La batalla judicial que ocurre en Lácteos Vidal tras los bloqueos promovidos por el gremio ATILRA entre julio y septiembre de 2022 parece no tener fin. A pocos días de que la empresa debiera afrontar una pena de $47 millones en concepto de multas y sufrir un embargo, ahora la Justicia hizo lugar a un pedido de los abogados de la láctea y decidió imputar a 8 dirigentes sindicales a los que se acusa de promover el hostigamiento y los bloqueos contra Lácteos Vidal. La medida fue establecida por la Fiscalía en lo Penal y Contravencional N° 26 del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Luis Arnaudo.

Los dirigentes están acusados de los presuntos delitos de desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga contra la pyme. La acción judicial parte de una denuncia presentada por los abogados de Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal.

Desde la firma en cuestión se indicó que la figura que se aplica a los sindicalistas no se había usado hasta ahora en los tribunales porteños. Y las fuentes anticiparon que también se activaría una denuncia por presunta asociación ilícita cometida, también, por los acusados.

Representantes de ATILRA, entre los imputados

Con relación a los imputados, la mayoría ligados a la seccional Trenque Lauquen del gremio ATILRA, se trata de Heber Ríos, Sergio Longo, Gastón Moreno, Franco Yedro, Cristian Martín, Diego Alarcón, Rafael Ale y Ariel Sánchez.

Lácteos Vidal también iniciaría una demanda contra el sindicato por daños y perjuicios con la intención de hacerse con un resarcimiento económico por las afectaciones derivadas de las acciones de ATILRA. Se estima que el monto que solicitaría la pyme rondará los 500 millones de pesos.

Relacionado con esto, la empresa afirmó que los bloqueos llevados adelante por el gremio «alteraron el normal funcionamiento de la empresa, ocasionando un perjuicio económico concreto al impedir el ingreso y egreso de mercadería en la planta de Moctezuma, así como la venta y distribución de productos en la sede de CABA».

Asimismo, Lácteos Vidal sostiene que el hostigamiento y los bloqueos respondieron a «una estrategia coordinada por parte de los imputados«, lo cual configuraría una conducta única tipificada en el artículo 174 del Código Penal: obstrucción al funcionamiento de establecimientos industriales o comerciales.

Siempre según la empresa, «se obstaculizó y/o impidió el ingreso y egreso de mercadería, tanto por parte de la propia firma Lácteos Vidal como de sus proveedores y clientes. Todo ello ocurrió en virtud de actuación coordinada de las autoridades de Atilra antes mencionadas».

Lácteos Vidal y el ida y vuelta judicial

El escenario judicial en Lácteos Vidal es tan profuso como cambiante. Así, y previo a esta nueva decisión, a principios de mes la Justicia impuso a la compañía una pena de $47 millones en concepto de multas.

«Nueve de Julio trabajando para pagar embargos. Parece que la libertad es cara en este país, pero bueno, no tiene precio», declaró, respecto de ese nuevo revés económico y judicial sufrido, Alejandra Bada Vázquez, una de las propietarias de la empresa láctea.

«Se amanece con nuevo embargo de 47 millones de pesos. Porque bueno, a pesar de que las empresas tenemos supuestos derechos de despedir y contratar, parece que algunos jueces no se enteraron y entonces ponen multas por no reincorporar gente que no podemos reincorporar porque hacemos alimentos», agregó.

Lo establecido por la Justicia recrudeció el malestar de la compañía con Ignacio Ramonet, el juez a cargo de la causa, quien el mes pasado fue señalado por establecer dictámenes que coinciden con los pedidos que viene realizando ATILRA.

Es a partir de esa presunción que la cúpula de la compañía a través de su apoderado, Eduardo Darriba, presentó en junio una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que «se investigue la misma y se determine si los hechos configuran o no causal de mal desempeño y/o delito«, siempre en alusión a las resoluciones de Ramonet.

De acuerdo a fuentes al tanto de la contienda judicial, en la denuncia se menciona la presión ejercida por el sindicato para lograr la reincorporación de los despedidos, y además se hace hincapié en cómo el juez en entredicho viene haciendo lugar a las presentaciones legales de ATILRA.

Uno de los mayores riesgos de todo gobernante es generar expectativas que luego no pueda cumplir. Y esa máxima se aplica a lo que está ocurriendo por estas horas: se dejó crecer tanto la versión sobre una eliminación de retenciones al campo, que si finalmente Javier Milei anuncia apenas un alivio parcial, corre el riesgo de que se le transforme en un boomerang político.

«Será de los discursos que al otro día estará en la tapa de los diarios», graficó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al referirse a la ponencia de Milei en la Exposición Rural de Palermo. Antes, el ministro de economía, Luis Toto Caputo, había estado reunido con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, a quien le aseguró que habrá mejoras para el sector.

El ministro dijo que no quería «spoilear» los anuncios del presidente, pero que el objetivo de eliminar las retenciones a la exportación «que tanto daño han hecho al campo» siguen siendo uno de los objetivos centrales del gobierno. Antes, en las redes sociales, el propio Caputo había repasado un listado de medidas para mejorar la situación del campo y pidió «confianza y paciencia» para ver la eliminación de retenciones.

La expectativa se contagió al mercado financiero, donde los contratos futuros de soja y maíz experimentaron una marcada suba en los últimos días. Esa evolución fue a contramano de los precios del mercado internacional que se reflejan en los paneles de la bolsa de Chicago. Y los expertos del sector afirman que la mejora en el precio está considerando implícitamente una mejor ecuación para el productor, por un alivio en las retenciones.

El problema es que los más escépticos creen que los anuncios se limitarán a la exportación de carne, mientras que la mejora para los granos sería marginal. Si esa fuera finalmente la situación, los anuncios dejarían gusto a poco, y chocarían contra el clima de malestar reinante en el campo, que se refleja, por ejemplo, en el pedido de productores para una eliminación total de las retenciones.

Por otra parte, supondría un costo político para Milei que aprovecharían algunos de sus críticos, empezando por gobernadores provinciales como Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Martín Llaryora, de Córdoba y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, que están presionando por un cambio de sistema tributario y acusan al presidente de «sostener un modelo de país porteñocéntrico».

Paradójicamente, Milei sólo se salvaría de las críticas de Axel Kicillof, quien siempre ha sido un defensor de las retenciones al agro.

Malhumor en el campo

Milei festejó en las redes sociales la noticia de que bajaron las tasas de interés por la venta de dólares que hicieron bancos y empresas necesitadas de liquidez en pesos. Y espera un alivio en la cuenta corriente, gracias a que, después de los u$s3.700 millones recibidos en junio por las exportaciones agrícolas, julio terminará con un ingreso aun más alto, que los expertos estiman superior a los u$s4.000 millones.

Pero, en notorio contraste con el optimismo que muestra el gobierno, en el campo hay una alerta sobre la disminución de rentabilidad de los productores.

Al respecto, fue muy comentado un informe de CREA, que estima la viabilidad de cultivar soja en función del nivel de retenciones. La conclusión es que, al actual nivel de 33%, apenas un 20% de la superficie agrícola lograría un margen positivo, mientras que con el 26% que rigió en el primer semestre, esa mejora se extiende al 61%. Pero el dato clave que llevan como bandera los productores es que, con retenciones cero, entonces prácticamente toda la superficie podría ser cultivada de manera rentable.

Mientras tanto, las muestras de inquietud no cesan. Desde julio, cuando las retenciones volvieron a su nivel máximo, también hubo una suba del dólar. A primera vista, podría parecer que un dólar más alto compensa por lo que se pierde con las retenciones, pero los expertos alegan que tienen un alto componente de costos dolarizados, como los fertilizantes, semillas, insumos, maquinarias y fletes, que se rigen por valor dólar.

Según José Antonio Alvarez, uno de los principales «influencers» entre los productores, con los actuales niveles de rentabilidad no se están reponiendo ni la mitad de los nutrientes consumidos ni se reemplaza la maquinaria ya obsoleta. «Nadie invierte si tres cuartas partes de la inversión no queda en casa», sintetiza.

Clima de default

De hecho, el estado de ánimo pesimista ya es visible desde fines del año pasado, cuando comenzaron a hacerse públicos los primeros casos de default en el sector, incluyendo nombres reconocidos, como Los Grobo y Bioceres.

En su mayoría, eran empresas que arrastraban deudas desde el gobierno anterior, y que habían sido tomadas en un entorno macro completamente diferente, en el que el mercado mostraba apetito por títulos que dieran cobertura ante el riesgo devaluatorio. Esto implicaba deuda nominada en dólares o en pesos con cláusula dólar linked. En muchos casos, la elevada inflación terminaba licuando las tasas para las empresas emisoras.

Los expertos en las finanzas agrícolas dijeron entonces que el 2025 podría ser un año signado por los quebrantos en el campo. Desde los bancos, hay analistas que creen que los «pufos» podrían llegar a u$s3.000 millones.

El gobierno dio a entender que no habría «salvatajes» estatales y que el problema era de los gerentes financieros que en vez de «hedgear» -es decir, cubrir los riesgos de descalces de tasas y monedas recurriendo a otros instrumentos, apostaron a una devaluación que resolviera el problema. Su argumento era que, al desaparecer la brecha cambiaria que caracterizó al gobierno peronista, toda la estrategia financiera debía ser pensada con otra lógica.

Lo cierto es que hay empresas con dificultades para «rollear» sus vencimientos, y las alzas de tasas de interés de las últimas semanas empeoraron un panorama que ya venía complicado.

«Esta suba de tasas, de no estabilizarse pronto, impactará en las tasas bancarias, tanto activas como pasivas, incorporando un ingrediente adicional que podría significar un lastre para el despegue de la actividad económica», advierte el último informe de la consultora LCG.

El rubro agrícola suele ser de los que consiguen mejores tasas en comparación con segmentos pymes o industrias con ventas al mercado doméstico. Se puede obtener crédito al 50%, pero sigue siendo un monto que los productores ven como caro, dada la disminución de sus márgenes de rentabilidad.

¿Empeoran los precios?

Los números de la balanza comercial son contundentes sobre la tendencia bajista de los precios. En junio, a pesar de que el volumen de producción del campo fue mejor que el del año pasado y que la cuestión impositiva apuró los embarques, la venta de productos primarios tuvo una mejora marginal de 2,6%, mientras que las manufacturas de origen agropecuario -el principal rubro de exportación- se mantuvieron estancadas. La explicación está en la reducción de precio de 1,9% interanual que sufrieron los granos.

Para peor, los expertos ven la posibilidad de una caída del precio que le queda a los productores locales, por un ajuste que se espera en el mercado de futuros.

«De comenzar los precios locales a copiar a los internacionales, pasarían a resultar negativos los márgenes de trigo y maíz 23/24, mientras los de soja quedarían muy ajustados», advirtió un informe de Marianela de Emilio, de Agroeducación.

«Significa que 38% del trigo, 70% del maíz y 75% de la soja argentina 23/24, están expuestos a bajas de precios, que recorten dramáticamente los márgenes agrícolas, haciendo desaparecer la renta potencial que hoy podría lograrse tomando los precios actuales», sostiene la experta, que reitera su recomendación habitual de asegurar precios con instrumentos financieros. Sin embargo, los productores mantienen su clásica postura conservadora, y en los últimos días ya se notó un drástico bajón en el ritmo de liquidaciones.

Esto lleva a pensar que, como sucede en estas situaciones -y, sobre todo, en contextos de año electoral-, será difícil que la exportación mantenga su ritmo, a no ser que haya un alivio impositivo o un cambio en la regulación cambiaria que le permita a los productores hacerse de las divisas sin pasar obligatoriamente por el Banco Central.

La cruel realidad fiscal

El problema está en que, para el gobierno, hay una disyuntiva sobre qué objetivo priorizar. Si se eliminan o reducen drásticamente las retenciones, eso le mejorará su imagen política y además favorecerá el ingreso de divisas.

Pero claro, habrá un costo de corto plazo que será imposible de disimular: las retenciones a la exportación significan en este momento un 7,5% del total del ingreso tributario. Es una suma demasiado alta como para resignar, sobre todo si se tiene en cuenta que Milei ya cumplió su promesa de eliminar el impuesto PAIS, que el año pasado había sido un puntal de la recaudación tributaria.

El último mes, la caja de ARCA registró una mejora real de 2,4% interanual, una variación modesta si se tiene en cuenta que en el arranque del año se venía creciendo a un ritmo de 7% real contra el 2024.

Expresado en términos del PBI, las retenciones al agro podrían rondar un 1% -más de u$s6.000 millones-, una suma demasiado grande como para resignar justo en un contexto en el que Milei ve peligrar sus finanzas. El presidente vetará una reforma jubilatoria y una transferencia de fondos a las provincias por alegar que ponen en riesgo su meta de terminar el año con un superávit fiscal de 1,6%. Casualmente, ese monto equivale al costo fiscal que, según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendría el paquete de reformas que quiere impulsar la oposición.

No hay forma de eliminar las retenciones sin que, al mismo tiempo, se busque una compensación con la suba de otros impuestos, algo para lo cual no parece haber margen político. Lo mismo ocurre con una eventual profundización de la «motosierra» en plena campaña electoral.

En definitiva, Milei tiene que elegir en una disyuntiva poco agradable, y todo indica que no va a sacrificar la caja fiscal, a la que considera el pilar de su gestión. A no ser, claro, que juegue su futuro político al mantra liberal de que, con una baja de impuestos, se dará tal impulso a la producción que hará crecer la recaudación.

El ministerio de Economía dispuso la venta de las acciones que la empresa posee en Citelec, como primer paso en el proceso de privatización

25/07/2025 – 13:27hs

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó el inicio del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales compañías estatales del sector energético.

A través de la Resolución 1050/2025, publicada este viernes 25 de julio en el Boletín Oficial, se dispuso la venta de las acciones que la empresa posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.), como primer paso del proceso.

El Gobierno inició el proceso de privatización de Enarsa

La operación se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley 27.742 -conocida como «Ley de Bases»- y los decretos 695/2024 y 286/2025, que autorizaron la privatización completa de ENARSA. La venta se llevará a cabo mediante un concurso público con alcance nacional e internacional, y representa el primer tramo de un esquema por etapas para desprenderse de las distintas unidades de negocio de la empresa, que actualmente son 15.

CITELEC S.A., que será el eje de esta primera licitación, controla el 52,65% del paquete accionario de Transener S.A., la principal operadora de redes de alta tensión del país. Esta participación incluye el total de las acciones clase A (51%) y un 1,65% de las acciones clase B. Transener está a cargo del transporte del 85% de la electricidad que circula por el sistema interconectado nacional, con más de 14.000 kilómetros de líneas de alta tensión bajo su gestión.

El Estado participa en Transener de forma indirecta: ENARSA es dueña del 50% de Citelec (la otra mitad está en manos de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin), lo que representa el 26,32% de la transportista. El resto del capital accionario de Transener se reparte entre la ANSES (19,57%) y acciones que cotizan en la Bolsa local (27,79%).

Según estimaciones oficiales, la venta de la participación de ENARSA en Citelec podría representar ingresos de al menos u$s200 millones, en función de la valuación bursátil de la compañía. No obstante, el Gobierno confía en que ese monto podría incrementarse si se concreta una nueva actualización tarifaria y se consolida cierta estabilidad macroeconómica.

Cómo se llevará adelante el procedimiento

El procedimiento será coordinado por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada «Agencia de Transformación de Empresas Públicas», que tendrá un plazo máximo de ocho meses para completar la operación. La Subsecretaría de Energía Eléctrica, en tanto, estará encargada de confeccionar la documentación técnica y contractual para la licitación, y podrá solicitar la colaboración técnica de ENARSA.

La operación se realizará a través del sistema CONTRAT.AR, la plataforma electrónica de compras del Estado, conforme lo previsto en el Decreto 416/2025. Además, se contratará a una entidad bancaria estatal para llevar adelante la tasación de la participación accionaria, debido a que el Tribunal de Tasaciones de la Nación se excusó de intervenir, alegando que la valoración de Citelec se basa en proyecciones de ingresos y no en activos tangibles.

La resolución también aclara que la privatización no contemplará los beneficios del artículo 16 de la Ley 23.696, es decir, no se aplicará ningún esquema de propiedad participada ni se reservarán acciones para los trabajadores.

Con esta decisión, el Gobierno profundiza su programa de reformas estructurales y desinversión en empresas públicas estratégicas, en línea con su objetivo de reducir la presencia estatal en la economía y fomentar la llegada de capitales privados, especialmente en el área energética.

El ministro Caputo rubricó la resolución, que entró en vigor de forma inmediata, y que contó con el aval del servicio jurídico del Ministerio de Economía, así como la participación de la Secretaría de Energía y de la agencia creada para liderar la transformación de las empresas públicas.