ECONOMIA
Vicentin en crisis: los fondos para los sueldos no aparecen y hay directivos detenidos

Paralizada por la falta de granos para moler, y sin fondos frescos para cubrir la totalidad de los sueldos adeudados, Vicentin parece encaminarse a un precipicio sin retorno. La compañía en cuestión, que acumula una deuda post concurso superior a los $5.000 millones, continúa intervenida por la Justicia desde mediados de este mes y en la última semana sumó otro frente de escándalo: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, ex directivos de la firma, fueron detenidos e imputados por los presuntos delitos de estafa y asociación ilícita. En concreto, se los acusa de haber utilizado fondos de la compañía para gastos personales. Los acusados enfrentan acciones promovidas por la Fiscalía de Delitos Económicos.
Los cuatro ex directivos tomaron parte de una audiencia imputativa que se llevó a cabo durante la tarde del jueves. Y las detenciones siguen la línea de una investigación abierta hace algo más de cuatro años contra la cúpula de la empresa agroindustrial.
La fiscalía mencionada acusa a Scarel, Macua, Gazze y Buyatti de concebir una presunta asociación ilícita que tuvo como objetivo llevar a cabo la «planificación y comisión de una pluralidad de delitos».
Entre otros detalles, los ex directivos habrían destinado u$s1,5 millones de la caja de Vicentin para el pago de honorarios de abogados. También se señala que los ejecutivos habrían facturado viajes de avión que llevaron a cabo en una aeronave propiedad de la cerealera.
Vicentin: la Justicia intervino con allanamientos y detenciones
La decisión judicial de detener a los ex directivos llegó como corolario de una veintena de allanamientos promovidos por la fiscalía la semana pasada, todos concretados en el marco de la investigación que se le sigue a la mesa directiva de Vicentin.
Respecto de estos procedimientos, la compañía emitió un comunicado manifestando su rechazo a los allanamientos y alegando que ese tipo de acciones complica aún más la posibilidad de que la compañía retome cierto grado de producción y, a partir de eso, cumpla con sus obligaciones con empleados y acreedores.
«Ante los graves hechos acontecidos el día de ayer (21 de marzo), por los que la Fiscalía a cargo del fiscal Narvaja procedió a allanar 20 domicilios de personal jerárquico de la sociedad, incluyendo a su Presidente, a su VicePresidente y a tres altos gerentes respecto de quienes se ordenó su detención, hacemos saber que los hechos que investiga la Fiscalía son anteriores a la presentación en concurso de la sociedad…», expuso la firma.
Para luego añadir: «… y que -de acuerdo a trascendidos, ya que la empresa no ha recibido una comunicación fehaciente al respecto- la investigación se habría ampliado ahora a la administración actual, en particular al período comprendido entre agosto de 2024 y la actualidad, con base a la pérdida de caja que ha sufrido la sociedad».
En otro apartado del texto, Vicentin señaló: «No deja de asombrar que estos allanamientos y detenciones fueron ordenadas en el momento de máxima tensión para la sociedad, que es público y notorio, cuando intenta procurar los fazones que permitan reunir los fondos para terminar de pagar los salarios atrasados, y cuando ha obtenido recientemente un dictamen favorable del Fiscal de Cámaras en su Recurso Extraordinario para alcanzar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Con estos dichos, la compañía coloca a la Justicia como otro de los actores que, a partir de una intervención periódica, dificulta los intentos de la empresa por encontrarle una salida a su crisis productiva y la instancia de convocatoria de acreedores que atraviesa Vicentin.
Vicentin: sin granos para moler
A muy poco de haberse desatado un conflicto con los sindicatos tras haber cubierto sólo el 30% de los sueldos, la compañía entró en fase de parálisis por falta de granos para moler y a raíz de una desconfianza que se multiplica entre sus proveedores.
En días recientes, Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Bougain, directores de la compañía, enviaron una carta al juez concursal Fabián Lorenzini, que viene de establecer una nueva intervención de Vicentin, argumentando que «la reducción a casi la mitad de la facturación de enero y la ausencia total de fazones de soja en febrero de 2025 generaron el pasivo post concursal que no podrá revertirse hasta que ingresen adelantos por la cosecha de soja».
Los directivos cargaron contra dos acreedores por la falta de homologación de la última propuesta impulsada desde la empresa para sortear el concurso en el que se encuentra. Afirmaron que CIMA Investments S.A. y el Grupo Grassi, «arriesgan una excelente operación financiera por la voracidad de querer quedarse con Vicentin sin mostrar jamás un plan serio y sustentable».
Ese parate, argumentan en Vicentin, es la variable que complica el pago de los salarios. La empresa cargó contra los gremios aceiteros señalando que las medidas de fuerza promovidas recientemente alejan aún más la posibilidad de cerrar acuerdos para recuperar el flujo de granos. «Algunos actores sindicales promueven medidas que generarán nuevas cargas sobre la ya comprometida caja de la empresa», dijeron los directores.
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ECONOMIA
Una planta automotriz volvió a parar su producción por una nueva caída en la demanda interna y la exportación

La planta de Stellantis en El Palomar volvió a detener su producción de automóviles esta semana para readecuarse a la menor demanda de autos de la marca Peugeot y Citroën que se fabrican en Argentina. Se trata de los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, además de una menor producción del Citroën Berlingo.
El motivo de esta nueva suspensión radica en una caída de ventas general, tanto en el mercado argentino como en el principal destino de exportación, Brasil. Localmente, Peugeot cayó sus ventas un 31,7% en el primer bimestre del año en relación con el mismo período de 2025, pasando de 12.694 a 8.673 unidades patentadas. El Peugeot 208 es el que más retrocedió con un 41,5%, mientras que el Peugeot 2008 tuvo una baja del 19,9% y el Partner un 18,5%. Citroën, contemplando todos los modelos que llegan importados de Brasil, registró también una caída del 18,7%.
La baja, aunque es la más significativa del mercado, no es única y exclusivamente de Peugeot, ya que Jeep registró una caída del 31,3%, Toyota un 27,6% y Renault un 27,2%, mientras otras marcas como Volkswagen y Fiat tuvieron bajas menores del 17,7% y 12,6% respectivamente. En el mismo escenario, Ford subió sus ventas un 34,1% gracias al Ford Territory que viene importado de China (Ranger cayó también un 28,7%), mientras Chevrolet también subió sus patentamientos un 25,1%.

El escenario es preocupante porque esta es la tercera parada de línea en cuatro meses. La primera fue la del período habitual de receso de todas las fábricas en verano, que en este caso se adelantó a diciembre en lugar de enero, y que tuvo una extensión de cuatro semanas en lugar de las dos habituales.
La segunda parada fue en las últimas dos semanas de febrero, en las que hubo dos días de feriado por carnaval, resultando efectivamente en 8 días de inactividad. Ahora, con esta tercera suspensión de la producción, serán 5 días adicionales que ya suman 13 en lo que va del año.
Según fuentes de la empresa, la suspensión de la actividad fabril contempla el pago de una compensación no remunerativa para los operarios afectados.

Los números son significativos y muestran una realidad ineludible. La caída de ventas de los dos modelos que se producen en la planta bonaerense de Stellantis no es únicamente en Argentina, sino también en Brasil, por volumen, el principal destino de exportación de Peuegeot.
En enero, el Peugeot 208 registró ventas por 568 unidades y quedó en el puesto 50, el último de la lista que publica la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave), la ACARA de Brasil. Esa cifra ya representaba una caída del 30% respecto al promedio de ventas mensual de 2025, que era de 817 unidades, y en febrero volvió a retroceder, aunque sin cifra exacta porque el modelo no figura en los 50 primeros puestos.
Por su parte, el Peugeot 2008, aunque está levemente mejor posicionado por su característica de ser un SUV, vive una situación similar. En enero se habían patentado 774 unidades (el auto más vendido en Brasil es el VW T-Cross con 5.741 vehículos), una caída del 17%, y en febrero fueron 551, lo que implica que en el bimestre la retracción ya alcanza el 29% en relación a 2025.
La complejidad alcanza especialmente a Stellantis, la única marca que produce autos de pasajeros y SUV para destinos de exportación actualmente en Argentina. La caída de las ventas en el exterior de la industria nacional alcanzó en febrero un 30%, pero mientras las pick-up bajaron un 19%, los autos lo hicieron en un 45,2%, lo que marca una problemática particular para Peugeot y Fiat.
El Fiat Cronos, el otro modelo que se fabrica en Argentina y se vende en Brasil, tuvo también un retroceso en ese mercado, que alcanza el 27,3% tras los dos primeros meses del año, aunque con una recuperación en febrero, que alienta mejores expectativas, ya que Fiat es una marca arraigada fuertemente en Brasil (Peugeot no lo es), y el volumen de ventas es mucho más alto, con un promedio de 1.600 unidades por mes para el auto argentino.

Mientras la mayor parte de las automotrices argentinas redireccionaron su producción a vehículos utilitarios livianos, especialmente pick-ups, las plantas de Palomar de Stellantis y de General Motors en Alvear son las únicas que siguen produciendo autos y SUV.
Con un mercado de exportaciones cada vez más complejo por el propio costo fiscal argentino (12% de impuestos sobre cada auto que se exporta contra 3% de Brasil y 0% de México) y por la nueva dinámica internacional con una expansión china que parece incontenible, seguir fabricando autos de pasajeros en Argentina parece tener los días contados.
Mientras GM evalúa distintos proyectos para instalar en la planta de Santa Fe, como eventual reemplazo o complemento del Chevrolet Tracker, Stellantis tiene una potencial oportunidad de sumar incluso más rápido de lo imaginado a la marca china Leapmotor en Palomar, del mismo modo que se agregaron Fiat Titano y Ram Dakota en Ferreyra, Córdoba.
Leapmotor es una marca de autos híbridos y eléctricos cuyos derechos de producción y comercialización fuera de China son de Stellantis, y ya anunciaron que comenzarán a ensamblar en Brasil en 2027. Si se alcanza la localización de partes regionales mínimas exigidas por la reglamentación del Mercosur, esa producción brasileña permitirá exportar autos sin arancel a Argentina. Si se instala una línea de ensamble de algún modelo diferente en Palomar, una exportación también con arancel 0% a Brasil sería posible, y le daría una escala a la fábrica de Caseros que hoy no está alcanzando con Peugeot y Citroën.
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ECONOMIA
El Gobierno redefinió los períodos de ajuste del gas y así impactará en las boletas de los usuarios

Las facturas variarán dos veces al año tras la implementación de un nuevo cronograma, impactando el monto final de los consumos domiciliarios
11/03/2026 – 08:42hs
La Secretaría de Energía redefinió el mecanismo de ajustes estacionales del gas que impactan en las tarifas de los usuarios. La modificación implica volver a un esquema de dos períodos anuales, abandonando el formato semestral que regía desde 2018.
La decisión se oficializó este miércoles mediante la Resolución 60/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma cambia la forma en que las distribuidoras trasladan a las boletas el costo del gas que compran.
Según el nuevo esquema, habrá un período invernal que irá del 1 de mayo al 30 de septiembre. El estival, en tanto, abarcará del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente.
La medida modifica el Numeral 9.4.2.3 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas originalmente por el Decreto 2.255/1992, que establece las condiciones bajo las cuales operan las empresas de gas por redes en todo el país.
Por qué cambia el esquema de actualización del gas en las tarifas
La normativa se sustenta en la Ley 24.076. Esa legislación determina que el precio de venta del gas por parte de las distribuidoras debe reflejar los costos de adquisición del combustible.
La reglamentación establece algo clave: las variaciones en el precio del gas deben trasladarse a la tarifa final sin generar ganancias ni pérdidas para las empresas distribuidoras o transportistas.
El mecanismo y la periodicidad de ese traslado quedan en manos de la autoridad regulatoria. Y ahí es donde interviene esta nueva resolución.
El esquema vigente hasta ahora había sido modificado en 2018. Una medida del entonces Ministerio de Energía y Minería alineó los períodos de actualización con los cuadros tarifarios semestrales.
Pero ese criterio perdió relevancia en el contexto actual, según argumentó la Secretaría de Energía, debido a la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU), que fija un valor promedio anual del gas reconocido en la tarifa.
Bajo el PAU, la estacionalidad regulatoria ya no responde principalmente a cambios en el precio del gas. Ahora obedece al comportamiento de la demanda del sistema.
Y esa demanda suele dispararse a partir de mayo, cuando arranca el frío. De ahí la decisión de volver a un período invernal que comience justamente en ese mes.
Cómo se implementará la nueva periodicidad en las distribuidoras
La resolución establece que las distribuidoras de gas por redes deberán aceptar la modificación del esquema estacional. Pero el texto incluye una cláusula de aceptación tácita.
Si no hay manifestación expresa, se considerará aprobada automáticamente cuando las empresas presenten la primera solicitud de traslado del precio del gas utilizando la nueva periodicidad.
Esa solicitud debe presentarse ante el ente regulador, que evaluará el pedido según los parámetros fijados por la Resolución 60/2026.
La medida fue firmada por María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía. Contó con la intervención de la Dirección de Tarifas y Regalías de la Dirección Nacional de Economía y Regulación.
También participó el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía, que revisó la legalidad del instrumento antes de su publicación oficial.
El primer ajuste bajo el nuevo esquema estacional podría aplicarse a partir del 1 de mayo, cuando arranque formalmente el período invernal definido por la norma, siempre que las distribuidoras presenten las solicitudes correspondientes ante el regulador.
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ECONOMIA
La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitre que litigaban por el default de 2001

La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001. Así lo informaron ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento directo del tema. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.
La firma de abogados que representa al Estado argentino presentó un escrito ante el juzgado de Preska para informar que las partes “han alcanzado un acuerdo de principio para resolver esta acción”.
“A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, señala el documento y concluye que las partes anunciarán oportunamente al tribunal sobre el “estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.
La notificación presentada a la magistrada norteamericana, que también lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, confirma el acuerdo, aunque no brinda detalles sobre los términos pactados. A partir de este avance, las partes solicitaron suspender el litigio en curso, incluyendo dejar en suspenso el pedido de Bainbridge del 17 de octubre de 2025, mediante el cual reclamaba la entrega de la participación del país en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas mientras se concreta la conciliación.
El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos fondos, confirmó el entendimiento alcanzado: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.

El abogado es un viejo conocido para la Argentina. Hranitzky participó en otro litigio contra el país, cuando representó al fondo NML-Elliott Capital Management y consiguió que se confiscara la Fragata Libertad en Ghana en el año 2012.
Bainbridge Fund es uno de los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda en default y que, hasta ahora, mantenían una disputa judicial con el Estado argentino desde 2016. La Justicia norteamericana ya había fallado a su favor, reconociéndole una suma de USD 95 millones más intereses.
Por su parte, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, mantiene un litigio con la Argentina desde 2014 para el cobro de la deuda argentina que adquirió luego de su fundación en 2012.
En concreto, las mencionadas firmas “llegaron a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal”, explicó en su cuenta de X el experto Sebastián Maril, de Latam Advisos.
Por otra parte, la presentación ante el tribunal de Preska no aborda la moción sobre el traspaso de las acciones de YPF, solicitada previamente por el “fondo buitre”. Este acuerdo representa la resolución de los litigios más antiguos vinculados al default argentino y despeja el camino para cerrar uno de los últimos frentes judiciales abiertos en el exterior.

A mediados de 2025, el mismo día en que resolvió la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación, la jueza Preska, dictó dispuso la entrega de los activos accionarios de la petrolera a Bainbridge Fund.
Durante 2024, Bainbridge había solicitado a la magistrada que la Argentina informe sobre el paradero y uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) depositadas en Europa, además de requerir detalles respecto a las acciones de YPF en poder del Estado.
Además, Preska había autorizado al beneficiario de su fallo que perciba parte de la deuda derivada de la sentencia favorable mediante la transferencia del paquete accionario de la petrolera. Esta decisión se tomó el mismo día en que Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos del litigio por la expropiación de la firma energética en 2012, fue autorizado a recibir el 51% del capital accionario, algo que finalmente no se materializó.
Los litigios con los acreedores que rechazaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 se resolvieron en su mayoría en 2016, tras el fallo del juez Thomas Griesa y la asunción de Mauricio Macri a la presidencia. En los primeros meses de ese año, el gobierno argentino logró acuerdos con la mayor parte de los fondos que tenían juicios abiertos o sentencias favorables, cerrando así uno de los capítulos más prolongados del default declarado en 2001. No obstante, algunos reclamos menores continuaron en los años siguientes.
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