El Gobierno publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas el veto del Presidente de la Nación, Javier Milei, a las modificaciones a la Ley Previsional que el Congreso de la Nación votó el jueves pasado.

El veto que se publicaría será total sobre los artículos 2, 3, 4 y 10. En los cálculos del ministerio de Economía, el costo de los primeros 3 artículos son unos 2.000 millones de dólares cada uno y el restante son unos 6.000 millones de dólares por el pago a las cajas previsionales.

La solución que evalúa el Gobierno para mejorar las jubilaciones

Lo que es está evaluando es aumentar el bono de unos 70.000 a unos 90.000 pesos en las jubilaciones mínimas, que a partir de septiembre llegarán a un valor cercano a los 235.000 pesos frente a los 315.000 pesos que quiere fijar la oposición.

Los nuevos números finos que maneja el equipo económico y que le hicieron llegar a Milei el fin de semana pasado indican que las actuales modificaciones le costarían al Gobierno en el 2025 unos 2 puntos del PBI en términos de dólares unos 10.000 millones frente al cálculo preliminar de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación que calculó que las modificaciones representaban un gasto del 0,5 del PBI o el equivalente a unos 2.500 millones de dólares a partir del 2.025 en adelante.

Por lo que pudo saber iProfesional, el Gobierno armó ya una especie de hoja de ruta para resolver el conflicto con las autoridades del Congreso luego que se conozca el veto. El Gobierno trabaja para evitar lograr conseguir los dos tercios de los presentes en ambas cámaras para lograr voltear la ley.

Por ese motivo, Milei se reunirá los jefes de bloques de Diputados, entre los que se encuentran Gabriel Bornoroni por La Libertad Avanza, Cristian Ritondo por el PRO y Oscar Zago, por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) involucrándose directamente en un problema político de esta magnitud.

Fuentes cercanas al Gobierno responsabilizan al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, de haber fracasado en sus intentos por convencer a senadores y diputados para que rechazaran la ley.

Se estarían evaluando una serie de medidas, cuya aplicación dependerá de los próximos movimientos que realice la oposición frente al veto total de Javier Milei, que se conocerá mañana, como esperaban los otros bloques.

Fuentes cercanas al Gobierno creen que el superávit fiscal logrado en los primeros siete meses no se puede utilizar para hacer ese gasto. «Tal vez podamos ver de hacernos cargo del pago de la diferencia de los 8 puntos entre el 20 % de inflación de enero y el 12% de aumento que se pagó, pero son unos 2.000 millones de dólares y el tema es la forma de cómo financiarlo», explicó a iProfesional la fuente.

También explican desde el Gobierno qué hay que cumplir con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera que señala que no se puede hacer un gasto extra que no figure en el Presupuesto si no están los recursos necesarios para financiarlo.

Javier Milei fue contundente al justificar el veto a la ley de jubilación

La redacción del veto final está bajo análisis de la abogada y secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, que responde en forma directa al asesor presidencial Santiago Caputo, a quien Milei volvió a señalar en la reunión con Mauricio Macri del martes como el otro integrante del llamado «triángulo de hierro» que conforma junto a él y su hermana la secretaría General de la Presidencia Karina Milei.

Tras las amenazas de senadores y diputados de PRO, Hacemos y del kirchnerismo para lograr los dos tercios para aprobar la ley, en el Gobierno son conscientes de que la oposición dura está en condiciones de reunir los dos tercios necesarios para que el Parlamento pueda insistir en la sanción de la ley.

En su presentación el viernes pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario y el sábado en declaraciones radiales, Milei fue contundente al justificar el veto al incremento jubilatorio, y al resto de las modificaciones al afirmar que «los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que le cuesta a los argentinos u$s370.000 millones, arruinándole la vida a las generaciones futuras».

«Nosotros les fuimos presentando como proyectos de ley distintas propuestas sobre jubilaciones. Nuestra postura siempre fue el proyecto de María Eugenia Vidal, para pagar la diferencia del 8 por ciento. En todo caso, no tienen que pedir nada, que agarren el proyecto de María Eugenia y se pongan a tratarlo» comentan fuentes cercanas al PRO.

El veto a la ley de jubilación será total, según confirmaron en el Gobierno

Tampoco se descarta un aumento por decreto, acorde a las posibilidades financieras a las que dice estar sujeto el Gobierno (repiten que el 8 por ciento es viable).

A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei salió este lunes a desmentir las versiones de que el veto a la nueva fórmula jubilatoria aprobada por el Congreso sería parcial y aseguró que lo hará en forma total.

«El presidente lo dijo: el veto va a ser total. No hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. La decisión del Presidente está tomada», afirmó el funcionario en su conferencia de prensa de este lunes.

En cuanto a los plazos, el portavoz remarcó que el Gobierno tiene 10 días hábiles para vetar la norma que sancionó el Senado la semana pasada. «No sé si va a estar esta semana o no, veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático la decisión del Presidente», aclaró.

Ante las consultas realizadas en la ronda de prensa, Adorni dijo que «el trasfondo de todo esto es el intento de romper el equilibrio fiscal. La gravedad es evidente cuando proponen un gasto y sin contrapartida de recursos. No hay otra razón que no sea romper con el equilibrio de las cuentas públicas«.

Por el momento, distintas áreas del Poder Ejecutivo y la trabajaban en los informes técnicos y en la redacción del texto que tiene que servir como respaldo para justificar el veto.

El mismo se apoyará sobre impacto fiscal negativo de la ley sancionada por el Congreso y sobre el presunto incumplimiento la Ley Administración Financiera, que obliga a presentar fuentes de ahorro fiscal en caso de leyes que aumentan gastos que no tiene los correspondientes ingresos para financiarlos.