El equipo de la secretaria de Energía, María Tettamanti, pausó momentáneamente la idea de eliminar este año la segmentación de subsidios por ingresos en las tarifas de electricidad y de gas natural. No osbtante, avanzará en un recorte de las «bonificaciones» que reciben unos 9,5 millones de hogares de ingresos medios y bajos en la Argentina, casi 6 de cada 10 usuarios residenciales, la cual se repartirá «gradualmente» hasta que finalice el año.

La marcha atrás en los fuertes incrementos en las boletas de luz que iba a aplicarse en febrero fue tan solo una de las pruebas de que el Gobierno de Javier Milei presta atención al impacto de los aumentos en la inflación, el bolsillo de los usuarios y la opinión pública. La utilización de la «motosierra» en un contexto de elecciones buscará armonizar esas variables con el objetivo de consolidar el equilibrio fiscal.

El Gobierno opta por un «cambio de esquema de subsidios» en lugar de eliminarlos

En Energía creen que el cambio de esquema de subsidios hacia uno más «focalizado» puede tomar más tiempo y no estar listo para mediados de este año, como se preveía. En esta línea, creen que un paso en falso puede implicar un cimbronazo en materia de incrementos para millones de personas del segmento más vulnerable de la población.

A eso se añaden los cortes de suministro eléctrico que sufrieron los usuarios durante el verano, que son producto de años de desinversión por el congelamiento tarifario, según la visión de los funcionarios y las compañías.

De hecho, una encuesta realizada en enero por Casa Tres, sobre 2.056 casos efectivos, arrojó que casi la mitad de los argentinos (44%) prefiere mantener sin aumentos las tarifas aceptando la posibilidad de cortes de luz. Ante la pregunta sobre de quién es la responsabilidad de las interrupciones el 38% señaló a las empresas, el 34% al Gobierno actual y un 23% al kirchnerismo.

«A medida que pase el tiempo es probable que crezca la idea de que la responsabilidad es del Gobierno porque se diluye la idea de la herencia», señaló Mora Jozami, directora de Casa Tres. La analista de opinión pública además resaltó que la «situación económica», principalmente la dificultad para llegar a fin de mes, encabeza la lista de preocupaciones de los argentinos, cuando en enero de 2024 ese lugar era ocupado por la inflación.

Las facturas de energía están compuestas por cuatro ítems: el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Las subvenciones del Estado se canalizan a través de una bonificación sobre el costo de la energía que pagan los consumidores en sus boletas.

La asignación de ese beneficio desde 2022 está determinada por un esquema de segmentación con base en los ingresos que reciben los hogares respecto a la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, cesta que marca el umbral para no ser considerado pobre. Hay tres categorías de hogares: ingresos altos (Nivel 1) -que no tienen descuento-, ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).

Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) a los que accedió este medio, hay 16,3 millones de usuarios residenciales registrados en el servicio de electricidad, que es además el más extendido en el país. Son casi 6,1 millones de N2 y 3,4 millones de N3, por lo que el 58% de los hogares recibe asistencia. En gas natural hay 9,5 millones de usuarios –hay regiones del país donde no hay red– de los cuales los N2 son casi 3 millones y los N3 2,4 millones.

Asimismo, Energía unificó la semana pasada los porcentajes de descuentos para los servicios públicos de luz y de gas, pero lo más importante fue que en casi todos los casos hubo un recorte del beneficio. La norma contemplaba desde febrero una bonificación del 65% para los N2 y del 50% para los N3 sobre el precio de la energía que pagan en sus facturas. Ambas categorías tienen además un bloque de consumo con subvención y pagan como N1 por el excedente.

Las bonificaciones vigentes desde junio del año pasado para la electricidad eran del 71,2% en N2 y del 55,94% en N3. En gas natural eran del 64%, solo en ese caso la cobertura sería mayor en un punto porcentual, y del 55%, respectivamente.

La disminución del beneficio de un mes para el otro implicaba aumentos del 12,3% promedio mensual para los usuarios de ingresos bajos y del 8,4% para la clase media según los cuadros tarifarios que publicó este martes el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para los clientes de Edesur y Edenor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Energía después salió a aclarar que hubo un «error» y que la baja en las bonificaciones se daría a lo largo de todo 2025, aunque no especificaron cuál será la secuencia.

En pocas palabras, se trata de una señal de que hay muchas posibilidades de que la segmentación que se instrumentó durante la gestión de Alberto Fernández se mantenga en el corto plazo y, posiblemente, hasta diciembre. Tettamanti llegó en octubre pasado con la idea de ir a un esquema similar al de la tarifa social que se aplicó con Mauricio Macri con solo dos universos: los que reciben subsidios y los que no. Hoy implicaría dejar fuera a 3,4 millones de hogares de clase media que recibirían fuertes incrementos en sus boletas de luz.

Se trata de un dilema similar al que se enfrentó su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien intentó implementar un sistema basado en el peso sobre los ingresos de una Canasta Básica Energética (CBE) que además iba a tener en cuenta el consumo de cada usuario según su zona bioclimática. Fue complejo realizar los cruces de información e implicaba una «focalización» mucho más restrictiva que la actual.

El Gobierno deberá definir los aumentos en los conceptos de distribución y transporte que habilitará a las empresas durante los próximos cinco años a cambio de planes de inversión para mejorar la calidad de los servicios. Surgirán del proceso de revisión tarifaria que inicia este mes y que será trasladado a las boletas finales a partir de abril, o al menos esa es la idea oficial. El ministro de Economía bajó una premisa: el traslado a las facturas finales no deberá superar el 10% en todo el año y, al igual que la baja de subsidios, será prorrateado a lo largo del año.

Posteriromente, la idea es aplicar un sistema de actualización mensual automático para las tarifas y, en consecuencia, los ingresos de las empresas se mantengan constantes en términos reales. Se trata de un cambio sustancial respecto a los aumentos discrecionales que se aplicaron a partir de 2024, después de años de congelamiento, y con los que se buscó apuntalar, sin éxito, la desaceleración de la inflación.

La consultora Economía y Energía hizo el cálculo que el gasto en subsidios a la energía se redujo el año pasado un 35% respecto a 2023, un recorte equivalente a más de USD 3.000 millones y similar al que se buscará en 2025.

 El factor principal de esa merma fueron los aumentos trasladados a la demanda, en el caso de la electricidad, y por menores costos de suministro tanto por el desarrollo de Vaca Muerta como por una mayor capacidad de transporte por la puesta en marcha del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), en el caso del gas. «Mientras que en 2024 el Estado destinó USD 6.252 millones a subsidios; un año antes, esa cifra ascendía a 9.683 millones», detallaron desde el Gobierno.