Se está concretando en estas horas la mayor tanda de despidos en la administración pública: una masa estimada en casi 20.000 empleados está recibiendo la comunicación de que sus contratos no serán renovados.

A diferencia de lo que había ocurrido en diciembre pasado, cuando las desvinculaciones alcanzaron sólo a los contratados con antigüedad menor a un año, esta vez se verá afectado un grupo heterogéneo, en el que están incluidos monotributistas que facturan en un régimen de contrato a término, y también empleados en el régimen de «planta transitoria» que en algunos casos cumplen funciones desde hace 20 años.

Es un régimen de empleo que se arrastra de hace mucho tiempo, que cada vez es más grande y que los abogados laboralistas suelen calificar como una «zona gris» o una situación laboral como mínimo irregular.

En realidad, la planta transitoria fue originalmente pensada para trabajos de duración breve. En ese lapso, el empleado tiene derecho a tener aportes en la seguridad social, cuenta con cobertura médica, puede gozar de licencia y los mismos derechos que los funcionarios de la planta permanente. Con el tiempo, este régimen se fue deformando, a tal punto que hoy revista gente con muchos años de antigüedad y que, a todos los efectos, cumplen las mismas tareas y tienen las mismas obligaciones que los de planta permanente, pero figuran como contratados para una tarea a término.

Esto, advierten los dirigentes gremiales de los empleados estatales, implica que ante una desvinculación como las que se están produciendo en estas horas, un empleado de planta transitoria tiene derecho a darse por despedido.

Hay antecedentes en el fuero laboral, sobre casos en los que pese a que formalmente el empleado figura como contratado, el juez considera la existencia de facto de una relación de dependencia. Y, por consiguiente, el fallo ordena que el empleado sea indemnizado con los mismos derechos de un empleado de planta permanente.

Según Andrés Rodríguez, secretario general de la UPCN, lo que viene tras las nuevas tandas de despidos es una ola de juicios, en las que el Estado lleva las de perder.

Según los sindicatos estatales, la ola de despidos podría derivar en una ola de juicios por parte de empleados de «planta transitoria»

¿Caza de ñoquis o medida fiscalista?

Desde el recambio gubernamental se mantiene un discurso ambiguo respecto de la nómina de empleados públicos. Por un lado, hubo una justificación sobre la necesidad de terminar con el «empleo militante», así como de poner orden ante la proliferación de «ñoquis» que no cumplen tareas o concurren a sus puestos de trabajo.

La advertencia inicial era que se haría una auditoría para analizar, oficina por oficina, dónde estaban las irregularidades, y se aclaró que quienes cumplieran con sus obligaciones no tendrían motivo para temer por su estabilidad laboral.

Pero, en contradicción con ese discurso, el propio Javier Milei reivindicó en varias ocasiones el objetivo fiscalista de los despidos, al plantear que su plan de «motosierra» incluía un drástico recorte de la nómina de empleados estatales, sin que necesariamente esas desvinculaciones estuvieran justificadas por situaciones de irregularidades.

De hecho, la queja de los sindicatos es que las prometidas auditorías con el relevamiento de las tareas asignadas a cada persona no se realizaron. Y que una situación que se repite en estos días es la llegada de autoridades nuevas, que no conocen al plantel pero tienen el mandato de hacer un recorte de 20% en el personal a su cargo.

Según los dirigentes sindicales, las situaciones que podrían encuadrar en «empleo militante» son una pequeña minoría de los miles de empleados que serán desvinculados.

En cuanto a las medidas gremiales, se está notando una diferencia de postura entre ATE -perteneciente a la central izquierdista CTA- que empezó un plan de lucha para rechazar los despidos, y la UPCN -perteneciente a la CGT- que en los últimos días entabló negociaciones para tratar de limitar el alcance de la «purga».

Por lo pronto, ya hay medidas de protesta en marcha, como la paralización de actividades en Senasa, organismo del cual dependen las aprobaciones sanitarias para las exportaciones agropecuarias. Y el plan incluye una convocatoria a paro general en solidaridad con los estatales.

El nuevo ahorro fiscal

Lo cierto es que los despidos llegan en un momento en que el gobierno se fijó el objetivo de sostener, a como dé lugar, el superávit primario en las cuentas fiscales. Considera que la credibilidad sobre este punto es lo que está garantizando la estabilidad en el plano financiero.

Hasta ahora, la gran variable de ajuste fiscal fue el gasto jubilatorio -que actualmente representa menos del 7% del PBI, después de haber estado en un 12%-. Pero se estima que ya no hay margen político ni social para profundizar ese ajuste, y el cambio de fórmula indexatoria implicará un límite al ajuste.

En consecuencia, el recorte en la erogación en gastos de personal constituye el otro objetivo para conseguir el equilibrio de las cuentas fiscales. 

El gasto en jubilaciones fue el principal rubro de ajuste fiscal: el salario del personal es el segundo más renglón más importante del gasto

Los salarios del personal estatal son, después de las jubilaciones, el segundo rubro más importante del gasto público. Representan un 12% de lo que se gasta en la administración, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En febrero, el monto destinado a los salarios fue de $685.000 millones, lo cual implicó una caída de 8,5% real en la comparación interanual.

En la administración del gobierno central hay unos 400.000 empleados, pero se estima que este número crece a casi cuatro millones si se consideran, además, los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de la banca estatal y de universidades y organismos autónomos.

La planta permanente, en la mira

A pesar de la conmoción política que se está generando por la nueva tanda de despidos en el Estado -y del riesgo de una ola de litigiosidad en el fuero laboral-, lo cierto es que no hay señales de que la poda pueda terminar aquí.

De hecho, en la reforma laboral propuesta originalmente en la «ley Bases» -y que ahora ha sido reflotada en la negociación con la oposición dialoguista en el Congreso- figura un artículo que podría justificar la desvinculación de empleados de la planta permanente, algo que hoy es casi imposible, dada la protección legal que garantiza la inamovilidad de los funcionarios públicos.

El proyecto prevé que, en el marco de la reforma del Estado, se puedan suprimir organismos, dependencias y programas estatales, lo cual implicaría que ya no existirían los cargos creados para prestar las funciones.

Es decir, técnicamente no se trataría de un despido -no se puede echar a un empleado estatal para contratar a otro que cumpla su misma función- sino que se suprimiría el cargo en forma permanente. Y los empleados cuyos cargos desaparecen quedarían en «situación de disponibilidad» y pasarían a formar parte de un nuevo régimen de reinserción laboral.

Según lo propuesto en el proyecto de ley, se creará un Fondo de Reconversión Laboral, con carácter fiduciario y que se financiará mediante recursos del presupuesto nacional. Básicamente, la función de ese fondo será la de pagar los salarios de los empleados «en disponibilidad» durante un año. En ese período, se buscará la reinserción laboral de estos trabajadores en el sector privado, para lo cual habrá un incentivo de eximición de cargas sociales por un lapso acotado.

Si pasa todo el año y el empleado «en disponibilidad» no pudo ser reubicado en otro trabajo, dejará de percibir el salario del Fondo de Reconversión y ya no formará parte de la nómina estatal.

En definitiva, esta modificación legal permitirá algo que muchas veces se había planteado en varios gobiernos pero que nunca fue concretado: recortar el número de empleados de la planta permanente, a pesar de que están legalmente protegidos, dado que se encontraría la forma para que las desvinculaciones no sean técnicamente consideradas como un despido.