María Traspaderne

Dajla (Sáhara Occidental), 6 jul (.).- Marruecos tiene en marcha un plan de inversiones en el Sáhara Occidental para convertirlo en un centro de operaciones o «hub» del comercio marítimo con los países del Sahel, mejorar su conexión terrestre con Europa y África, y desarrollar la agricultura, las energías verdes y el turismo.

En pleno desierto, 40 kilómetros al norte de Dajla, la ciudad más sureña de este territorio en disputa controlado por Marruecos, se extienden las obras del puerto Dajla Atlántico, construido ya en un 20 % y que se ubicará casi un kilómetro y medio aguas adentro sobre la plataforma atlántica, unido a tierra por un puente.

Este proyecto presupuestado en 13.000 millones de dirhams (1.200 millones de euros) para su primera fase, mostrado a la prensa internacional en un viaje organizado por el Gobierno marroquí, es el más ambicioso de un paquete de inversiones que Marruecos lleva a cabo en la región de Dajla desde el fin de la pandemia.

Atraer el comercio del Sahel

Uno de los propósitos del puerto -que prevé estar terminado en 2028, operativo en 2030 y albergar en tierra una zona industrial para 300 empresas- es atraer comercio de materias primas del África Occidental y más concretamente del Sahel, dentro del proyecto del rey Mohamed VI de dar una nueva salida al Atlántico a estos países, actualmente sumidos en una crisis de gobernanza y seguridad pero ricos en metales preciosos y minerales.

La infraestructura, explica su directora de Planificación, Nisrine Iouzzi, tendrá un puerto comercial, otro de pesca y un astillero, y tratará 35 millones de toneladas al año. Será, indica Iouzzi, de tamaño parecido al de Casablanca y «complementario y competitivo, que no en competición, con el puerto de Dakar».

«Hay sitio para todos, hay demanda», afirma esta ingeniera junto a decenas de bloques de hormigón esperando a ser colocados, y añade que el puerto prevé establecer líneas con Europa, Norteamérica, América Latina, África y Oriente Medio.

Otra de las inversiones previstas marroquíes en el Sáhara Occidental es la autopista de 1.055 kilómetros que construye entre Tiznit (sur de Marruecos) y Dajla, que costará 9.000 millones de dirhams (843 millones de euros) y planea terminarse en 2028, para favorecer el comercio terrestre.

La carretera unirá «Europa, Marruecos y el África Subahariana», apunta Yanja El Jattat, presidente de la región Dajla Oued Addahab, que abarca la mitad sur de la excolonia española con una población de 200.000 personas.

Un 30 % de capital privado

El Jattat añade otros planes de inversión: en pesca, ya que la región tiene capacidad para 600.000 toneladas de pescado al año; en turismo, como destino de surf y kite surf; en agricultura, con un proyecto de desaladora para irrigar 5.000 hectáreas de tomate cherry, melón y frutos rojos (actualmente hay 1.000 cultivadas), y en energías renovables, gracias a un viento de 35 kilómetros hora de media.

Todo para «hacer de Dajla un centro económico», dice a los periodistas el presidente, y asegura que todos los países son «bienvenidos» a invertir en la región, que ahora cuenta, según su Centro Regional de Inversiones, con un 70 % de aportación pública marroquí y un 30 % de capital privado de países de Europa, Estados Unidos y el Golfo.

Los empresarios españoles, afirma El Jattat, son los «primeros socios en pesca» en Dajla junto a los japoneses y trabajan con socios marroquíes, al tiempo que «buscan sinergias en agricultura con inversores marroquíes».

Administrado de facto por Marruecos en un 80 %, el Sáhara Occidental es un territorio catalogado por la ONU en proceso de descolonización y disputado por los saharauis independendistas, que ven en estas políticas inversoras actividades «ilegales de acuerdo a la legalidad internacional».

Ali Salem Tamek, presidente del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA, una de las principales organizaciones saharauis en el territorio), explica a EFE que ha notado una «aceleración significativa» de las inversiones marroquíes en los últimos dos años.

Tamek denuncia que contribuyen a la «transferencia demográfica» a este territorio y a la «explotación ilegal de sus recursos», buscando atraer inversiones de «actores internacionales», lo que a su juicio «hace casi imposible la resolución del conflicto».

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