La reducción del gasto público y la obtención de superávit fiscal ha sido hasta ahora la piedra basal de la política económica del gobierno de Javier Milei.

¿De cuánto fue, durante los primeros 26 meses de gestión, la reducción acumulada del gasto (esto es, la diferencia con el gasto que hubiera tenido lugar de mantenerse el ritmo mensual de gasto del año 2023)?

¿Y cuáles fueron los principales destinos de ese ahorro de recursos públicos, además del más inmediato, que fue la eliminación del déficit?

A esas preguntas buscó responder un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), del economista Nadin Argañaraz, que planteó cinco preguntas o ejes, a saber:

1- ¿Cuánto bajó el peso relativo del gasto público nacional?

Entre el acumulado de los últimos doce meses (a febrero 2026) y lo que el estado nacional gastó en los doce meses de 2023 hay una caída neta equivalente a 5,2 puntos porcentuales, pues el gasto pasó de 19,5 al 14,32% del PBI, lo que supuso un ajuste del 26,5% en el gasto. “Que esta enorme caída se haya dado en tan solo dos años implica un gran ajuste económico de corto plazo sobre el flujo económico”, dice el trabajo. A eso debe sumarse, prosigue, una baja del peso relativo del gasto anual en intereses de deuda.

Más allá de controversias sobre esa medición, “lo real hoy en día es que el gasto anual en intereses (sobre la línea) pasó de representar un 1,7% del PBI en el acumulad a diciembre de 2023 a1,2% del PBI en el acumulado de los últimos 12 meses. “Entonces, si a la baja de 5,2 puntos porcentuales del PBI del gasto público primario se suma la baja de 0,5 puntos del gasto en intereses, la baja del gasto total fue de 5,7% del PBI.

2. ¿A qué baja de presión tributaria equivale la reducción del gasto ejecutada hasta ahora?

La baja efectiva anual del gasto público primario realizada hasta ahora equivale a la suma de la eventual eliminación impuesto al cheque, de las retenciones a la exportación, del 50% de la recaudación de ingresos brutos de las provincias y de la efectiva eliminación del impuesto PAIS. Otra forma de decirlo, señala el estudio, es que la baja acumulada del gasto “equivale al 70% de la recaudación de los impuestos más distorsivos que existen en la Argentina”. Eso implica, agrega, que la reducción ejecutada, “más allá de su grado de sostenibilidad, es muy significativa”.

3. ¿A qué se destinó la baja del peso del gasto público nacional de los últimos dos años?

De los 5,7 puntos porcentuales en que se redujo el gasto público, 4,6 puntos se destinaron a eliminar el déficit y a generar un superávit de 0,2 puntos. Al respecto, dice el Iaraf, el 78% de la reducción del gasto financió la eliminación del déficit, el 4% a generar superávit, el 9% a financiar la pérdida de ingresos no tributarios y el 9% restante a financiar la baja de la presión tributaria.

4. ¿Qué surge del análisis de la evolución del peso del gasto durante los últimos 26 meses?

El cálculo de la reducción acumulada del peso relativo del gasto público primario nacional en 26 meses arroja una baja equivalente a 10,4 puntos del PBI, que sumando la baja en intereses llega a 11,1 puntos porcentuales acumulados.

5. ¿Cuál fue, en dólares y en pesos, la reducción acumulada de gasto público?

Aquí, el análisis más revelador es la reducción del gasto total nacional durante los últimos 26 meses (diferencia mensual acumulada entre el gasto promedio mensual de 2023 y el gasto mensual de los últimos 26 meses). Ese ejercicio arroja un ahorro del gasto de 121,8 billones (millones de millones) de esos en moneda , en pesos de febrero de este año y en dólares en USD 67.000 millones de reducción acumulada del gasto.

El 22 de enero de 2026 fue un día clave para los abogados defensores del Estado argentino en el caso de juicio por la expropiación de YPF.

En el Edificio Harry S. Truman, en el centro de Manhattan, en Nueva York se realizó una reunión clave.

Juicio por YPF: una reunión con funcionarios de Donald Trump fue clave

Los asesores del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, encabezados por Michel Kozak se reunieron con el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford; el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija; el abogado Roberto Giuffra Jr, del estudio jurídico Sullivan & Cromwell y otros importantes funcionarios del Departamento de Justicia, la Secretaría de Estado y la Casa Blanca.

Lo que se buscaba en ese encuentro era saber qué se necesitaba del Departamento de Justicia para buscar lograr revertir el fallo de expropiación de YPF, que condenaba al Gobierno argentino a pagar al fondo Burtford Capital un total de unos 18.000 millones de dólares.

A pedido de Javier Milei, desde que asumió, Oxenford comenzó a trabajar en conjunto con la Cancillería, la Procuración General del Tesoro, y la Secretaría Legal y Técnica.

Oxenford comenzó a armar una especie de grupo técnico y político que funcionaría por la alianza estratégica entre el presidente argentino y su par estadounidense, Donald Trump.

Oxenford explicó a los funcionarios americanos que Argentina podía perder YPF, y que se podía involucrar a todas las empresas de Estados Unidos, ya que el fallo de Loretta Preska creaba un leading case que se podría aplicar Urbi et Orbi.

En ese aspecto, Michael Kozak jugó un papel muy importante para que Estados Unidos apoye a la Argentina.

Kozak que viene de la diplomacia americana se ha desempeñado en varios cargos importantes en el Departamento de Estado. En particular, se ha desempeñado como Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental (2018-2019) y como Subsecretario de Estado para Asuntos de Gestión y Recursos (2019-2021).

En relación con Argentina, Kozak ha estado involucrado en varios temas como la renegociación de la deuda argentina con el FMI, la relación entre Estados Unidos y Argentina en materia de seguridad y defensa, la promoción de la democracia y los derechos humanos en la región Es además considerado un experto en asuntos latinoamericanos y ha trabajado en varias ocasiones con gobiernos de la región.

A Kozak se sumó el subsecretario de Estado, Chris Landau, un funcionario paraguayo que conoce bien a la Argentina y habla español, guaraní e inglés.

Kozak y Landau se pusieron del lado de Argentina, y con su prédica pudieron hacer contactos con el Departamento de Justicia, lo que fue fundamental para lograr que el Departamento de Justicia apoyara la postura del GobiernoaArgentino en la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Por ese motivo, el 18 de marzo pasado la Cámara de Apelaciones suspendió el discovery y el proceso de desacato solicitado por el fondo británico Burtford Capital.

Si bien los jueces de la Cámara de Apelaciones son independientes, la presencia del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de la administración de Trump fortaleció los argumentos del Gobierno de Milei.

En ese fallo la Cámara de Apelaciones de Nueva York le concedió el pedido de la defensa argentina y suspendió el discovery hasta que resuelviera la apelación argentina contra la sentencia de fondo de la jueza Preska.

La suspensión también:

1. alcanzaba a la moción de desacato impulsada por Burford
2. dejaba sin efecto la audiencia convocada por Preska para tratar los supuestos incumplimientos de Argentina en materia de discovery y sus posibles sanciones.

Con este fallo, el Gobierno logró poner fin a los interminables y desproporcionados pedidos de información del fondo Burford Capital, cuyo objetivo, a esta altura, parecía ser el hostigamiento de a nuestro país, más que la búsqueda de activos embargables (spoiler alert: no los hay porque virtualmente todos están amparados por nomas de inmunidad soberana, incluyendo el propio Foreign Sovereign Immunities Act de EEUU).

Algo que es fácil de comprobar cuando se advierte que la Argentina entregó miles de documentos en los dos años transcurridos desde la sentencia y Burford no ha intentado ningún embargo, ni planteado formalmente que algún organismo o empresa estas es un alter ego del Estado nacional.

Burford Capital apelará el fallo en la Corte Suprema: el caso no está definido

Pero, pese a este triunfo rotundo para el Gobierno y para el Estado argentino, el proceso judicial no se encuentra totalmente finalizado en los tribunales de EEUU porque todavía no hay una sentencia firme.

Por su parte el fondo litigante Burford Capital, en un comunicado emitido ayer en Nueva York explicó que «el fallo por YPF es muy decepcionante», y aclaró que analiza llevar el caso a la Corte Suprema de EEUU y al Centro Internacional de Arreglo de Diferencia de Inversiones (CIADI) que depende del Banco Mundial.

«La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York», manifestó aire el CEO de la empresa Christopher Bogart.

El comunicado agrega que «tras la decisión del Segundo Circuito sobre la petición en pleno, suponiendo que los demandantes busquen tal recurso, considerarán pasos adicionales, incluyendo si solicitar una revisión adicional ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Con respecto al impacto financiero, la acción cayó el viernes un 40% en Wall Street. Desde Butford Capital dicen que lo analizarán al detalle y que dará más datos en su informe del primer trimestre.

«La política de valoración de Burford exige una amortización parcial de activos tras una pérdida intermedia en apelación, y esperaríamos que tal amortización no monetaria ocurra aquí, aunque aún no hemos determinado su magnitud e incluiremos esos detalles como parte de nuestro informe del primer bimestre», expresa el comunicado.

Hay que destacar que Burford Capital compró en 2015 el jucio por la deuda de dos empresas del Grupo Petersen de la familia Ezquenazi en poder del fondo Eton Park.

Al Grupo Ezqunazi, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le permitió en 2008 quedarse con el 25% de las acciones de YPF sin invertir un solo dólar, ya que obligó a la española Respsol a darle esa porción de acciones al Grupo Petersen que lo pagaría con los dividendos de YPF con la amenaza de expropiar la empresa algo que finalmente se concretó en abril del 2012.

La idea fue del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien a su vez era vice director de la empresa y del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

En ese entonces el estado se quedó en el 51 % de las acciones en poder de Repsol e ignoró al Grupo Petersen poseedor del 25 % del capital accionario y a los accionistas minoritarios. El problema no fue la expropiación de YPF en su mismo sino como se expropió la empresa al Grupo Repsol donde no se consideraron a otros inversores como el Grupo Ezquenazi ni tampoco a los inversores minoristas.

En la era de la inteligencia artificial y acelerado desarrollo de la tecnología, en la primera mitad del gobierno de Javier Milei, la principal encuesta sociolaboral del país, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) -realizada trimestralmente por el Indec, el organismo oficial de estadísticas-, reveló que el empleo en el segmento de profesionales aumentó en 137.800 personas (11% del total) y el de operarios especializados sumó 161.100 trabajadores (55,7% del total).

En contraste, en el total de personal ocupado en todas las categorías (registrados e informales, asalariados e independientes, sector público y privado), el segmento de técnicos disminuyó en 184.200 personas (representó 16,6%) y el de trabajadores sin calificación en 69.900 personas (16,7% del total).

Esa mejora en la estructura del empleo, acorde con los cambios que se observan en la macroeconomía -orden fiscal y monetario, baja de la inflación, apertura al comercio exterior, desregulaciones- no fue suficiente para evitar que el deterioro del nivel educativo promedio del conjunto de los ocupados, según se advierte en la composición del total de empleados.

Eso no se explica tanto por las calificaciones obtenidas por los educandos, sino principalmente por las dificultades crecientes que enfrentan muchas personas para completar sus estudios, ya que deben dar prioridad a la generación de un ingreso monetario de subsistencia en sus hogares.

Impacto educativo-laboral

Este fenómeno se refleja en un cambio en la estructura de los ocupados por nivel de instrucción: entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, creció la proporción de quienes cuentan con escolaridad primaria incompleta (102.900 personas, 2,7% del total) y quienes tienen primaria incompleta sumaron 45.900. Los que registraron estudios secundarios descendieron en 39.700 (bajó en 258.200 la parcial y aumentó en 218.500 la completa), representando en conjunto el 46% del total.

Entre la población más capacitada, aumentaron en 109.300 los que tienen estudios superiores y universitarios incompletos (15,5% del total), mientras que se redujeron en 173.700 quienes completaron ese nivel (descendiendo a 24,7% del total).

A pesar de este contexto, la productividad media del trabajo creció: al comparar las tasas interanuales del PBI en valores constantes y el empleo, se observa un aumento del 4,9%, de 106,5 puntos a 111,5 unidades. Sin embargo, esta cifra permanece muy por debajo del promedio trimestral (120,9 unidades) registrado entre 2004 y 2023, según la relación entre el nivel de actividad agregada (PBI) y el empleo total.

Una de las consecuencias de ese deterioro de la productividad laboral -en gran parte provocada por el bajo nivel de inversión de las empresas en maquinarias y equipos y moderna tecnología- es la disminución del salario real (variación de la remuneración a menor ritmo que el de la inflación)- en el segmento de trabajadores privados registrados, según el relevamiento del Indec.

Respuesta empresarial y salarial

En respuesta a esta situación, cada vez más empresas -tanto grandes como pequeñas- han incorporado la capacitación previa de los empleados que ocuparán diferentes puestos, con el objetivo de cerrar la brecha existente entre los talentos requeridos por el mercado y los disponibles.

Esta estrategia también busca reducir la brecha salarial y acelerar la disminución de los indicadores de pobreza e indigencia.

El bajo nivel educativo de la fuerza laboral ocupada se corresponde con el aumento sostenido de empleos informales, los cuales suelen ser los de peor remuneración respecto del promedio y han ido en aumento, mientras que los puestos registrados han bajado.

Entre fines de 2023 y el mismo período de 2025, los empleos informales crecieron en 559.000 personas, llegando a 8,2 millones contabilizando asalariados e independientes; en tanto que los puestos registrados se contrajeron en 513.000 trabajadores, descendiendo a 12,9 millones.

Radiografía Indec

La Encuesta Permanente de Hogares del Indec -en los sectores formal e informal- en 31 aglomerados urbanos de Argentina, abarcando más de 30 millones de habitantes representativos del total nacional de 47,7 millones, aportó otros indicadores socioeconómicos.

En el empleo medido por parentesco de la principal fuente de ingreso del hogar, durante los últimos dos años se perdieron 97.100 puestos en el segmento de jefes de hogar (0,9%), situándose en 10,5 millones, caída compensada por subas en otros integrantes del grupo familiar: 21.300 cónyuges, 92.000 hijos y 29.500 otros miembros del hogar.

Por género y edad, el empleo disminuyó en ambos grupos de hasta 29 años: 99.200 en mujeres y 319.700 en varones. Paralelamente, el empleo se expandió en los segmentos de 30 a 64 años y en los mayores de 65 años.

Intensidad y situación del empleo

La EPH también registró cambios en la intensidad del trabajo en el último trimestre de 2025, frente al mismo período de dos años antes. Los subocupados aumentaron en 243.600 trabajadores (10,4%), totalizando 2,6 millones; los ocupados plenos crecieron en 22.250 personas (0,2%), situándose en 11,9 millones; y los sobreocupados disminuyeron en 182.500 personas (2,9%), quedando en 6,2 millones.

Entre los desocupados, el Indec detectó que el aumento de 425.900 trabajadores entre ambos períodos se explicó por un incremento de 346.200 personas con empleos previos (38,6%), alcanzando 1,24 millones, y una suba de 80.100 entre aquellos sin empleo anterior (25,6%), totalizando 393.000 personas.