La última prueba de Toto Caputo para fondearse con dólares «sin depender de «Wall Street» dejó, por primera vez, una señal de advertencia sobre si, pese a la elevada liquidez de billetes verdes, el ministro de economía está llegando al límite de la capacidad del mercado local.

Y no faltan, incluso, quienes creen que a Caputo le pueda haber jugado en contra su propio discurso sobre el componente de «riesgo kuka» en la tasa de interés de los bonos que vencen después de 2027.

El viernes, Caputo había celebrado el hecho de que se había generado, otra vez, una fuerte demanda de los inversores locales por bonos en dólares. Se colocaron los u$s150 millones previstos para cada uno de los dos bonos. Y el mayor motivo de festejo fue la nueva caída en la tasa de interés para el título que vence en octubre 2027, que pagó apenas 5,02% anual, cuando en las licitaciones previas la tasa había sido de 5,8% y 5,4%, respectivamente.

Pero el resultado para el bono nuevo, el que vence en 2028, fue más ambiguo. También hubo demanda, pero la tasa de interés fue de 8,5% nominal, algo que Caputo tomó como confirmación de que el mercado sigue con temor a que en las elecciones presidenciales del año próximo pueda haber un regreso del kirchnerismo y que, eventualmente, haya un default o reperfilamiento de estos bonos dolarizados.

Hasta ahí, como reza el eslogan oficialista, «todo marchaba acorde a lo planeado». Pero cuando el lunes se realizó la segunda tanda de licitación, para colocar un adicional de u$s100 millones para cada bono, llegó la sorpresa negativa.

La demanda por el título con vencimiento 2027, es decir el que está totalmente «libre de riesgo kuka», quedó u$s3 millones por debajo del cupo, cuando en las licitaciones anteriores se había excedido la oferta por más de u$s200 millones. Y, en lo que respecta al bono que devuelve el capital en 2028, la demanda estuvo u$s66 millones debajo del cupo.

En definitiva, en una licitación en la que Caputo aspiraba a captar u$s500 millones -sumando dos tandas de ambos bonos-, logró u$s431 millones, un 14% menos que lo esperado. La cifra propiamente dicha no es mala, pero lo que varios analistas están interpretando es que es posible que se esté en un quiebre de tendencia. En otras palabras, que la capacidad de fondearse en dólares con el mercado local entre en fase decreciente.

¿Se terminó el entusiasmo?

Hasta ahora, sumando las tres licitaciones realizadas con los nuevos bonos, el Tesoro captó u$s931 millones, sobre un total de u$s2.000 millones que anunció que buscaría a lo largo del año, con el objetivo de financiarse para hacer frente al calendario de vencimientos de deuda.

En particular, preocupaba al gobierno el abultado vencimiento de julio, cuando haya que cancelar capital más intereses por u$s4.200 millones.

Y el relativo mal resultado del bono 2028 -se demandaron u$s184 millones ante una oferta de u$s250 millones, y los inversores pidieron una tasa que excede en 3,48% la pactada por el bono 2027- deja una nota de duda respecto de si Caputo querrá volver a emitir este título dentro de dos semanas o si considerará que el costo del «riesgo kuka» no vale la pena.

Por lo pronto, lo que está claro es que la liquidez en dólares del sistema bancario sigue siendo elevada, con depósitos por u$s40.000 millones, y de los cuales apenas la mitad fue colocado en créditos.

Pero si se necesita una prueba incontestable de que hay apetito por activos a comprar con dólares, el mismo día del segundo tramo de la licitación hubo una salida al mercado de una nueva Obligación Negociable corporativa, que despertó fuerte interés. En este caso, se trata de Pampa Energía, que consiguió u$s200 millones, a una tasa de 5,49% anual, con un vencimiento a 36 meses.

El cálculo de los analistas es que, desde las elecciones legislativas de octubre hasta ahora, ya superan los u$s12.000 millones las emisiones de crédito corporativo y de deuda de los gobiernos provinciales.

Un argumento de doble filo

Ante esa situación, en el mercado se está planteando el debate sobre si Caputo hizo bien en lanzar su bono 2028, o si el resultado de ese test se pudo haber transformado en un efecto boomerang.

Así lo plantea la consultora Outlier: «El argumento del ‘riesgo kuka’ para explicar esa situación es un arma de doble filo, porque implica reconocer que el mercado asigna una probabilidad significativa no solo a la no continuidad de la actual administración, sino a un quiebre y reversión abrupta del enfoque por la misma impulsado».

Lo cierto es que hay muchos analistas que coinciden en que la licitación no salió bien para el gobierno, y no necesariamente por las cifras, sino por el mensaje tácito que devuelve el mercado. Básicamente, que la confianza sobre la estabilidad del modelo económico es de corto plazo.

El propio Caputo hizo el cálculo. Estableció que el «riesgo país Milei» es de apenas 117 puntos básicos. Ese es el número que surge de restarle a la tasa del bono argentino -5,02% en la licitación de este viernes- el costo de la tasa de referencia mundial, que ronda el 3,8%. Para el gobierno, esa tasa no sólo es baja porque lleva implícito un riesgo país muy inferior al que mide el índice de JP Morgan a nivel mundial -en torno de 600 puntos- sino que, además viene en franco descenso.

En contraste, el riesgo país a octubre de 2028 fue calculado por Caputo en 460 puntos. Y la «tasa forward» -como se denomina en la jerga financiera a la diferencia de interés entre dos momentos futuros, en este caso octubre de 2028 versus octubre de 2027- equivale a una tasa nominal anual de 14,09%.

La parte mala para el gobierno es que, detrás de la chicana al kirchnerismo, hay un reconocimiento de que el mercado sigue viendo una probabilidad relativamente alta de un quiebre de rumbo económico y de un cambio de signo político tras las elecciones del año próximo.

Afuera, tasas prohibitivas

Para el corto plazo, el interrogante que dejó esta licitación es si Caputo podrá completar su plan original de tomar u$s2.000 millones del mercado argentino y pagar una tasa en torno al 5% anual. De ello depende, en buena medida, la continuidad de la estabilidad cambiaria y la cotización de los bonos de deuda soberana.

Si hoy el ministro tuviera que pedir crédito en el mercado financiero global, debería pagar una tasa anual de más de 9%, que sería el resultado de la tasa de referencia, más el índice de 600 puntos que mide hoy Argentina tras la turbulencia global generada por el conflicto en Medio Oriente. En otras palabras, una tasa prohibitiva.

El nuevo secretario de Finanzas, Federico Furiase, intentó llevar calma al mercado al afirmar que ya está asegurada la cantidad de dólares necesaria para cumplir con los vencimientos de deuda del año. Sin embargo, por un mix de factores internos y externos, el índice de riesgo país argentino sigue firme en su tendencia alcista, y se ubica en 630 puntos.

La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó este martes su preocupación ante la decisión judicial de suspender de manera cautelar una parte sustancial de la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral. A través de un comunicado oficial, la entidad fabril reclamó la necesidad de contar con “reglas claras, previsibles y estables” para fomentar la inversión y el empleo formal, al tiempo que advirtió sobre el impacto negativo que la incertidumbre normativa genera en el clima de negocios.

La postura de la central empresarial se produjo tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el lunes dispuso frenar la aplicación de 83 artículos de la norma que había sido sancionada por el Congreso Nacional y publicada en el Boletín Oficial el pasado 6 de marzo. Según la UIA, la suspensión de los efectos de una ley aprobada democráticamente debe ser el “último recurso del orden jurídico” y no el primero, como consideran que ocurrió en esta instancia.

La posición de la industria ante el freno judicial

En su pronunciamiento, la entidad que preside Martín Rappallini subrayó que la Ley de Modernización Laboral fue sancionada por “amplia mayoría” en el Poder Legislativo. En ese sentido, la UIA sostuvo que el respeto por la división de poderes y por las leyes aprobadas es un pilar esencial para la seguridad jurídica y el funcionamiento de la economía.

“La persistencia de la incertidumbre normativa debilita el clima de negocios y retrasa las decisiones productivas”, indicó el documento oficial de la institución. Para los industriales, la vigencia de los marcos legales que buscan modernizar el sistema laboral es fundamental para acompañar el desarrollo del país y mejorar la competitividad de los sectores productivos.

La preocupación empresarial radica en que la cautelar retrotrae las condiciones de contratación y gestión de recursos humanos al esquema previo a la reforma, en un contexto donde el sector privado buscaba aplicar las nuevas herramientas previstas en la Ley 27.802. Según la UIA, Argentina requiere de un escenario normativo que promueva la inversión y el empleo formal, objetivos que, a su criterio, se ven obstaculizados por la suspensión de los 83 artículos.

El origen del conflicto: la presentación de la CGT

La suspensión provisional de la reforma laboral fue el resultado de una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La central obrera, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la nueva ley.

En su demanda, la CGT argumentó que los cambios introducidos por la Ley 27.802 afectaban principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Entre los puntos señalados se encontraban el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

El juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, hizo lugar al planteo y dictó una medida innovativa para mantener el “status quo”. El magistrado consideró que la aplicación inmediata de las normas impugnadas, antes de una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, podría causar “daños irreparables” a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Los puntos clave suspendidos por la Justicia

El fallo judicial frenó una serie de modificaciones estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744 y otras normas complementarias. Entre los artículos suspendidos se encuentran los siguientes:

1. Ámbito de aplicación (Art. 2 LCT): La reforma buscaba excluir del régimen general a empleados públicos, personal de casas particulares, trabajadores agrarios y, fundamentalmente, a prestadores independientes de plataformas tecnológicas.
2. Presunción de contrato de trabajo (Art. 23 LCT): La nueva ley establecía que la presunción de relación laboral no aplicaría en contrataciones de obra o servicios profesionales con facturación, punto que fue suspendido.
3. Indemnizaciones y fondo de cese (Art. 245 LCT): Se frenó el nuevo cálculo de indemnización por despido sin causa y la posibilidad de sustituir dicho esquema por un fondo de cese laboral similar al del sector de la construcción.
4. Jornada laboral y banco de horas (Arts. 197 bis y 198 LCT): La justicia suspendió la posibilidad de pactar regímenes de compensación de horas extra y bancos de horas por escrito entre empleador y trabajador.
5. Teletrabajo: Se dejó sin efecto la derogación de la Ley N° 27.555, manteniendo así la vigencia del marco regulatorio específico para el trabajo a distancia.
6. Relación de dependencia en servicios eventuales y tercerización (Arts. 29 y 30 LCT): La reforma limitaba la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias y principales, cambio que ahora quedó en suspenso.

Además, la medida cautelar alcanzó a artículos que regulaban la irrenunciabilidad de derechos (Art. 12 LCT), el principio de la norma más favorable (Art. 9 LCT) y la actualización de créditos laborales en juicios (Art. 55 de la Ley de Modernización Laboral), los cuales debían calcularse por IPC más un 3% anual.

Argumentos del Estado y repercusiones sindicales

Frente a la demanda de la CGT, el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro de la Nación, defendió la validez de la reforma. El Gobierno sostuvo que los cambios legislativos respondían a una política pública orientada a la inserción internacional, la atracción de inversiones y el fomento del empleo formal. Asimismo, cuestionó la legitimación de la CGT para representar a la totalidad de los trabajadores en una acción de este tipo.

Sin embargo, el tribunal reconoció la legitimación colectiva de la central obrera y priorizó la protección de los derechos que podrían verse vulnerados durante el tiempo que demande el proceso judicial.

Tras conocerse el fallo, referentes sindicales expresaron su satisfacción. Héctor Daer, secretario de Sanidad y cotitular de la CGT, señaló que la justicia puso un “límite constitucional” a la reforma y destacó que la cautelar permite analizar el derecho de fondo preservando la paz social. Por su parte, Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central y titular de UPCN, calificó la decisión como un “gran paso adelante” frente a lo que denominó una “pseudo-modernización”.

El Indec publicó este martes los datos de pobreza del segundo semestre de 2025 y el promedio nacional fue 28,2% en centros urbanos, el nivel más bajo en siete años. El Gobierno de Javier Milei celebró el número como un logro. Pero el dato esconde una realidad mucho más compleja.

La Argentina tiene ciudades donde la pobreza roza el 50% y otras donde apenas supera el 9%. Una brecha territorial que el promedio nacional oculta.

El informe del Indec releva 31 aglomerados urbanos a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Esos datos sirven para proyectar la situación al total del país. Y muestran una radiografía desigual.

La ciudad con casi 50% de pobreza y las otras con más del 30%

La ciudad con el peor número fue Concordia, Entre Ríos. En el segundo semestre de 2025 registró 49,9% de pobreza. Casi la mitad de su población urbana es pobre.

El dato representa una leve mejora respecto al primer semestre del mismo año (49,2%), pero está muy por debajo del 57,1% que marcó los últimos seis meses de 2024. Para fines del año pasado, el total de concordienses pobres alcanzó las 83.268 personas.

La única otra ciudad que superó el 40% fue Gran Resistencia, con 42,2% de pobreza.

Además de Concordia y Resistencia, otras 11 localidades quedaron por encima del 30% de pobreza. El listado completo muestra la dimensión del problema en el interior:

• La Rioja: 36,7%
• Catamarca: 35,7%
• Gran San Juan: 34%
• San Nicolás-Villa Constitución: 33,8%
• Rawson-Trelew: 32,9%
• Partidos del GBA: 32,6%
• Gran Mendoza: 31,9%
• Gran La Plata: 31,5%
• Corrientes: 31,3%
• Gran Paraná: 31,1%
• Gran Santa Fe: 30,6%
• Gran San Luis: 30,1%

El resto de las ciudades relevadas superó el 20% de pobreza. La única excepción fue la Ciudad de Buenos Aires, con apenas 9,6%.

A nivel regional, la Patagonia mostró el mejor desempeño con 25,4% de pobreza. Le siguió muy de cerca la Región Pampeana, con 26,2%.

Las zonas con peores números fueron el Noreste (32,7%) y Cuyo (32,3%). El Noroeste quedó en 28,4% y el Gran Buenos Aires -que incluye Ciudad y GBA- marcó 28,3%.

Indigencia: Concordia y Resistencia también lideran

Concordia y Gran Resistencia fueron las únicas localidades que superaron los dos dígitos en indigencia: 13,6% y 13,2%, respectivamente.

Gran Santa Fe, que había registrado 30,6% de pobreza, ocupó el tercer lugar en indigencia con 9,3%. Le siguieron Gran La Plata (9%), San Nicolás-Villa Constitución (8,9%) y Gran Paraná (8,8%).

Los partidos del GBA quedaron en 8% de indigencia. Santa Rosa-Toay marcó 8,7%.

En el extremo opuesto, las tres ciudades con menos indigencia fueron Río Cuarto (3%), Neuquén-Plottier (2,7%) y la Ciudad de Buenos Aires (2,6%).

La brecha entre Concordia y CABA es contundente: en la capital del país hay cinco veces menos indigencia que en la ciudad entrerriana. Y en pobreza, la diferencia es aún mayor.

La pobreza cerró el 2025 en el nivel más bajo en siete años

El INDEC dio a conocer esta miércoles el dato del porcentaje de la población que se encuentra bajo la línea de la pobreza: en el segundo semestre del 2025 se redujo al 28,2%, luego de alcanzar el 31,6% en la primera mitad del año pasado. También representó una fuerte baja con relación a la segunda mitad del 2024, cuando había sido del 38,1%.

Es el nivel más bajo de la pobreza desde primer semestre de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3%. El de indigencia, en tanto, también es el más bajo desde ese período: alcanzó al 6,7% de la población.

Se trata de un dato positivo para el Gobierno, en un contexto en el que la economía crece a distintas velocidades: por un lado, sectores como el agro, la energía y la minería traccionan la actividad, otros rubros que demandan más mano de obra como el comercio, la industria y la construcción evolucionan con mayor rezago.

Según INDEC, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 21,0%. Dentro de este conjunto, el 4,8% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 6,3% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 2.145 mil hogares, que incluyen a 8.474.000 personas; y, dentro de ese conjunto, 494 mil hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 1.884.000 personas indigentes.

En tanto que la extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec al total del país de 47,9 millones de habitantes, arroja que la pobreza afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes.

La pobreza en Argentina durante el primer semestre de 2025 se había situado en 31,6%, afectando a cerca de 9,5 millones de personas, según datos oficiales del INDEC. Esta cifra representó una disminución de 6,5 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2024 (38,1%), marcando el valor más bajo desde 2018.

De esta manera, con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en loshogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, no se observaron variaciones estadísticamente significativas.

Dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de accedera la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios,se observó que, con respecto al semestre anterior:

• En promedio, el ingreso total familiar aumentó 18,3%. Las canastas regionales promedio aumentaron 11,9% (CBA) y 11,3% (CBT).
• Los ingresos en el período estudiado aumentaron a un nivel superior tanto con respecto a la CBT comoa la CBA.
• Así, ambas tasas, pobreza e indigencia, presentan una disminución en el presente semestre conrelación al semestre anterior.

Cómo impactó la pobreza, según la edad y la región

En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que 41,3% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza.

El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 32,6% y 24,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 9,7% de las personas se ubicóbajo la LP.

A nivel regional la incidencia de la pobreza en personas se ubicó en un 28,3% para Gran Buenos Aires, en 32,3% para Cuyo, 32,7% para Noreste, 28,4% para Noroeste, 26,2% para Pampeana y en 25,4% para Patagonia.

Mientras que la incidencia de la indigencia fue de un 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% para Noreste, 3,8% para Noroeste, 6,2% para Pampeana y 4,0% para Patagonia.En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un descenso de la pobreza de 3,6 p.p., conrespecto al primer semestre de 2025. Mientras que, en los aglomerados de menos de 500.000, lareducción fue de 2,3 p.p. entre los mismos períodos