Luis “Toto” Caputo era ministro de Finanzas cuando estalló la crisis cambiaria en el gobierno de Mauricio Macri. Pero ahora, como ministro de Economía, prefiere curarse en salud y evitar todo lo posible ese tipo de sobresaltos, que podrían complicar al Gobierno a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2027. Por eso, está fuera de discusión la posibilidad de eliminar las trabas cambiarias que subsisten, en particular para las empresas.

En dialogo por LN+, Caputo se mostró muy confiado respecto al resultado electoral del año que viene, refiriéndose a ese proceso como “un paseo por el parque”. De esta forma, procura dejar de lado los miedos del mercado, casi asegurando la reelección de Javier Milei.

En la misma línea, defendió el modelo económico del Gobierno y lo contrastó con gestiones anteriores, a las que responsabilizó por años de estancamiento y aumento de la pobreza. Según Caputo, el cambio de rumbo es clave para generar condiciones que consoliden apoyo político en el futuro.

Pero la certeza de un futuro resultado electoral señalada por el ministro contrasta con la decisión de no avanzar con la relajación del cepo. Con la victoria electoral de octubre, muchos analistas pensaron que llegaría el momento de levantar las trabas. Pero no fue así. Y prácticamente hoy se mantienen las mismas restricciones que existían incluso antes de las legislativas.

La decisión de liberar el cepo solo para personas físicas le generó un fuerte estrés al Gobierno en la previa electoral. La demanda del público en los seis meses posteriores a abril de 2025 arrojaron un récord de 30.000 millones de dólares. Fue necesaria la intervención del Tesoro norteamericano vendiendo divisas en el mercado local para hacer frente a semejante volumen.

Con este antecedente, suena razonable que el equipo económico no quiera asumir nuevos riesgos o al menos acotarlos todo lo que fuera posible. Por eso, las empresas siguen sin acceso directo al mercado y solo pueden girar al exterior a través del contado con liquidación. Al mismo tiempo se mantiene la “restricción cruzada” que impide comprar dólares oficiales por 90 días si el inversor ya acudió al MEP para vender.

Economistas como Domingo Cavallo o Carlos Melconian insisten en que llegó el momento para liberar el cepo completamente. Esta medida tendría, según entienden, varios efectos benéficos: permitiría conocer cuál es el verdadero dólar de equilibrio, atraería más inversiones (porque ya no habría problemas para entrar y salir del mercado) y adicionalmente bajaría el riesgo país.

Claro que avanzar en ese sentido implicaría arriesgar y mucho para el 2027. “Si casi nos llevan puestos el año pasado que era una elección menor, imagínate lo que puede pasar en una presidencial”, se sinceran miembros del equipo de Caputo en diálogos con empresarios e inversores internacionales.

La sombra de lo sucedido con Macri sigue presente. El ex presidente arrancó su gestión liberando el cepo, pero se vio obligado a reinstalarlo cuando el kirchnerismo ganó las elecciones en 2019. En el medio, recibió una ayuda récord por parte del FMI para hacer frente a los pagos de deuda y la demanda de divisas que se había desatado entre los inversores.

Las restricciones actuales por un lado le dan mayor espacio al Central para acumular dólares y fortalecer las reservas. Solo en el primer trimestre compró alrededor de 4.500 millones de dólares.

Pero, al mismo tiempo, la oferta de divisas podría ser incluso mayor sin restricciones cambiarias. Esto no solo le permitiría al Gobierno compras por montos mayores sino, a la vez, la posibilidad de volver a los mercados voluntarios de crédito para financiar vencimientos.

Mientras tanto, el Tesoro empezó a emitir deuda de corto plazo en el mercado local (con vencimientos en 2027 y 2028) para conseguir fondos frescos y hacer frente a esos pagos de deuda. El más relevante es el del 9 de julio, cuando vencen USD 4.200 millones de capital e intereses.

El último escándalo político gira en torno a si es legal y ético que funcionarios del Gobierno tomen préstamos hipotecarios de la banca estatal. Luis Caputo ya dejó en claro su postura: como el crédito se tomó en condiciones de mercado, no hay nada reprochable. Pero hay otra forma de juzgar la conducta de los funcionarios: ¿qué dice respecto de su propia expectativa sobre la marcha del plan económico?

Dado que los créditos fueron tomados en UVA -que sigue aproximadamente el ritmo de la inflación-, pero que el mercado inmobiliario se mueve en dólares, las decisiones de los funcionarios dan pistas sobre qué tanta confianza tienen en el plan que ellos mismos diseñan y publicitan.

Por caso, Felipe Núñez, uno de los miembros del equipo más activo en la faz de la comunicación en redes sociales, conductor del programa «Las tres anclas» en el canal de streaming «Carajo» y, además, director del BICE, tomó en febrero de 2025 un préstamo por $373 millones. Considerando la cotización del dólar que en ese momento tenía el Banco Nación, equivale a unos u$s340.000.

En aquel momento, ese dinero alcanzaba para comprar unos 160 metros cuadrados, tomando el valor promedio que relevan mensualmente la Ucema y la inmobiliaria Re/Max. En los 14 meses transcurridos desde entonces, la capacidad de compra de ese préstamo no ha variado significativamente.

En cambio, lo que sí cambió es el monto de la deuda, medido en términos de dólar. Entre febrero de 2025 y hoy, la UVA se encareció un 36,5%, mientras que el dólar lo hizo un 31%. Esto implica que, para Núñez, el monto real de su deuda, medido en dólares, se encareció un 4% en 14 meses.

Peor le fue al secretario de Finanzas, Federico Furiase, que tomó un crédito en agosto, en el momento de mayor volatilidad previa a las elecciones. Los $367 millones equivalían, entonces, a u$s278.000. Pero en el período de nueve meses transcurrido desde entonces, hubo una variación alta de la UVA en comparación con el dólar.

Para ponerlo en números, se acumuló una inflación de 19,5%, mientras que el dólar, tras el enfriamiento de los últimos meses, sólo acumula una variación «punta a punta» de 7%. En consecuencia, la deuda dolarizada de Furiase es hoy un 11,5% más cara.

Argumentando con plata

¿Hicieron negocio los funcionarios al tomar ese préstamo? Esa respuesta depende del punto de vista de quién lo juzgue. Dado que se trata de gente que cobra un sueldo en pesos, es probable que hayan salido «empatados». Al menos, eso es lo que diría algunos de los activistas que se autodenominan «Hipotecados UVA» y que denunciaron haber sido estafados, porque prestan más importancia a la suba nominal de la cuota que al saldo de la deuda y al valor de la propiedad en el mercado.

Si tuvieran que vender de apuro su propiedad, entonces van perdiendo, porque su deuda, medida en dólares, ha crecido mucho más rápido que la valuación del metro cuadrado -si bien esta cotización viene en tendencia alcista-.

Si alguien, en cambio, supone que el plan económico no es sustentable y que en algún momento del futuro cercano sobrevendrá un salto devaluatorio, entonces la deuda se achicará medida en moneda estadounidense, pero seguramente se hará más alta medida en términos de salarios.

En definitiva, la forma de salir ganando con este sistema de crédito es mantener la confianza de que el tipo de cambio se mantendrá estable, que la inflación descenderá y que el salario seguirá creciendo -tanto en términos reales como medido en dólares-. Si esta fuera la situación, entonces llegará el momento en el que la deuda por el capital prestado ya quedará estable en moneda estadounidense, mientras que la cuota nominada en UVAs -que se paga en pesos- representará una porción cada vez menor del salario.

En otras palabras, se podría interpretar que, al pedir esos préstamos, los funcionarios del equipo de Caputo estaban demostrando con su propio dinero y no con declaraciones su nivel de confianza en el plan. Las señales enviadas hasta ahora indican que la prioridad seguirá siendo la baja del IPC aun cuando eso pudiera suponer un enfriamiento de la actividad.

Claro que alguien podría argumentar que, si los funcionarios estuvieran tan confiados en su propio plan, entonces directamente tomarían deuda en dólares, confiando en que la cuota se achicaría paulatinamente a medida que su salario crece en moneda estadounidense. Lo cierto es que ya hubo experiencias en ese sentido en la década de los ’90, cuando regía la convertibilidad «uno a uno» entre peso y dólar. Pero el marco regulatorio de hoy no es el mismo, y un individuo que no genere ingresos en dólares no puede tomar préstamos de esa magnitud, ni siquiera siendo funcionario.

¿Y si sale todo mal?

Claro que el esquema UVA también puede dejar ganancias si todo sale mal. Pero en este caso, lo que debería ocurrir es un naufragio del programa económico, con un salto devaluatorio y un contagio inflacionario. Si el dólar sube mucho más rápido que la UVA, entonces lo que ocurrirá es una «licuación» de la deuda.

Esto ocurriría porque la UVA, en vez de comprar u$s1,31, como hoy, bajaría su valor. En ese caso, si el deudor tiene dólares guardados, puede aprovechar para saldar con el banco por un valor inferior al que en su momento le prestaron. O puede vender la propiedad, a un mayor valor al que le habrían dado antes de la devaluación.

No son situaciones imposibles. De hecho, ocurrieron muchas veces, la última de ellas fue tras la crisis devaluatoria de 2018, durante el gobierno macrista, que en su mejor momento, a fines de 2017, llegó a conceder préstamos hipotecarios por un monto de u$s600 millones al mes.

Pero claro, nadie toma un crédito pensando que todo saldrá mal. A lo sumo, una vez que la crisis ya está desatada, los que tienen mejores reflejos financieros pueden aprovechar para hacer una diferencia en su favor.

Un debate sin fin

Lo que subyace en esta discusión política es un viejo debate teórico: si en una economía tan inestable como la argentina es mejor un sistema hipotecario de tasa fija o variable. Desde los bancos no hay dudas: la tasa fija es inviable, y la prueba está en la virtual desaparición del crédito hipotecario durante la fase kirchnerista.

«Si no hay un sistema como el UVA, la contracara antipática sería que los bancos pidieran a los ahorristas que dejaran plazos fijos a muchos años, a la tasa que ellos pidan. ¿Cuánto sería esa tasa? No tiene respuesta, porque en Argentina o te piden tasa variable a te dicen ‘pagame 1.000% anual porque nunca se sabe si estalla el país. Entonces yo después me doy vuelta y le digo lo mismo a quien viene a pedir un crédito», afirma un ejecutivo de un banco privado que tuvo a su cargo el análisis de casos problemáticos tras la crisis devaluatoria ocurrida a partir de 2018.

Y el dato en el que se apoyan los defensores de este sistema es que, aun con la crisis que supuso el final tumultuoso de la gestión macrista -que encareció la cuota en términos de ingreso- los deudores siguieron pagando, con una mora reducida de sólo 2%.

Entre quienes planteaban haber sido perjudicados, hubo casos como el de quien argumentó que se justificaba un recorte de la deuda porque, por efecto de la inflación su saldo deudor en pesos se había multiplicado 6,5 veces. Las respuestas no tardaron en llegar: ese mismo saldo, medido en dólares, se había achicado a un tercio, mientras el valor de la propiedad se había mantenido estable.

Por supuesto que el debate nunca llegará a un acuerdo: para quien sólo se enfoca en la cuota y en la relación con el ingreso salarial, nunca será un consuelo la licuación del saldo deudor medido en dólares. Pero, del otro lado, hay argumentos para plantear que un deudor UVA no resultó mucho más perjudicado que alguien que debe hacer frente a un alquiler.

La carga impositiva sobre el sector industrial en la provincia de Buenos Aires genera preocupación entre los empresarios, que advierten sobre el impacto real de los tributos en comparación con lo establecido por ley. El peso de Ingresos Brutos, sumado a las elevadas tasas municipales, alimentan el malestar en un escenario de caída de la actividad, cierre de empresas y competencia desleal frente a los productos importados.

Según un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), encabezada por Alejandro Gentile, la presión tributaria efectiva del impuesto sobre los Ingresos Brutos asciende a 4,7% del valor agregado, muy por encima de la alícuota legal del 1,5 por ciento. El nivel registrado también supera al de otras provincias con similar matriz productiva, como Santa Fe (3,6%) y Córdoba (3,5%).

El estudio advierte que la carga impositiva real difiere de la establecida por ley debido al “efecto cascada” a lo largo de la cadena productiva. En general, por ese motivo, Ingresos Brutos suele considerarse el tributo más “distorsivo”. El Gobierno nacional instó en reiteradas ocasiones a las provincias a que lo reduzcan, aunque las cuentas están ajustadas. De hecho, el Ejecutivo debió otorgar un anticipo en materia de coparticipación de hasta $400.000 millones a 12 provincias.

Esto ocurre también en otras actividades. Por caso, en los servicios personales la alícuota legal es de 3,5%, mientras que la carga efectiva asciende a 18,4 por ciento. En comercio, la relación es de 5% y 23,5%, respectivamente.

“Es destacable el incremento de la presión tributaria respecto de la alícuota teórica en la industria dado el uso de insumos intermedios. Ingresos Brutos se calcula sobre una Base imponible cercana al Valor Bruto de Producción (VBP) en la industria”, señaló el informe.

Así, la UIPBA comenzó a delinear un esquema para avanzar en una reducción progresiva de dicho impuesto, planteando mecanismos compensatorios, con la intención de presentárselo al gobierno de Axel Kicillof. La iniciativa parte de un dato clave: casi el 14% de la recaudación de ese tributo proviene del sector industrial.

Asimismo, la entidad iniciará acciones legales contra ciertos municipios por las altas tasas de seguridad e higiene, consideradas “un abuso legalizado”. Señalaron que es probable que más firmas abandonen aquellos distritos que cobren cargos excesivos.

El reclamo, comentan fuentes de la industria, surge en medio de un pesimismo generalizado por la caída de la actividad y de una fuerte apertura de importaciones, con foco en China, cuyos productos no pagan la misma carga impositiva que los producidos localmente.

Cuentan que, en la práctica, no reciben respuesta del gobierno bonaerense para “nivelar la cancha”, como suele decir la UIA, y advierten que, de continuar esta dinámica, la recaudación va a desplomarse de todos modos debido a una menor cantidad de fábricas funcionando.

En ese sentido, desde noviembre de 2023, Argentina contabilizó la desaparición de 21.339 empresas privadas empleadoras. La provincia de Buenos Aires lideró el impacto, con una pérdida de 5.832 compañías.

Los industriales bonaerenses no tienen buenas expectativas para este año y creen que el cierre de compañías va a continuar. Además, manifiestan que es necesario un plan industrial en la jurisdicción, algo que en la actualidad -afirman- no hay.

Santa Fe y Córdoba, otras dos provincias con marcado perfil industrial, también registraron importantes retrocesos en los últimos dos años. En la primera dejaron de operar 2.309 empresas y en la segunda, 3.884, de acuerdo con datos de Politikon Chaco.

En Córdoba, el sector más afectado fue el comercio, con 1.027 cierres, seguido por transporte y almacenamiento, con 996, y la industria manufacturera, que perdió 218 firmas.

En Santa Fe, la mayor reducción correspondió a transporte y almacenamiento, con 1.130 empresas menos; luego la industria, con 292, y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 230 cierres.