Según precisan desde el Gobierno, la resolución se tomó luego de una revisión de «datos calamitosos, profundamente desoladores» sobre ambos organismos

19/03/2024 – 13:37hs

El Gobierno confirmó que cerrará otros dos organismos estatales, con lo que habrá una nueva ola de despidos, ya que 900 empleados públicos se quedarán sin trabajo. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

El funcionario ratificó que esta resolución se tomó después de haber revisado «datos calamitosos, profundamente desoladores» sobre ambos organismos que empleaban a 964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados.

«Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9.000 millones de pesos«, subrayó al respecto.

El vocero presidencial alertó sobre «la fiesta que había del gasto público» y planteó que había «160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político«.

Además, advirtió que se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. «La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo», concluyó.

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) fue creado a través del Decreto 729/2022 en el gobierno de Alberto Fernández a finales de 2022. Se trata de un ente descentralizado, con autarquía económica y financiera, que estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, que ocupaba en ese tiempo el cargo de secretario de Agricultura Familiar.

La decisión de cerrarlo se da a solo unas de la denuncia del Gobierno contra el dirigente, a quien acusan de «fraude a la administración pública». Esta denuncia fue presentada por el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, tras detectar que la Oficina Anticorrupción había dictaminado en su contra en un expediente en el que se lo señala por ubicarse como «juez y parte» a la hora del reparto de fondos de ayuda social. Lo acusan de haber entregado partidas millonarias a organizaciones que él mismo dirigía.

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