El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central reflejó un empeoramiento de las expectativas inflacionarias. Según la edición del informe correspondiente a febrero, los analistas ajustaron al alza todas sus predicciones en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En detalle, los expertos estiman que la inflación de febrero será del 2,7%, un valor que supera por 0,6 puntos porcentuales al pronóstico que habían arriesgado para ese mismo mes en el REM anterior. También ajustaron hacia arriba su proyección para marzo. Hasta hace poco, consideraban que el IPC del tercer mes del año sería del 2,2%, pero ahora aseguran que rondará el 2,5%.

En lo que respecta a abril, hubo una corrección de 1,9% a 2,2%, lo que significa que en el cuarto mes del año el IPC seguirá estando por encima de la barrera del 2%. De acuerdo con los analistas, habrá que esperar a mayo para ver un índice inflacionario más moderado. La expectativa es que en el quinto mes del año el IPC sea de 1,9 por ciento.

También cambió la expectativa para la inflación anual del 2026. Hasta el REM anterior los especialistas hablaban de un IPC total del 22,5%, pero ahora sostienen que podría acercarse al 26,1 por ciento.

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La expansión del negocio ganadero de la familia Brito acaba de sumar un nuevo capítulo. La empresa Inversora Juramento confirmó una alianza estratégica con Frigorífico Gorina para operar en conjunto el Frigorífico Bermejo, una planta ubicada en Pichanal, Salta, que busca posicionarse como uno de los principales nodos exportadores de carne vacuna del norte argentino.

El acuerdo fue formalizado mediante un comunicado conjunto en el que ambas compañías señalaron que el objetivo es integrar producción ganadera, capacidad industrial y redes comerciales para incrementar la oferta de carne de alta calidad tanto para el mercado interno como para la exportación.

La iniciativa se apoya en un proceso de modernización industrial que demandó más de 20 millones de dólares y que transformó la capacidad operativa del establecimiento salteño. La planta, que tiene capacidad para faenar unas 144.000 cabezas al año, incorporó una nueva sala de desposte que permitirá pasar de un esquema donde apenas el 30% de la producción se fraccionaba y envasaba al vacío a otro en el que el 100% de la carne salga en cajas listas para comercialización o exportación.

Además de la nueva infraestructura de procesamiento, el frigorífico sumó instalaciones para aumentar la capacidad de enfriado y congelado, así como equipamiento específico para producir carne kosher, un segmento que abre acceso a mercados de alto valor.

La ampliación también tendrá impacto en el empleo regional, ya que el establecimiento proyecta incrementar su plantilla en un 30% hasta alcanzar unos 600 trabajadores directos.

El acuerdo contempla una división clara de roles. Juramento aportará el abastecimiento de hacienda y su experiencia en el negocio ganadero, mientras que Gorina pondrá a disposición su trayectoria industrial y su red comercial internacional, construida durante décadas en el negocio exportador de carne.

La apuesta ganadera de los Brito

La alianza se inscribe dentro de una estrategia más amplia de expansión agroindustrial de la familia Brito, histórica dueña del banco Macro y desde hace años cada vez más involucrada en el negocio productivo del norte argentino.

A través de Inversora Juramento, el grupo controla un sistema ganadero integrado que abarca desde la producción agrícola para alimentar los corrales hasta la cría, recría, engorde y faena de animales. La compañía administra decenas de miles de hectáreas en Salta y cuenta con una estructura productiva que incluye feedlots de gran escala y plantas industriales propias.

Ese esquema vertical fue el que dio origen al frigorífico Bermejo, concebido como la pieza industrial que completa el circuito productivo de la empresa. El objetivo es capturar mayor valor agregado en cada etapa de la cadena y garantizar volúmenes constantes de carne con estándares homogéneos, un requisito cada vez más importante para acceder a mercados internacionales.

El crecimiento del grupo en el agro no es reciente. En los últimos años Juramento impulsó distintas inversiones en ganadería y tierras productivas en el norte argentino, en una estrategia que busca consolidar a la compañía como uno de los principales jugadores de la cadena cárnica nacional.

Gorina, un actor clave en la exportación de carne

El socio elegido para esta etapa es Frigorífico Gorina, una empresa controlada por la familia Riusech que se consolidó como uno de los grandes exportadores de carne vacuna del país.

La firma tiene más de medio siglo de trayectoria en la industria frigorífica y se ubicó entre las principales plantas exportadoras de la Argentina, con presencia en múltiples mercados internacionales.

Sin embargo, el último año fue particularmente complejo para la empresa. En febrero de 2025 un incendio destruyó gran parte de su planta principal ubicada en las afueras de La Plata, un siniestro que paralizó temporalmente la producción y obligó a reorganizar su esquema operativo.

Para sostener sus compromisos comerciales mientras avanzaba la reconstrucción de esa instalación, la compañía comenzó a operar en distintas plantas del país mediante acuerdos industriales. Entre ellas se encontraba justamente el frigorífico Bermejo, donde ambas empresas comenzaron a trabajar juntas y a explorar un esquema de integración más permanente. Ese vínculo operativo terminó derivando en la alianza que ahora se oficializó.

Potencial ganadero: un polo exportador de carne en el norte argentino

Detrás del acuerdo aparece también una lectura estratégica sobre el potencial ganadero del norte argentino. La región cuenta con una creciente disponibilidad de hacienda y con sistemas productivos que permiten producir animales más pesados, una característica cada vez más demandada por los mercados internacionales.

El proyecto del frigorífico Bermejo busca justamente aprovechar ese contexto: combinar la base ganadera que desarrolla Juramento con la experiencia exportadora de Gorina para posicionar a la planta de Pichanal como una plataforma industrial desde donde abastecer distintos destinos internacionales.

El proceso también refleja una tendencia que comienza a observarse en la industria frigorífica argentina: la conformación de alianzas y la expansión hacia múltiples plantas para ganar escala en un negocio cada vez más competitivo y orientado a la exportación.

Con esta asociación, la familia Brito profundiza su apuesta por el negocio de la carne, mientras que Gorina suma presencia industrial en el norte del país, en un momento en que el sector busca ampliar mercados y aumentar el valor agregado de las exportaciones argentinas.

Tras un extenso proceso judicial que se prolongó por más de cuatro años, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, bajo la titularidad del juez Fernando D’Alessandro, dictó la quiebra de la cadena de electrodomésticos Garbarino.

La resolución marca el cierre definitivo de la compañía, que no logró alcanzar un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su millonaria deuda ni consiguió inversores interesados en rescatar la firma durante la etapa final del proceso.

La decisión judicial implica el cese inmediato de las actividades y el inicio de la liquidación de activos. El magistrado fundamentó la medida en la carencia de condiciones para sostener el concurso preventivo, que se encontraba abierto desde noviembre de 2021. Al no obtenerse las adhesiones necesarias de los acreedores y ante el fracaso del mecanismo de cramdown (salvataje), la Justicia procedió a la instancia de quiebra, manteniendo además la inhibición general de bienes sobre la sociedad.

Tras la sentencia firme, la sindicatura tiene ahora la tarea de inventariar un patrimonio que, aunque diezmado, conserva piezas de valor estratégico para el mercado. El proceso de remate no se limitará únicamente a los inmuebles remanentes, sino que abarca un abanico de activos de distinta naturaleza. En primer lugar, se destaca el patrimonio intangible: las marcas Garbarino y Compumundo poseen aún un alto nivel de reconocimiento, lo que podría atraer a inversores interesados en relanzar los nombres bajo nuevas estructuras operativas o plataformas digitales.

En el plano industrial, la Justicia pondrá a disposición las unidades productivas que el grupo posee en el sur del país. Se trata de los establecimientos Tecnosur y Digital Fueguina, plantas radicadas en Tierra del Fuego que en el pasado fueron el motor de ensamblado de la firma, pero que hoy se encuentran en un estado de parálisis total. Estos activos representan uno de los puntos más complejos de la liquidación debido a su ubicación geográfica y la infraestructura tecnológica que contienen.

Asimismo, la desarticulación del holding alcanza a otras unidades de negocios que alguna vez diversificaron los ingresos de la familia fundadora y luego de la gestión de Rosales. El proceso judicial absorberá los restos de la financiera Fiden y los activos vinculados a la unidad de turismo, Garbarino Viajes, cuya quiebra ya había sido dictada a mediados del año pasado. De esta manera, el juzgado busca consolidar todos los recursos posibles para conformar la masa de fondos que, eventualmente, se distribuirá entre la larga lista de acreedores que esperan el cobro de sus acreencias desde 2021.

La declaración de quiebra se precipitó tras el agotamiento de los recursos legales previstos en la Ley de Concursos y Quiebras. El mecanismo de cramdown, que funcionaba como la última instancia para transferir la administración de la cadena a manos de terceros, concluyó sin resultados positivos. A pesar de que la firma Vlinder se había anotado en el registro oficial para evaluar la compra de las acciones y ensayar un plan de pagos, el plazo de cinco días otorgado por el tribunal en agosto expiró sin que se materializara una propuesta concreta de reestructuración.

Esta parálisis en las negociaciones también arrastró a Compumundo, el brazo informático del holding. El juzgado aplicó el mismo criterio de liquidación para esta unidad de negocios, que ya arrastraba un historial de intentos de venta fallidos. Un antecedente clave ocurrió en 2021, cuando el grupo intentó desprenderse del 51% del paquete accionario de la cadena de tecnología mediante una subasta pública con un piso de $58 millones; en aquel entonces, la convocatoria no atrajo a ningún oferente, prefigurando el escenario de desinversión que ahora desemboca en su cierre definitivo.

En medio de una crisis que tiene llevaba más de seis años y la llevó a cambiar de manos, apenas tenía tres locales abiertos, de las 200 sucursales que llegó a tener en todo el país. En su momento de esplendor registró 4.500 empleados.

En noviembre de 2021, antes del concurso, la empresa envió 1.800 telegramas de despido a sus empleados, tras meses con sus locales cerrados y sin pago de salarios. Ante el reclamo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, el ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por quince días, suspendiendo la efectividad de los despidos mientras se intenta negociar una solución.

Unos meses antes, la cadena había pasado a manos de Carlos Rosales, titular del grupo asegurador Prof y directivo de San Lorenzo en ese momento. Rosales no logró revertir la crisis financiera de la cadena y la pandemia de COVID-19 precipitó los planes del empresario de mantener entre 10 y 15 sucursales en todo el país.

La deriva financiera de la empresa se intensificó tras la fallida negociación de venta en abril de 2021, cuando la única propuesta concreta, encabezada por Facundo Prado, presidente de Supercanal Arlink y CEO de Centrocard, se desplomó antes de concretarse.