ECONOMIA
El riesgo del carry trade: la City habla del talón de Aquiles que amenaza al plan Caputo
En el gobierno se tomaron en serio la pelea por imponer el mantra «Esta vez es diferente». Al punto que los ideólogos del nuevo plan económico –Federico Furiase, Felipe Núñez y Martín Vauthier– decidieron salir a defender su argumento en todos los campos. Además de las redes sociales, empezaron a aparecer en medios de comunicación y ahora anunciaron que serán panelistas en un programa de streaming del canal Carajo -fundado por el célebre Gordo Dan-, junto a Pablo Pazos, más conocido como «Gordo Pablo» entre las huestes libertarias.
El objetivo, como ya quedó en claro con los esfuerzos didácticos de Furiase en televisión y con las polémicas de Núñez en las redes sociales, es claro y concreto: disipar los temores de que el nuevo esquema de flotación en una banda cambiaria no terminará de manera traumática, como otras experiencias de la propia historia argentina y del escenario internacional.
No es una tarea fácil, dado que muchos economistas, incluyendo algunos que tuvieron experiencia en cargos de gobierno, plantearon dudas sobre el sostenimiento del nuevo esquema. Entre los principales cuestionamientos figura la dificultad del Banco Central para acumular reservas genuinas -es decir, que surjan del ingreso de dólares por inversiones o exportaciones y no por la asistencia del Fondo Monetario Internacional-.
«No confundir reservas compradas con reservas prestadas. Lo primero es tierra firme: reservas a cambio de demanda voluntaria de pesos (por inflación baja y tipo de cambio no desalineado)», advirtió el ex ministro Hernán Lacunza, que en las últimas semanas se transformó en blanco del enojo de Javier Milei.
También hubo advertencias respecto de que las inversiones que realmente sostienen un esquema cambiario son las que hunden capital, y no las que ingresarán para buscar una ganancia financiera de corto plazo y salir antes de las elecciones -por el libre flujo con estadía mínima de seis meses que instauró el BCRA-.
Héctor Torres, es representante argentino ante el FMI, fue explícito sobre el tema: «No hay que confundir carry trade (arbitraje) con inversiones. Como escuché de un banco de inversión: ‘Argentina is tradable but not (yet?) investable’«. La traducción del inglés sería: «Argentina es buena para hacer trading pero no (¿por ahora?) para invertir».
Problemas de flujo
El punto sobre qué tan grave es la dificultad para generar reservas se acrecienta ante las evidentes reticencias de los productores sojeros, que dudan sobre si este sea el momento para exportar sus tenencias. Pero, sobre todo, lo que sigue generando preocupación es el déficit de cuenta corriente, que lleva 10 meses acumulados y con pocas señales de revertirse.
De hecho, en la balanza comercial, donde el gobierno espera un holgado superávit, ya se estaría registrando un déficit de u$s1.112 millones en el primer trimestre si no fuera por el impacto del rubro energético. Pero justamente ese rubro podría resentirse por la caída de los precios en el mercado internacional.
Y las importaciones, que según Toto Caputo se habían adelantado por la especulación de una devaluación, no están dando señales de normalización sino que, por el contrario, en los últimos días se habló en el mercado sobre un incremento en la llegada de productos chinos.
Además, está el problema del turismo emisivo, que, como demuestra la historia reciente, nunca se debe subestimar. De hecho, lo ocurrido en los últimos meses deja en evidencia que el gasto de argentinos en el exterior puede neutralizar y hasta superar el ingreso de u$s8.000 millones por el rubro de petróleo y gas.
En definitiva, las principales críticas apuntan a que, a diferencia de lo que afirma Javier Milei, la economía argentina no tiene solamente «problemas de stocks» -falta de reservas- sino que también está sufriendo «problemas de flujo» -a este tipo de cambio, salen más divisas de las que entran-.
Para el corto plazo, hay cierto consenso respecto de que el BCRA podrá cumplir la exigencia de sumar u$s4.400 millones de reservas. Por más que los productores agrícolas vendan a regañadientes, no deja de ser el momento estacional de la liquidación masiva.
En cambio, la situación empieza a cambiar en la segunda mitad del año, para empezar porque en julio hay un vencimiento fuerte por más de u$s4.500 millones.
¿El dólar flota?
El gobierno tiene su argumento preparado ante cada crítica sobre atraso cambiario: en un régimen de tipo de cambio flotante, el precio lo fija el mercado. Y si en realidad estuviera atrasado, habría saltado al techo de la banda.
Pero también ese punto es objeto de intensa polémica. Para empezar, porque un cambio flotante no es garantía contra una pérdida de competitividad. Es lo que se ha estudiado ampliamente como «enfermedad holandesa» y afecta a muchos países que concentran su exportación en pocos productos.
Pero, sobre todo, porque sigue habiendo cuestionamiento a que el nuevo régimen implique una flotación pura. Por más que el BCRA ya no compre ni venda en el mercado, hay formas indirectas de incidir sobre el cambio, como las operaciones con bonos y los incentivos al carry trade.
«Eso pasa cuando ‘forzás’ un régimen nuevo que recién arranca: corrés el riesgo de sumarle una volatilidad que de otro modo no hubiera tenido y condenarte a tener que seguir forzándolo para aplacarla«, criticó el economista Gabriel Caamaño, en referencia a los movimientos de suba, posterior caída y nueva suba que tuvo el dólar desde que empezó el esquema de banda.
Lo cierto es que hay un debate en el mercado respecto de cuáles son las condiciones para hacer el carry trade aprovechando las tasas altas. Hay quienes argumentaron que Caputo diseñó el plan de forma tal que el dólar se recostara sobre el piso de la banda, dado que la entrada de inversores dolarizados en busca de renta reforzaría el fenómeno de la «escasez de pesos».
Sin embargo, hay quienes hacen el razonamiento opuesto: que el carry trade sólo tiene sentido cuando el dólar está cerca del techo, porque es cuando tiene poco margen de volatilidad. Así, una cotización inferior a los $1.250 es riesgosa, porque cualquier salto dentro de la banda anulará las ganancias de un título a seis meses con tasa nominal de 35%.
El fantasma de 2018
Pero, sobre todo, lo que quiere remarcar el gobierno es la diferencia con otras experiencias parecidas. En particular, la más reciente, aplicada en 2018 con la venia del FMI, durante la gestión de Mauricio Macri, y con Guido Sandleris al frente del Banco Central.
La banda implicaba que el BCRA sólo intervendría cuando el tipo de cambio tocara el techo, y se abstendría de vender dólares mientras el tipo de cambio flotara dentro de los límites. Hubo un primer momento exitoso, en el que el dólar se recostó contra el piso e incluso lo perforó -algo que llevó a que el Central, durante algunas semanas, volviera a comprar divisas-.
La estrategia se complementaba con una fuerte contracción monetaria y con una suba de tasas de interés, algo que aceleró la tendencia recesiva de la economía. Un alto costo desde lo social y lo político, pero lo cierto es que, al inicio, con la banda de flotación se logró eliminar la volatilidad.
Sin embargo, el sistema reveló problemas. La diferencia entre el piso y el techo de la banda era de 25%, algo que el mercado veía como demasiado amplio. Bastaba con cualquier cambio de expectativas en las condiciones externas para que el dólar se despegara del piso, sin que el BCRA pudiera intervenir. Fue así que el FMI dio concesiones al plan original. Se permitió que el Tesoro licitara dólares hasta u$s60 millones diarios. Y, cuando eso resultó insuficiente, se corrigió la pendiente de la banda cambiaria, que dejó de ser ascendente y quedó «congelada». Era algo que, en los hechos, acercaba el límite para que el BCRA tuviera posibilidad de intervenir.
Pero tampoco fue suficiente: en un contexto de incertidumbre política -era un año electoral y el kirchnerismo avanzaba en los sondeos-, los inversores reaccionaron con pánico y dolarizaron sus portafolios mientras los productores agropecuarios ralentizaron sus liquidaciones.
Finalmente, el FMI tomó una decisión que, en los hechos, daba por terminada la vigencia de la banda cambiaria: autorizó a que el BCRA interviniera a discreción en el mercado. Mientras duró la ese sistema, se liberaron desembolsos adicionales por u$19.000 millones.
Parecidos pero diferentes
Una demostración de la preocupación del gobierno es la disposición de los funcionarios a polemizar en las redes sociales. Como Felipe Núñez, quien se trenzó en una discusión con el trader «Juancito Nieve».
El inversor le recordó que en la experiencia macrista, el Central había logrado comprar reservas por u$s560 millones en el piso de la banda, a un precio que, traído a términos de hoy, equivale a $1.700 y una tasa de interés que duplica a la actual. En ese momento, las reservas superaban a las actuales en un 70% y también había una política de «emisión cero».
Núñez planteó el argumento oficial: no hay comparación posible entre la banda cambiaria de 2018 y la de hoy, porque tanto el contexto político como el financiero son diferentes.
«Es todo lo opuesto a lo que sucede hoy: el ajuste ya lo hicimos por nuestra propia voluntad, la posición técnica es muy buena y la imagen del Javo es super sólida + la oposición es un desastre y por lo tanto no hay expectativa de que vuelvan», planteó el funcionario.
Pero su argumento central es que en el gobierno de Macri todavía se emitían pasivos remunerados, y que por eso no puede argumentarse que había una base monetaria fija como la actual. Y que el gasto público era de 45% del PBI, mientras que ahora es de 34,5%.
«Nuestro argumento siempre fue que este modelo cierra con una apreciación del tipo de cambio», afirmó el ideólogo del plan «de las tres anclas», que defiende la noción de que hay un cambio de paradigma en la economía argentina. Un argumento que, de momento, está lejos de generar unanimidad en un mercado desconfiado.
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ECONOMIA
El dólar profundizó la caída y volvió a perforar los $1.400
La oferta en el segmento de contado se incrementó en más de USD 200 millones (+60,1%) respecto del jueves, a USD 565,2 millones, y volvió a presionar una baja de once pesos o 0,8%, para el dólar mayorista, que cerró a 1.370 pesos.
“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 24 pesos (-1,7%), contra una suba de 11 pesos registrada en la semana anterior. Con la baja de esta semana el dólar mayorista volvió a niveles registrados en el cierre del 23 de febrero pasado”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
El dólar mayorista anota en el transcurso de 2026 un descenso de 85 pesos o 5,8 por ciento.
El Banco Central fijó para la fecha un techo de su esquema de bandas cambiarias en los $1.671,07, que dejó al tipo de cambio oficial a 301,07 pesos o 22% de ese límite de libre flotación una holgada brecha que no se observaba desde el 24 de junio de 2025 (22,5%), casi diez meses atrás.
El dólar al público descontó diez pesos o 0,7% en el día, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, un mínimo desde el 26 de marzo.
Tras haberse negociado a $1.385 por la mañana, el dólar blue se sostuvo al cierre a $1.390 para la venta, piso desde el 10 de septiembre de 2025, siete meses atrás. El dólar informal resta a 140 pesos o 9,1% desde que empezó 2026.
Por su parte, las persistentes compras de divisas del Banco Central para sostener sus reservas internacionales es otro tema crucial para la toma de decisiones, coinciden analistas.
“Con la oferta aún al mando, y la expectativa por las liquidaciones del campo, es que el dólar mayorista afloja otra escalón y ahora se aproxima a ‘testear’ los $1.370, con un BCRA incluso acelerando las compras. La calma en las tasas cortas en pesos, y señales de mejora en la demanda de dinero, podrían abrir espacio a una gradual remonetización que reactive el crédito, ya que contribuiría a una mejora más expandida de la actividad y una recuperación del consumo”, comentó el economista Gustavo Ber.
Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, expresó que “la economía está creciendo, con la actividad industrial donde ya se ven puntos de quiebre. Por el atraso cambiario, el BCRA necesita que los dólares que compre no se vayan en el pago de deudas por importaciones”.
Según la cotización del dólar futuro en los contratos para diciembre se espera que el dólar termine el año en $1.627, lo que implica una suba de 18,8% directa teniendo en cuenta el dólar mayorista.
“En relación a esto, sabemos que no es congruente el nivel de inflación mensual actual con un dólar que baja. Y también sabemos que en algún momento se va a despertar, porque el BCRA necesita retener dólares para que baje el riesgo país y despejar los vencimientos que tiene para el resto del mandato”, añadió Morales.
El BCRA flexibilizó el jueves algunas restricciones vigentes en el mercado cambiario en busca de avanzar en la normalización de negocios, que hace años está sometido a estrictos controles en línea con la intención del presidente ultraliberal Javier Milei de limitar los controles sobre la actividad económica.
“La medida del BCRA se introdujo luego de que el ‘canje’ (diferencial entre dos formas de pasar de pesos a dólares) alcanzara 4%, su nivel más alto desde que se implementó la restricción cruzada en septiembre de 2025, limitando en la práctica la posibilidad de arbitrarlo hacia adelante, lo que agregará presión adicional”, reportó Max Capital.
Europe
ECONOMIA
Nuevo fondo de indemnización ante despidos: cuántos millones de dólares moverán al año
El presidente de la CNV, Roberto Silva, convocó a decenas de abogados de las empresas de Argentina para dialogar sobre la reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para el pago de indemnizaciones y reveló que el Gobierno estima que se destinarán a los FAL entre u$s3.000 millones y u$s5.000 millones anuales.
El FAL va a derivar a los bancos y agentes de bolsa un porcentaje de toda la masa salarial del país en forma obligatoria y se va a estructurar en forma de Fondos Comunes de Inversión (FCI) Abiertos o como Fideicomisos Financieros (FF). Silva anticipa que la cantidad de fondos, que hoy son 1.000, pasará a 10.000.
Expertos dijeron a iProfesional que «lo habitual serán los FCI armados por bancos y agentes de bolsa. Entidades como Banco Galicia, Macro o Supervielle, o ALYCS como Ballanz, Allaria o Cocos, van a competir por ofrecer el FAL más atractivo, sino por comisión, por rendimiento, seguridad o administración». Esto se debe a que la comisión tendrá un tope por reglamentación de 1%.
Silva les dijo a los abogados que «se buscará que los FAL sean un game changer». O sea, que crezca sustancialmente el mercado para colocar deuda y otros instrumentos, sumando volumen al mercado de capitales mediante vehículos de inversión a largo plazo.
Si bien la inyección es de menor magnitud a lo que significó en la década de los 90 derivar toda la masa de fondos previsionales a las AFJP, también es una importante derivación obligatoria de dinero que iba a la ANSES al mercado, a través de ciertas estructuras jurídicas.
Los FAL deberán estar armados por los bancos y ALYCS, y el sistema empezar a regir el 1/6/2026, con la derivación de 1% de las contribuciones patrimoniales de las grandes empresas y 2,5% de las pymes. Sin embargo, el plazo es prorrogable por 6 meses, y se estima que todo largará el 1 de diciembre próximo, ya que la reglamentación se haría en etapas.
Cuáles son las principales características de estos FAL
Obligatoriedad: el FAL es obligatorio para todos, excepto sector público y servicio doméstico.
Inversiones: a diferencia del fondo de cese laboral, el FAL no es sustitutivo de la indemnización, sino una caja paralela desde la cual la empresa puede pagar. En tal sentido, no se prevén restricciones a las inversiones (no habría mínimos, máximos ni categorías), más que la limitación de que sean inversiones en el país (excluye CEDEAR).
Grupo Económico: se tratará de evitar que el FAL sea un mecanismo de autofinanciamiento. Se establecerán limitaciones a inversiones en el grupo económico.
Liquidez mínima: se está discutiendo la necesidad de mantener una liquidez mínima para hacer frente a pagos a empleados en el plazo exigido por la regulación laboral.
Comisiones: la entidad que administre el FAL podrá percibir una comisión de hasta el 1% anual. Las comisiones de ALYCs o ACDIs que celebren convenios con las entidades administradoras quedan incluidas en ese tope.
Gastos: en principio, los gastos del FAL quedan afuera del 1%. Por ejemplo, las comisiones que cobren las ALYCs contra las cuales opere el FAL.
Vehículos: los vehículos serán fondos comunes de inversión abiertos o fideicomisos financieros que emitan certificados de participación.
¿Habrá portabilidad de los fondos?
FAL Multiempresa: podrán existir FAL dedicados para una empresa o FAL multiempresa.
Portabilidad: se establecerá un mecanismo para que una empresa pueda migrar de un FAL a otro, sujeto a un plazo mínimo de permanencia.
Diversificación: se está estudiando si una misma empresa puede aportar a más de una FAL a la vez, con distintas estrategias de inversión. En principio no sería posible.
Rescate: solo se puede rescatar del fondo para el pago al empleado o en el caso que quiebre la empresa. Queda la duda de qué pasará con una empresa que reduzca sustancialmente la planta de personal, ¿podrá suspender los pagos al FAL?
Responsabilidad de la entidad: se está discutiendo el grado de auditoría que la entidad administradora deberá realizar sobre los pagos solicitados por el empleador.
Impuestos: se discute en qué momento el aporte de la empresa al fondo puede ser deducido del Impuesto a las Ganancias, si al momento del aporte o del pago al empleado.
Cómo sigue la reglamentación
Reglamento tipo: no habrá un reglamento de gestión tipo emitido por la CNV, sin perjuicio de que las cámaras podrán generar su reglamento modelo.
Prospecto: no será necesario confeccionar un prospecto de oferta pública.
Situación regulatoria: queda pendiente el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, para que luego puedan emitirse las resoluciones del Ministerio de Economía, Secretaría de Trabajo, ARCA y CNV (podría no haber regulación de alguno de estos).
CNV tiene la intención de regular lo mínimo e indispensable y crear un régimen de autorización automática considerando que este fondo deberá constituirlos todos los empleadores del país (salvo sector público y casas particulares).
«En definitiva, el Fondo de Asistencia Laboral se presenta como una de las innovaciones más relevantes introducidas por la Ley de Modernización Laboral, pero su puesta en marcha efectiva aún se encuentra condicionada por múltiples factores, como la la falta de reglamentación y el escenario judicial abierto a partir de la medida cautelar vigente«, concluye Andres Tellado, socio de KPMG Argentina.
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ECONOMIA
Justicia argentina ordena prueba ambiental en caso contra Uruguay por planta de hidrógeno Por EFE
Buenos Aires, 10 abr (.).- Un juzgado federal de Argentina ordenó este viernes la realización de una serie de estudios ambientales tras admitir una demanda presentada por legisladores contra el Estado uruguayo y la multinacional HIF Global por el proyecto de una planta de hidrógeno verde en la zona limítrofe entre ambos países.
El juez federal Hernán Viri, de la ciudad de Concepción del Uruguay (provincia de Entre Ríos), hizo lugar parcialmente al pedido de «prueba anticipada» presentado en marzo por los diputados peronistas Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador Adán Bahl, para mensurar el impacto ambiental que la planta podría provocar en el río Uruguay una vez que entre en funcionamiento.
El magistrado requirió a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente uruguayo que le envíe copias de la solicitud de autorización ambiental previa y el estudio de impacto ambiental que HIF Global debería haber presentado.
Otro de los organismos del Gobierno uruguayo al que se dirigió el pedido del juez Viri es el Registro Nacional de Comercio (RNC), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, con el fin de conocer detalles del modo en que la empresa compone su sociedad, así como identificar quiénes serán los beneficiarios finales de las firmas involucradas.
Además, extendió consultas informativas a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre si el proyecto fue formalmente informado y si la compañía presentó el correspondiente estudio de impacto ambiental transfronterizo, tal como establece el Estatuto del Río Uruguay, acuerdo bipartito.
En conjunto, el juzgado federal dio vía a los reclamos incluidos en la demanda civil presentada por los legisladores contra Uruguay, en un nuevo foco de conflicto que remite al generado a comienzos de siglo por la planta de celulosa de la empresa Botnia, de capitales extranjeros.
El proyecto de HIF, que prevé una inversión millonaria, contempla la instalación de una planta de producción de metanol a partir de hidrógeno verde, junto con parques de generación de energía solar y eólica en las cercanías de Paysandú.
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