La histórica fábrica textil Textilana, responsable de la marca de sweaters Mauro Sergio, atraviesa uno de los momentos más delicados desde sus inicios. La empresa, ubicada sobre la Ruta 88 en Mar del Plata, dejó de producir en noviembre de 2025 por la fuerte caída de ventas y mantiene suspendidos a 175 trabajadores, mientras otros operarios temen por la continuidad de sus puestos.

En total, son casi 300 empleados los que ven peligrar su trabajo en una de las pocas textiles que todavía continúa en actividad en la ciudad.

El esquema de suspensiones comenzó el 16 de noviembre de 2025, luego de una negociación con el sindicato. Desde entonces, los trabajadores cobran el 78% del salario y, según el acuerdo original, debían reincorporarse el 1° de abril. Sin embargo, el escenario de sobrestock y la falta de ventas hacen prever que las suspensiones podrían extenderse.

Según fuentes sindicales y reportes de medios locales, la empresa incluso analiza extender las suspensiones hasta junio si el mercado no muestra señales de recuperación.

La histórica textil de Mar del Plata en su momento más difícil

Textilana es considerada la empresa textil más importante de Mar del Plata y tiene una larga trayectoria en la industria nacional.

La compañía fue fundada en los años 70 por Mauro Sergio Todisco, quien comenzó con una sola máquina de tejer manual. Con el paso del tiempo la empresa creció y en la década del 80 la marca Mauro Sergio comenzó a expandirse con locales propios.

Con tecnología traída de Europa y una producción cada vez mayor, la empresa llegó a convertirse en una de las marcas de sweaters más reconocidas del país, con más de una veintena de locales.

A diferencia de muchas firmas del rubro, Textilana integró todo el proceso productivo: desde el hilado y tejido de la lana hasta la comercialización final de las prendas.

En sus años de mayor actividad, la planta llegó a producir hasta dos millones de sweaters por año.

Textilana: de mil trabajadores a menos de 300

El retroceso de la actividad fue notorio en los últimos años. En su mejor momento la empresa llegó a emplear cerca de 1.000 trabajadores, mientras que hoy quedan menos de 300.

«Hemos llegado a ser casi 1000 trabajadores durante la época de Néstor y Cristina Kirchner, con Mauricio Macri quedamos 600, en la pandemia la empresa mantuvo el número y este gobierno nos terminó noquear. Con las subas de los servicios y la baja del consumo, sumado a las importaciones, ya no dan más. Más allá de las desinteligencias que hemos tenido con los patrones, siempre se mantuvo la fábrica y pasaron un montón de gobiernos, pero este gobierno la terminó de matar», señalaron trabajadores de la planta.

Incluso al inicio del gobierno de Javier Milei la empresa había incorporado 50 nuevos operarios, con la expectativa de una recuperación del mercado. Sin embargo, al no concretarse ese repunte, esos contratos fueron los primeros en no renovarse.

Caída de producción y exceso de stock

La crisis productiva ya se venía manifestando desde 2024, cuando la empresa comenzó a reducir su nivel de actividad.

Mauro Galván explicó que «en los últimos dos años la fábrica ya no funcionaba al 100%, había bajado al 70% y luego a menos del 50%». Según detalló, «primero cerró el sector remeras y reubicó a unos 20 compañeros. No hay producción, hay compañeros haciendo algunas tareas pero no hay trabajo«.

Hoy la planta funciona con personal reducido y gran parte del plantel permanece sin tareas debido al stock acumulado de prendas que no se logran vender.

A pesar del difícil panorama, los trabajadores destacan el esfuerzo de los dueños de la empresa, Sergio y Roxana Todisco, hijos del fundador, por mantener la actividad.

En la empresa nunca dejaron de pagar los sueldos y tienen a todo el personal en blanco y con sueldos mejores que otras textiles. Para sostener parte de la actividad, la empresa comenzó a realizar trabajos de lavado de lana para otras firmas, una estrategia que busca generar tareas y evitar despidos.

Lo que sucede con Textilana refleja un problema más amplio que atraviesa la industria textil argentina.

La caída del consumo interno, el aumento de los costos y la mayor presencia de indumentaria importada modificaron el panorama del mercado. También influyó el crecimiento de plataformas internacionales de venta online que ofrecen prendas a precios difíciles de igualar para los fabricantes locales.

En ciudades con tradición textil como Mar del Plata, el impacto es particularmente visible. La ciudad llegó a tener más de 500 empresas textiles y hoy quedan menos de 100, incluidos pequeños talleres.

Cada vez más personas reciben avisos por movimientos en sus billeteras virtuales. No se trata de un impuesto nuevo, sino de controles más estrictos entre la información financiera y la que cada uno declara ante el fisco.

En las últimas semanas se multiplicaron las notificaciones enviadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el principal organismo fiscal argentino, vinculadas a movimientos registrados en billeteras virtuales. El fenómeno generó inquietud, consultas y temor en algunos casos.

Desde una perspectiva técnica, lo que ocurre no resulta sorpresivo: estamos frente a la consolidación de un modelo de fiscalización digital que el sistema tributario nacional viene desarrollando desde hace años. No implica un impuesto nuevo ni un cambio normativo abrupto, sino que es consecuencia lógica de un sistema financiero donde todos los movimientos quedan registrados.

Se mantiene una percepción extendida, sobre todo entre pequeños contribuyentes y emprendedores, de que las billeteras virtuales exponen menos ante el fisco que el sistema bancario tradicional. Este supuesto ya no se ajusta a la situación actual. Plataformas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y Personal Pay, entre otras, operan dentro del sistema formal y están alcanzadas por regímenes informativos sobre acreditaciones, saldos y volúmenes operativos.

La administración tributaria procesa esa información y, cuando los datos financieros no son coherentes con lo declarado en Monotributo, IVA o Ganancias, el sistema emite alertas. La clave no radica en la herramienta de pago utilizada, sino en mantener la consistencia fiscal.

La fiscalización tradicional era selectiva y posterior; hoy el control es sistémico y casi simultáneo. La tecnología permite cruzar información en volúmenes inéditos. Desde lo técnico, esto representa un cambio estructural: el riesgo fiscal ya no surge solo de inspecciones presenciales, sino de comparar automáticamente bases de datos. En la práctica, significa que la diferencia entre ingresos reales y lo declarado se detecta con mayor rapidez.

Existe debate sobre el alcance de los parámetros utilizados o la necesidad de garantizar los derechos del contribuyente frente a procesos automatizados. Ese diálogo es válido, pero no puede desconocerse que el control digital ya forma parte estable del sistema.

Un problema frecuente: la desactualización fiscal y los cambios en la actividad

En la mayoría de los casos, el conflicto se origina por desactualización de datos o por cambios en la actividad económica no reflejados oportunamente. Por ejemplo: emprendedores que comenzaron con actividad marginal y luego obtienen ingresos regulares; monotributistas que superan parámetros sin advertirlo; personas que cobran servicios mediante billeteras digitales sin formalizar la actividad; transferencias personales mezcladas con cobros comerciales.

El sistema tributario no evalúa la intención de la persona, sino los números: cuánto dinero se mueve, con qué frecuencia y si esos ingresos se repiten. Cuando los movimientos resultan habituales y persiguen un fin económico, la ley los considera actividad gravada. Este principio es básico en materia tributaria.

En ocasiones se cree que una diferencia detectada por ARCA se circunscribe a ese único trámite, pero no siempre es así. La información se comparte y cruza entre organismos. Dado que el sistema tributario argentino es federal, una inconsistencia puede impactar tanto en impuestos nacionales como en tributos provinciales, por ejemplo, Ingresos Brutos.

Pensar que una notificación afecta únicamente la categoría de monotributo resulta una visión incompleta. El análisis debe contemplar todas las consecuencias posibles.

Cuando una diferencia no se corrige a tiempo, puede derivar en exclusiones, ajustes de oficio, intereses y multas acumulativas.

Hoy el control funciona, en gran medida, de forma automática. Los sistemas detectan diferencias a partir de cruces de datos, pero no determinan de manera autónoma si una transferencia fue un préstamo familiar, un movimiento entre cuentas propias o un ingreso gravado si no se encuentra respaldada documentalmente.

Ante una notificación, el contribuyente debe poder explicar y documentar sus movimientos con claridad. No conviene improvisar. Responder sin análisis previo puede implicar reconocer situaciones que requieren más estudio; no responder puede ocasionar ajustes automáticos; regularizar sin planificación lleva a pagar importes mayores a los que corresponderían.

Cada caso es diferente y requiere evaluación técnica. Un error frecuente es suponer que los movimientos pequeños o divididos en montos bajos no generan efectos. Los sistemas no observan una operación aislada, sino los patrones, la frecuencia y los montos acumulados a lo largo del tiempo. No es una transferencia única la que genera alerta, sino la incoherencia entre el total movilizado y lo declarado formalmente.

En la actualidad, los movimientos dejan registro y pueden ser cruzados. Suponer que lo digital es invisible va en contra de la realidad del sistema.

Desde la perspectiva profesional, la mejor estrategia ante este escenario es preventiva. Ordenar la situación fiscal implica revisar periódicamente la categoría de monotributo, evaluar la evolución real de ingresos, separar cuentas personales y comerciales, documentar adecuadamente préstamos o movimientos internos y analizar el impacto en tributos nacionales y provinciales.

La regularización temprana es menos costosa que una corrección posterior. Debatir sobre la carga impositiva o la complejidad normativa resulta legítimo. Sin embargo, el control digital ya es un hecho consolidado.

Hoy el sistema se basa en información y hay una gran cantidad disponible. En este entorno, restar importancia a una diferencia detectada o confiar en que pasará inadvertida puede acarrear consecuencias. La experiencia profesional muestra que, cuando las inconsistencias persisten, con el tiempo se acumulan y el costo resultante es mayor que si se hubieran corregido oportunamente.

No se trata de generar temor, sino de tratar el control digital con seriedad. Hoy el sistema tributario funciona respaldado por el cruce inmediato de información; improvisar aumenta el riesgo. Mantener la situación ordenada, custodiar respaldos y planificar de forma adecuada no se limita a cumplir una obligación formal: protege el patrimonio y la continuidad de la actividad.

La formalidad deja de ser teórica y se convierte en una condición para obtener previsibilidad y estabilidad en el tiempo.

En un contexto donde los sistemas analizan datos de manera automática y masiva, el asesoramiento técnico con criterio profesional sigue siendo la mejor herramienta. Prevenir siempre es más simple y menos costoso que corregir errores tiempo después.

La autora es Contadora Pública, especializada en tributación y docente UBA

La quiebra de Garbarino generó impacto. Es que si bien la empresa atravesaba hace años una profunda crisis, lo cierto es que en algún momento fue uno de los principales vendedores de electrodomésticos de Argentina, con más de 200 sucursales en todo el país.

En la semana, el juez Fernando D’Alessandro concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021 y decretó la quiebra, luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar rescatar la compañía.

Hasta entonces, permanecían abiertos solo tres locales de Garbarino: aunque uno de ellos rara vez levantaba sus persianas. En otro, tal como pudo comprobar iProfesional, el stock era realmente limitado.

Sin embargo, esos artículos que quedaron sin vender, tanto en sucursales como en su casi desactivada página web, tienen contemplado un futuro según reza el auto de quiebra: serán «liquidados», probablemente en una subasta que decida la Justicia, y lo que se recaude irá a parar a manos de los acreedores.

Quebró Garbarino: qué pasará con sus bienes y el stock que quedó sin vender

Según el último informe del síndico, en el marco del concurso de acreedores, durante enero de este año Garbarino vendió solo por $1.769.581,45 en sus sucursales. «No hubo cobro de comisiones por Marketplace», se aclaró.

Informó que al 31 de enero, el stock de mercadería contaba con 1.597 unidades, que «según inventario no fue valorizado». «Hay mercadería obsoleta, y deteriorada con poco valor. Al llevar un extenso tiempo sin compra de bienes de cambio, situación informada en todos los escritos que mensualmente presenta esta Sindicatura la mercadería por su antigüedad no es la buscada por el público», detalló el informe.

Teniendo en cuenta ese informe, y el escaso ritmo de ventas que mantuvo la cadena en sus últimos meses, es de esperar que el stock de mercadería al momento de la quiebra se mantenga en niveles similares a los de fines de enero.

Al respecto, el auto de quiebra del 4 de marzo de 2026 del Juzgado Comercial N.º 7 dispuso entre otras cosas qué sucederá con los activos, mercadería y bienes que tenía la empresa.

En concreto, con la quiebra se activa el art. 106 de la Ley de Concursos y Quiebras, que implica desapoderamiento de pleno derecho. Es decir que Garbarino como empresa pierde el control de todos sus bienes. Desde ahora los maneja la sindicatura bajo supervisión del juzgado.

Esto incluye: mercadería (electrodomésticos, stock); muebles y equipamiento de locales; cuentas bancarias; marcas y activos intangibles; vehículos; inmuebles si hubiera y participaciones societarias

Se deberá realizar un inventario de todos los bienes y se tiene que informar la composición del activo, ubicación de cada bien, estado, gravámenes o prendas y cualquier dato que permita conocer el patrimonio real.

Esto sirve para que luego la sindicatura arme el inventario y la valuación de la quiebra.

Qué pasa con los electrodomésticos y otros bienes

En su resolución, el juez ordenó verificar los locales y depósitos y, si existen bienes, proceder al inventario. Eso significa que se identifican los electrodomésticos que queden, se registran en inventario y luego se liquidan en subasta o venta autorizada por el juez

Pero no será de un día para otro. En los plazos que fijó el juez, detalla en primer paso la verificación de créditos de acreedores, luego el informe individual de la sindicatura (con fecha límite 24 de agosto de 2026), después el informe general (5 de octubre) y recién allí comienza la etapa de liquidación más fuerte de activos.

Qué dijo el dueño de Garbarino luego de la quiebra

Carlos Rosales, el empresario que adquirió la cadena Garbarino en junio de 2020, habló por primera vez de manera pública tras la declaración de quiebra de la histórica empresa de electrodomésticos.

En una entrevista con el diario La Nación, defendió su gestión al frente de la compañía y atribuyó el colapso final a la situación macroeconómica del país, a decisiones del gobierno de Alberto Fernández y a las restricciones que afectaron al comercio durante la pandemia.

El empresario sostuvo que, al momento de la compra, la firma ya atravesaba una situación extremadamente delicada desde el punto de vista financiero. «Compramos una empresa que ya estaba profundamente en crisis. Estaba prácticamente en cesación de pagos y tenía apenas $30 millones de capital de trabajo. La adquirimos cuando nadie la quiso comprar a cambio de un peso y hacernos cargo de la deuda», afirmó Rosales, quien tras la quiebra fue inhabilitado por la Justicia para ejercer el comercio.

Según relató, el diagnóstico inicial que habían realizado sobre el estado de la empresa se agravó con el correr de los meses. «Hicimos un proceso de due diligence en plena pandemia y nos encontramos con un problema mucho más profundo. Pero ya estábamos en el partido y lo íbamos a jugar», señaló.

Rosales explicó que su equipo había elaborado un plan de transformación del negocio, que buscaba adaptar a Garbarino a un esquema más enfocado en logística y comercio electrónico. Entre las medidas previstas se encontraba una reducción significativa de la red de sucursales.

La estrategia contemplaba pasar de unos 140 puntos de venta a cerca de 60 locales, junto con una reorganización de funciones internas para evitar despidos masivos y mejorar la eficiencia operativa. De acuerdo con el empresario, también se había avanzado en la renegociación de deudas con entidades financieras.

«Refinanciamos deuda con los bancos por cerca de $500 millones, con entidades como Banco Santander y Banco Galicia, que equivalía a unos cinco o seis millones de dólares», explicó.

Sin embargo, aseguró que el segundo cierre de actividades dispuesto en abril de 2021, en el marco de las medidas sanitarias, terminó de afectar el proceso de recuperación que intentaba encarar la empresa. «La gestión venía bien, pero cuando un gobierno no tiene reglas claras, te mata. El nuevo aislamiento fue un golpe muy fuerte», sostuvo.

En ese sentido, Rosales consideró que el desenlace podría haber sido diferente bajo otro escenario económico. «Si en la Argentina de 2021 hubieran existido condiciones de seguridad jurídica y estabilidad como lo que hay hoy en el país, ni por asomo Garbarino hubiera quebrado«, afirmó.

Con la quiebra ya decretada, el destino de los activos de Garbarino quedará ahora bajo la órbita del juzgado que encabeza Fernando D’Alessandro. Entre los bienes a liquidar figuran las plantas industriales y las marcas comerciales Garbarino y Compumundo, que podrían generar interés entre inversores.

«Las marcas tienen mucho valor y mucho futuro. Algunos de los fondos que estuvieron mirando la empresa podrían interesarse en relanzarlas», aseguró Rosales.

Lo cierto es que con la quiebra de Garbarino bajó definitivamente sus persianas una marca con más de 70 años de historia, que supo ser líder en ventas de electrodomésticos.