El Gobierno enfrenta un escenario complejo en el terreno político y económico, marcado por tensiones institucionales y una aceleración inflacionaria que continuaría en marzo. A pesar del impacto del alza de precios en la vida cotidiana, la inflación ya no encabeza el listado de inquietudes para los argentinos. Según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, los bajos salarios, la falta de trabajo y la corrupción la desplazaron y pasaron al centro de las preocupaciones sociales.

El estudio de la casa de estudios, realizado entre el 10 y el 17 de marzo de 2026, reveló que esas tres temáticas lideran el listado de problemas que afectan actualmente a la sociedad argentina. El informe, que abarcó a más de mil personas con ponderación según el voto de 2025, mostró un cambio en el eje de las preocupaciones: la inflación perdió centralidad y cedió espacio a cuestiones vinculadas con el ingreso y el trabajo.

La encuesta ubicó a los bajos salarios como el principal problema nacional, con el 37% de las respuestas. Si se mira a nivel desagregado, la preocupación es mayor en mujeres (38%) que en hombres (35%), en la clase media alta (41%) y en la generación X, personas que tienen entre 44 y 59 años (39%). En términos de cómo votaron en 2023, entre quienes eligieron a Sergio Massa, un 40% está preocupado por esta variable, mientras que entre los que optaron por Javier Milei, la cifra baja a 32 por ciento.

La falta de trabajo se posicionó en segundo lugar, con el 36%, siendo nuevamente mayor entre mujeres (37%) que entre hombres (35%). Aunque en términos socioeconómicos es una preocupación más presente en la clase baja (38%) y también en la generación X. En términos de a quién eligieron como candidato a presidente en 2023, lidera entre los votantes de Myriam Bregman, preocupa a un 51% y en los de Milei solo lo hace en un 33% de los casos.

La corrupción ocupó el tercer puesto, alcanzando un 33 por ciento. En esa variable, es a los hombres a quienes más les pesa (36%) mientras que las mujeres lo hacen en un 29 por ciento. Este dinámica prevalece en mayor medida en la clase alta con un 38%, mientras que a los sectores con menores recursos solo le preocupa esta variable en un 29% de los casos. En términos del votante de Milei, lo hace en un 32%, al igual que el de Patricia Bullrich, aunque el de Juan Schiaretti lo afecta en un 39 por ciento.

Estos temas superaron a la inseguridad, que reunió el 30%, y a la pobreza, que figuró con el 27 por ciento. La inflación, que en otros períodos dominó la agenda, registró solo el 20%. Lo que llama la atención, dado que el IPC desde el mes de julio viene con una tendencia de aceleración, que lo llevó a que en enero y febrero de este año se ubicara en 2,9 por ciento.

El informe de la Universidad de San Andrés detectó que el empleo y la remuneración se consolidaron como ejes transversales de malestar en todos los grupos sociales, sin diferencias significativas por género, clase o generación. El dato de la transversalidad resultó relevante para comprender la magnitud del fenómeno. Entre los votantes de diferentes fuerzas políticas, estas preocupaciones también se mantuvieron al tope, lo que indica una fuerte coincidencia más allá de las diferencias partidarias.

El relevamiento también incluyó una evolución de las preocupaciones a lo largo de los últimos años. La falta de trabajo mostró un aumento de seis puntos porcentuales (p.p.) respecto a mediciones previas, mientras que la inflación subió cinco puntos. En cambio, los bajos salarios se mantuvieron como el principal problema, sin cambios sustanciales en el período reciente.

La encuesta reflejó, además, un alto nivel de insatisfacción con la marcha general de las cosas. Solo el 33% de los consultados expresó satisfacción, lo que significó una caída de siete puntos en comparación con noviembre de 2025. Un 65% se manifestó insatisfecho, consolidando una tendencia negativa. La desaprobación presidencial registró un 59%, siete puntos más que en la última medición, mientras que la aprobación se ubicó en el 38 por ciento. Este nivel de aprobación resultó inferior al que tuvo Mauricio Macri en el mismo punto de su mandato, aunque duplicó el de Alberto Fernández.

El documento de la Universidad de San Andrés subrayó que la percepción de crisis institucional se profundizó en los últimos meses, mientras que la agenda pública se reconfiguró en torno a los problemas económicos más inmediatos. La corrupción, que durante años ocupó el primer plano de las preocupaciones, descendió un escalón, pero se mantuvo en un lugar destacado.

El informe aportó datos sobre la evaluación retrospectiva y prospectiva que hacen los argentinos. El 56% consideró que la situación del país empeoró en el último año, mientras que solo el 13% observó una mejora. Al proyectar hacia el futuro, el 46% estimó que la situación empeorará en el próximo año y un 30% manifestó expectativas de mejora.

El reporte detalló que los votantes oficialistas manifestaron expectativas de mejora a futuro, mientras que los opositores proyectaron escenarios más negativos. En términos de identificación de problemas, la encuesta mostró un consenso amplio: salarios, empleo y corrupción dominaron en todos los segmentos sociodemográficos.

La encuesta también profundizó en la imagen de figuras políticas. Javier Milei encabezó la imagen positiva bruta con un 38%, seguido por Patricia Bullrich (36%) y Myriam Bregman (33%). Ningún dirigente político obtuvo diferencial de imagen positivo. Diego Santilli, funcionario, alcanzó el 28% de imagen positiva, mientras que Karina Milei registró el mayor nivel de rechazo con un diferencial negativo de -50.

En el plano de la satisfacción con las políticas públicas, Defensa, Política Exterior y Economía obtuvieron los mejores puntajes, aunque la insatisfacción prevaleció en todos los ámbitos. La política de Obras Públicas mantuvo el nivel más bajo de satisfacción, con apenas un 20 por ciento.

La crisis de confianza hacia las instituciones políticas y sociales se reflejó en los datos de la encuesta. Los científicos, las PyMEs y los ambientalistas sobresalieron como los actores mejor valorados, mientras que los partidos políticos y los sindicatos mantuvieron los índices más altos de imagen negativa.

La Universidad de San Andrés concluyó que el crédito social experimentó un ajuste ante la persistencia de los problemas económicos, en particular el empleo y la remuneración. Los datos permiten observar una transformación en la agenda pública, con el foco puesto en variables concretas del día a día, como el salario y el acceso a puestos de trabajo. La agenda de prioridades, según el estudio, mostró una reconfiguración en el lugar que ocupan las preocupaciones económicas y la corrupción, desplazando otros temas como la inflación y la seguridad en la consideración pública.

El recorte eliminaría áreas que el Gobierno define como «duplicadas» y la aplicación de retiros voluntarios. Los organismos más afectados

23/03/2026 – 09:24hs

El Gobierno de Javier Milei busca retomar el impulso con una de las consignas básicas que fueron de sus promesas de campaña más exitosas: la reducción de la plantilla del Estado. En 2026 se espera un recorte mayor al 10% de la ya diezmada nómina del empleo público a nivel nacional. ¿Cuáles son las áreas que se verán más impactadas? 

Según publica Perfil, se espera una nueva tanda de desvinculaciones que podría alcanzar a unos 6.000 empleados esta misma semana, tras el feriado del martes. Si el 10% de la nómina es el objetivo para este año, esa cifra se podría elevar hasta 27.000 puestos de trabajo, ya que hoy se cuentan 278.705 personas con empleos en el Sector Público Nacional.

Pero a diferencia de los recortes previos, las bajas de 2026 se enfocan en organismos descentralizados. Muchas se darían mediante la baja de contratos anuales, aunque lleven décadas renovándose de forma casi automática.

El medio asegura que el proceso implicaría también la eliminación de áreas que el Gobierno define como «duplicadas» y la aplicación de retiros voluntarios en entidades como la Dirección Nacional de Vialidad y Medios Públicos.

Motosierra recargada

Desde la asunción de La Libertad Avanza a nivel nacional, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, reporta 60.494 puestos menos en la plantilla estatal nacional, con una reducción del 36,2% en cargos superiores.

En la Aduana, que cuenta con 5000 trabajadores tras perder 1500 desde el inicio de la gestión, hay preocupación por el posible desguace en un contexto de tensiones geopolíticas que hace todavía más crucial la tarea de la entidad.

Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, detalló en comunicación con Juan Pablo Kavanagh y Ezequiel Orlando algunas de las cifras que circulan como hipótesis: «Sabemos que quieren despedir más de 1.500 trabajadores en la Secretaría de Trabajo, que 500 trabajadores también podrían ser despedidos en el Servicio Meteorológico Nacional, que también el INTI está sufriendo el desguace y ya despidieron a tres compañeros y compañeras. Que SENASA está en alerta», le dijo a Perfil.

El Ejecutivo indica que no parte de un número fijo de reducciones, sino que resuelve los recortes a partir del análisis en cada sección. Entre los organismos mencionados como posibles blancos de los recortes aparecen el Indec, el Conicet, la Coneau, ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, Enargas, ENRE, el INTA, el INTI, Senasa y el Enacom.

El pasado 18 de marzo venció el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 55) que la Argentina tiene con México y por el cual ambos países pueden exportar e importar automóviles sin pagar arancel alguno hasta un monto de USD 773 millones anuales.

Como el acuerdo no se renovó -continúan las negociaciones entre los países-, desde el jueves pasado no se pueden liquidar operaciones de comercio automotor entre ambos países con esa condición, que le permitía a las fábricas e importadoras argentinas traer autos en las mismas condiciones arancelarias que hay con Brasil, por ejemplo, o con Colombia.

Las marcas que tienen producción en la Argentina y que traen modelos de México son Ford, con los modelos Bronco Sport y Maverick, Volkswagen, con Tiguan, Vento y Taos; General Motors con Silverado y Stellantis con Ram 1500. Además, Nissan importa los sedanes Versa y Sentra, y en el segundo semestre del año empezará a ingresar la pick-up Frontier. A su vez, KIA trae los K3 y K4; Honda el Z-RV y Audi el Q5.

Además, BMW importa de México la serie 3 (3 modelos), la serie 2 coupé (2 versiones) y los M2, pero en ningún caso se ven afectados por la demora en la renovación del acuerdo, porque esos modelos no tienen la integración regional mínima que exige el ACE 55 y por lo tanto, aunque vengan desde México, pagan igualmente el 35% de arancel de importación.

“Técnicamente es cierto. En este momento, si una marca quiere traer autos desde México, tendría que pagar el 35%. Pero todos tenemos stock para un par de meses. En este momento no es preocupante, aunque todos estamos monitoreando la situación, porque si no se renueva el acuerdo, hay que ver cuánto se tendrán que aumentar los precios de esos vehículos. Hoy nadie va a importar nada. Lo que está en camino podrá entrar si salieron de México antes del 18 de marzo, ya que ambos gobiernos acordaron una medida transitoria que así lo garantice para evitar un shock de efecto inmediato en los precios para los consumidores”, confesaron este lunes desde una automotriz.

Los ejecutivos de las marcas son optimistas porque entienden que se podrá encontrar un punto intermedio. “Argentina es deficitaria en el rubro autos porque importa mucho y no exporta casi nada en este momento. Por eso, el Gobierno quiere compensar con otros productos (sumar posiciones arancelarias a la lista del ACE 6 que engloba todo el comercio entre ambos países). México respondió que no a la propuesta de esos nuevos productos. Argentina redujo la lista y México volvió a decir que no”, explicó un ejecutivo de otra terminal.

“Pero no les conviene perder mercados de exportación, menos aún si Estados Unidos se pone más firme para cerrar el ingreso de autos desde México y Canadá como medida preventiva para que las marcas chinas establezcan fábricas en esos países desde los cuales poder entrar al mercado norteamericano. Este acuerdo se tiene que renovar, le conviene a ambas partes”, completó.

Más allá del resultado de las negociaciones entre los gobiernos de Javier Milei y Claudia Sheinbaum, hay marcas más preocupadas que otras porque tienen proyectos en marcha que incluyen a México, tanto como país proveedor como en su rol de mercado para la exportación.

Volkswagen y Nissan son probablemente los más perjudicados porque tienen tres modelos que se importan desde sus plantas mexicanas y dos de ellos son de gran volumen como Taos y Frontier. En tanto, Kia, como importador, tiene su principal modelo de ese origen, el Kia K3, y lanzará el próximo 14 de abril el nuevo K4, también mexicano.

En cuanto a las exportaciones, la automotriz más atenta al avance de las negociaciones sería Renault, ya que actualmente es la única que vende productos en México (un volumen chico de Renault Kangoo), y en el reciente lanzamiento del nuevo programa industrial global futuREady se confirmó que la nueva pick-up Niágara Concept (nombre provisional del proyecto que muy posiblemente no sea el definitivo), se exportará a Brasil y México entre los principales destinos a los que se abastecerá desde Santa Isabel, Córdoba.

El ACE 55 fue suscrito en septiembre de 2002 y ha sido renovado periódicamente desde su creación, aunque con cambios significativos en su cobertura. Hasta el año 2022, las renovaciones se realizaban por períodos de tres años, un horizonte que proporcionaba certidumbre y permitía a las automotrices planificar sus inversiones y estructuras de producción con una visibilidad razonable.

Ya en marzo de 2025, cuando se renovó por última vez, ambos países acordaron extender el acuerdo solamente por un año ante la diferente condición que representaba para ambos gobiernos. Esta fue la mejor representación de las dificultades en las negociaciones bilaterales que se están atravesando en la actualidad. Hoy la negociación está trabada por 118 posiciones arancelarias que quiere incorporar la Argentina al acuerdo macro entre ambos países.

Según comunicados oficiales de la Cancillería Argentina emitidos durante las rondas de negociación, Argentina mantiene un “gran interés en la incorporación o profundización de preferencias para vinos, lácteos, carne aviar, ajos, hortalizas, frutas frescas y preparaciones, maníes, chocolates, aceite de girasol, productos siderúrgicos y químicos, entre otros”. La mención explícita de estos productos sugiere que la mayoría de las 118 posiciones solicitadas estaría concentrada en estos rubros, particularmente en productos de origen agropecuario y agroindustrial donde Argentina tiene capacidades comparativas significativas y donde México ha mantenido una posición de restricción.

El escenario más optimista presupone una renovación rápida del acuerdo automotriz acompañada de progresos en la negociación del convenio global ampliado. Bajo esta condición, los gobiernos lograrían llegar a un acuerdo sobre la renovación del ACE 55 quizá por un período de uno o dos años, mientras simultáneamente avanzan en la negociación de las 118 posiciones adicionales para el ACE 6. Si bien habría un retraso en la entrada en vigor de la expansión acuerdo macro, resolvería la incertidumbre respecto del comercio automotriz.

Un segundo escenario, que algunos analistas consideran probable, es que la renovación del ACE 55 se logre eventualmente pero solo después de varios meses de negociación intensiva durante los cuales los vehículos mexicanos continúen enfrentando aranceles completos. En este caso, los vehículos mexicanos importados entre marzo y una fecha estimada para junio o julio pagarían un 35% de arancel, con lo que cada marca debería decidir que se hagan o no las importaciones aplicando un aumento de precios. Una vez alcanzado el acuerdo, se aplicarían disposiciones retroactivas o se permitiría el reintegro de aranceles pagados como medidas paliativas.

La tercera opción, la más pesimista, es que el impasse se extienda indefinidamente, llevando a una negociación de largo plazo que podría tomar meses o incluso años para resolverse completamente. Bajo este escenario, Argentina y México eventualmente tendrían que implementar algún tipo de acuerdo provisional que permitiera continuar el comercio bajo condiciones mejores, quizás con un arancelamiento de los autos que podría ser de entre el 15% y el 20% como solución intermedia para el sector.