Javier Milei lo hizo de nuevo: con la decisión de cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner no solamente cambió el eje de la discusión pública -en un día donde los temas en debate eran la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y los despidos masivos en el Estado- sino que, además, ratificó su disposición a dar la «batalla cultural».

De hecho, a esta altura ya puede establecerse un estilo de gestión en cuanto a avanzar en el plano simbólico en paralelo con el ajuste económico. Y se trata de una estrategia con un manejo muy preciso del «timing» político.

Sin ir muy atrás, se había decidido bajar las imágenes de las mujeres latinoamericanas en el salón de la Casa Rosada, que ahora fue rebautizado como «Salón de los Próceres». Si ya la medida era polémica, mucho más lo fue haberla ejecutado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Ese antecedente había dejado en claro que el gobierno no temía arremeter contra la corrección política. Más bien al contrario, confirmó que se sentía cómodo en la actitud desafiante el pasado 24 de Marzo, con el video en el que cuestiona oficialmente la cifra de los 30.000 desaparecidos, algo a lo que no se había animado ningún gobierno.

En paralelo, ya es inocultable una intención de «deskirchnerizar» simbólicamente al país. Hace pocos días la vicepresidente Victoria Villarruel fue noticia al anunciar que el busto de Néstor Kirchner fue retirado del Senado y entregado al bloque se senadores kirchneristas. «No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda», fue la justificación de la vice.

En ese momento, el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, comparó la quita del busto de Kirchner con gestos revanchistas de la «revolución libertadora» tras el golpe de Estado de 1955, como la demolición del Palacio Unzué, donde había vivido Perón.

Con el retiro del busto de Néstor Kirchner en el Senado, el gobierno inició un proceso de «deskirchnerización» en espacios públicos

Esa avanzada simbólica llegó a su grado máximo con el cambio de nombre del CCK. Una medida que generó plenamente el efecto buscado: es decir, las protestas de militantes kirchneristas y la celebración de los libertarios más enfervorizados.

Una ofensiva contra los símbolos K

El tema se convirtió de inmediato en uno de los más comentados en los medios de comunicación y las redes sociales. Desde si correspondía borrar por decreto un nombre que había sido puesto por ley, hasta cuál debe ser el criterio para elegir la nueva denominación, todo lo relacionado al CCK volvió a estar sobre el tapete.

Por ejemplo, el recordatorio sobre cómo el viejo edificio del Correo Central, que iba a convertirse en un símbolo del Bicentenario, terminó transformándose en un ícono de la corrupción en la obra pública, donde se llegaron a denunciar compras de equipamiento con sobreprecios de 400%. El plazo de construcción, previsto originalmente en tres años, se extendió a seis años y medio. Y el costo final superó los u$s250 millones, en un proceso al que una auditoría de la SIGEN describió como plagado de «severas irregularidades».

Si bien la gestión macrista había denunciado estas irregularidades, nunca había avanzado sobre el plano simbólico. En un país hipersensible con la «grieta», se prefirió no agregar motivos de irritación, al punto que el sector macrista más combativo quedó en soledad reclamando medidas drásticas tales como retirar la gigantografía de Eva Perón en la avenida 9 de Julio.

Milei, en cambio, no sólo no se muestra temeroso en tomar esas medidas, sino que da señas de que le resultan funcionales. El mismo día en que se comunicó el cambio de nombre del CCK, el propio presidente publicó en su cuenta de Twitter una encuesta de la consultora Aresco, donde se afirma que si el balotaje contra Sergio Massa se repitiera hoy, Milei se impondría con mayor diferencia: un 57,5% contra un 42%.

Y las expresiones de adhesión al cambio de nombre del CCK no se limitaron sólo al sector más fanático de La Libertad Avanza, sino que alcanzó también a buena parte de Juntos por el Cambio.

Por ejemplo, la diputada Silvia Lospennato dijo: «Excelente decisión cambiar el nombre del CCK y en lo personal me encantaría que se llamara CCBorges, pero mucho más me gustaría que se implementara un mecanismo transparente y participativo para elegir el nombre de un edificio público tan importante».

La placa en la entrada del CCK incluye los nombres de jerarcas asociados a corrupción, como Julio de Vido y José López

También el ex secretario de Cultura de la gestión macrista, Darío Lopérfido, reivindicó la medida: «Yo lamento que esta decisión no haya sucedido en el gobierno de Macri, porque era una demanda de todos los votantes, no tanto por querer ponerle otro nombre, sino porque había sido un gesto patoteril. Fue un gesto para decir ‘esto es mío’».

Lo cierto es que, si se trataba de elegir símbolos para atacar a la gestión de Cristina Kirchner y generar una nueva confrontación, el edificio del CCK era un caso bastante obvio: además de las denuncias sobre irregularidades en su ejecución, mantiene en su entrada la placa donde se recuerda que fue inaugurado por Cristina Kirchner en 2015. Entre los nombres mencionados, figura el del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido -condenado en la causa sobre el accidente ferroviario de Once pero absuelto en la causa sobre corrupción en Vialidad- y el del secretario de Obras Públicas, José López -condenado tras el célebre episodio de los bolsos con dólares en el convento de General Rodríguez-.

Creando la nueva grieta

«Queda claro quiénes están de un lado y quiénes están del otro»: la frase preferida de Milei cada vez que realiza una propuesta controversial no se aplica apenas a reformas económicas o a desregulaciones de actividades protegidas con «peajes». Aplica, y con mucha intensidad, al plano simbólico.

La seguidilla de medidas que llegó hasta el cambio de denominación del CCK -pero que probablemente no frene ese ese punto- es considerada por los analistas políticos como uno de los eslabones estratégicos de la gestión libertaria.

De hecho, cuanto más dura es la realidad económica -y, sobre todo, cuando la caída del poder adquisitivo excede a «la casta» y alcanza a los propios votantes de Milei- se torna más necesario compensar los sufrimientos materiales con una dosis de ofensiva contra el kirchnerismo en particular y la «cultura progresista» en general.

Desde la prohibición del lenguaje inclusivo en documentos oficiales hasta la eliminación de organismos como el INADI. Desde el recorte del presupuesto del INCAA hasta la guerra contra el esponsoreo provincial a recitales de Lali Espósito. Desde la suspensión del personal de Telam hasta la eliminación del Observatorio de Precios, los tres meses y medio de la gestión Milei han sido una sucesión de medidas que parecen destinadas a cambiar el eje de la vieja grieta y a generar un nuevo tipo de antinomia.

De hecho, hoy ya resulta difícil dividir a la sociedad según las tracionales categoría de «K o anti K», o de cristinistas y macristas. Figuras que durante años han sido catalogadas como tenaces opositoras al kichnerismo -donde pueden incluirse a figuras como Martín Lousteau, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta– hoy aparecen en el bando de los que «no la ven» o son directamente funcionales a «la casta».

Cada nueva medida con alto impacto simbólico obliga a todo el espectro político y cultural a definirse y tomar partido. Milei da señales de tomarse muy en serio esta estrategia, y hasta celebra ampliamente cada «victoria», como por ejemplo las declaraciones de apoyo del actor Guillermo Francella.

¿Puede esta seguidilla de gestos ocultar las penurias de la recesión? Por supuesto que no, y de hecho Milei no pretende ocultar los problemas, sino atribuirles las culpas a los mismos protagonistas a los que ataca en su «batalla cultural».

Los politólogos creen que la vehemencia con la que anunció el shock económico, de momento, le sirve como un escudo.

«La satisfacción está determinada por la expectativa. A la gente se le construyó la expectativa de que la iba a pasar mal, y la está pasando mal pero no hay insatisfacción porque esperaba pasarla mal. La paciencia dependerá de cuán mal y cuánto tiempo mal esperaba pasarla la gente», advierte Lucas Romero, director de Synopsis Consultores.

Y los números parecen indicar que, además de dar por descontada la crisis, la mayoría tiene la expectativa de una rápida recuperación: en una encuesta de Analogías, un 42% cree que la situación económica será mejor dentro de un año.

Lo cierto es que, aunque más no sea como compensación por la caída del salario y las jubilaciones, la gestión de Milei se muestra generosa en la provisión de batallas simbólicas. Está generando su propia grieta y, de momento, parece darle resultado.