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ECONOMIA

Atención inversores: este paraíso fiscal definió una serie de cambios claves para evitar el lavado de dinero

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A partir del pasado 2 de enero de 2025, comenzó la aplicación de los cambios en la Ley de Sociedades Comerciales de las Islas Vírgenes Británicas (en adelante, BVI). Estas enmiendas, que entraron en vigor a raíz de modificaciones publicadas en diciembre de 2024, buscan ajustar la normativa local a los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Objetivos de las Reformas

La actualización normativa responde a la necesidad de adaptarse a recomendaciones emitidas por organismos internacionales como la OCDE y el G-20. A través de estos cambios, BVI busca perfeccionar la verificación de la titularidad efectiva y fortalecer las medidas de control interno para combatir actividades ilícitas, poniendo especial foco en la protección de la información de las empresas.

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Por lo tanto, destacamos que el nuevo marco regulatorio busca mejorar la transparencia y la eficacia en la supervisión, ya que, BVI busca como objetivo retirarse de las listas «negras» y/o «grises» tanto de la Unión Europea, como así también de países miembros de la OCDE.

Cambios Clave en la Normativa

En este contexto, las reformas actuales pretenden reforzar el cumplimiento normativo y modernizar los procesos internos, con el fin de cumplimentar con los requerimientos sugeridos por los países que la incluían dentro de las listas de jurisdicciones no cooperantes. Entre las novedades más destacadas se encuentran:

  • La obligación para las sociedades de actualizar y presentar, en plazos estrictos, sus registros de miembros, directores y beneficiarios finales mediante sistemas electrónicos;
  • Nuevo Sistema: la transición del antiguo sistema BOSS al nuevo registro VIRRGIN, gestionado por el Financial Services Commission, que centraliza y verifica la información sin hacerla pública de forma indiscriminada;
  • Implementación de plazos: las nuevas empresas deben cumplir con estos requerimientos en 30 días desde su constitución, mientras que las sociedades existentes tienen un periodo transitorio que se extiende hasta mediados de 2025; además, la designación de directores se ha acortado a 15 días;
  • Aunque se consideró en su momento la posibilidad de un registro público, el acceso a la identidad de los beneficiarios finales se restringe ahora a aquellos organismos o entidades que demuestren un «interés legítimo», sujeto a definiciones aún pendientes de concretarse. Esta interpretación deja un interrogatorio abierto, ya que, al día de la fecha, no se ha informado oficialmente la definición de interés legítimo o persona que posea dicho interés
  • Las empresas deben remitir su registro de miembros al «Registrar of Corporate Affairs«. De momento, BVI manifestó que esta información se conservará de forma privada y no será accesible al público, contando con un período de gracia de seis meses para las sociedades ya existentes, mientras que las nuevas deberán adherirse a esta obligación desde su creación.

Implicancias para las Sociedades

El nuevo marco exige que las sociedades, a través de sus agentes registrados, recopilen y envíen datos detallados mediante plataformas electrónicas que aseguran una verificación minuciosa antes de ser remitidos al Registro de Asuntos Corporativos.

Tal como nombramos anteriormente, las empresas existentes disponen de un plazo hasta el 2 de julio de 2025 para adecuarse a estos nuevos requerimientos, mientras que las nuevas incorporaciones deberán cumplirlos dentro de los 30 días posteriores a su establecimiento. Asimismo, se han impuesto plazos estrictos para el nombramiento y registro de directores, lo que mejora la eficacia y la transparencia en la gestión societaria.

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Protección de la Privacidad

Nos es de suma importancia destacar que, a pesar de las nuevas obligaciones de reporte, BVI sigue conservando la privacidad de los beneficiarios finales Los registros —que abarcan desde la estructura accionarial hasta la identificación de los beneficiarios finales— estarán disponibles solo para las autoridades y organismos autorizados que demuestren un interés legítimo.

Lo que aún está en cuestión, y no ha sido claramente definido, es quién tendrá el derecho de demostrar ese «interés legítimo» y acceder a la información. Es decir, hasta la fecha, no se ha especificado de qué tipo de autoridad, institución o entidad podrá acceder a la misma.

Conclusiones

Las reformas adoptadas en BVI representan un avance importante hacia la modernización del marco regulatorio, permitiendo que la jurisdicción se ajuste a los estándares internacionales sin modificar la confidencialidad de los datos de sus inversores.

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Sin embargo, la identificación de las «personas legítimas» con derecho a acceder a la información de los registros de los beneficiarios finales sigue siendo una incógnita. En consecuencia, aunque la privacidad no parece verse afectada directamente en este momento, la falta de claridad sobre quién tendrá acceso a esa información podría ser un interrogante para todos los inversionistas que han constituido entidades en la jurisdicción.

Juan Pablo Casoetto, socio;

Florencia Mollo, gerente;

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Sofía Cuevas de Galvagni, senior.

Dpto. Impuestos Internacionales, Lisicki, Litvin & Abelovich.

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ECONOMIA

Moody’s subió la nota crediticia de ocho importantes empresas argentinas: el motivo detrás de la mejora

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Son firmas que se desarrollan en sectores clave como energía, alimentos, telecomunicaciones y bienes raíces. Cómo quedaron ahora sus calificaciones

23/07/2025 – 21:04hs

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Luego de que la semana pasada la deuda soberana de la Argentina recibiera una mejora en su calificación, la agencia Moody’s Ratings anunció que subió también la nota de ocho grandes compañías no financieras que operan en el país. Las beneficiadas pertenecen a sectores clave como energía, alimentos, telecomunicaciones y bienes raíces, y en conjunto representan una porción relevante de la economía local.

Las empresas que recibieron mejores calificaciones son: YPF, Arcor, Pan American Energy, Tecpetrol, Telecom Argentina, Vista Energy Argentina, Pluspetrol y Raghsa. Todas, según Moody’s, cuentan ahora con una perspectiva estable.

La mejora, explicaron desde la calificadora, está directamente relacionada con la reciente suba de la nota soberana de la Argentina, que pasó de Caa3 a Caa1, con una visión también estable. Además, se elevó el techo de calificación en moneda local de B3 a B1 y el de moneda extranjera de Caa1 a B2. Estos techos marcan el límite superior que pueden alcanzar los instrumentos financieros emitidos por compañías domiciliadas en el país.

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Moody’s mejoró la nota crediticia a ocho grandes empresas argentinas

«La mejora de la calificación soberana de Argentina refleja la liberalización del mercado cambiario, el alivio de los controles de capital y la adopción de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, lo que ha mejorado la liquidez en moneda fuerte y reducido las vulnerabilidades externas», explicó Moody’s en su informe. También señaló que la desinflación y ciertas reformas económicas «respaldan una transición gradual hacia la sostenibilidad externa», aunque persisten desequilibrios estructurales y «una débil posición de reservas internacionales».

Sobre la relación entre la nota del país y la de las empresas, la calificadora fue enfática: «La solvencia de estas compañías no puede desvincularse totalmente de la calidad crediticia del gobierno argentino, por lo que sus calificaciones deben reflejar de cerca el riesgo que comparten con el soberano».

Las nuevas calificaciones empresariales

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  • Arcor: sube de Caa1 a B2.
  • Pan American Energy: la casa matriz pasa de B3 a B1. Su filial local también mejora la nota de sus bonos garantizados.
  • Pluspetrol: tanto la calificación general como la de sus títulos senior sin garantía pasan de B3 a B1.
  • Raghsa: mejora de Caa1 a B2, tanto en su calificación corporativa como en sus bonos.
  • Tecpetrol: pasa de B3 a B1, al igual que sus instrumentos financieros.
  • Telecom Argentina: de Caa1 a B2.
  • Vista Energy Argentina: la empresa y sus bonos suben a B2 desde Caa1.
  • YPF: pasa de Caa1 a B2 en todas sus calificaciones: deuda garantizada, no garantizada, programa de notas de mediano plazo y evaluación crediticia base (BCA), que mejoró de caa1 a b2.

La metodología de Moody’s establece que las notas corporativas no pueden quedar totalmente aisladas del riesgo soberano del país de origen. Por eso, el movimiento en la nota argentina tuvo un efecto directo en estas empresas.

¿Qué podría cambiar en el futuro?

Según la agencia, «una mejora adicional en las calificaciones dependerá en gran parte de la evolución de la nota soberana y de la capacidad de las compañías para diversificar operaciones fuera del país y mantener sólidos indicadores financieros y de liquidez».

En el caso de Arcor, por ejemplo, se requerirá una mayor resiliencia frente a los vaivenes macroeconómicos y un crecimiento internacional sostenido. Para Pan American Energy, serán clave la diversificación geográfica y la robustez de su posición financiera.

En cambio, un deterioro en la liquidez de las compañías o en sus métricas financieras -sumado a una eventual caída en la calificación de la deuda soberana- podría arrastrar las notas empresariales a la baja.

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La agencia advirtió sobre esta conexión: «Cualquier cambio en la nota del gobierno argentino puede trasladarse directamente a las compañías locales«.

La decisión de Moody’s llega en un momento donde varias empresas del sector energético, como YPF, Tecpetrol o Pluspetrol, están desarrollando fuertes inversiones en Vaca Muerta, con colocaciones de deuda recientes que incluso lograron mejores calificaciones que la del propio país. La mejora también impacta en firmas del sector alimentos como Arcor, que necesita financiamiento externo para expandirse.

Para los analistas, estas mejoras -aunque modestas- muestran un mayor margen de maniobra para empresas argentinas con buenos fundamentales en un contexto donde la credibilidad macroeconómica sigue siendo frágil, pero en proceso de recomposición.

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ECONOMIA

¿Qué beneficios trae el nuevo sistema de compra directa de electrónica desde Tierra del Fuego?

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El nuevo esquema de comercialización dispuesto por ARCA promete ventajas concretas para los consumidores. Te contamos los puntos clave del régimen

23/07/2025 – 17:08hs

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En línea con una política de apertura comercial, ARCA implementó un mecanismo que permite a consumidores y usuarios adquirir productos electrónicos directamente desde Tierra del Fuego, dentro del Área Aduanera Especial, con menores costos al evitar intermediarios.

La Resolución 5027 establece un sistema de compras online que incluye tanto productos importados como aquellos ensamblados en la provincia.

Estos son sus principales aspectos:

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  • Ventas online obligatorias: las empresas que adhieran al régimen deberán habilitar plataformas de venta online. El objetivo es promover la compra directa, sin intermediarios comerciales.
  • Límites a la importación individual: cada usuario podrá adquirir hasta tres productos idénticos, por un monto total de hasta u$s3.000. Esta medida busca desalentar el uso del sistema por parte de revendedores.
  • Beneficios impositivos: las operaciones realizadas bajo este régimen contarán con ventajas fiscales, lo que impactará en una reducción del precio final para el consumidor.
  • Controles aduaneros posteriores: la Aduana podrá realizar verificaciones una vez concretada la operación para asegurar el cumplimiento de la normativa.

En síntesis, el nuevo sistema elimina la necesidad de contar con locales físicos, personal de ventas o estructuras logísticas complejas. Pone en contacto directo al proveedor con el comprador final, reduciendo costos y agilizando el proceso.

Además, este régimen se complementa con el esquema de compras internacionales «puerta a puerta», ampliando aún más la competencia y diversificando la oferta de bienes y servicios disponible en el país.



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ECONOMIA

Caputo confirmó el sexto proyecto aprobado del RIGI y anunció el primer rechazo

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El Gobierno nacional anunció este miércoles la aprobación de un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una iniciativa de la firma Galán Lithium, que prevé destinar u$s217 millones a la producción de litio en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. Según estimaciones oficiales, el proyecto comenzaría a exportar más de u$s180 millones anuales a partir de 2029.

Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en X, donde destacó que «es el sexto proyecto RIGI aprobado, por un total de u$s12.800 millones».

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En paralelo, también se conoció la primera denegación dentro del régimen: el comité evaluador rechazó el ingreso del proyecto «Mariana«, impulsado por la empresa Ganfeng. Según explicó Caputo, «el proyecto había arrancado en 2022 y fue inaugurado a principios de este año, casi al mismo tiempo que presentó su solicitud de ingreso. Por lo tanto, no cumplía con los requisitos, entre ellos las inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años».

Los proyectos que entraron al RIGI, por más de u$s12.000 millones

Ayer, el Ministerio había oficializado otro ingreso al RIGI: el de Sidersa, que prevé construir una planta siderúrgica en San Nicolás, con una inversión de u$s286,3 millones, de los cuales u$s142,8 millones se desembolsarán durante el primer año. El proyecto apunta a reforzar la capacidad productiva del polo metalúrgico ubicado en esa ciudad del norte bonaerense.

Desde la entrada en vigencia plena del régimen, en octubre de 2024, se presentaron 15 proyectos de inversión, de los cuales seis ya recibieron luz verde. 

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El primer caso aprobado fue el del parque solar El Quemado, que YPF Luz desarrollará en Mendoza con una inversión de u$s211 millones. Luego se sumó un megaproyecto en Vaca Muerta: el Oleoducto Sur, que impulsan en conjunto YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol. Esa obra, pensada exclusivamente para exportar petróleo desde Neuquén a Río Negro, demandará u$s3.000 millones y permitiría exportar hasta 500.000 barriles diarios a partir de 2027, lo que podría generar ingresos por u$s13.000 millones anuales.

El tercer proyecto aprobado apunta al negocio del gas natural licuado (GNL). Involucra la instalación de dos buques de licuefacción frente a las costas de Río Negro. Estará a cargo de la sociedad Southern Energy, compuesta por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%). La inversión estimada es de u$s2.825 millones en diez años, con u$s105 millones a desembolsar en 2025 y u$s354 millones en 2026.

El cuarto proyecto aprobado fue el de Rio Tinto, que expandirá su producción en el proyecto Rincón de Litio, en Salta, con una inversión de u$s2.724 millones. El objetivo es alcanzar una producción de 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería.

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En la lista de propuestas aún en evaluación figuran otros proyectos mineros, energéticos e industriales. Rio Tinto también presentó otro plan de u$s818 millones para desarrollar una nueva operación en Catamarca. Por su parte, Posco, empresa surcoreana, solicitó ingresar al RIGI con una inversión de u$s633 millones para ampliar su producción en el proyecto Sal de Oro, en Salta.

La propia Galán Lithium, cuyo proyecto fue aprobado este miércoles, había propuesto anteriormente otra etapa del desarrollo en el Hombre Muerto Oeste, en Catamarca, donde buscará producir cloruro de litio de alta pureza que luego se convertirá en carbonato de litio.

En tanto, el proyecto de Ganfeng, conocido como «Mariana«, planeaba u$s273 millones para desarrollar una nueva operación litífera en Salta, pero quedó fuera del régimen por no cumplir con los requisitos.

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También hay iniciativas en el sector del oro: Minas Argentinas, del grupo AISA, propuso invertir u$s665 millones para reactivar la mina Gualcamayo, en San Juan.

En el sector cobre, McEwen Copper, en sociedad con Stellantis y Rio Tinto, impulsa el proyecto Los Azules, también en San Juan, con una inversión de u$s227 millones para avanzar con los estudios de factibilidad, con miras a producir desde 2029.

En paralelo, el área energética suma otros tres proyectos en análisis: un parque eólico en Olavarría de 180MW (PCR y Acindar), con u$s255 millones; La Rincona, un parque eólico de 94,5MW que Tenaris (Techint) quiere construir para abastecer su planta de Siderca (u$s206 millones); y un plan integral de Pampa Energía para sumar infraestructura de transporte y procesamiento en el yacimiento Rincón de Aranda.

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Además, Terminales y Servicios busca construir una terminal portuaria multipropósito en Timbúes, Santa Fe, con una inversión de u$s290 millones.

¿Qué ofrece el RIGI?

El régimen, impulsado por el Gobierno para atraer inversiones de gran escala, otorga beneficios clave:

  • Reducción de Ganancias del 35% al 25%.
  • Devolución acelerada de IVA mediante certificados de crédito fiscal transferibles.
  • Exención parcial de retenciones (durante los primeros tres años).
  • Posibilidad de libre disponibilidad de divisas, en una escala creciente: 20% en el primer año, 40% en el segundo, 100% desde el tercero.
  • A cambio, los proyectos deben comprometer un mínimo de u$s200 millones y desembolsar al menos el 40% en los dos primeros años.

Con esta nueva aprobación, el Gobierno busca reforzar el impacto del RIGI como herramienta clave para atraer divisas, generar empleo e impulsar exportaciones en sectores estratégicos como la energía, la minería y la industria.

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