ECONOMIA
El costo oculto que paga el Gobierno para contener al dólar: ya hay señales de freno en el crédito

Si de algo se ha jactado el ministro de economía, Luis Toto Caputo, es de que bajo su gestión «los bancos volvieron a trabajar de bancos». En otras palabras, que la masa de dinero depositada por los ahorristas empezaba a canalizarse al crédito y no a estacionarse en la renta fácil de los pasivos del Banco Central o bonos del Tesoro. Según Caputo, el mérito era del superávit fiscal: como ya el sector público no necesitaba un flujo continuo de pesos para financiar sus gastos corrientes, entonces se había generado la posibilidad de que el crédito al consumo y a las empresas volviera a crecer.
Sin embargo, los analistas del mercado están viendo un posible punto de inflexión. A pesar de que las cuentas fiscales siguen dando superávit, el crédito empieza a sentir un freno. En parte por una saturación del mercado -algo que se refleja en la suba de los índices de morosidad de las familias- pero en parte, también, por la propia política económica, que induce a una gran suba de tasas de interés.
Lo ocurrido en los últimos días es una prueba contundente de que, ante una turbulencia imprevista, el gobierno ha elegido qué objetivos priorizar y cuáles sacrificar. La inflación es el principal argumento electoral de Javier Milei -como quedó en evidencia por la euforia con que se celebró el IPC de 1,6% de junio-. Y, aunque no se lo admita en público, también quedó en claro que la estabilidad cambiaria es otro objetivo innegociable.
Prueba de ello es la contundente intervención del Banco Central en el mercado de futuros, donde llegó a poner contratos por hasta u$s2.700 millones en una sola jornada, con el objetivo de desinflar expectativas de una disparada del dólar. Por más que el discurso oficial del gobierno sostenga que la inflación es causada por el exceso de pesos y niega que exista el fenómeno del «pass through» -el contagio del dólar a los precios-, lo cierto es que, en la práctica, se ha comportado de la manera tradicional. Es decir, recurriendo al dólar como ancla, en un mercado donde las empresas remarcan sus listas de precios ante el menor atisbo devaluatorio.
Es un tema que ha motivado comentarios irónicos por parte de los analistas. Por ejemplo, Javier Okseniuk, de la consultora LCG, publicó un informe muy crítico sobre la política monetaria oficial y, alterando la frase de cabecera de Milei, escribió: «Para el Gobierno, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno cambiario».
La variable de ajuste
Si no se puede resignar ni la desinflación, ni la estabilidad cambiaria, ni el recorte del gasto ni la recaudación tributaria, alguna variable de ajuste tiene que quedar para el caso de que ocurra un shock imprevisto o que el público se ponga a la defensiva por la típica incertidumbre pre-electoral.
Y esa variable han sido las tasas de interés, que subieron a niveles difícilmente justificables -una tasa efectiva de 47% anual en una economía que prevé una inflación de 20% para los próximos 12 meses-. Semejante diferencial es típico de los momentos en que se desploma la demanda de pesos por la expectativa de una devaluación.
Lo mismo se refleja en las tasas de los bonos CER -que ajustan como la inflación- que está en un llamativo nivel de 14% anual.
En el mercado se debate sobre si estos niveles de tasa serán apenas temporales -hasta que se disipe el temor generado por el «shock de liquidez» tras el desarme de las LEFI- o si será la tónica de los próximos meses.
En todo caso, la consecuencia de tasas muy altas y de menor liquidez bancaria es el de un empeoramiento en las condiciones para el crédito. En aras de llegar a las elecciones sin turbulencia financiera, el gobierno está dispuesto a sacrificar, como variable de ajuste, lo que consideraba uno de sus principales logros.
Para peor, esta situación se da en el marco de una serie de defaults privados, que hacen temer por una nueva ola de incumplimientos ante la imposibilidad que encuentran las empresas de «rollear» sus vencimientos a una tasa aceptable.
¿Un punto de inflexión?
Las cifras empiezan a dar cuenta de un cambio de humor en el mercado. En junio, los préstamos del sector bancario tuvieron un crecimiento mensual real de 2,6%, lo cual implica una ralentización respecto de los meses anteriores, cuando el crecimiento venía a una velocidad de 3,9%.
Son cifras que lucen pequeñas en comparación con las de hace un año, cuando el financiamiento a las empresas crecía de volumen a un ritmo de 17% real mensual, mientras que el consumo subía a una velocidad de 10% real. Claro que en aquel momento había razones de peso para que se viera semejante crecimiento: en primer lugar, que se estaba en recuperación de un escenario previo de muy bajo crédito; y en segundo lugar, que había una agresiva política oficial de baja de las tasas de interés.
Ahora, ya hay indicios de un punto de inflexión. Un informe de Julián Muntane para la consultora Di Stefano señala que, desde julio, los préstamos por tarjeta están cayendo a un ritmo de 7,1% mensual, mientras que también disminuyen los depósitos, aunque a un ritmo menor, de 1,4%.
«Por lo tanto, está comenzando un doloroso proceso de cancelación de deudas caras, que en su momento se tomaron a mansalva y sin conciencia. La primera mitad del 2025 puede decirse que no hubo emisión primaria, pero sí emisión secundaria, que es la que se da a través de la creación de dinero ‘de la nada’ a través de los bancos, prestando dinero proveniente de depósitos en cuenta corriente y cajas de ahorro», señala el reporte.
Y la percepción que predomina en el mercado es que esa tendencia se profundizará en los próximos meses. «Posiblemente el gobierno apunte a menores tasas reales hacia adelante, para impulsar crédito y actividad económica, pero que no querría ver, al menos hasta las elecciones, una baja muy significativa», observa un informe de la gestora de fondos SBS.
Medidas que restan liquidez
Por lo pronto, las últimas medidas de política económica refuerzan esa percepción de un freno al crédito. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, justificó medidas que obligarán a los bancos a «un manejo más eficiente de su liquidez», una frase que implica que se fomentará la alocación de pesos en títulos de corto plazo, y que no habrá ayuda del BCRA en forma de colocaciones «overnight» -ni pases pasivos ni las LEFI que pagaban intereses diariamente-.
Y ahí aparece una de las críticas que en el mercado se le hace al gobierno. Tras el levantamiento del cepo, el Banco Central no sólo anunció la muerte de esos pases pasivos, sino que, además, se dejó de ofrecer los llamados «pases activos» -préstamos de efectivo a los bancos en caso de necesidad-. En teoría, esa medida se enmarcaba en la política deliberada de retirar liquidez de la plaza para controlar la inflación y, además, para inducir al uso de los «dólares del colchón».
Pero hubo efectos colaterales: al perder la asistencia de su «prestamista de última instancia», el gerente del banco no puede arriesgarse a tener poco efectivo en caja, porque si ocurre un imprevisto no puede responder ante sus clientes. Y eso lleva a que en el sistema se empezó a juntar liquidez «por las dudas».
Es decir, al revés de lo que argumentaba el gobierno, no toda la captación de depósitos estaba destinada a la expansión del crédito, sino a una previsión por retiros. En la medida en que se consolide un proceso de disminución de depósitos, esa necesidad de liquidez a la mano será más grande. Y en situaciones así sufre el crédito, porque más pesos van a colocaciones financieras de corto plazo.
¿Quién detiene al spread?
En esa misma línea se inscribe el aumento de los encajes para las billeteras electrónicas. Es cierto que, como dice Bausili, había un trato desigual a estas entidades y a los bancos, que permitía que las «fintech» tuvieran el atractivo de remunerar a sus usuarios con tasas promedio de 25% anual.
Ahora, al tener que alojar más liquidez obligatoriamente en encajes, esas financieras tendrán que retirar pesos de los fondos de money market. Estos fondos manejan un volumen de $39 billones, y se estima que más de un 10% de ese monto corresponde a los depósitos de las billeteras virtuales.
¿Cómo reaccionarán los pequeños ahorristas? Es difícil suponer que utilicen las alternativas más sofisticadas, como los bonos del Tesoro. Por lo que sólo hay dos opciones: o se resignan a un premio menor por sus depósitos, o directamente cancelan para refugiarse en dólares.
En todo caso, lo que se está previendo es una mayor distancia entre las tasas que los bancos les cobran a los tomadores de crédito y la que pagan a los ahorristas -el «spread de tasa», en la jerga financiera-.
Los créditos para el consumo pueden llegar a niveles de 160% de costo financiero total, mientras la remuneración de plazos fijos para los ahorristas llega, en los depósitos más largos, al 30% efectivo anual.
En el sector corporativo las tasas son menores, pero aun así muy por encima de la inflación prevista. El rubro agrícola, por ejemplo, que suele obtener mejores tasas por su condición de exportador, se puede obtener crédito al 50%, pero sigue siendo un monto que los productores ven como caro, dada la disminución de sus márgenes de rentabilidad.
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ECONOMIA
«Operativo pinzas»: así es el nuevo plan de Caputo para evitar otro salto del dólar

El Gobierno no está dispuesto a correr riesgos ante el final de la liquidación de la cosecha gruesa, y está decidido a jugar fuerte. Desde ayer dispuso una especie de operativo de pinzas, intervenciones en el mercado con distintos instrumentos financieros, que le permitan mantener en calma al mercado cambiario.
Algunos de los instrumentos utilizados en la rueda de ayer ya habían sido aplicados la semana pasada, luego de la operación que eliminó a las LEFIs.
El Gobierno interviene el mercado para calmar al dólar
Las intervenciones incluyeron una nueva suba de las tasas de interés y también la reaparición en el mercado de futuros del dólar. También hubo ventas de títulos públicos, según la lectura que hicieron distintos operadores de mercado.
Esta seguidilla le permitió al ministro de Economía, Luis Caputo, el cierre a la baja del tipo de cambio a partir del mediodía, cuando parecía que la cotización del dólar mayorista podía superar los 1.300 pesos. Este valor fue puesto por el Gobierno como el techo momentáneo.
En este contexto, el dólar mayorista cerró en $1.275, un descenso de 0,8% versus el cierre del último viernes, luego de tocar un máximo de 1.293 pesos. En lo que va de julio, el mayorista lleva acumulada una suba del 6,0 por ciento.
A su vez, los bancos terminaron la jornada vendiendo a $1.300 en promedio, prácticamente el mismo precio que el viernes. Hasta el mediodía hubo entidades que vendieron billetes a 1.315 pesos.
Al igual que el mayorista, tanto el MEP como el CCL finalizaron con bajas del 1%, en 1.281 pesos.
La «caballería» que desplegó Luis Caputo
Las intervenciones del Gobierno se sucedieron a partir del mediodía, cuando quedó claro que el mercado cambiario se iba recalentando. Incluso, esas operaciones se hicieron más contundentes hacia las dos de la tarde.
El objetivo era claro: bajar al dólar desde un techo que se aproximaba peligrosamente al límite de los 1.300 pesos. Además:
- La tasa de la caución se operó en torno al 52% anual. Aunque hubo algunas un poco más arriba. El promedio de la jornada anduvo por el 40% anual, según el economista Fernando Marull.
- Hubo una intervención en futuros del dólar. Según el último informe a clientes Bull Market, el Gobierno llegaría a las elecciones en la provincia de Buenos Aires —el próximo 7 de septiembre— con ventas de futuros por unos u$s5.000 millones.
De acuerdo a lo que indicaron fuentes del mercado a iProfesional, en la actualidad, esa posición ronda los u$s2.000/u$s2.500 millones.
En esta línea, vale aclarar dos puntos:
- Fuentes del mercado aclararon que ayer hubo ventas de títulos de la deuda en pesos (Globales y Bonares) con el objetivo de bajar la presión en el MEP y en el contado con liqui.
Tasas versus dólar
El último reporte a clientes de la Fundación Capital, de Martín Redrado, fue categórico sobre el objetivo perseguido por la Casa Rosada: «Quedó claro que la calma cambiaria y cuidar el proceso de desinflación sigue siendo el principal objetivo de las autoridades».
Aun con este contexto de base y la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado, la Fundación Capital le otorga chances elevadas a que la cotización del dólar trepe al techo de la banda cambiaria. Lo dice así, en su último informe, al que tuvo acceso iProfesional:
«Frente a una etapa de menor afluencia de agrodólares, con los comicios más cerca y reservas que se van incrementando a cuentagotas, el escenario buscando el techo de la banda tiene un 50% de probabilidad de ocurrencia», escribieron los economistas de la FC.
El especialista financiero Christian Buteler también es crítico del plan: «Un 33.6% de tasa efectiva anual tenían las LEFI. Por el momento, el desarme no ha sido bueno, por lo menos en el costo de financiamiento para el Tesoro».
En medio de las tensiones cambiarias, a partir de hoy comienza una dinámica especial: se acaba la liquidación de la cosecha gruesa, que es la principal oferta de divisas en la Argentina.
Con menos dólares del campo, ¿qué escenario se viene?
Desde el sector agroexportador aseguran que las liquidaciones de divisas rondarán los u$s100 millones diarios hasta finales de agosto. Algo que estacionalmente suele ser así. Y que ese volumen recién bajará hacia el mes de septiembre.
En el Gobierno, a su vez, estiman que para ese momento comenzará a notarse en el mercado la mayor abundancia del rubro energético, que volverá a dejar divisas una vez superado lo más crudo del invierno.
En ese empalme juega el Ejecutivo, de cara a las elecciones.
Los funcionarios están convencidos de que disponen de herramientas para evitar un sofocón en el mercado cambiario. De eso se trata, de ahora en más.
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ECONOMIA
Las tarifas, por las nubes, y este es impacto en el bolsillo, según el último relevamiento

Sin subsidios, un hogar del AMBA gastó $193.329 en servicios y transporte en julio. Representa el 60% del salario mínimo, con subas de hasta 71%
21/07/2025 – 09:32hs
En julio, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a sentir el impacto del aumento en los servicios. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), una familia tipo sin subsidios debió destinar $193.329 para cubrir electricidad, gas, agua y transporte. El monto implicó una suba del 5,4% respecto al mes anterior y representó el 60% del salario mínimo, fijado en $317.800.
Dos factores explican este aumento: por un lado, la implementación de nuevos cuadros tarifarios; por el otro, un incremento en el nivel de consumo, impulsado por las bajas temperaturas del invierno. El relevamiento detalla que el gasto promedio fue de:
- $45.993: en electricidad
- $46.693: en gas
- $30.861: en agua
- $69.783: por persona en transporte
El transporte, el rubro que más presiona
En julio, el boleto de colectivo en líneas que circulan dentro de la Ciudad se ajustó por IPC + 2%, lo que significó un alza del 3,5%. Pero las líneas interjurisdiccionales —reguladas por Nación— subieron por segundo mes consecutivo un 7%. Como resultado, el aumento ponderado del transporte fue del 5,1% mensual.
Desde la IIEP destacaron que «el incremento del 5,4% mensual en la canasta de servicios se explica tanto por los ajustes tarifarios como por el mayor consumo de energía eléctrica y gas natural durante el invierno».
Así las cosas, en la comparación interanual, el costo de la canasta se disparó un 40%, apenas por encima del IPC estimado para el mismo período (36%). Estos datos marcan una tendencia de convergencia entre tarifas e inflación. Sin embargo, advierten que el consumo invernal de energía es determinante para el valor final de las facturas.
Aumento de servicios vs. salarios
En términos interanuales, el transporte encabezó los aumentos con una suba del 71%, y se consolidó como el rubro que más traccionó el alza en la canasta de servicios. Lo siguieron el agua, con un 33%, y tanto el gas como la electricidad, con incrementos del 26% cada uno.
El gasto en colectivos, por sí solo, explicó el 21% del aumento total registrado en el año, en tango que el gas y la electricidad aportaron 7 puntos cada uno, y el agua, los 5 restantes.
Desde 12/ 2023 hasta 7/2025, el costo de la canasta de servicios en el AMBA se disparó un 597%, muy por encima del aumento general de precios, que fue del 154%. Esto refleja un desfasaje cada vez más marcado entre tarifas y salarios reales, aún en un contexto de recorte de subsidios.
En promedio, los usuarios del AMBA cubren solo el 50% del costo real de los servicios con sus tarifas; el Estado asume el resto. Si bien la cobertura tarifaria depende del tipo de servicio y del perfil del hogar, en julio se registró una mejora: alcanzó el 50%, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales respecto al promedio de los últimos 18 meses.
Según el informe, «el aumento en la cobertura tarifaria responde al traslado parcial de los mayores costos de generación. Incluso los hogares del segmento N1 —de ingresos más altos— continuaron recibiendo subsidios en sus facturas eléctricas».
Al contrastar el costo de la canasta de servicios con el salario promedio registrado en julio —estimado en $1.471.842—, se observa que representó el 13,1% del ingreso. Dentro de esa canasta, el transporte se destacó como el rubro de mayor peso, concentrando el 36% del gasto total. Esta diferencia se vincula, en parte, al aumento en el consumo de gas y electricidad típico de los meses de invierno.
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ECONOMIA
Vuelos en vacaciones: gremios se movilizan y ponen en suspenso los servicios en Aeroparque

El malestar entre los gremios aeronáuticos no deja de incrementarse tras la serie de medidas que el Gobierno aprobó con el fin de cambiar los regímenes de descanso y la operatoria en ese ámbito. De ahí, en rechazo a esa modificaciones, cinco gremio concretarán una asamblea que, a realizarse en el Aeroparque porteño, podría complicar los servicios en horas del mediodía. En concreto, la medida tiene lugar en oposición al decreto 378/2025 que, entre otros aspectos, fija un recorte en la cantidad de horas de descanso del personal y, en simultáneo, reduce el período de vacaciones anuales. Este cambio se alínea con otras disposiciones aprobadas por La Libertad Avanza (LLA), como por ejemplo que las empresas puedan operar en la Argentina con personal extranjero.
Según indicaron las organizaciones sindicales, la protesta comenzará a las 11 de la mañana e incluirá una conferencia de prensa. De la medida tomarán parte la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y ATE ANAC.
Los sindicatos aéreos se mantienen en alerta y movilización
Vale señalar que desde Aeropuertos Argentina, concesionaria de Aeroparque, se indicó que la manifestación no debería interferir con el flujo de pasajeros. Pero, dado el número de gremios que participarán de la asamblea, no se descartan demoras o complicaciones en una fecha clave para el turismo nacional.
Los sindicatos vienen activando distintas acciones con el fin de oponerse a las políticas que el Gobierno viene implementando para el segmento aeronáutico.
Así, ATEPSA, el gremio de los controladores aéreos, se mantiene en alerta y movilización tras 15 despidos ocurridos en la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), donde rige una conciliación obligatoria.
Por otro lado, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que lidera el controvertido Pablo Biró anunció recientemente un paro nacional para el 19 de julio que sólo pudo ser desactivado, también, a partir de una conciliación obligatoria pedida por Aerolíneas Argentinas.
A la par de rechazar el nuevo marco regulatorio, los gremios denuncian despidos y reclaman mejoras salariales. En ese sentido, Marcelo Belelli, referente de ATE ANAC, afirmó que ese organismo ya acumula más de 100 despidos desde que se inició la gestión presidencial de Javier Milei. Y que los sueldos de ese nicho presentan un retraso frente a la inflación del orden del 45 por ciento.
Qué dice el decreto al que se oponen los aeronáuticos
A través del decreto 378/2025, el Gobierno fijó cambios en el Código Aeronáutico que contemplan, por mencionar un primer punto, que las compañías ostenten la potestad de establecer los tiempos de servicio de vuelo y los períodos de descanso.
Se estableció que las horas mínimas de, precisamente, descanso se ubiquen en torno a las 30 semanales, en lugar de las 36 que regían previo al decreto. LLA argumentó que eso permitirá reducir los costos operativos de las aerolíneas, que demandarán menos personal.
Además, pilotos y tripulaciones acumularán 1.000 horas de labor al año cuando antes el tope era de 800. También el régimen diario subirá de 8 a 10 horas. Otro aspecto clave refiere a las vacaciones, que en lugar de 30 días en el año pasarán a totalizar 15 y que deberán tomarse de forma consecutiva.
Ya en cuanto a cuestiones puntuales, se fijó que las tripulaciones de vuelo con tres pilotos podrán extender hasta 17 horas el tiempo máximo de vuelo si cuentan con un asiento reclinable con ángulo mayor a 40° en un área separada de la del trabajo.
En cambio, las tripulaciones con cuatro pilotos «podrán extenderse hasta 19 horas, siempre que cuenten con un espacio horizontal y reclinable, en un área distinta a la de los pasajeros».
En mayo pasado, el oficialismo también activó cambios en el Código Aeronáutico que, entre otros aspectos, permiten que las aerolíneas que vuelan dentro del país operen con tripulaciones 100% extranjeras, se habilitó la opción de que las aeronaves presten servicios sin la intervención de técnicos argentinos.
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