Era imposible que Cristina Kirchner la dejara pasar: después de años de haber sufrido en carne propia las críticas por los cortes masivos de electricidad en los barrios porteños y por la interrupción del suministro de gas a la industria -el colmo para un gobierno que se jactaba de priorizar a la producción-, decidió aprovechar la nueva coyuntura para pasar sus facturas políticas. Así, ante los cortes en el suministro de GNC y la interrupción de gas por la suba de la demanda generada por la ola de frío, el tema volvió a politizarse.

Cristina no dudó en atribuir la actual crisis a dos defectos atribuibles a la gestión de Javier Milei: la interrupción indiscriminada de la obra pública -que imposibilitó una mayor inyección de gas a la red- y una mala gestión en los funcionarios que tienen a su cargo la compra de barcos gasíferos.

«La idea de ¡superávit fiscal o muerte!, como todo dogma (excepto los de la fé), está destinado al fracaso. La paralización de obras absolutamente complementarias pero imprescindibles (léase compresores) al gasoducto Néstor Kirchner (auténtica obra pública estructural) bajo el slogan para redes de «no hay plata», revelan la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público, sobre todo cuando ese gasto es en realidad una inversión porque permite que el Estado evite gastos mayores posteriores», escribió en su cuenta de la ex Twitter.

Aprovechó, además, para acusar que el superávit fiscal es «trucho» y estimó que si hubiera avanzado con las obras del gasoducto Kirchner, gastando unos u$s40 millones, se habría ahorrado la compra de buques por montos muy superiores.

Y como ocurre siempre que Cristina emite opiniones, de inmediato se generaron miles de expresiones tanto de apoyo como de rechazo. Lo raro, tratándose de la líder kirchnerista, es que no fueron pocos los expertos en energía -que habitualmente discrepaban con sus políticas- que esta vez se mostraron de acuerdo. Es decir, que señalaron que la escasez de gas no es explicable exclusivamente como parte de la herencia recibida por Milei, sino que hay una porción de errores propios.

Por caso, se conoció un documento de la consultora G&G Energy Consultants, dirigida por Daniel Gerold, que alertaba sobre la brusca baja en las reservas de los gasoductos. Según consignó el informe de Gerold, los ductos operaron cerca del mínimo recomendado de 312 millones de metros cúbicos.

También Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y uno de los referentes del sector, que dijo: «Ni el kirchnerismo ni Milei supieron nunca cómo resolver el problema energético argentino; tienen algo en común, la ignorancia y la falta de planes».

Las críticas, concretamente, apuntan a la falta de avances en las plantas compresoras de Tratayén, Salliqueló y Mercedes, que podrían haber duplicado la capacidad de transporte del gasoducto Kirchner.

Los críticos hacen mención a que, en el afán fiscalista, la «motosierra» terminó afectando el funcionamiento de la red, y ante un agravamiento de las condiciones climáticas, ahora habrá un costo a pagar con mayores importaciones.

¿Fue culpa de la motosierra?

El debate está lejos de terminarse, porque también están los que plantean el argumento opuesto: que la mayor parte de la responsabilidad por los problemas de gas radican en la demora del gobierno anterior para terminar la obra del tramo del gasoducto que une el yacimiento de Vaca Muerta con la ciudad de Salliqueló, y que conecta con la red general.

Según Emilio Apud, otro ex secretario de energía y director de YPF, la inauguración del gasoducto fue sólo «una puesta en escena», y sólo permitió el transporte de 11 millones de metros cúbicos, en un gasoducto que tiene potencial para transportar 40 millones.

De todas formas, dijo que en breve se agregarán otros cinco millones de metros cúbicos de gas, cuando se ponga en funcionamiento la planta compresora de Tratayén. Su interpretación es que Milei no tuvo responsabilidad en el problema, dado que la otra planta, la de Salliqueló se demoró por problemas contractuales. Y que, aun cuando Milei no hubiese congelado la obra pública, la provisión de gas no sería hoy muy diferente.

Es un punto sobre el que hay discrepancias, que tal vez no habrían salido a la luz si no fuera por la imprevista ola de frío -en algunas regiones, con seis grados menos que lo esperado-, que generó una demanda de gas muy por encima de la habitual para esta época.

Hubo, además, una complicación adicional: las inundaciones en el sur de Brasil, que complicaron el plan original de contar con provisión de energía eléctrica desde el país vecino, lo cual obligará a depender más de la cuenta de los combustibles líquidos. Hablando en números, las nuevas importaciones serán por 200.000 toneladas de fuel oil y 350.000 metros cúbicos de gasoil.

Se estima que el costo de estas importaciones fuera de las previsiones originales implicará un mínimo de u$s500 millones.

La llegada de barcos con gas licuado alteró las previsiones sobre la balanza comercial energética, que hasta ahora venía mostrando un holgado superávit

Ya previamente, en abril, se había firmado un acuerdo con Brasil para asegurarse la provisión de gas para las provincias del norte, que estaba en peligro por la abrupta disminución de la llegada de gas boliviano. El mecanismo elegido fue una triangulación del gas que Brasil le compra a Bolivia: como el país vecino está incrementando el uso de la energía hidroeléctrica, que resulta más barata, tiene un sobrante del gas que ya tenía comprometido con Bolivia, y se lo puede vender a Argentina.

Aun así, ese acuerdo no alcanza para resolver el problema de demanda de gas que se genera en invierno, por lo cual se había dispuesto en abril la compra de 10 cargamentos de barco por u$s209 millones. Y antes, en marzo, se había adjudicado otros 10 cargamentos por u$s210 millones.

Otra vez a hacer las cuentas

La cuestión es que, después de haber festejado varios meses de superávit en la cuenta energética -por la combinación de una suba en la exportación de petróleo y una disminución en la importación de gas-, todo indica que se volverá a la «normalidad» argentina, en la que la energía es sinónimo de gasto y no de ingreso de dólares.

Según estimó Apud, el imprevisto con la provisión de gas terminará significando, en todo el año, una cuenta de u$s1.300 millones. Una cifra pequeña en comparación con la que se registró en años críticos como 2022 -impactado por la guerra de Ucrania- pero superior a lo que se había proyectado originalmente.

En los papeles, se había trazado un panorama en el que la balanza comercial energética dejaría un robusto superávit de u$s4.000 millones. Ese es el punto que, ahora, queda bajo sospecha. En el primer cuatrimestre, se logró un saldo positivo de u$s2.415 millones. Pero ahora es cuando empieza lo peor.

Y, como en toda situación de crisis, las acusaciones cruzadas están a la orden del día. Durante la gestión peronista, la compra de gas fue siempre un problema, y no solamente por la guerra de Ucrania, que disparó los precios -y que le costó a Argentina un costo neto de u$s4.470 millones-. Ya antes de eso, en 2021, todavía con precios «normales» en el mercado internacional, se habían producido momentos de estrés, que llegaron al punto de que varias industrias tuvieran cortes en el suministro y debieran usar fuel oil para seguir funcionando, de manera de no tener que afectar la provisión a la red domiciliaria.

Fue por eso que se le criticó al gobierno peronista la demora en la concreción de un proyecto que, de haberse realizado, no sólo le habría evitado el costo de importar gas a precios récord, sino que hasta le habría permitido beneficiarse con la exportación.

El gasoducto Kirchner, en el centro de la polémica: el peronismo acusa al gobierno por la falta de inversión pero a su vez es criticado por las demoras en la obra

Se trataba de una planta de licuefacción, que solucionaría el problema de cómo almacenar el gas que se produce y no se consume en los meses de verano. La planta que se había proyectado, a un costo de u$s4.000 millones, cumpliría la función inversa a la que se hace actualmente: es decir, en vez de recibir el gas licuado que traen los barcos y llevarlo al estado gaseoso para inyectarlo a la red, se haría lo inverso, para poder exportar en los momentos en que hay excedente de la producción de Vaca Muerta.

Finalmente, nunca se consiguió la financiación para esa obra, principalmente por los problemas de inseguridad jurídica en el país y el congelamiento de las tarifas.

Las polémicas del gasoducto

Por otra parte, también el gasoducto Kirchner fue objeto de discusión. Aunque el peronismo lo reivindique como uno de los legados de la última gestión, lo cierto es que estuvo rodeado de peleas internas y acusaciones de corrupción.

El origen del gasoducto se remonta a la gestión de Mauricio Macri, que convocó a la primera licitación para el diseño de la obra. El kirchnerismo lo acusó de haber demorado el inicio por los condicionamientos financieros del Fondo Monetario Internacional.

Lo cierto es que, después de tres prórrogas, a fines de 2020, ya durante la gestión Fernández, la secretaría de Energía derogó el llamado a licitación. Por ese entonces, el país atravesaba la pandemia de Covid, que el Gobierno expuso como justificación para el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Se estableció que un 25% de la recaudación -que globalmente fue de unos u$s2.500 millones- fuera destinado a un fondo para financiar el gasoducto.

La obra finalmente se volvió a licitar a inicios de 2022, y todo ese proceso estuvo signado por peleas internas entre el ministro de economía, Martín Guzmán, y la secretaría de Energía, que respondía a Cristina Kirchner. Se acusaba al ministro de «cajonear» la obra, que recién tendría firmado su contrato con los operadores privados en agosto, cuando ya el ministerio estaba a cargo de Sergio Massa.

El ex presidente Mauricio Macri criticó en su momento el uso político del gasoducto por parte del peronismo

En el medio, estuvo la polémica que llevó a la renuncia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En un acto por el centenario de YPF, Cristina se había quejado de que Techint, uno de los operadores privados, importara la chapa desde Brasil en vez de producirla en el país. Fue el recordado acto en el que Cristina le pidió a Alberto Fernández «que use la lapicera» y lo acusó de ser blando ante los intereses corporativos. El mismo día, Kulfas le contestó que no había capacidad técnica para hacer en el país el tipo de chapa que se requería para el gasoducto y, además, insinuó que eran los funcionarios kirchneristas de la Secretaría de Energía quienes habían hecho un pliego de condiciones a la medida de Techint.

Las polémicas no terminaron ni siquiera cuando se inauguró el gasoducto. En plena campaña electoral, Massa prometió que con los dólares que se generarían por la exportación, se cancelaría la deuda con el FMI, mientras que Cristina le reclamó que ese dinero se destinara a mantener los subsidios al consumo de gas.