se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Es decir, toma como parámetro de ajuste a la inflación. De hecho, recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de septiembre, el cual sirve para determinar la próxima actualización de los contratos de alquiler.

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Qué es el IPC y cómo se calcula

El Índice de Precios al Consumo (IPC) es un indicador que se encarga de medir la variación de precios de la vida y el poder adquisitivo de los ciudadanos de un lugar.

Si el mismo es positivo, significa que los precios, en términos generales, subieron y si, por el contrario, es negativo, significa que bajaron. En pocas palabras, inflación y deflación.

En Argentina es calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y toma como referencia los productos más consumidos, lo que se conoce como la canasta de compra y, posteriormente, lo compara con los precios de los meses anteriores.

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre fue del 2,1%. De esta forma, el índice acumula un alza de 22% en lo que va del año, mientras en la comparación con los últimos doce meses, la variación fue del 31,8%.

Estos datos son fundamentales para definir los aumentos de los alquileres que se actualicen por IPC y que cumplan con el lapso pactado para una nueva suma. Para esto, se debe sumar los porcentajes según el tiempo pactado en el contrato, ya sea tres, cuatro o seis meses previos (lapsos más habituales).

Por ejemplo, un contrato que se inició en julio de este año a un costo de $500.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasará a pagar un total aproximado de $530.083. El cálculo para llegar a dicho resultado es el siguiente:

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  • IPC de julio: 1,9%
  • IPC acumulado hasta julio: 1,9%
  • IPC de agosto: 1,9%
  • IPC acumulado hasta agosto: 3,8361%
  • IPC de septiembre: 2,1%
  • IPC acumulado hasta septiembre: 6,0166%

Cabe recordar que un error muy común que cometen las personas es sumar la inflación de cada mes, pero no tienen en cuenta el impacto del mes anterior. Es de suma importancia tener presente que el aumento de precios se da sobre el nuevo nivel de precios anterior.

Por ejemplo, si un artículo valía en $1.000 y subió un 1,9% en julio, el nuevo valor fue de $1.019. Si en agosto, subió un 1,9% nuevamente, lo hizo sobre $1.019 y no sobre $1.000. Por lo tanto, la fórmula para calcular el acumulado es el siguiente:

  • IPC acumulado= IPC mes 1 + IPC mes 2 + (IPC mes 2 x IPC mes 1)/ 100
  • En este caso: IPC acumulado= 1,9 + 1,9 + (1,9 x 1,9)/100
  • IPC acumulado= 3,8 + (3,61/100)
  • IPC acumulado= 3,8 + 0,0361
  • IPC acumulado= 3,8361

En pocas palabras, el producto pasó a costar, en este cálculo hipotético, $1.038,361 en lugar de $1.038. Si bien la diferencia parece mínima, con el paso del tiempo el impacto es mayor.

No obstante, si no se desea realizar el cálculo de forma manual, se puede optar por páginas como www.arquiler.com, donde simplemente se ingresa el valor inicial de alquiler, la fecha de inicio de contrato, el tiempo de actualización y el índice correspondiente.

Luego, se tienen que cargar los datos, según si se firmó antes o después de la derogación de la Ley y la fórmula de actualización, ya sea IPC, ICL, Casa Propia u otra modalidad. En este caso, se elige IPC y arroja el cálculo exacto del valor a pagar.

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Una de las principales cadenas de supermercados del país cerró varias sucursales y dejó a más de 100 empleados sin tareas

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Empleados desocupados aguardan definiciones tras el cierre de sucursales en diferentes provincias

El sector supermercadista argentino afronta una nueva ola de cierres. Una de las cadenas de supermercados más importantes cerró al menos cuatro sucursales en diversos puntos del país y dejó a más de cien empleados sin tareas, según confirmaron fuentes del sector a Infobae. El impacto se distribuyó entre localidades de varias provincias y refleja los movimientos de una de las empresas líderes del mercado en un escenario de baja en las ventas y cambios profundos en los hábitos de compra.

Las sucursales afectadas pertenecen a Vea, una de las principales marcas bajo el control de Cencosud, conglomerado que también opera otros formatos como Jumbo, Easy y Disco. De acuerdo con información de fuentes del sector y consultas a medios locales, las bajas ocurrieron en San Martín (Catamarca), Moreno y Castelar (ambas en la provincia de Buenos Aires) y Villa Krause (San Juan). En total, la decisión dejó a más de 100 empleados sin tareas regulares, aunque en algunos casos la empresa propuso reubicaciones o indemnizaciones.

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El cierre de la sucursal de Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires, generó particular preocupación entre los trabajadores y la comunidad local, según informó el portal local Primer Plano Online. El mismo medio consignó que la sucursal de Castelar tenía 80 empleados, cifra que contribuye de manera significativa al total de afectados.

En lo referente a la provincia de Catamarca, fuentes del sector indicaron a este medio que el cierre de la sucursal ubicada sobre la avenida San Martín implicó la salida de todo el personal, aunque no trascendió la cifra oficial de empleados involucrados. La decisión sorprendió a los trabajadores y generó consultas desde los sindicatos, atentos a otros movimientos similares en el sector minorista.

En la provincia de Buenos Aires, además del cierre de Castelar, la sucursal de Moreno también se sumó a la lista, aunque no se estableció el número exacto de empleados que quedaron sin funciones.

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La pelea por la compra
La pelea por la compra de la operación de Carrefour en la Argentina tiene a Cencosud como uno de los competidores (Europa Press)

El caso de Villa Krause, en San Juan, muestra particularidades propias. Fuentes del sector precisaron a Infobae que 17 empleados perdieron su puesto en esa localidad, tras el cierre repentino de la sucursal. A pesar del escaso margen de aviso, parte de esos empleados recibió propuestas de reubicación en otros locales de la cadena, como Jumbo o Vea.

Consultados por Infobae acerca del alcance y los motivos de la decisión, voceros de Cencosud eligieron no hacer declaraciones. Desde la empresa evitaron brindar precisiones tanto sobre la cantidad de trabajadores afectados como sobre los pasos futuros en la reconfiguración de su red de tiendas.

En los últimos meses, diversas fuentes del sector mencionaron dos causas principales detrás de estos movimientos de cierre. Por un lado, la empresa encara una reestructuración orientada a más eficiencia operativa, en respuesta tanto al descenso en los niveles de consumo registrados durante este año, como al cambio en los hábitos de los compradores. El análisis sectorial apunta a una menor frecuencia de visita a las tiendas y a un ajuste generalizado del gasto en productos de la canasta básica, lo que obligó a los operadores a ajustar su estructura.

Por otro lado, desde el sector se observa que Cencosud participa en el proceso de competencia por la adquisición de la operación de Carrefour en la Argentina. Este contexto, según comentaron fuentes consultadas por Infobae, obliga al grupo a optimizar sus recursos y desprenderse de algunos locales, especialmente aquellos que presentaban bajos niveles de rentabilidad o duplicaban coberturas en zonas clave, para fortalecer su posición de cara a una eventual compra. El proceso implica también la necesidad de mostrar cuentas ordenadas y capitalizarse financieramente ante un mercado concentrado y en plena transformación.

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El impacto sobre los empleados varió según la localidad. En algunos casos, como en Villa Krause, la firma ofreció reubicaciones en otros supermercados del grupo. En otros, los trabajadores fueron notificados del cierre y debieron iniciar conversaciones para acceder a las indemnizaciones de ley o buscar alternativas en el mercado laboral local.

La política de Cencosud en los últimos años priorizó una presencia fuerte en las grandes ciudades y capitales provinciales, junto a una apuesta sostenida en el sector mayorista y en el canal digital. Las recientes noticias de cierres, reconocidas por fuentes del sector, ocurren mientras la empresa mantiene su interés en expandirse mediante la compra de competidores relevantes y en consolidar su portafolio de activos de mayor rendimiento.

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