ECONOMIA
¿Vuelven los tickets restaurante? Que dice el proyecto de reforma laboral sobre el beneficio de comedor
El debate sobre los beneficios sociales no remunerativos volvió a escena a partir del avance del proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno. La normativa en discusión propone que los empleadores puedan otorgar servicios de comedor y alimentación a sus empleados, no solo dentro del establecimiento, sino también en establecimientos gastronómicos a través de acuerdos alcanzados por la empresa. Este punto reactualizó el interés sobre el esquema de tickets de almuerzo que fue objeto de polémica en la Argentina, asociado tanto a la flexibilización laboral como a la elusión de cargas sociales.
El texto del proyecto establece en su artículo 31 una distinción clave. Allí señala que el empleador puede brindar servicios de comedor y alimentación durante la jornada laboral para el trabajador, ya sea en la propia empresa o mediante contratos con locales gastronómicos próximos. La ley define estos beneficios como prestaciones no dinerarias, no acumulables ni canjeables por dinero. Así se busca que la prestación cumpla la función alimentaria, sin convertirse en una vía para eludir los aportes jubilatorios, el aguinaldo, las vacaciones y las indemnizaciones previstas para el salario pagado en efectivo.
“Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que el empleador voluntariamente otorga al trabajador, directamente o por intermedio de terceros, con el objeto de mejorar la calidad de vida del trabajador y/o de su grupo familiar a cargo; por ende, estos beneficios no son salarios en especie”, detalla el artículo
En este contexto, la iniciativa clasifica los servicios de comedor y alimentación como beneficios sociales. Estos, según el artículo 103 bis que se propone en la ley, quedan expresamente excluidos de la base salarial y, en consecuencia, exceptuados de aportes y contribuciones patronales. También se incluyen otros conceptos como los reintegros por gastos médicos, provisión de ropa de trabajo, útiles escolares, gastos de guardería y capacitaciones. El propósito es mejorar la calidad de vida de la persona empleada y su grupo familiar, sin distorsionar la estructura remunerativa.
“Se consideran beneficios sociales las siguientes prestaciones: a) los servicios de comedor y alimentación del trabajador, dentro del establecimiento del empleador o en establecimientos gastronómicos cercanos durante la jornada laboral contratados por el empleador, conforme a los límites que determine la autoridad de aplicación”, establece el texto que será discutido en el Congreso.
En la elaboración del texto, los especialistas que discutieron las condiciones de este beneficio tenían al antecedente de los tickets de comida como un ejemplo en contrario: querían evitar que se transformaran por un lado en una especie de casi dinero canjeable y, por el otro, que los mismos se transformaran en un salario encubierto ganando peso en la remuneración total para reducir cargas sociales. Con todo, si la reglamentación limita el monto que se puede otorgar de manera tal que no reemplace el salario podría ser el regreso de estos tickets.
En resumen, el espíritu de la norma no es el regreso de los tickets sino -más bien- evitar abusos del pasado, con o sin tickets.
La otra traba para un regreso es judicial. Los antecedentes en Argentina muestran que los tickets restaurante y los tickets canasta tuvieron amplia difusión desde fines de la década de 1980. Surgieron durante la hiperinflación como respuesta a la caída del poder adquisitivo y al objetivo empresarial de contener los costos. Permitían abonar una parte del salario con vales que no tenían carácter remunerativo, lo que implicaba un ahorro directo al no computar esos pagos en la base de aportes jubilatorios, aguinaldo o indemnización. Las empresas aprovechaban este mecanismo para reducir su carga fiscal y previsional, una práctica que encontró rápida expansión en el sector privado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino años después y fijó un criterio determinante. Consideró que los vales de comida representaban una retribución directamente vinculada al trabajo, por lo cual integraban el salario y debían estar sujetos a las cargas sociales aplicables a cualquier pago salarial. Las críticas al sistema no tardaron en crecer. Los sindicatos advirtieron que tal esquema incrementaba la precarización, afectaba derechos laborales y desfinanciaba la seguridad social. Se denunciaron maniobras de evasión y elusión a gran escala.
En 2007, Héctor Recalde, diputado nacional entonces y referente sindical, impulsó la derogación del régimen de tickets por medio de la Ley 26.341, después de que se divulgó un escándalo por un intento de soborno a legisladores para mantener el beneficio empresarial. La ley consolidó el criterio judicial y prohibió que los tickets restaurante y canasta se utilicen como pago salarial encubierto, estableciendo que toda retribución debe computarse como salario, con todos los efectos previsionales y laborales correspondientes.
Desde entonces, las empresas dejaron de usar los tickets canasta debido a la imposibilidad legal de integrar esos vales como parte no remunerativa del sueldo. El sistema, que en sus inicios se justificaba como asistencia alimentaria, funcionó durante años como un mecanismo para segmentar el salario, reducir la formalidad y recortar los ingresos futuros de las personas empleadas al sistema previsional. Los detractores del modelo sostuvieron que su utilización generó un perjuicio millonario al haber reducido el ingreso de aportes a la seguridad social y las obras sociales.
La actual reforma laboral propone una vuelta sobre esas huellas, aunque con diferencias sustanciales. El proyecto recientemente distribuido redefine la prestación en términos de beneficio social, con límites formales: la autoridad de aplicación deberá reglamentar los alcances y condiciones de estos beneficios para impedir desvíos o abusos. El servicio puede prestarse directamente por la empresa o a través de proveedores habilitados y bajo condiciones de no dinerariedad, exclusividad de uso en alimentación y seguimiento de las operaciones. Los empleadores no podrán otorgar vales acumulables ni canjearlos por dinero en efectivo.
El texto legal detalla que, dentro de los beneficios sociales, también se reconocen otras prestaciones — como el reintegro de gastos médicos o el otorgamiento de útiles escolares—, pero el esquema de comedor y alimentación en locales cercanos resulta el que más debate genera por su historia reciente y su fuerte impacto sindical y fiscal. El sistema se basa en la posibilidad de brindar a los empleados un almuerzo diario sin traspasar el umbral de la remuneración salarial, una línea que ya causó fricciones en el pasado.
En la práctica internacional, esquemas similares funcionan con la modalidad de tarjetas comedor electrónicas, como ocurre en países de Europa y América Latina. Empresas como Edenred, proveedor de servicios de voucher y beneficios laborales que tiene un interés claro en que su negocio se habilite en la Argentina, impulsaron este tipo de herramientas en más de 45 países. Bárbara Granatelli, consejera en Asuntos Institucionales de Edenred, señaló que la herramienta “mejora la vida del trabajador y fortalece la economía formal. No reemplaza el sueldo ni forma parte de él: lo protege”. Estas declaraciones provienen de una gacetilla de la empresa, que promueve activamente su inclusión en el menú de opciones de la agenda local y destaca el uso de tecnología bancaria, trazabilidad y exclusividad para fines alimentarios.
Edenred argumentó que la tarjeta comedor democratiza el acceso al beneficio, pues permite que incluso PyMEs sin infraestructura específica o trabajadores sin lugar físico de prestación accedan al mismo estándar que una gran empresa. La empresa remarcó que el sistema les garantiza a todos los segmentos de trabajadores el mismo valor para el almuerzo, sugiriendo que lo ideal es establecer un monto fijo o un tope máximo diario y no un porcentaje del salario. Como respaldo, Edenred citó su presencia en mercados como Brasil, Uruguay, México, Francia y Bélgica, donde más del 90% de los empleados valoran positivamente el beneficio según sus propios relevamientos. comercios.
La discusión generada en Argentina gira en torno a si la nueva normativa propuesta puede reinstalar los tickets restaurante como beneficio social no remunerativo, sorteando los reparos legales existentes hasta la derogación de la ley específica hace más de una década. La observación de que el beneficio puede brindarse en locales “cercanos” no sería un escollo para la operatoria de los vouchers, ya que la propia reglamentación puede definir la noción de cercanía en función del lugar de trabajo, la modalidad laboral y la disponibilidad local de comercios gastronómicos.
El punto de fricción vuelve a estar en el encuadre como beneficio social, no remunerativo y exclusivamente alimentario, lo que dejaría el valor fuera de los rubros computados para aportes, indemnizaciones o aguinaldo. Y la existencia de un fallo judicial que, en los hechos, los considera parte del salario y por lo tanto sujetos a aportes.
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ECONOMIA
La principal fábrica del vidrio del país redujo su producción local y empezó a importar desde China
La histórica fábrica Rigolleau, principal fabricante de vidrio en la Argentina redujo parte de su producción local y empezará a importar vajilla terminada desde China. La decisión de la empresa llega en un entorno de competencia creciente con productos del exterior de menor costo y luego de haber presentado un balance para 2025 con pérdidas que superaron los $5.500 millones.
Según informó el directorio de la empresa en un informe que envió a inicios de febrero a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa está en busca de sostener su competitividad y proteger el empleo industrial; es por eso que reconoció que esta decisión implica “cambiar su modelo de negocio tradicional”.
En su presentación oficial, la compañía reconoció “problemas con proveedores locales” y señaló que “tuvo que renegociar precios de manera constante para sostener el flujo de fondos. Al mismo tiempo, empezó a reemplazar compras en el mercado interno por importaciones de insumos y repuestos, con el objetivo de reducir costos y mantener la producción en un contexto de mayor apertura y presión de productos del exterior.”
En el ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2025, Rigolleau acumuló un pasivo previsional de $700.837.252 y registró un resultado final negativo de $5.596 millones.
Las exportaciones, en tanto, se contrajeron un 37,8% interanual y las ventas totales cayeron un 19%, alcanzando $112.088 millones, una baja significativa que coincide con el descenso sostenido del consumo interno y la profundización de la crisis industrial nacional, según datos del informe de la empresa y de la consultora Scentia, que estimó una retracción del consumo masivo del 13,9% en 2024.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Horno apagado y 100 empleados menos
Actualmente, Rigolleau funciona al 60% de su capacidad instalada, tras haber apagado uno de sus hornos industriales el año pasado, medida que implicó también la reducción de cerca de 100 puestos de trabajo.
Este tipo de hornos requieren funcionamiento ininterrumpido y su reinicio implica largos procesos técnicos, por lo que la decisión tiene efectos duraderos en la estructura productiva de la firma. Aunque no se prevén despidos adicionales inmediatos, la reestructuración impacta sobre el personal y eleva las preocupaciones entre los trabajadores.
Se trata de un escenario similar al de Lumilagro, la empresa argentina de termos para mate que recientemente reconfiguró su negocio ante la posibilidad de importar el producto terminado desde China, presionada por los costos locales y la competencia de productos más baratos del exterior.
El volumen de producción de la planta de Berazategui evidenció la magnitud de la situación: descendió de 132.700 toneladas entre 2023 y 2024 a 114.305 toneladas en 2024 y 2025.
Mientras tanto, las líneas de negocio dirigidas al consumo doméstico y a la vajilla, particularmente afectadas por los costos internos y la competencia de productos importados, serán abastecidas ahora principalmente por importaciones chinas que resultan —incluyendo flete y embalaje— más económicas que los productos elaborados localmente.
La empresa mantiene en funcionamiento sus líneas industriales vinculadas a los sectores farmacéutico y alimentario, donde la demanda se mantiene relativamente estable. Sin embargo, el documento remitido a la CNV advierte que “la caída en ventas es la principal explicación del resultado del trimestre frente a los números anteriores”, y que “las mejoras de los primeros meses de 2025 son respuestas a la caída del 2024 y aun así no alcanza para recuperar esa caída”.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La apertura de importaciones, la volatilidad de las tasas de interés y la inestabilidad de la economía nacional figuran como factores determinantes en la pérdida de competitividad de Rigolleau. En el último trimestre del ejercicio, los costos financieros se vieron afectados por “saltos de 100 puntos porcentuales en el lapso de 24 horas” derivados de la política monetaria y el calendario electoral, como detalló la propia empresa al presentar su balance ante la CNV.
En su última comunicación al regulador, Rigolleau advirtió que la apertura comercial y la importación a precios sustancialmente inferiores provocaron un punto de inflexión en la competitividad y la viabilidad del negocio, particularmente en el segmento de productos para el hogar. Adicionalmente, la empresa subraya que la dificultad para trasladar íntegramente los aumentos de costos al precio de venta acentúa la erosión de márgenes y complica la recuperación.
Aunque la empresa celebró cierta desaceleración en la inflación que permite “comparaciones más estables” entre trimestres, atribuye cualquier mejora parcial de ventas a una débil recuperación tras el pronunciado descenso registrado en 2024, pero no a una reactivación estructural del consumo.
La propia Comisión Fiscalizadora destaca, en el informe del 30 de noviembre de 2025, que el deterioro financiero está razonablemente reflejado en los balances presentados. No obstante, la mención explícita a la necesidad de evaluar la capacidad de Rigolleau para “continuar como empresa en funcionamiento” expone la magnitud del desafío que enfrenta una de las industrias más emblemáticas del conurbano bonaerense.
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ECONOMIA
Pelea Milei-Tapia pasó a los sueldos: AFA avaló un aumento del 12,5% y rompió el techo paritario
El incremento ya de marzo a junio, con un promedio del 3% mensual, cuando Economía pretende que no supere el 2%. El gobierno analizar su homologa la suba.
31/03/2026 – 09:58hs
El consejo directivo de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acordaron un aumento salarial del 12,5 por ciento de marzo a junio, rompiendo el techo paritario del 2 por ciento mensual que estableció este año el ministerio de Economía en el sector privado.
La mejora alcanza a tres convenios colectivos de trabajo, el 553/09, que nuclea al personal mensualizado, el 463/06, que abarca a la rama por reunión y el 1070/09, que agrupa a los inspectores. En definitiva, el incremento se aplicará a los trabajadores y trabajadoras de clubes afiliados a la entidad madre del fútbol argentino.
¿Negociaciones salariales con lectura política?
El secretario General de la organización gremial Carlos Bonjour viene encabezando las negociaciones de las distintas ramas de la actividad y estas eran de las últimas en cerrar, en el marco de las paritarias 2026-2027.
No escapa a las especulaciones políticas que la suba tenga relación con el enfrentamiento que sostienen el presidente Javier Milei y el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, desde el inicio de la gestión libertaria.
Para este año, el Palacio de Hacienda que encabeza Luis Caputo, fijó un techo paritario que no supere el 2 por ciento mensual. Una fuente del ministerio explicó: «Los incrementos se están pactando por trimestres; entonces la intención es que el promedio de por debajo del 6% y que para compensar la inflación se fijen sumas no remunerativas».
Cómo se aplica la suba de ingresos mes a mes
En el caso del acuerdo entre UTEDyC y la AFA, el aumento es arriba del 3 por ciento mensual, lo que podría ser una traba para la homologación de parte del ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, al tratarse de la AFA, se descarta que la mejora se aplique más allá de la autorización del gobierno.
El 12,5 por ciento para el cuatrimestre marzo-junio se distribuye de la siguiente forma:
- 3,5% en marzo
- 3,5% en abril
- 3% en mayo
- 2% en junio
El incremento impactará sobre los salarios básicos del personal encuadrado en los convenios mencionados, actualizando las escalas vigentes y repercutiendo en los adicionales y conceptos vinculados a esos básicos, tal como se establece habitualmente en las actas salariales del sector.
Preocupación por la situación económica
La conducción del sindicato ya cerró otras paritarias, como las de «mutuales y clubes de campo», con una mejora del 7 por ciento para los trabajadores de mutuales y del 10,5 por ciento para personal de clubes de campo en el mismo período y la rama «gimnasios», con una suba del 9,2 por ciento. En todos los casos también fueron acuerdos por cuatrimestre.
En tanto, Bounjour destacó que las negociaciones «se vienen desarrollando con normalidad, con la intención de sostener el poder de compra de los salarios, con una inflación con alto impacto en los productos de primera necesidad y en el transporte, que sube mes a mes, afectando los ingresos de los trabajadores y trabajadoras».
Fuentes gremiales advirtieron que «nos reservamos el derecho de abrir las paritarias en caso de una disparada inflacionaria», al tiempo que expresaron su preocupación «en un contexto de cierre de empresas, despidos y recesión que el gobierno debe revertir urgentemente».
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ECONOMIA
El gasto público primario se redujo 10 puntos del PBI en los últimos 26 meses: las transferencias a provincias, las más afectadas
Si se analiza el peso relativo del gasto público primario nacional, una primera comparación entre el acumulado de 12 meses a febrero de 2026 y el acumulado de 12 meses a diciembre de 2023 determina una caída equivalente a 5,2 puntos porcentuales del PBI. En efecto, entre ambos periodos el peso relativo del gasto pasó de 19,50% del PBI a 14,32% del PBI. En términos porcentuales, la reducción fue del 26,5%, es decir, algo más de la cuarta parte. El hecho de que esta enorme caída se haya dado en tan solo dos años implica un gran ajuste de corto plazo sobre el flujo económico.
A esto debe sumarse una baja del peso relativo del gasto anual en intereses de deuda. Más allá de la controversia existente con relación a la contabilización o no sobre la línea de una parte de los intereses, lo real hoy en día es que el gasto anual en intereses (sobre la línea) pasó de representar un 1,7% del PBI en el acumulado a diciembre de 2023 a hacerlo con un 1,2% del PBI en el acumulado de 12 meses a fines de febrero de 2026. Esto implica una caída de 0,5 puntos porcentuales del PBI entre ambos periodos.
Entonces, si a la baja de 5,2 puntos porcentuales del PBI del gasto público primario se suma la baja de 0,5 puntos porcentuales del PBI del gasto en intereses, se tiene que la baja del gasto total fue de 5,7% del PBI entre ambos periodos de 12 meses. La caída porcentual en este caso también es del 26,5%.
¿Qué pasó con cada uno de los gastos nacionales?
Lo primero que resulta importante destacar es que solamente dos gastos aumentaron su peso relativo entre ambos periodos, cayendo en consecuencia el de los catorce gastos restantes.
El peso relativo del gasto pasó de 19,50% del PBI a 14,32% del PBI. En términos porcentuales, la reducción fue del 26,5%, es decir, algo más de la cuarta parte
Al analizar los cambios de los gastos más relevantes, se considera apropiado clasificarlos en tres grupos.
El primero está integrado por las Transferencias no automáticas a provincias (23 provincias), Programas sociales, Inversión real directa, Subsidios a la energía y gasto salarial, que sumó una pérdida relativa de 4,07 puntos porcentuales del PBI. De esto surge que la mayor variación negativa de peso relativo la tuvieron las Transferencias no automáticas a provincias, con un 83%. De estar en 1,11 puntos porcentuales del PBI en los 12 meses de 2023, bajaron a 0,19 puntos porcentuales del PBI en los últimos 12 meses.
El segundo componente con mayor caída de peso relativo fue la Inversión real directa, con un 73% y el tercero los Programas sociales con un 56%.
En orden de importancia de caída, le siguieron los subsidios a la energía, las transferencias a universidades, los subsidios al transporte, el gasto salarial, las asignaciones familiares, el consumo de bienes y servicios, las pensiones no contributivas y el PAMI. Este último con baja del peso relativo del 3%.
El segundo grupo está integrado por los gastos cuyo peso relativo prácticamente no tuvieron variación proporcional entre ambos periodos, que son las jubilaciones y pensiones contributivas, que pasaron de 6,15% del PBI a 6,13% del PBI. Es importante destacar que este es el gasto más importante que tiene el gobierno nacional en la actualidad, con una participación relativa del 43%. Este comportamiento evidenciado es consecuencia de que luego del gran ajuste de 2024, la implementación de una suba nominal en función de la inflación de dos meses previos derivó en suba real, dada la baja de la tasa de inflación durante el año 2025.
El segundo componente con mayor caída de peso relativo fue la Inversión real directa, con un 73%
Por último, el tercer grupo está constituido por los únicos dos gastos cuyo peso relativo aumentó en los últimos dos años. Las transferencias no automáticas a CABA aumentaron 0,04 puntos porcentuales del PBI (56% de incremento) y la Asignación Universal para Protección Social 0,33 puntos porcentuales del PBI (88% de incremento).
¿De cuánto fue el cambio acumulado del peso relativo de cada gasto durante los últimos 26 meses?
Es posible acumular las diferencias de peso relativo, ya sean negativas o positivas, entre el promedio mensual del año 2023 y los 26 últimos meses. Concretamente, se puede calcular cuánto ha bajado o subido de manera acumulada el peso relativo de cada uno de los principales gastos nacionales. Del análisis surge que la caída acumulada del gasto público primario nacional fue de 10,4 puntos porcentuales del PBI durante los últimos 26 meses.
Se aprecia que tres gastos terminaron los 26 meses con una diferencia acumulada de peso relativo positiva. En efecto, la asignación universal para protección social aumentó 0,5% del PBI y las transferencias no automáticas y el PAMI lo hicieron con 0,1% del PBI.
Los trece gastos restantes acumularon una baja de peso relativo. El gasto que más cayó es el relativo a las transferencias no automáticas a las 23 provincias, con 2 puntos porcentuales del PBI. Le siguieron los programas sociales con 1,9 puntos porcentuales, la inversión real directa con 1,8 puntos porcentuales y los subsidios a la energía con 1,5 puntos porcentuales del PBI.
¿De cuánto fue la disminución del gasto medida en pesos reales y dólares?
Otro análisis de interés es el relacionado con el tamaño real del gasto público. Se determina que el gasto primario se redujo $62 billones, comparando el año 2023 con lo acumulado durante los últimos 12 meses.
Los gastos que aumentaron fueron asignación universal para protección social, PAMI y transferencias no automáticas a CABA
El de mayor caída real fue, lógicamente, el de transferencias no automáticas enviadas a las 23 provincias. De ser de $11,2 billones en moneda de febrero de 2026 en los 12 meses acumulados de 2023 pasaron a ser de $1,9 billones en los últimos 12 meses.
En el segundo se presentan el gasto del PAMI y de las jubilaciones y pensiones contributivas, que tuvieron caídas reales del 1,7% y del 3,5%, respectivamente.
Por último, en el tercero se presentan los gastos reales en asignación universal para protección social y en transferencias nacionales no automáticas a CABA. Los aumentos fueron del 74% y del 73% respectivamente.
En términos acumulados, la caída de los últimos 26 meses asciende a $122 billones de pesos, medidos en moneda de febrero de 2026. Los programas sociales y las transferencias a provincias se redujeron en casi en $21 billones cada uno.
Si se hacen los cálculos en dólares corrientes, se determina que el gasto primario se redujo USD 32.800 millones, comparando el año 2023 con lo acumulado durante los últimos 12 meses. Si se acumulan los 26 meses transcurridos entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la caída asciende a USD 67.000 millones.
Los gastos que más cayeron en el acumulado de 26 meses, es decir, transferencias no automáticas y programas sociales, lo hicieron en aproximadamente USD 13.000 millones cada uno.
En el otro extremo, los gastos que aumentaron fueron asignación universal para protección social, PAMI y transferencias no automáticas a CABA. Los aumentos acumulados fueron de USD 3.700 millones, USD 400 millones y USD 700 millones, respectivamente.
LEGACY: Financials (TRBC),Financials (TRBC level 1),South America / Central America
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