Sin tiempo para un respiro, y con la vista puesta en las elecciones legislativas de octubre próximo, el gobierno de Javier Milei busca instalar otro tema clave en la agenda económica que traerán polvareda: los cambios en materia laboral reclamados por el sector empresarial y resistidos por la CGT.  Desde la óptica oficial, el mercado laboral no está acompañando lo suficiente la recuperación económica, en buena medida por las trabas que persisten en contratos laborales pensados para una estructura productiva de hace medio siglo.

Si bien la reforma laboral de fondo quedará para después de las elecciones, junto con la tributaria y la previsional, en el Gobierno creen que hay margen de maniobra para avanzar con algunos cambios ahora que permitan mejorar las posibilidades de contratación.

Al gobierno aún le quedan dos meses de facultades delegadas, y la intención es hacerlas valer. El que viene buscando instalar el tema de los cambios en materia laboral es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La semana pasada tuvo un cruce con los empresarios de Cicyp, que le habían pedido un sendero claro sobre el futuro de las retenciones, a quienes les pidió que en lugar de pedir bajas de impuestos pensaran en la reducción de gastos, tanto del Estado como del sector privado. Y en sus dos últimas exposiciones ante referentes del sector empresarial, Sturzenegger volvió sobre un tema que lo obsesiona: cómo mejorar los contratos laborales para que se adapten a los nuevos tiempos de la economía, inteligencia artificial incluida.

El funcionario destacó que el presidente Javier «tomó al toro por las astas», y explicó que «con superávit fiscal y sin emisión de dinero no queda otra que una convergencia». En ese sentido, explicó que «no se puede crecer sostenidamente si no se es un país abierto», y se entusiasmó con que «creciendo al 4% anual, en 15 años la Argentina tendría un nivel de ingresos similar al de España». Sturzenegger destacó que se avanza «a una velocidad muy rápida», pero admitió que «empiezan a surgir desafíos interesantes», como la necesidad de una reforma laboral a fondo.

«Argentina tiene una rigidez laboral muy grande, ya que impone el mismo salario en todo el territorio. Un mercado laboral más flexible aumentaría en 15 puntos el nivel de empleo», estimó. Ahí radica uno de los puntos en los que, según creen en el gobierno, habría material para trabajar en la búsqueda de una mejora en los contratos laborales.

«Si uno tuviera negociaciones salariales regionales, y no nacionales, podría incrementar la participación laboral en 15 puntos en las regiones que hoy están fuera del mercado laboral», aseguró. Y reveló que, «antes de que terminen las facultades delegadas habrá importantes novedades«. No está aún claro en qué podría tratar de avanzar el gobierno, pero ya mostró su estrategia con iniciativas anteriores, vetos incluidos, que el Congreso no pudo revertir.

El plan: avanzar con decretos para cambiar algunas leyes laborales

Por eso, en el mercado se especula con la posibilidad de emitir decretos de necesidad y urgencia para introducir cambios en algunas leyes laborales con vigencia a partir del segundo semestre del año. El objetivo sería alentar la creación de empleo, para que las Pymes de animen a tomar personal sin temor a caer víctimas de la industria del juicio.

El debate sobre la reforma laboral se reavivó a partir de su inclusión en acuerdo firmado con el FMI. Es mencionada como una de las tres grandes reformas que se comprometió a encarar la Argentina, junto con la previsional y la tributaria. Es un asunto que está presente en la agenda desde hace tiempo, sobre el cual el gobierno definió varios aspectos vinculados el proyecto de Ley de Bases; algunos de los cuales se aprobaron y otros quedaron, por ahora, congelados.

Al hablar este jueves ante los ejecutivos de finanzas del IAEF, Milei recordó que la cantidad de empleo formal está clavada desde el año 2011 en 6 millones de puestos de trabajo. Dijo que eso se compensó «con aumento en el sector público, bajo esa aberración estúpida de que ‘gobernar es crear trabajo’». «No, gobernar es que la gente viva mejor. ¿Por qué esa frase de «gobernar es crear trabajo» es una pelotudez del tamaño de una casa? Porque entonces, ¿qué hago? Creo muchos empleos públicos. Vamos a volar por los aires. Eso es lo que hacía el kirchnerismo», disparó el presidente.

Sostuvo que «gobernar es generar bienestar; es decir, bajar la inflación, hacer que crezca la economía, que mejoren los salarios reales y que haya menos pobres e indigentes. Dicho sea de paso, nosotros, los desalmados liberales, bajamos la pobreza en menos de un año en 22 puntos. Es decir, sacamos de la pobreza a 10 millones de seres humanos. ¡Qué desalmados los liberales!»

Los especialistas recomiendan al Gobierno instalar la idea de una modernización de las relaciones laborales, porque sostienen que la palabra reforma carga desde hace tiempo con una connotación negativa, que conectan con potenciales pérdidas de derechos, más allá de las intenciones de los actores involucrados. La situación actual es compleja, pues combina cierta rigidez en las modalidades de contratación con altos costos impositivos y previsionales que, entre otros aspectos, influyen en la persistencia de un escenario de informalidad laboral que representa, aproximadamente, la mitad de la fuerza de trabajo del país. Por otra parte, más del 70% del empleo es brindado por las Pymes, para las cuales es muy dificultoso afrontar los costos que exige el trabajo registrado; aunque se ha avanzado otorgando facilidades para promocionar el empleo formal como incentivos fiscales para quienes registren a sus empleados y exenciones de aportes patronales durante los primeros dos años de contratación.

Ante este panorama, sumado al nivel exponencial con que se producen los cambios tecnológicos y el aporte que significa la inteligencia artificial aplicada a las herramientas y a la automatización de los procesos de trabajo, analistas consideran imprescindible que la modernización de las relaciones laborales sea un objetivo presente para el diálogo entre gobierno, sindicatos y empleadores. Especialistas en el mercado laboral consideran que se debería explorar una modalidad que apueste a generar volumen de contribuyentes a través de la reducción de la carga fiscal y la facilidad para la registración del trabajo. Sostienen que ofrecer un costo por empleado menor haría crecer la cantidad de empleadores dispuestos a formalizar a sus colaboradores versus el riesgo de asumir penalidades, juicios e indemnizaciones.

Más juicios laborales

Lo llamativo es que, pese a la reforma de la ley de accidentes laborales, los juicios volvieron a mostrar un rumbo ascendente. La litigiosidad laboral alcanzó un nuevo récord: el Sistema de Riesgos del Trabajo registró 38.406 nuevos juicios en el primer cuatrimestre del año y, de mantenerse esta tendencia, se proyecta que en 2025 se superarán los 132.000 litigios, el nivel más alto de la historia. Los datos fueron difundidos por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que alertó por el fuerte impacto que esta situación genera sobre la estructura productiva, en un contexto de baja sostenida en la accidentabilidad y los fallecimientos laborales.

Es decir, hay menos accidentes laborales producto de las medidas de seguridad que se vienen tomando, pero los juicios no paran de aumentar.

Solo en abril se notificaron 12.593 demandas judiciales, un promedio mensual que supera los 10.000 casos. La comparación con 2019 es contundente: ese año se registraron menos de 68.000 juicios. Desde entonces, la economía creció 6% y el empleo un 5%, pero los juicios lo hicieron un 94%, se quejó Mara Bettiol, presidenta de la UART.

«Es un desfasaje sin lógica. Mientras mejoran los indicadores del sistema, crecen los juicios sin control. Esto afecta la competitividad, el crecimiento y el empleo formal», denunció Bettiol.

También remarcó la desconexión entre el desempeño del sistema y el volumen de litigios: Argentina presenta índices de accidentabilidad similares a los de España y Chile, pero multiplica por 21 y 15, respectivamente, la cantidad de juicios por accidentes laborales. Con una tasa judicial equivalente a la española, en el país se iniciarían apenas 8.200 juicios al año; con la de Chile, serían 5.600. Hoy, ese volumen se alcanza en 20 y 14 días, respectivamente.

Compensación a través de un fondo de cese laboral

Otro de los puntos clave en lo que quiere avanzar el Gobierno es en el del cese laboral. Es uno de los puntos de mayor debate pues el sistema de desvinculación y sus consecuentes indemnizaciones representan un costo relevante para el empleador, y su potencial modificación genera preocupación en gremios y sus representados, que perciben cualquier intento de cambio como una posible precarización y pérdida de derechos adquiridos. Los expertos recomiendan prever un período de transición y de abordaje diferencial para quienes han trabajado la mayoría de su trayectoria laboral con el esquema actual, y acordar un nuevo escenario de compensación a través de un fondo de cese laboral financiado mensualmente para quienes se incorporan al empleo formal.

Consideran central hallar mecanismos que apalanquen la creación de trabajo registrado, especialmente en el mundo de las PyMES, para que los colaboradores tengan la protección social correspondiente y los empleadores una estructura de costos laborales razonable para minimizar los riesgos y promover la generación de empleo. Otro punto es el de las modalidades de contratación, donde el sector empresarial pide impulsar la inclusión de condiciones para las contrataciones a tiempo parcial o por proyecto. Y la alternancia entre el trabajo presencial o vía remoto, basada en el acuerdo de las partes. También mayor flexibilidad en la segmentación de beneficios que le permitan optar al empleado en distintos tiempos de su trayectoria laboral, sin que esto signifique un riesgo de conflicto legal para el empleador por la variación de las condiciones del «paquete» de compensaciones del colaborador.

Según señaló Sturzenegger, el 10 de diciembre se abre una «ventana decisiva: vamos a reactivar la palanca del Congreso para impulsar las reformas libertarias». Entre los ejes estratégicos, el ministro hizo foco en la necesidad de desarticular la rigidez normativa del mercado laboral argentino. Cuestionó el esquema centralizado de negociaciones colectivas de trabajo y lo contrastó con modelos descentralizados como el alemán. «No puede tratarse igual la productividad en Milán que en Calabria. Lo mismo ocurre entre distintas regiones de nuestro país. Nuestro sistema actual desconoce esas diferencias esenciales», remarcó.

Según adelantó Sturzenegger, en lo que se está pensando es en ofrecer un marco legal para que los privados definan condiciones laborales según su realidad productiva. Pero también destacó la urgencia de modernizar el sistema educativo, cuestionando las restricciones actuales al acceso digital en el ámbito público. «Tenemos una educación pública que no puede ofrecer contenidos digitales porque está prohibido hacerlo. Esto es insostenible en la era del conocimiento», advirtió.

Sturzenegger aseguró que el objetivo de este gobierno es diseñar un Estado más chico, más barato y con menos impuestos. «La motosierra sigue a full. Hemos dispensado 45 mil personas del Estado, lo que nos ahorra 2.000 millones de dólares menos de impuestos anuales». Ese Estado «más chico y eficiente» es el que permite, según su lógica, la baja de impuestos, que a su vez posibilitará que Argentina crezca a un nivel más acelerado.

El flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, respaldó las recientes medidas del gobierno en materia de política industrial, pero advirtió que ersisten desafíos estructurales que requieren reformas profundas, especialmente en el ámbito laboral. «Hay convenios colectivos de los años 70 que ya no reflejan la realidad productiva actual. Tenemos que generar incentivos para contratar, y hoy sucede lo contrario. Hay muchos mecanismos que desincentivan el empleo formal», explicó el dueño de Cerámica Alberdi.

La modernización de las normas laborales es clave

Rappallini explicó que la modernización de las normas laborales es clave para dinamizar el mercado formal de trabajo y reducir los altos niveles de informalidad. Advirtió que si se continúa «con regulaciones pensadas para otro país y otra economía, será muy difícil generar empleo de calidad». El dirigente fabril dijo que los factores críticos son el costo fiscal, laboral y financiero, así como la infraestructura y logística deficientes.

Rappallini alertó sobre el riesgo de desindustrialización y la pérdida de capacidades estratégicas. En referencia a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, advirtió que externalizar la producción significa perder conocimiento y tecnología. «Estados Unidos está empezando a darse cuenta de eso. Argentina tiene que aprender esa lección. Cuando se pierde un sector productivo, se pierde mucho más que empresas: se pierde empleo calificado, innovación y, en definitiva, se empobrece el país», concluyó.

El artículo 79 del capítulo laboral del DNU que había presentado Milei, establecía la extensión de la jornada laboral. La única limitación era mantener un descanso mínimo de 12 horas entre el día de trabajo y el siguiente, pero la Justicia se lo rechazó y ahora en el Gobierno esperan la oportunidad para volver a la carga, tras la elección de medio término. En la Argentina hace rato que se viene hablando de una reforma laboral y la última versión del proyecto oficial fue presentada hace unas semanas en la Cámara Baja por el bloque de La Libertad Avanza.

Uno de los ítems clave tiene que ver con el contrato de trabajo, en un contexto de transformación en el mercado laboral argentino, impulsado por cambios tecnológicos y nuevas dinámicas económicas. Según la dirigencia de la CGT, la iniciativa del Gobierno apunta a dejar de lado derechos laborales fundamentales. Sostienen que va a contramano de la tendencia en Europa, que es reducir la jornada laboral.

Los dirigentes sindicales dicen que en países como Islandia, Bélgica, Alemania o Reino Unido el esquema es de 4 días laborables por 3 de descanso dio como resultado «mucho menos estrés laboral, menos gente con licencias médicas y un mejor clima de trabajo». En Argentina, los convenios laborales determinan una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales, como máximo, y las hay menores. La mayor cantidad de horas en un día son 9. En total, las jornadas no pueden sumar más de 48 horas y los sábados se trabaja hasta las 13. Los feriados, sábados después de las 13 y domingos, las horas deben pagarse el doble. Habrá que ver hasta dónde llegan los cambios que propone el gobierno, pero no quedan dudas de que habrá fuertes tensiones con el sector sindical en un año electoral que va levantando temperatura.