Con el objetivo de sanear las cuentas públicas y lograr el superávit fiscal, el Gobierno introdujo recortes en todas las empresas que pertenecen al Estado. Por medio de cambios administrativos, reducciones de personal y diferentes estrategias comerciales, la Administración Central logró revertir el rojo de varias compañías. Uno de los casos más emblemáticos es el de Aerolíneas Argentinas, que cortó una racha negativa de 16 años de déficit y ya acumula dos años con superávit operativo. Sin embargo, aún hay una larga lista de empresas que siguen arrojando “números rojos” y que le están costando al Gobierno miles de millones de pesos al año.

Según las estadísticas publicadas por la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, de las 32 empresas no financieras que administra el Estado, 12 tuvieron resultado financiero negativo en 2025. Entre todas registraron un déficit de $328.771 millones en 2025.

En contraparte, hubo 20 compañías con superávit financiero. Entre todas las superavitarias lograron un resultado positivo de 1.231.923 millones de pesos. Así, se deduce que las 32 compañías en forma conjunta dejaron un resultado financiero de $903.152 millones el año pasado.

Aunque el conjunto de empresas le significó al Gobierno un ingreso de más de $900.000 millones, los déficits de 12 compañías siguen estando y sus balances mueven la aguja de las arcas del Estado.

De acuerdo con los datos oficiales, la empresa con peor resultado fue Operadora Ferroviaria S.A., que registró un déficit financiero de $109.725 millones en 2025. Esta compañía, tiene a su cargo la prestación de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, en todas sus formas. Se encuentran bajo su órbita las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento, General Mitre (incluye Servicio Maipú – Delta Ex Tren de la Costa), General San Martín, General Roca y Belgrano Sur, además de servicios regionales y de larga distancia.

Durante 2024, la empresa había logrado un resultado financiero positivo de 81.537 millones de pesos. Sin embargo, en 2025 la situación se revirtió debido a un aumento de las erogaciones corrientes, que se conforman casi en su totalidad por los gastos de operación de la empresa, y en menor medida, un incremento de los gastos de capital, compuestos por la Inversión Real Directa.

Otro caso relevante dentro del sector ferroviario es la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), mejor conocida como Trenes Argentinos, cuyo déficit financiero ascendió a $85.603 millones el año pasado. ADIF es la responsable de la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en todo el país, incluyendo vías, estaciones y sistemas de señalización. El informe de la Oficina Nacional de Presupuesto detalla que el desequilibrio responde principalmente al aumento de los gastos de capital de la empresa, los cuales se componen en su totalidad por la Inversión Real Directa, que incluye la realización de obras de señalamiento, vías, pasos a nivel, obras civiles, entre otras.

Por su parte, Belgrano Cargas y Logística S.A., reportó un rojo de 41.925 millones de pesos. A pesar de los esfuerzos por incrementar el tonelaje transportado, la estructura de costos fijos y la necesidad de reparaciones en ramales estratégicos superaron los ingresos genuinos de la compañía. Cabe señalar que, por medio del Decreto 67/2025, se autorizó el procedimiento para la privatización total de la empresa mediante la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio, bajo la modalidad de remate público para la venta del material rodante, y a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles aledaños, y el uso de los talleres ferroviarios.

Fuera del ámbito ferroviario, Casa de Moneda S.A.U. presentó un déficit de $37.554 millones en 2025. La empresa encargada de la impresión de billetes, acuñación de moneda y confección de documentos de seguridad vio afectado su balance por la caída en la demanda local de servicios de impresión. Cabe destacar, que mediante el Decreto 442/2025, el Estado reasignó funciones y transfirió ciertas actividades como pasaportes, instrumentos de control fiscal y otros servicios, a otros organismos estatales.

En tanto, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), la prestataria de servicios de agua potable y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, cerró el ejercicio con un saldo negativo de 18.001 millones de pesos. Si bien la empresa implementó un proceso de adecuación tarifaria, los gastos corrientes se incrementaron 53,5% y sus recursos de capital se redujeron 60,5%, lo que condicionó el resultado financiero total. Es importante señalar, que a través del Decreto 494/2025 se habilitó la venta del 90 % de las acciones que el Estado posee en la empresa, por lo que también va en dirección a ser privatizada.

En la lista de las doce compañías que arrojaron saldos negativos durante el ejercicio 2025 también se encuentran Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), con un déficit de $17.044 millones; la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (Fadea), con $16.137 millones; y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (Decahg), que sumó un rojo de $1.613 millones. Asimismo, registraron pérdidas financieras FFMM, con $652 millones negativos; Constructora de Viviendas de la Armada (Coviara), con -$236 millones; Radio y Televisión Argentina (RTA), con un déficit de $141 millones y Tandanor, con un saldo negativo de 140 millones de pesos.

El proceso de ordenamiento de las cuentas públicas tuvo un correlato directo en la nómina salarial de las empresas estatales. Según los anexos del informe de la Secretaría de Hacienda, la dotación total del subsector de empresas públicas no financieras se redujo de manera considerable durante 2025. Las tres compañías con mayor recorte en su dotación de personal fueron Operadora Ferroviaria, Correo Argentino y Casa de Moneda.

La primera (Operadora Ferroviaria) despidió en el último año a 2.404 trabajadores, pasando de una planta de 22.585 personas a 20.181 empleados. En lo que respecta al Correo, los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto indican que hubo un recorte de 663 personas, mientras que Casa de Moneda redujo su personal de 1.260 a 723 personas (537 menos).

En el extremo opuesto de la balanza, tres compañías estatales se destacaron por aportar los mayores saldos positivos al consolidado general del subsector, logrando cubrir sus gastos operativos y de capital con ingresos propios o transferencias específicas.

El mejor resultado financiero del año 2025 correspondió a Energía Argentina S.A. (Enarsa), que reportó un resultado financiero positivo de 324.024 millones de pesos. En este sentido, cabe señalar que durante el ejercicio 2025 la empresa recibió transferencias de capital de la Administración Nacional por 345.063,8 millones de pesos.

En segundo lugar, el Correo Oficial de la República Argentina registró un superávit de $248.673 millones. Por último, la Administración General de Puertos (AGP) registró un saldo positivo de 212.555 millones de pesos.

Tras una sucesión de reuniones que se desarrollaron en los últimos días, finalmente el Gobierno dio el paso y acordó la adquisición de helicópteros UH-60 Black Hawk aún operativos en los Estados Unidos. En concreto, se prevé una compra inicial de 4 aeronaves, pero con la perspectiva de luego incrementar ese número a 10. La novedad fue confirmada por el Ministerio de Defensa, que además anticipó que ampliará la incorporación de Vehículos de Combate Blindado a Ruedas (VCBR) 8×8 M1126 Stryker. En cuanto a la cotización de los Black Hawk, se estima que, en tanto usados, el valor por unidad se ubicará por encima de los 2 millones de dólares. Además de la adquisición de los aparatos, también se pactó la incorporación de armamento para esas unidades y cuestiones ligadas al entrenamiento de las tripulaciones en ese sistema de armas.

La operación en cuestión fue notificada por la cartera de Defensa a través de su espacio en redes sociales. Así, se indicó que la adquisición se abrochó «en el Pentágono» y a partir de encuentros de los que tomó parte «el Ministro @TGCarlosPresti» y el «Subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y la Seguridad de las Américas, @jmhumire», además del «Asistente Especial del Presidente y Director Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), Michael Jensen».

«En línea con la política de relacionamiento con Estados Unidos impulsada por el Presidente @JMilei, seguimos profundizando la cooperación en defensa para modernizar nuestras Fuerzas Armadas», indicó la dependencia.

Se incrementa la integración militar con Estados Unidos

Para luego ampliar: «Se acordó incrementar la cantidad de vehículos blindados Stryker e incorporar helicópteros Black Hawk, un salto cualitativo que fortalece la resiliencia nacional. También se destacó el rol de los aviones P-3 Orion en el control de nuestros recursos y la necesidad de consolidar capacidades navales que aseguren la soberanía en el mar».

«Además, analizaron la evolución del proyecto F-16 y su impacto operativo para la Argentina y la región. En un contexto donde nuestro país asume un rol cada vez más activo, abordaron la defensa regional y la necesidad de profundizar la integración y la colaboración», añadió Defensa.

La intención oficial es que las primeras aeronaves arriben a la Argentina antes de que concluya el año. Además de su capacidad de fuego, el Gobierno confía en que podría utilizar unidades Black Hawk para guerra electrónica, búsqueda y rescate, guerra antisubmarina, evacuación médica, operaciones especiales y, por supuesto, ataque, entre otros potenciales roles.

Con relación a la disponibilidad de helicópteros, la plataforma especializada Zona Militar señala que tanto la Aviación del Ejército de los Estados Unidos como la Guardia Nacional de ese país se encuentra en un proceso de reestructuración de sus unidades. Y que ese proceso implicaría el recorte de al menos 200 Black Hawk.

«El pase a retiro de más de 200 ejemplares de esta variante previstos para el 2026 podría abrir una ventana de oportunidad para Argentina, con la posibilidad de una transferencia en caliente, por ejemplo», indicó la fuente.

«Pese a que el UH-60L no es la versión más actual del Black Hawk, es la que podría estar disponible en el corto plazo si dejamos fuera de la ecuación al UH-60A. Si pasamos a considerar aeronaves nuevas, las opciones son el UH-60M o el S70i, este último modelo que fue oportunamente evaluado por la Aviación de Ejército», añadió.

A cuánto cotizan los Black Hawk que vende Estados Unidos

En cuanto a los costos por helicóptero, en artículos anteriores iProfesional expuso que la cotización superaría los u$s2 millones por aparato.

El año pasado se informó que los Black Hawks en cuestión serían, como se dijo, parte de un remanente de 51 UH-60L que la Armada de los Estados Unidos anticipó que quitaría de servicio.

«El excedente de Black Hawks del Ejército de EE.UU. será ofrecido a través de los distintos programas que el Departamento de Defensa mantiene para la enajenación de material y armamento», detalló este medio. Por último, resta decir que los helicópteros estadounidenses que pasarán a la Argentina recibirán una actualización por parte de la firma hebrea Elbit Systems.

La discusión sobre la presión impositiva que enfrenta la industria automotriz volvió al centro de la escena en un momento en que las exportaciones no logran recuperarse y la producción continúa por debajo de los niveles del año pasado. En ese contexto, el Gobierno avanzó con una definición que el sector esperaba: un esquema para reducir de manera gradual la carga de impuestos sobre los envíos al exterior.

El equipo económico tiene listo el decreto que dispone una baja gradual de las retenciones a la exportación de autos, una medida que ya se le comunicó a las terminales nucleadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Sin embargo, y aunque la decisión está tomada, su oficialización depende de una variable central: el resultado de la recaudación tributaria correspondiente a marzo, según indicaron a Infobae fuentes oficiales y privadas.

Se desconoce cuál es el número que esperan, pero lo cierto es que los ingresos vienen en caída en términos reales desde los últimos siete meses. Ocurre que a la baja de gravámenes, como el impuesto PAIS, las retenciones y los aranceles a la importación -y ahora desde abril, también el fin del impuesto a los autos de lujo- se suma la caída en los niveles de actividad, que impacta directamente en la recaudación.

En febrero, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las tres fuentes de ingresos tributarios –DGI, Aduana y Anses– recaudaron en conjunto $16,23 billones, lo que implica una suba nominal de 20,1% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los precios aumentaron 32,4% en el mismo período. Es decir, hubo una caída en términos reales. Si la tendencia continúa en marzo, el Ejecutivo demorará el decreto que mantiene en vilo a toda la industria automotriz.

Según indicaron fuentes del sector, que les informó Economía, el esquema diseñado contempla una reducción progresiva del derecho de exportación, que hoy se ubica en 4,5%, hasta alcanzar el 0% hacia fines de 2026. La iniciativa forma parte de una agenda orientada a mejorar la competitividad de la industria automotriz, en un contexto en el que las exportaciones continúan con desempeño débil.

Actualmente, los vehículos exportados desde Argentina tributan un derecho de exportación del 4,5% y reciben un reintegro del 7%, mientras que en el caso de las autopartes —como las cajas de transmisión— no se aplican retenciones y el reintegro alcanza el 5,5%. Este esquema se mantiene vigente y constituye uno de los puntos de discusión entre el sector privado y el Gobierno. En el caso de que se eliminen gradualmente los derechos, los reintegros se mantendrán, ya que tienen que ver con todos los tributos que hay sobre la cadena de valor y el objetivo es exportar menos impuestos.

En las terminales automotrices sostienen que la carga fiscal continúa siendo un factor determinante en la pérdida de competitividad frente a otros países de la región. En ese marco, la reducción de retenciones aparece como una herramienta directa para mejorar las condiciones de exportación y recuperar volumen.

De acuerdo con estimaciones de la industria, la eventual eliminación del tributo podría generar un incremento de entre 20.000 y 25.000 unidades adicionales destinadas a exportación. Ese aumento impactaría también en los niveles de producción, en un contexto marcado por caídas interanuales tanto en fabricación como en ventas externas.

Los datos más recientes publicados por Adefa reflejan esa situación. Durante febrero se fabricaron 29.632 vehículos, lo que representó una suba del 41,1% respecto de enero. Sin embargo, la comparación interanual mostró una caída significativa del 30,1% frente a las 42.419 unidades producidas en el mismo mes de 2025.

En el acumulado del primer bimestre, la producción totalizó 50.630 unidades en 36 días laborales, con un promedio de 1.406 vehículos diarios. Ese resultado implicó una caída del 30,1% respecto del mismo período del año anterior.

Las exportaciones, en tanto, tampoco mostraron una recuperación respecto del año pasado. En febrero se enviaron al exterior 15.991 vehículos, lo que representó el 54% de la producción mensual. Ese volumen implicó una mejora del 63,9% frente a enero, pero marcó una caída del 28,9% en la comparación con febrero de 2025.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, las exportaciones alcanzaron 25.750 unidades, con una baja del 23,4% respecto del mismo período del año anterior. Estos datos consolidaron la preocupación del sector, que identifica a las ventas externas como el principal desafío.

El desempeño del mercado brasileño también influyó en esa dinámica. Entre enero y febrero, Brasil compró 2.815 vehículos menos que en el mismo bimestre de 2025, un dato relevante para una industria que depende en gran medida de ese destino.

Desde la industria señalaron que la caída de las exportaciones se vinculó con el peso de los costos fiscales sobre la producción local. Aun con la incorporación de nuevos modelos orientados a mercados externos, el volumen exportado no logró sostenerse.

En la exportación de vehículos 0 km, una parte significativa del precio final está compuesta por tributos. Hace dos años esa incidencia se ubicaba en torno al 20% y, si bien hoy descendió a aproximadamente el 13%, todavía se mantiene en niveles elevados. Esta carga impositiva sobre la industria automotriz afecta la competitividad de los autos producidos en el país y complica su inserción en mercados internacionales.

En ese escenario, la baja de retenciones aparece como una de las principales herramientas en evaluación para modificar esa tendencia. El antecedente más cercano fue la suspensión, durante el año pasado, del esquema que contemplaba la eliminación del tributo para exportaciones incrementales, una decisión que respondió a restricciones fiscales.

Hasta el año pasado, estaba vigente un esquema que quitaba las retenciones sobre las exportaciones adicionales que superaran el nivel de operaciones registrado en 2020. Ese umbral se fijó en 137.000 unidades, en línea con la cantidad de vehículos 0 km enviados al exterior en ese año. En la práctica, esto implicaba que las exportaciones hasta ese tope abonaban el gravamen, mientras que las unidades que excedían ese volumen quedaban liberadas del recargo. A modo de referencia, en 2024 se exportaron cerca de 314.000 vehículos, por lo que casi la mitad de ese total se colocó en el exterior sin carga impositiva adicional, un dato nada menor.