La discusión sobre el modelo laboral argentino sumó un nuevo capítulo con la presentación de modificaciones orientadas a los convenios colectivos y el esquema de salarios de convenio. En el contexto del Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,Julio Cordero, brindó precisiones sobre el giro que promueve el Gobierno en materia de relaciones laborales y negociación salarial.

El concepto remite a la posibilidad de habilitar “salarios dinámicos”, una idea que implica un reordenamiento del sistema actual de referencia salarial. En la visión oficial, la estructura tradicional mantiene los salarios de convenio como mínimos garantizados, pero con esto busca que los valores pactados sectorialmente funcionen como topes para los respectivos gremios.

Según los lineamientos presentados por Cordero, los valores fijados en los convenios dejarían de ser “pisos” y pasarían a funcionar como “techos” de referencia. De esta manera, los sindicatos perderían la prerrogativa de utilizar esos montos como el mínimo asegurado para todos los trabajadores encuadrados y, en cambio, cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente.

Actualmente, los salarios básicos que resultan de los convenios representan para los sindicatos un resguardo que se aplica de modo uniforme a los empleados bajo su órbita. Con la reforma, el Gobierno pretende que las partes involucradas flexibilicen los mecanismos de actualización y revisión de ingresos, adaptándolos a la situación concreta de cada sector o firma.

La propuesta oficial también plantea eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, con el objetivo de evitar indexaciones ajenas a la productividad y las capacidades de cada empresa. El titular de la Secretaría de Trabajo expuso este planteo como una alternativa para dotar de mayor competitividad al empleo y para que el esquema de ajustes sea más flexible y realista.

El anuncio se produce mientras distintas entidades empresarias y cámaras patronales reclaman la revisión de las condiciones laborales y de los criterios de determinación salarial. Las reformas propuestas buscarían modificar el “uso rígido” de los salarios de convenio y adecuarlos a los ciclos económicos, permitiendo “actualizaciones dinámicas”, según los vaivenes de la actividad.

Los detalles conocidos hasta el momento muestran que la Secretaría de Trabajo impulsa un modelo donde los convenios colectivos definen rangos y pautas para cada sector, pero establecen montos máximos que las empresas no deben superar. Esto invierte un principio histórico del derecho laboral argentino, donde el convenio actúa como red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado.

La figura de los “salarios dinámicos” implica que el valor convencional sirve como punto de referencia general, aunque habilita a regiones o empresas a negociar condiciones diferentes, siempre en línea con las posibilidades del entorno. El Gobierno plantea que este mecanismo permitiría adaptar los salarios a la realidad de cada unidad productiva, promoviendo la sustentabilidad del empleo formal.

El foco oficial en la productividad marca otro de los cambios que introduce el proyecto. La Secretaría de Trabajo busca asociar la evolución de los salarios con los resultados específicos de cada sector, para evitar que los aumentos funcionen de manera homogénea y desvinculada de la situación económica de cada actividad.

La implementación de los salarios dinámicos abriría la puerta a negociaciones descentralizadas, donde empresas y representantes laborales tendrían margen para acordar mejoras, modificar sumas fijas o establecer mecanismos de ajuste propios. Los gremios, por su parte, podrían insistir en condiciones superadoras, pero sin la obligación de que ese acuerdo se traslade automáticamente a todo el universo de trabajadores representados.

Además, la iniciativa incluye cambios en la validez temporal de los convenios colectivos. El Gobierno plantea acotar la vigencia de las cláusulas económicas, forzando renegociaciones periódicas que se adapten a la evolución del contexto macroeconómico y sectorial.

El debate sobre esta reforma se da en un momento de tensión paritaria y con reclamos de actualización inflacionaria en múltiples sectores. Dirigentes sindicales consideraron que introducir “techos” salariales en lugar de “pisos” constituye una pérdida de garantías para los empleados, al tiempo que consultoras y analistas evalúan el impacto que podría tener la medida sobre la masa salarial registrada.

El secretario de Trabajo detalló que el proyecto no implica eliminar la negociación colectiva, sino dotarla de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno económico. Según Yasín, el objetivo central radica en evitar que la referencia salarial actúe como un elemento distorsivo para las empresas pequeñas o que arrastran dificultades financieras.

La propuesta de “salarios dinámicos” contiene además un apartado destinado a promover la competitividad, incentivando la mejora permanente de las condiciones productivas. De aprobarse la reforma, el paradigma del salario mínimo negociado cambiaría de manera sustancial para los sindicatos, que históricamente lograron que el valor de convenio funcionara como punto de partida de cualquier negociación posterior.

En la actual coyuntura se reconoce un escenario de fuerte dispersión salarial y falta de coordinación entre las distintas ramas y territorios. Esto llevó a que ciertos sectores mantuvieran negociaciones paralelas independientemente de lo que establecen los convenios marco.

Analistas advierten que uno de los desafíos centrales estará en la coordinación para evitar una mayor brecha entre actividades o regiones. El factor regional cobra relevancia porque la dinámica productiva y las condiciones de empleo evolucionan de forma dispar a lo largo del país. En ese sentido, la Secretaría de Trabajo considera viable la descentralización como método para lograr una mayor adaptación.

Las cámaras empresariales manifestaron respaldo a la idea, afirmando que la negociación salarial sectorial resulta incompatible con escenarios de crisis o recesión, donde no todos los actores pueden afrontar los mismos compromisos. El sector empresarial sostiene que la dispersión y flexibilidad de los salarios logra una alineación más directa con la productividad y las necesidades de generación de empleo.

Organizaciones sindicales expresaron reparos por el riesgo de debilitamiento de la protección colectiva y la posible precarización de ciertas condiciones laborales. Desde los gremios sostienen que los convenios han actuado históricamente como resguardo efectivo frente a la inestabilidad y que limitar el “piso” abre la puerta a mayores desigualdades.

El debate sobre los salarios dinámicos continúa abierto y forma parte central de la agenda de reforma laboral que promueve el Gobierno. La iniciativa busca modificar los elementos tradicionales del régimen negociador argentino, con una argumentación centrada en la adaptación, flexibilidad, productividad y competitividad empresarial.

El fondo Burford, principal beneficiario del litigio por YPF, sugirió a la Argentina iniciar negociaciones para resolver la demanda millonaria

22/10/2025 – 18:01hs

A pocos días de una audiencia judicial clave en Nueva York, el fondo Burford recomendó a la Argentina sentarse a negociar en el juicio por la expropiación de YPF. El principal beneficiario de la causa se pronunció para revisar el estado del proceso, que podría extenderse hasta 2027.

La condena asciende a u$s16.000 millones. El reclamo llega antes de la instancia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Burford señaló que el caso YPF sigue rodeado de marcada incertidumbre y «riesgos sustanciales». Estos incluyen futuras actuaciones en tribunales de Estados Unidos y el exterior, apelaciones y procedimientos de ejecución. Advirtió que el proceso «conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total».

El fondo británico envió una señal para abrir el diálogo con el Gobierno. Afirmó que «las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias». Aclaró que, si existen conversaciones para un acuerdo, «no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión».

Juicio por YPF: detalles de la audiencia crucial en Nueva York

La audiencia prevista para el 29 de octubre será un momento determinante en la apelación principal. La Justicia de Estados Unidos condenó a la Argentina a abonar u$s16.000 millones a los fondos que compraron el juicio a los accionistas minoritarios de YPF, expropiada en 2012. Ese día, Argentina tendrá media hora para exponer sus argumentos contra el fallo de primera instancia de septiembre de 2023.

Esta apelación es fundamental para el gobierno argentino, ya que solicita la anulación de la condena y cuestiona el monto fijado por la jueza Loretta Preska. Los demandantes disponen de diez minutos para su apelación, y otros diez para la apelación cruzada condicional de YPF. Burford apeló la decisión de la jueza Preska de excluir a YPF del juicio hace dos años.

El jueves se anunciará el panel de tres jueces que integrará el tribunal. El bufete británico estimó que la resolución podría demorar entre varios meses y hasta un año. Destacó que «no hay plazos fijos para la publicación de los fallos», lo que prolonga la expectativa sobre el desenlace del caso.

Ejecuciones y el llamado a negociar

Mientras la apelación avanza, la Argentina enfrenta múltiples procesos de ejecución por la falta de cumplimiento del fallo. Estos trámites se desarrollan tanto en Estados Unidos como en otros países.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ya declaró que el fallo es ejecutable desde enero de 2024, añadiendo presión. Además, ordenó a la Argentina entregar documentos vinculados a YPF, el Banco Central de la República Argentina, Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales.

El fondo Burford instó a la Argentina a considerar la negociación para evitar un pago sustancial y la prolongación de un litigio con importantes riesgos y costos.

La propuesta llega en un momento crucial, a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que definirá el futuro de la causa.

La cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó un nuevo récord en septiembre gracias a un notable incremento interanual. Ese mes, se oficializaron 6.998 operaciones, lo que marcó un alza del 35,7% respecto al mismo mes del año anterior, según cifras difundidas por el Colegio de Escribanos porteño.

El informe relevó que el monto total de las transacciones llegó a $1.162.355 millones y representó un aumento del 139,8% en términos nominales durante los doce meses previos. El valor promedio de cada acto de compraventa se ubicó en $166.098.185, que equivalen a USD 116.608 al tipo de cambio oficial vigente. Este registro mostró un salto cercano al 76,7% año contra año en pesos, mientras que la cotización en dólares trepó 23,7% en idéntico período.

Comparando los datos de septiembre con el mes previo, se observaron 9,9% más operaciones (se contabilizaron 6.370 escrituras durante agosto de 2025). Este comportamiento confirma una persistente tendencia expansiva en el rubro inmobiliario de la ciudad.

Dentro del universo de actos realizados en septiembre, 1.486 escrituras se concretaron mediante hipoteca, una modalidad que exhibió un crecimiento del 110,8% en comparación con septiembre del año anterior. Tomando en cuenta los primeros nueve meses de 2025, la cantidad acumulada de operaciones formalizadas con hipoteca llegó a 10.827 transacciones, lo que implicó un salto extraordinario de 449,5% frente a igual lapso de 2024.

La presidenta de la institución, Magdalena Tato, evaluó el escenario con optimismo: “Septiembre fue un gran mes contra todos los pronósticos de cierta desaceleración inmobiliaria: fue el tercer mejor septiembre de toda la serie histórica y la mejor performance hipotecaria con este nuevo ciclo de créditos, alcanzando casi 1.500 operaciones en bancos”. Asimismo, Tato señaló que “por quinto año consecutivo hay subas interanuales y eso es un dato positivo que obliga a elevar la vara año a año. Por eso el desafío es trabajar articuladamente con todos los actores y organismos para generar todos los estímulos posibles”.

Fuentes de la entidad sumaron información al respecto. De las casi 50.000 operaciones realizadas en los primeros nueve meses del año, más de 10.000 fueron con hipoteca, es decir, poco más del 20%. “Falta mucho para agrandar esa torta, pero 1.486 operaciones con crédito hizo que septiembre fuera el mes más alto de esta vuelta hipotecaria, aunque todavía estamos lejos del boom de las UVA de Macri que llegaron en un mes a 2300″, dijeron las fuentes, quienes agregaron que “esta semana hay que concretar la mayor cantidad de operaciones posibles debido al temor a lo que suceda con el dólar”.

El reporte sostiene que la variación positiva detectada en el acumulado anual evidencia cinco años consecutivos de crecimiento en la cantidad de escrituras en CABA. En ese sentido, la coyuntura superó proyecciones de desaceleración que varios analistas del sector habían anticipado para el cierre del tercer trimestre del año debido al fuerte aumento de tasas de interés que se produjo en ese período.

Un análisis detallado del informe permite identificar varias tendencias estructurales que explican este fenómeno. El significativo aumento de operaciones con hipoteca responde a nuevas líneas crediticias que diferentes bancos privados y estatales pusieron a disposición desde principios de año. El impulso de estos productos permitió a un porcentaje más amplio de compradores acceder a financiamiento, diversificando el perfil de los adquirentes y generando mayor dinamismo en el sector.

La suba notable en el monto total involucrado respondió, en parte, a la revaluación de las propiedades urbanas durante los últimos meses, así como a operaciones de compra-venta de alto valor en barrios con fuerte demanda residencial y comercial. Además, la dolarización parcial de algunos segmentos del mercado impactó en la conformación de los montos finales expresados en moneda local.