La crisis que atraviesa uno de los emblemas de la lechería nacional sigue acentuándose y la posibilidad de la quiebra se agiganta en el horizonte. En momentos en que transita el concurso de acreedores, SanCor frenó por completo la actividad en su planta de La Carlota, en la provincia de Córdoba, y aún no completó el pago de los sueldos correspondientes a febrero. En esas instalaciones la compañía producía quesos duros y el destino de los 43 empleados que aún permanecen ligados a la fábrica es una auténtica incógnita. Por estos días, la empresa procesa un mínimo histórico de leche y, dada su condición de concurso, podría caer en la quiebra si no completa el abono de los salarios antes de que concluya marzo.

Según comentaron a iProfesional fuentes del ámbito lechero, la decisión de buena parte de los proveedores de SanCor de dejar de entregar producto a la cooperativa redujo a apenas 70.000 litros diarios el nivel de procesamiento de la compañía.

SanCor entraría en quiebra si no normaliza el pago de salarios

En sus mejores momentos, la firma llegó a merodear los 4 millones de litros utilizados también a diario. Hasta el momento, el status de convocatoria de acreedores que mantiene la lechera no ha acercado atisbos de una probable mejoría en el rendimiento comercial de SanCor sino todo lo contrario.

A la par de perder más y más presencia en las góndolas de los supermercados, la empresa sigue sin conseguir fondos frescos para reducir su nivel de endeudamiento y, en simultáneo, enderezar la relación comercial con sus proveedores en Santa Fe y Córdoba.

La Carlota dejó de producir quesos duros casi a la par de la declaración del concurso, pero el acotado plantel de operarios se mantuvo asistiendo a las instalaciones más allá de la parálisis en la elaboración de esos productos.

En el segmento lácteo se señala que SanCor sólo realizó pagos de sueldos esporádicos entre enero y febrero, y que incluso hay empleados a los que se les adeuda parte de sus haberes incluso desde octubre del año pasado.

«La planta de La Carlota ya venía decayendo su producción desde 2017 y ahora directamente entró en parálisis completa. Llegó a tener más de 100 empleados y hoy mantiene a menos de la mitad de esa dotación. Para algunos la opción del retiro voluntario resultó un alivio, pero SanCor dejó de ofrecer esa posibilidad ya en la previa al concurso de acreedores», comentó una fuente de ese sector.

De acuerdo a lo establecido en el concurso de acreedores, SanCor tiene hasta fin de mes para regularizar el pago de los salarios adeudados. Caso contrario, entraría de forma directa en una instancia de quiebra. Hasta el momento, la Justicia no ha dado muestras de querer intervenir en la resolución de los problemas laborales de los que sigue haciendo gala la unión de cooperativas.

SanCor y un endeudamiento que la mantiene al borde de la quiebra

La compañía posee una deuda valuada en alrededor de 400 millones de dólares. Mientras tanto, la compañía sigue bajando su capacidad operativa y, tras los ínfimos 200.000 litros de leche procesados a diario durante el pasado enero, ahora la unión de cooperativas apenas si mueve 70.000.

«En tanto la empresa no da muestras de encontrar algún tipo de financiamiento para cubrir sus deudas, es lógico que los pocos proveedores que le quedan dejen de enviar leche. Hoy la estructura de tambos ligada a SanCor es casi inexistente y sólo hay entregas puntuales con pagos en el momento. Nadie sabe qué ocurrirá con la compañía de aquí a abril», comentó a iProfesional una fuente de la cuenca lechera santafesina.

A muy poco de haber quedado en fase de concurso preventivo de acreedores, el futuro de SanCor sigue complicándose y en el ámbito de la lechería proliferan los pases de factura por la crisis que afecta a la unión de cooperativas.

Recientemente, la pirotecnia ganó intensidad en Santa Fe con los cruces entre ex funcionarios provinciales, integrantes de la Mesa de la Lechería santafesina y el gremio ATILRA, quienes se acusan entre sí de haber colocado a la empresa al borde la quiebra.

En el reparto de responsabilidades respecto del momento crítico que atraviesa SanCor, Pedro Morini, ex secretario de Lechería santafesino durante la gobernación de Miguel Lifhschitz, no dudó en señalar al sindicato como un actor que incluso busco hacerse con el control de la lechera.

Atenta a estos dichos, la cúpula de ATILRA, encabezada por Etín Ponce, recogió el guante y la respuesta no se hizo esperar. El gremio sostuvo que Morini manifiesta una «supina ignorancia» y negó todo interés por quedarse con el manejo absoluto de SanCor.

En el mismo comunicado, ATILRA sostuvo que «hace tiempo que venimos asistiendo a mentiras como la expresada por Pedro Morini, que lo único que generan es un mal diagnóstico y sabido es que en SanCor los malos diagnósticos generaron pésimas decisiones«.

A la par de este contexto, SanCor logró que la Justicia interceda y rehabilite los servicios de electricidad que se le habían suprimido también a inicios de febrero.

Hubo una caída superior al 6 por ciento en marzo, teniendo en cuenta el mes anterior. Se trata de la segunda contracción consecutiva

20/03/2025 – 12:39hs

El índice de confianza de los consumidores que mide la Universidad Di Tella volvió a marcar un retroceso en marzo. Fue del 6,7% respecto de febrero, aunque se mantiene un 20% por encima de un año atrás, un indicador que estaba muy influido por la caída de la economía y la disparada de la inflación tras el salto del dólar.

Se trató de la segunda caída mensual consecutiva, aunque en febrero había sido de apenas el 0,3% en relación a enero.

La principal baja en la confianza fue por el rubro «situación de la macroeconomía», que se contrajo 9,7% versus febrero.

En segundo lugar aparece el segmento «situación personal», con una merma del 7,5% intermensual. El rubro «Bienes Durables e Inmuebles» baja apenas el 0,2%, lo que ayuda a darle un poco de equilibrio al indicador.

¿Futuro en crisis?

Es interesante observar la caída en las expectativas de los consumidores. Algo que puede afectar al ciclo económico durante el año electoral. 

«Analizando los componentes del índice por plazo, en marzo de 2025 las Condiciones Presentes disminuyen un 1,23%, mientras que las Expectativas Futuras disminuyen un 9,99%», dice el informe de la Di Tella.

Llama la atención que el empeoramiento de las expectativas impacta más en las franjas de la sociedad de mayores ingresos que en las de ingresos más bajos. Algo que ayuda a comprender la dinámica de la política en este segundo año de la administración Milei. 

Luego, el informe agrega que «por niveles de ingresos, los hogares de menores ingresos registraron una disminución del 6,17% y los de mayores ingresos una disminución del 7,43%».

En la misma línea se visualiza el movimiento en los sectores de la sociedad con mayior nivel de educación, donde la caída es mayor que en la franja con menor acceso a la educación.

«Por nivel educativo, que tomamos como una aproximación al nivel de ingresos del individuo, el comportamiento se modifica entre febrero y marzo. Este mes, los hogares con nivel educativo bajo registran una disminución mensual de 6,17%, y los de nivel educativo alto una disminución del 7,43%», dice el reporte de la universidad.

Caso $LIBRA y el dólar

Por una cuestión temporal, los últimos movimientos en el mercado cambiario no entraron en la muestra. Sí, en cambio el «caso $Libra» que, si bien no forman parte de una pregunta puntual del informe, podría tener un impacto en la expectativa de la población.

Y, justamente, con un impacto más relevante en las franjas sociales más informadas.

El Gobierno nacional avanzó con la creación de un nuevo sistema de contrataciones para la obra pública, flexibilizando las condiciones y algunos requisitos para incentivar una mayor participación, a través del Decreto 206/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso que la Oficina Nacional de Contrataciones diseñará, implementará y administrará una base de datos denominada «Sistema de Información de Cocontratantes» (SICO), para concentrar la información de la inscripción de los interesados en contratar con el Estado.

Nuevo sistema SICO: tres categorías de agentes para asumir compromisos con el Estado»

El SICO tendrá bajo su órbita tres categorías de agentes que pueden asumir compromisos con el Estado: Proveedores (SICO-PRO), Contratistas de Obra Pública (SICO-COP) y Concesionarios de Obra e Infraestructura Pública y Servicios Públicos (SICO-CON).

En lo que respecta al segmento vinculado a la obra pública, el texto oficial estipula que tendrá a su cargo la tarea de registrar información relativa a los contratistas y además deberá clasificarlos y calificarlos.

Entre los datos que recopilarán están la capacidad económico financiera, antecedentes, historial de procedimientos de selección en los que se hubieren presentado como oferentes, historial de contratos, incumplimientos contractuales y extracontractuales, en ambos casos por causas imputables al contratista, y sanciones de apercibimiento y/o suspensión.

En lo que refiere a la calificación de los contratistas, determinó que «se deberán prever criterios que contemplen de igual modo a las empresas nacionales y extranjeras y los antecedentes de obra pública o privada, a los fines de la determinación de la capacidad de ejecución referencial; y que no ponderen los compromisos de obras asumidos, eliminándose la capacidad de contratación referencial».

Sturzenegger celebra la reforma en la obra pública: «Se comienza a deshacer el club de la obra pública»

Al destacar la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recordó en su cuenta de X que anteriormente en el Registro de Constructores «el mecanismo era ‘ponderar las obras realizadas para el Estado’, con lo cual siempre ganaban los mismos independientemente que mantuvieran a sus empresas con patrimonios exiguos, cosa de nunca asumir pasivos relevantes (Baez, ¿se acuerdan?)».

Además, expuso que «si a eso le sumamos el concepto de capacidad constructiva que iba eliminando empresas a medida que se iban adjudicando las obras, teníamos un cóctel ruinoso para los argentinos pero que era fiesta para la patria contratista».

En este aspecto, la norma fijó que «la calificación resultante del SICO-COP podrá no ser un requisito excluyente en obras públicas cuyo presupuesto oficial no supere los Módulos 15.000», así como tampoco en caso de que la Oficina determine una garantía en las formas y condiciones cuando se supere dicho límite.

Sobre este punto, aclaró que «estos supuestos de excepción resultarán de aplicación cuando la obra no tenga previsto anticipo financiero, o estando este previsto, el oferente optara por no percibirlo o por otorgar la contragarantía mediante (i) certificado de depósito efectuado en una entidad bancaria autorizada a operar por el Banco Central, a la orden del Contratante, o (ii) fianza bancaria que cubra el valor del anticipo financiero, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión».

Por otro lado, se dispuso que el Sistema de Información de Cocontratantes se integrará con los Sistemas de Gestión Electrónica de Contrataciones COMPR.AR y CONTRAT.AR. Aunque el decreto tiene vigencia a partir de mañana, se aclaró hasta que no se dicte la normativa complementaria relativa al SICO y se fije la fecha en la cual el nuevo sistema cuente con plena operatividad continuarán vigentes los regímenes de registro y/o inscripción previos.

Continuando con la valoración de la medida, Sturzenegger manifestó que se comienza a «esbozar los elementos de un sistema más transparente, competitivo, y con mayor protección para el Estado» y aseguró que «empieza a desgajarse el club de la obra pública que tuvo a los argentinos de rehén por 80 años. Gracias presidente Javier Milei por hacer lo que nadie pudo, quiso o supo hacer».