ECONOMIA
Argentum, la nueva moneda para reemplazar al peso y quitarle ceros: el proyecto que entró al Congreso

Si bien el peso argentino fue la moneda que más se apreció durante 2024, los años de inflación acumulada hicieron que las cifras que se manejan sean más grandes y con eso en vista apareció un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone reemplazarlo por una nueva moneda llamada «Argentum» y quitarle tres ceros a la denominación actual con el fin de «ordenar el sistema monetario» y «simplificar» cálculos y transacciones.
La iniciativa fue presentada por el economista y diputado nacional de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy, quien aclaró que la propuesta no es una «medida económica de fondo» sino una herramienta técnica y administrativa para evitar el uso de cifras en millones o miles de millones en operaciones comerciales, precios, salarios y trámites de la gestión pública y privada en general.
En los fundamentos del proyecto, el diputado aclaró que «la eliminación de ceros no cambia el poder adquisitivo de la moneda ni implica una reforma económica profunda, pero sí ordena, simplifica y da mayor claridad a las transacciones y registros contables».
Consultado sobre el tema por iProfesional, López Murphy señaló que «es un cambio nominal que baja sustancialmente los costos tanto en impresión (de billetes) como en la parte digital, esa fue la idea» al presentar el proyecto.
¿Cómo sería el cambio del peso por el «Argentum»?: esto dice el proyecto que apareció en Diputados
El proyecto presentado en la Cámara baja por el diputado que forma parte de la oposición más dialoguista con el gobierno de Javier Milei establece que el «Argentum» empezaría a tener curso legal el 1 de enero de 2026, fecha en la que el peso saldría de circulación. Estará representado por el símbolo «AG».
«El Argentum será equivalente a 1.000 pesos actuales» y «la centésima parte del Argentum se denominará centavo», establece el texto presentado por López Murphy. De esta forma, se le quitarían tres ceros al peso actual, algo que ya se ha hecho varias veces en la historia de la economía argentina.
La idea es hacer una transición ordenada, donde el eventual reemplazo de la moneda respetaría los contratos y derechos adquiridos y los billetes y monedas actuales podrían seguir utilizándose durante un período de seis meses desde el 1 de enero de 2026, tras el cual sí quedaría solo el Argentum como moneda de curso legal.
Además, las entidades financieras deberán reconvertir los saldos bancarios de pesos a Argentum, según la conversión de $1.000 a AG 1. Lógicamente, el proyecto plantea que el Banco Central será el encargado de emitir los nuevos billetes y monedas y de supervisar la transición. También podrá sellar billetes de pesos ya emitidos para otorgarles validez como Argentum durante los seis meses de coexistencia de ambas.
Sueldos, jubilaciones, cheques y contratos: ¿cómo sería la aplicación práctica de una nueva moneda?
El reemplazo de una moneda por otro, aunque no implique una pérdida de poder adquisitivo y se reduzca solo a modificar las cifras, como plantea el diputado, conlleva efectos prácticos sobre el funcionamiento general de la economía que el proyecto también busca contemplar.
En ese sentido, establece en primer lugar que «todas las obligaciones de dar sumas de dinero, incluidas las remuneraciones del personal en relación de dependencia y las prestaciones previsionales que deban abonarse a partir del 1 de enero de 2026 serán abonadas en Argentum».
No obstante, todos los cheques, contratos, títulos de crédito, órdenes de pago y demás instrumentos expresados en pesos con anterioridad a esa fecha «mantendrán su validez», solo que deberán considerarse convertidos a Argentums.
Al respecto, el proyecto remarca que todo esto «no implicará modificación de las convenciones entre partes, salvo en lo relativo a la moneda de pago y siempre que estas hayan sido fijadas en pesos». Finalmente, señala que toda mención al «peso» en leyes, normativas o actos jurídicos vigentes deberá entenderse automáticamente como referida al Argentum.
Para acompañar y favorecer el eventual reemplazo del peso por la nueva moneda, el proyecto fija la obligación del Poder Ejecutivo de lanzar una campaña de comunicación masiva en medios y redes sociales que informe a la totalidad de la población sobre el cambio.
Eliminar ceros y costos, el objetivo central del «Argentum» que propone López Murphy
En los fundamentos de su iniciativa López Murphy subraya que «la utilización cotidiana de cifras con múltiplos de mil o millones para expresar precios, remuneraciones, presupuestos y operaciones comerciales complejiza innecesariamente las transacciones, los registros contables, los sistemas informáticos y la comunicación pública».
Al respecto, el diputado señaló que «el Argentum será una herramienta administrativa que moderniza y pone en valor nuestra moneda, sin cambiar su esencia ni su poder real», al tiempo que reconoció que «la eliminación de ceros en la moneda no es una medida económica de fondo, pero sí una herramienta» que permite «ordenar el sistema monetario, simplifiar cálculos, reducir errores y fortalecer la confianza del público en los instrumentos de uso diario».
Pero además, en diálogo con iProfesional López Murphy apuntó que el objetivo de fondo es bajar los costos de emisión con la denominación actual. «Hace tiempo publiqué que había que emitir billetes de 50 mil o 100 mil, pero hubo gente que me hizo ver que los tres ceros de más generan un costo de papel, de computación y bytes que son un horror«, señaló el diputado.
«Esto que propongo no solo resuelve ese problema de costos en impresión del dinero, que son muy significativos, y también en cuanto a la parte digital de las transacciones. Me pareció que podía generar un argumento más para que se presete atención a este tema», agregó López Murphy.
Además, en el texto que acompaña la propuesta el legislador repasó los numerosos cambios similares que ha tenido la moneda de curso legal a lo largo de los años en Argentina. Menciona el «peso moneda nacional» que se estableció en 1881 y su reemplazo por el «peso ley 18.188» que entro en vigor en 1970 y le quitó dos ceros al anterior.
A esa denominación le siguió el «peso argentino» que se creó en 1983 y quitó otros cuatro ceros al anterior, luego el «Austral» a partir de 1985 que eliminó tres ceros y, finalmente, el peso actual fijado en 1991 que eliminó cuatro ceros.
El escenario en Diputados: ¿qué chances tiene el proyecto de ser tratado?
Pese a todo, el proyecto muestra pocas chances de ser tratado en el corto plazo debido a una multiplicidad de factores. Entre ellos, el hecho de que el presidente Javier Milei ha expresado en otras oportunidades su rechazo a todos esos cambios que le quitaron ceros a la moneda.
Pero más allá de eso, lo cierto es que la iniciativa debería analizarse primero en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que actualmente encabeza José Luis Espert y que tiene poca actividad debido a que el oficialismo intenta contener la catarata de proyectos que impulsa la oposición y que, según el Gobierno, violentan la regla del equilibrio fiscal que para Milei es innegociable.
A eso se le suma que la agenda de la Cámara de Diputados está sumamente condicionada a la pulseada entre La Libertad Avanza y el arco opositor, que por estos días se centra en la reforma de la ley que regula los DNU, el establecimiento del juicio por jurados y los emplazamientos para que Presupuesto y Hacienda trate la rebaja de las retenciones, la emergencia para el Hospital Garrahan y otras iniciativas que el oficialismo resiste.
Además, los gobernadores subieron la presión sobre Milei por fondos que, según afirman, tiene pisados. Apuntan a coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN, transferencias discrecionales) y ordenar el reparto de la recaudación del Impuesto a los Combustibles. En esa negociación se juega el avance de la agenda opositora de diputados.
En ese contexto, el proyecto para reemplazar el peso por el «Argentum» como nueva moneda de curso legal encuentra pocas perspectivas de ser votado en lo inmediato, aunque fija un precedente para debates futuros y se convierte en un expediente que seguirá allí, a la espera de que los diputados, en cualquier momento, puedan ponerlo sobre la mesa de debate.
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ECONOMIA
TGS se aseguró inversiones en Vaca Muerta hasta 2047

En los últimos 5 días, TGS —la transportadora de gas controlada por Pampa Energía, GPI (Grupo Sielecki) y PCT (Grupo Safra)— festejó por partida doble, tras haber consolidado su permanencia en el negocio hasta 2047 y quedar a un paso de adjudicarse la primera iniciativa privada de la gestión libertaria donde está en juego una inversión de u$s700 millones que se repagará con recargos tarifarios a los hogares, comercios e industrias.
Por medio del decreto 495/25, el Gobierno de Javier Milei dio el puntapié inicial a una serie de prórrogas contractuales de gasíferas privadas que tiene en carpeta con la extensión a TGS de su licencia de transportadora por décadas más a partir de diciembre de 2027.
TGS se asegura inversiones hasta 2047 y se hará cargo de parte del gasoducto
La empresa —que cuenta con una red de casi 9.300 kilómetros de gasoductos y 33 plantas compresoras que transportan el 60% del gas consumido en el país— había solicitado la ampliación de su contrato de concesión en setiembre de 2023 por el plazo de 10 años que preveía el marco regulatorio del sector gasífero.
La aprobación de ley Bases y los cambios reglamentarios que implementó la administración mileísta le permitió a la transportadora acceder a una prórroga mayor de 20 años a contar desde el último mes de 2027, fecha en que expira su contrato original que viene de la época menemista.
El proceso administrativo que derivó en la renovación anticipada de su licencia para seguir operando su red de gasoductos incluyó la realización de una audiencia pública que llevó adelante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a fines de octubre del año pasado para evaluar el desempeño y accionar operativo que tuvo TGS en los últimos 28 años como prestadora del servicio de transporte de gas.
En esa instancia, la empresa demostró que había logrado cumplir con las inversiones obligatorias que tenía a su cargo, que las multas recibidas nunca llegaron a superar el 5% de su facturación y que no registró fallas ni cortes del servicio que hayan superado los parámetros técnicos exigidos por las normas vigentes.
El decreto de extensión contractual puso como condición que TGS —que también tiene a su cargo la operación y mantenimiento del tramo Tratayén – Salliqueló del nuevo gasoducto troncal ahora denominado Perito Moreno— debía renunciar a cualquier demanda judicial por reclamos tarifarios y económicos que tuviera en curso contra el Estado nacional.
La empresa ya había logrado mejorar significativamente su situación en abril de este año con la aprobación de la «Revisión Tarifaria Quinquenal» que estableció un esquema gradual de ajustes reales de tarifas destinado a afrontar el plan de inversiones que debe ejecutar en el período 2025-2029.
La única oferente se hará cargo de la primera obra del Gobierno en Vaca Muerta
El segundo motivo de celebración que tuvo TGS en las últimas horas provino del hecho ser la única oferente que se presentó en la licitación de las obras de ampliación del gasoducto Perito Moreno, bajo el marco de una «iniciativa privada» que había promovido el año pasado.
Las obras en juego contemplan la «ejecución y financiamiento de la ampliación del gasoducto por 14 millones de metros cúbicos diarios (MM3D) y el derecho a llevar adelante una ampliación adicional de hasta 6 MM3D más la operación y mantenimiento de ambas infraestructuras».
La inversión asociada al proyecto trepa a un total de u$s700 millones con un plazo de ejecución de dos años. Las obras propuestas apuntan a dotar de confiabilidad al suministro interno y sustituir importaciones de GNL y gasoil con gas proveniente de Vaca Muerta.
El proyecto está estructurado sobre dos bases regulatorias. La primera se encuadra dentro del régimen de iniciativa privada y abarca la mayor parte de las obras e inversiones por un total de u$s500 millones. El segundo componente corresponde a un paquete de obras y mejoras que deberá ejecutar TGS dentro de sus obligaciones contractuales con una inversión complementaria de u$s200 millones.
En ambos casos, las obras las terminarán repagando los usuarios residenciales, comercios e industrias con una mayor carga tarifaria y las petroleras que utilicen el gasoducto para exportar a Brasil y alimentar las futuras plantas de GNL que despacharán sus producciones a mercados externos.
Técnicamente, el proyecto consiste en la ampliación del gasoducto que une las localidades de Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires) y la instalación de cinco plantas compresoras que permitirán elevar la capacidad de transporte actual de 21 MM3D a 35 MM3D en un plazo inferior a dos años.
Si se cumplen los cálculos incluidos en la iniciativa privada que hizo suyos el Gobierno, la ampliación del gasoducto «permitirá sustituir significativamente las importaciones de GNL y combustibles líquidos destinadas a las generadoras eléctricas durante los 100 días invernales de alta demanda y aportarán un beneficio en la balanza comercial de más de u$s700 millones anuales junto con un ahorro fiscal del orden de los u$s 567 millones».
Polémica por una tarifa medida en dólares
El proceso licitatorio que lleva adelante la estatal Enarsa quedó en la mira tras una reciente denuncia administrativa «irregularidad e ilegitimidad» presentada por el exinterventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello.
La denuncia puso sobre el tapete la inclusión de una cláusula de revisión y redeterminación de la tarifa de transporte basada en el índice PPI (Producer Price Index) de Estados Unidos, que podrá cobrar el ganador de la licitación.
La presentación de Martello —actual Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires— destacó que «esta medida implicaría una eventual inconstitucionalidad y una violación del principio de legalidad derivada de la utilización de índices extranjeros como mecanismo de ajuste en contratos celebrados bajo el régimen de derecho público».
Para el ex titular del ENRE, el mecanismo de ajuste basado en el PPI «carecería de una justificación técnico-económica suficiente que permita compatibilizarlo con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad; especialmente en relación con los usuarios residenciales, quienes podrían ser alcanzados por traslados de costos derivados del mismo ante fluctuaciones inesperadas de un índice extranjero que no posee un correlato directo con los costos nacionales de la industria del gas».
Según la denuncia elevada a la secretaria de Energía, María Tettamanti, «la incorporación del índice PPI en dólares como mecanismo de ajuste contractual en el pliego de bases y condiciones, constituye una cláusula incompatible con la legislación vigente porque se trata de un índice extranjero sin habilitación legal expresa y porque la indexación en moneda extranjera se encuentra prohibida por normas de orden público económico».
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ECONOMIA
Cuánto cobrará de sueldo un chofer de colectivo por lo trabajado en julio 2025: los montos de los próximos meses

La UTA cerró una suba escalonada que impactará entre julio y noviembre. Se actualizarán los básicos y los viáticos y así quedaron los montos
28/07/2025 – 14:55hs
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un nuevo acuerdo salarial para los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 460/1973.
El entendimiento contempla aumentos escalonados en el sueldo básico y en los viáticos diarios, con una mejora acumulada del 11,5% entre los meses de julio y noviembre.
Cuánto cobrará un chofer de colectivo por lo trabajado a partir de julio de 2025
De acuerdo a lo informado por el sindicato, estos serán los salarios durante los próximos meses:
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Julio:
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Básico conformado: $1.300.000
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Viáticos diarios: $12.000
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Total mensual (considerando 24 días trabajados): $1.588.000
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Antigüedad: $19.500 por año de servicio
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Agosto:
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El básico se mantiene en $1.300.000
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Viáticos diarios: $12.500
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Total mensual estimado: $1.600.000
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Octubre:
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Noviembre:
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Básico conformado: $1.370.000
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Viáticos diarios: $13.000
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Total mensual: $1.682.000
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Antigüedad ajustada a $20.550 por año
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«Este acuerdo salarial busca actualizar los ingresos del sector en un contexto de alta inflación, manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores del transporte urbano de pasajeros», indicó el sindicato.
Jubilados: cómo pueden viajar gratis en colectivo
Con la suba constante de precios, los beneficios para jubilados se vuelven cada vez más necesarios y bienvenidos. Entre ellos, uno de los más valorados es la posibilidad de viajar gratis en transporte público. Si cobrás una jubilación o pensión, tenés la opción de acceder a la Tarifa Social Federal, que permite viajar sin pagar, o con descuento, en colectivos, trenes y hasta subte, dependiendo de la zona donde vivas.
La Tarifa Social Federal es un descuento automático del 55% en el transporte público para ciertos grupos sociales, que en muchos casos, como el de los jubilados, permite acceder a viajes completamente gratuitos en colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, existen beneficios adicionales para el subte dentro de CABA.
¿Quiénes pueden viajar gratis?
Este beneficio está dirigido a:
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Jubilados y pensionados nacionales
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Titulares de pensiones no contributivas
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Beneficiarios de AUH, Asignación por Embarazo, Progresar y otros planes de ANSES
En el caso de los jubilados, el requisito es contar con una jubilación mínima o estar dentro del rango que define ANSES como compatible con tarifa social. No es necesario estar dentro de ningún programa especial: alcanza con tener una tarjeta SUBE registrada a tu nombre y hacer el trámite correspondiente.
¿Cuál es el paso a paso para activar el beneficio?
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Entrar a Mi ANSES
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Ingresá con tu CUIL y clave a la web de ANSES
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Buscá la sección «Programas y beneficios»
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Elegí la opción Generar PIN SUBE
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Vas a obtener un código de 6 dígitos
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Registrar tu tarjeta SUBE
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Ingresá a tarjetasube.sube.gob.ar
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Cargá el PIN, tu número de SUBE y datos personales
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Si ya tenés tu tarjeta a tu nombre, igual necesitás activarla con este paso
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Activar el beneficio
Una vez hecho esto, ya podés viajar con el descuento del 55%, que en el caso de muchos jubilados equivale a viajar gratis por tener tarifa mínima.
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ECONOMIA
Gigante del acero aplica más de 200 suspensiones y su producción cae a la mitad

La compañía viene siendo impactada por la apertura de las importaciones y el parate que muestra la obra pública. Preocupa la baja demanda de acero
28/07/2025 – 09:47hs
La decisión del Gobierno de abrir las importaciones de forma indiscriminada, sumado a la motosierra aplicada a la obra pública, viene afectando de un modo dramático la actividad de la siderúrgica Acindar. La merma en la demanda de productos redundó en la postura de la firma de activar la parálisis de uno de sus trenes laminadores hasta el próximo 4 de agosto, y la compañía controlada por el grupo ArcelorMittal aplicó 200 suspensiones en una escala que podría ascender hasta los 500 si la perspectiva del negocio no mejora. En el ámbito del acero afirman que la planta de Acindar en Villa Constitución enfrenta su peor momento en años. En dichas instalaciones la producción cayó a la mitad, pasando de 1.2 millones a 600.000 toneladas anuales.
Según trascendió, la compañía viene de paralizar el tren laminador número 2 y haría lo mismo con su similar número 1. Esta situación preocupa y mucho en Santa Fe por la relevancia de Acindar al momento de generar empleo.
Así, en el ámbito de la política de esa provincia, diputadas nacionales como Florencia Carignano afirman que la compañía «tiene un excedente mensual entre 15.000 y 20.000 toneladas de acero y eso que está funcionando con un solo horno».
Las importaciones hicieron mella en el negocio de Acindar
En cuanto a la posición de los sindicatos del sector, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) señalaron que el momento productivo y comercial que atraviesa la compañía es producto de la baja del 60% que muestra la obra pública y el aumento de las importaciones de acero desde China y Brasil.
«El modelo productivo está en crisis. Esto no lo resuelve solo la UOM o Acindar. Se necesita un esfuerzo colectivo para salir adelante», declararon Silvio Acosta y Ariel Alcaraz, delegados de esa organización.
«Seguimos surfeando la ola con acuerdos de suspensiones», dijo Acosta. El gremio sostiene que la empresa no presenta señales de recuperación ni un plan concreto para revertir la caída.
En el sector de la siderurgia predomina la preocupación ante el enfoque actual que presenta el modelo económico del Gobierno nacional el cual, afirman los actores de ese nicho, «pone énfasis en sectores como el gas, la minería, el litio y el agro, mientras que la industria pesada no estaría recibiendo el mismo nivel de atención o protección«.
La merma productiva en Acindar acumula meses de iniciada y lo cierto es que el escenario en esa empresa no ha hecho más que agravarse. Así, ya en marzo pasado la compañía acordó con la UOM la posibilidad de aplicar suspensiones según la evolución de la producción y la demanda de acero.
En ese momento se indicó que ese régimen podría alcanzar a unos 1.000 operarios aunque de forma alternada. A principios de ese mes, fuentes ligadas a la compañía indicaron a iProfesional que «la situación de la empresa es consecuencia de la retracción de la demanda interna«.
Se complica el empleo en las siderúrgicas
Al margen de lo que ocurre con la firma mencionada, lo cierto es que el ámbito de la siderurgia lleva meses en caída libre. Durante el primer trimestre del año, Tenaris remitió una treintena de cartas documento anticipando a los empleados alcanzados que sus respectivos contratos culminarían el 30 de abril.
Otra empresa que activó despidos es King Agro, con operaciones en el parque industrial de Campana. La empresa también atraviesa un momento de retracción en sus ventas a partir del contexto que atraviesa el sector industrial doméstico y comenzó a tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).
A estos nombres hay que añadir las dificultades que atraviesa Acerbrag, considerada la segunda productora doméstica de hierro redondo y la tercera de aceros largos.
La firma paralizó la actividad en su planta de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, a mediados de febrero. En ese momento, notificó a sus empleados que aplicaría un recorte de personal que podría ascender a los 500 puestos de trabajo.
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