El Gobierno extendió el periodo de transición energética y mantiene el esquema actual de subsidios a la luz y el gas por seis meses más, mediante la Resolución 384/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa dispuso prorrogar por «un plazo de seis meses, desde el 1º de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados».

La decisión se da tras las evaluaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Energía «en cuanto a la respuesta de los usuarios a la reestructuración progresiva del régimen de subsidios energéticos, todo ello en el marco de la política de déficit cero y desinflación implementada por el Ministerio de Economía».

En ese sentido, se expuso que «las medidas adoptadas por esta Secretaría durante el Período de Transición, tanto en materia de subsidios como en cuanto a la actualización de las tarifas, han tenido efectos positivos sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, a la par que los usuarios van adquiriendo hábitos de consumo más eficientes, en tanto se van transparentando los verdaderos costos de la energía y poniendo límites a los volúmenes de consumo subsidiables».

De los informes técnicos, también se desprende que «la evolución de la cobertura de los precios mayoristas por parte de los usuarios muestra un sendero virtuoso de suma importancia para mantener el equilibrio de las cuentas nacionales, estableciendo reglas claras y aportando previsibilidad al sector privado que le permita planificar inversiones».

De esta manera, las tarifas de luz y gas seguirán teniendo la cobertura actual de subsidios, que comprende la segmentación por niveles de ingresos, hasta abril, cuando el Ejecutivo ponga en marcha un nuevo esquema de subsidios focalizados en el que se encuentra trabajando la responsable del área energética, María Tettamanti.

Al respecto, en el texto oficial, Energía aclaró que «durante este período de prórroga corresponderá avanzar gradualmente con las señales que estimulan el ahorro energético y el cuidado de los recursos naturales por parte de todos los hogares del país, al mismo tiempo que se avanza en una aplicación focalizada de los subsidios que implementa el Poder Ejecutivo Nacional».

En esa línea, precisó que «existen aún ineficiencias en la asignación de los recursos, que distorsionan el objetivo de acompañar a quienes realmente lo necesitan y, en tal sentido, resulta necesario profundizar la ponderación del impacto de las medidas a adoptar a fin de avanzar en forma ordenada, previsible y gradual hacia la reestructuración de los subsidios encomendada a esta Secretaría». 

¿Qué dijo la secretaria de Energía?

María del Carmen Tettamanti adelantó que en el transcurso del mes se lanzará la primera licitación para poner en marcha un plan de expansión de las líneas de transporte de alta tensión. El proyecto inicial se llevará a cabo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y requerirá una inversión estimada en 1.000 millones de dólares.

Durante su participación en el evento Energy Day, la funcionaria explicó que el esquema actual de segmentación en categorías N1, N2 y N3 probablemente se mantendrá en esta etapa de transición, pero la meta final es establecer una tarifa focalizada, similar a una tarifa social. «Queremos que haya un bloque mínimo subsidiado para las personas que lo necesiten, pero que a partir de cierto consumo se refleje el costo real de la producción, transporte y distribución», puntualizó.

Asimismo, Tettamanti destacó la importancia de que este bloque subsidiado contemple las diferencias en las necesidades de consumo según las características climáticas de cada región del país. En el caso del gas natural, este criterio ya se aplica, pero todavía no se ha implementado en la energía eléctrica.

Por otro lado, informó que junto con Osvaldo Rolando ya se comenzó a trabajar en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) quinquenal. Aunque los avances han sido limitados, especialmente en lo referente a las tarifas de gas natural, afirmó que este proceso es esencial. «La tarifa debe ser justa y razonable, cubrir los costos y garantizar una rentabilidad adecuada», concluyó, dejando abierta la posibilidad de realizar esta revisión de manera gradual, tal como se hizo en la RTI de 2017.

Cuando fue consultada por los tiempos para aplicar la RTI, evitó dar fechas y precisiones. «Veremos con qué ritmo se puede hacer. Si se puede hacer de una sola vez o en dos o tres pasos como se hizo en la RTI de 2017. A veces uno tiene muy claro dónde quiere llegar, pero hay que ver en qué tiempo. Es como si uno está en Buenos Aires y quiere llegar a Mar del Plata. ¿En qué tiempo se puede llegar? ¿Tenés una autopista perfectamente asfaltada y tenés un auto último modelo o tenés un camino poceado con un auto que se queda cada dos por tres? Las tarifas tienen que estar determinadas por los principios de la ley. La tarifa tiene que ser justa y razonable, cubrir los costos y garantizar una rentabilidad», sostuvo.