Los subsidios económicos destinados a financiar el costo de los servicios públicos es un problema sin resolución de por lo menos los últimos 15 años.

Los subsidios a la energía y al transporte han representado en los últimos años casi la totalidad del déficit primario de la Administración Pública Nacional (APN) y por lo tanto están en el corazón de la agenda fiscal, tanto del programa del FMI, como del próximo plan de estabilización.

Dicho de otra forma, el déficit primario no existiría o seria sustancialmente menor si los subsidios se focalizaran solo en la población vulnerable. En 2022, los subsidios representaron el 92% del déficit primario -que es aquel que no incluye los intereses de la deuda-, y es probable que 2023 finalice en un nivel similar, si bien el presupuesto 2024 lo ubica en un 71%.

Otra forma de medir el peso de los subsidios es en relación con el gasto primario o corriente de la APN. El presupuesto 2024 espera terminar el año próximo con una relación subsidios/gasto del 8%, es decir un nivel igual a del año 2019,

Pero al mismo tiempo nos dice que el año 2023 finalizaría con una relación subsidios/gasto del 13%, nivel similar al 2015. Por lo tanto, se proyecta una reducción de los subsidios equivalente a 5% del gasto público corriente o 1% del PBI.

 

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Para alcanzar este objetivo, serán tres las variables que tendrá el próximo gobierno sobre la mesa: tipo de cambio, costos y tarifas.

*Tipo de cambio: el 80% del costo de generación eléctrica está dolarizado, principalmente por la dependencia del gas natural cuyo precio está dolarizado al tipo de cambio oficial. Por lo tanto, cualquier recorte en la brecha actual implica un traslado casi directo al costo y los subsidios en el marco de tarifas congeladas.

*Costos: Esta variable debería tender a bajar de la mano de la reducción de importaciones de gas (tanto por barco, como desde Bolivia) y mayor generación hidroeléctrica. Esta combinación por sí sola debiera reflejar un costo promedio de generación más bajo que en años anteriores.

*Tarifas: Es esperable que, en ausencia de nuevos incrementos, la factura final promedio de los servicios energéticos se reduzca en términos reales hacia finales del año, debido a la dinámica inflacionaria que se aceleró́ a partir de septiembre.

¿Qué pasa con las tarifas?

Entre marzo de 2019 y agosto de 2022, último mes sin segmentar, la tarifa residencial para un consumo promedio de energía eléctrica se redujo 64% en términos reales. A partir de entonces, y hasta junio de 2023, hubo una recomposición en el caso de un usuario de altos ingresos mientras los niveles N2 y N3 continuaron su caída real.

En este sentido, la factura promedio de energía eléctrica para los usuarios del Nivel 2 (bajos ingresos) y Nivel 3 (ingresos medios) cayó en términos reales un 40% y 33%, respectivamente, en comparación con la respecto de la factura pre segmentación, mientras que en el caso de los N 1 la recomposición desde la pre segmentación (a pesar de la caída real a partir de junio de 2023) fue del 128%.

 

Por otra parte, los nuevos cuadros tarifarios para el AMBA a partir de octubre indican que el aumento de la factura final se encuentra por debajo de la inflación para todos los usuarios.

El caso del gas muestra una dinámica algo diferente. Entre enero de 2019 y febrero de 2023, mes de inicio de la segmentación de subsidios, la tarifa residencial para un consumo promedio de gas natural se redujo en términos reales. A partir de entonces, y hasta octubre de 2023, hubo una reducción real adicional para todos los niveles con mayor magnitud observada en los N1.

Por último, en octubre la factura promedio de gas para los usuarios del Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 cayó en términos reales un 21%, 60% y 54% respectivamente, en comparacion con la factura pre-segmentación.

 

Las tarifas y el salario

Finalmente, si miramos la relación de las facturas con los salarios, vemos que el salario RIPTE estimado en octubre indica que el peso de los servicios energéticos de un usuario N 1, N 2 y N 3 representan el 4,2%, 1,6% y 1,4% del indicador respectivamente que, a su vez, se encuentra en retroceso desde el mes de mayo debido al congelamiento tarifario y el aumento nominal de los salarios.

El peso máximo de los servicios públicos energéticos sobre el salario se observa en junio de 2019 con una carga del 5,6% sobre el salario promedio registrado.

 

Por otra parte, la caída en la representación de los servicios energéticos sobre el salario responde a tres efectos: por un lado, el congelamiento de las tarifas de gas para todos los usuarios; por otro lado, a aumentos tarifarios en energía eléctrica por debajo de la inflación mensual; y por último al aumento nominal de los salarios.

Nota: Los datos corresponden al informe de octubre 2023 del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) – UBA-CONICET. – http://iiep.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2023/10/InformeTarifasySubsidiosOctubre2023.pdf

Por Alejandro Einstoss, economista jefe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi