ECONOMIA
El riesgo del carry trade: la City habla del talón de Aquiles que amenaza al plan Caputo
En el gobierno se tomaron en serio la pelea por imponer el mantra «Esta vez es diferente». Al punto que los ideólogos del nuevo plan económico –Federico Furiase, Felipe Núñez y Martín Vauthier– decidieron salir a defender su argumento en todos los campos. Además de las redes sociales, empezaron a aparecer en medios de comunicación y ahora anunciaron que serán panelistas en un programa de streaming del canal Carajo -fundado por el célebre Gordo Dan-, junto a Pablo Pazos, más conocido como «Gordo Pablo» entre las huestes libertarias.
El objetivo, como ya quedó en claro con los esfuerzos didácticos de Furiase en televisión y con las polémicas de Núñez en las redes sociales, es claro y concreto: disipar los temores de que el nuevo esquema de flotación en una banda cambiaria no terminará de manera traumática, como otras experiencias de la propia historia argentina y del escenario internacional.
No es una tarea fácil, dado que muchos economistas, incluyendo algunos que tuvieron experiencia en cargos de gobierno, plantearon dudas sobre el sostenimiento del nuevo esquema. Entre los principales cuestionamientos figura la dificultad del Banco Central para acumular reservas genuinas -es decir, que surjan del ingreso de dólares por inversiones o exportaciones y no por la asistencia del Fondo Monetario Internacional-.
«No confundir reservas compradas con reservas prestadas. Lo primero es tierra firme: reservas a cambio de demanda voluntaria de pesos (por inflación baja y tipo de cambio no desalineado)», advirtió el ex ministro Hernán Lacunza, que en las últimas semanas se transformó en blanco del enojo de Javier Milei.
También hubo advertencias respecto de que las inversiones que realmente sostienen un esquema cambiario son las que hunden capital, y no las que ingresarán para buscar una ganancia financiera de corto plazo y salir antes de las elecciones -por el libre flujo con estadía mínima de seis meses que instauró el BCRA-.
Héctor Torres, es representante argentino ante el FMI, fue explícito sobre el tema: «No hay que confundir carry trade (arbitraje) con inversiones. Como escuché de un banco de inversión: ‘Argentina is tradable but not (yet?) investable’«. La traducción del inglés sería: «Argentina es buena para hacer trading pero no (¿por ahora?) para invertir».
Problemas de flujo
El punto sobre qué tan grave es la dificultad para generar reservas se acrecienta ante las evidentes reticencias de los productores sojeros, que dudan sobre si este sea el momento para exportar sus tenencias. Pero, sobre todo, lo que sigue generando preocupación es el déficit de cuenta corriente, que lleva 10 meses acumulados y con pocas señales de revertirse.
De hecho, en la balanza comercial, donde el gobierno espera un holgado superávit, ya se estaría registrando un déficit de u$s1.112 millones en el primer trimestre si no fuera por el impacto del rubro energético. Pero justamente ese rubro podría resentirse por la caída de los precios en el mercado internacional.
Y las importaciones, que según Toto Caputo se habían adelantado por la especulación de una devaluación, no están dando señales de normalización sino que, por el contrario, en los últimos días se habló en el mercado sobre un incremento en la llegada de productos chinos.
Además, está el problema del turismo emisivo, que, como demuestra la historia reciente, nunca se debe subestimar. De hecho, lo ocurrido en los últimos meses deja en evidencia que el gasto de argentinos en el exterior puede neutralizar y hasta superar el ingreso de u$s8.000 millones por el rubro de petróleo y gas.
En definitiva, las principales críticas apuntan a que, a diferencia de lo que afirma Javier Milei, la economía argentina no tiene solamente «problemas de stocks» -falta de reservas- sino que también está sufriendo «problemas de flujo» -a este tipo de cambio, salen más divisas de las que entran-.
Para el corto plazo, hay cierto consenso respecto de que el BCRA podrá cumplir la exigencia de sumar u$s4.400 millones de reservas. Por más que los productores agrícolas vendan a regañadientes, no deja de ser el momento estacional de la liquidación masiva.
En cambio, la situación empieza a cambiar en la segunda mitad del año, para empezar porque en julio hay un vencimiento fuerte por más de u$s4.500 millones.
¿El dólar flota?
El gobierno tiene su argumento preparado ante cada crítica sobre atraso cambiario: en un régimen de tipo de cambio flotante, el precio lo fija el mercado. Y si en realidad estuviera atrasado, habría saltado al techo de la banda.
Pero también ese punto es objeto de intensa polémica. Para empezar, porque un cambio flotante no es garantía contra una pérdida de competitividad. Es lo que se ha estudiado ampliamente como «enfermedad holandesa» y afecta a muchos países que concentran su exportación en pocos productos.
Pero, sobre todo, porque sigue habiendo cuestionamiento a que el nuevo régimen implique una flotación pura. Por más que el BCRA ya no compre ni venda en el mercado, hay formas indirectas de incidir sobre el cambio, como las operaciones con bonos y los incentivos al carry trade.
«Eso pasa cuando ‘forzás’ un régimen nuevo que recién arranca: corrés el riesgo de sumarle una volatilidad que de otro modo no hubiera tenido y condenarte a tener que seguir forzándolo para aplacarla«, criticó el economista Gabriel Caamaño, en referencia a los movimientos de suba, posterior caída y nueva suba que tuvo el dólar desde que empezó el esquema de banda.
Lo cierto es que hay un debate en el mercado respecto de cuáles son las condiciones para hacer el carry trade aprovechando las tasas altas. Hay quienes argumentaron que Caputo diseñó el plan de forma tal que el dólar se recostara sobre el piso de la banda, dado que la entrada de inversores dolarizados en busca de renta reforzaría el fenómeno de la «escasez de pesos».
Sin embargo, hay quienes hacen el razonamiento opuesto: que el carry trade sólo tiene sentido cuando el dólar está cerca del techo, porque es cuando tiene poco margen de volatilidad. Así, una cotización inferior a los $1.250 es riesgosa, porque cualquier salto dentro de la banda anulará las ganancias de un título a seis meses con tasa nominal de 35%.
El fantasma de 2018
Pero, sobre todo, lo que quiere remarcar el gobierno es la diferencia con otras experiencias parecidas. En particular, la más reciente, aplicada en 2018 con la venia del FMI, durante la gestión de Mauricio Macri, y con Guido Sandleris al frente del Banco Central.
La banda implicaba que el BCRA sólo intervendría cuando el tipo de cambio tocara el techo, y se abstendría de vender dólares mientras el tipo de cambio flotara dentro de los límites. Hubo un primer momento exitoso, en el que el dólar se recostó contra el piso e incluso lo perforó -algo que llevó a que el Central, durante algunas semanas, volviera a comprar divisas-.
La estrategia se complementaba con una fuerte contracción monetaria y con una suba de tasas de interés, algo que aceleró la tendencia recesiva de la economía. Un alto costo desde lo social y lo político, pero lo cierto es que, al inicio, con la banda de flotación se logró eliminar la volatilidad.
Sin embargo, el sistema reveló problemas. La diferencia entre el piso y el techo de la banda era de 25%, algo que el mercado veía como demasiado amplio. Bastaba con cualquier cambio de expectativas en las condiciones externas para que el dólar se despegara del piso, sin que el BCRA pudiera intervenir. Fue así que el FMI dio concesiones al plan original. Se permitió que el Tesoro licitara dólares hasta u$s60 millones diarios. Y, cuando eso resultó insuficiente, se corrigió la pendiente de la banda cambiaria, que dejó de ser ascendente y quedó «congelada». Era algo que, en los hechos, acercaba el límite para que el BCRA tuviera posibilidad de intervenir.
Pero tampoco fue suficiente: en un contexto de incertidumbre política -era un año electoral y el kirchnerismo avanzaba en los sondeos-, los inversores reaccionaron con pánico y dolarizaron sus portafolios mientras los productores agropecuarios ralentizaron sus liquidaciones.
Finalmente, el FMI tomó una decisión que, en los hechos, daba por terminada la vigencia de la banda cambiaria: autorizó a que el BCRA interviniera a discreción en el mercado. Mientras duró la ese sistema, se liberaron desembolsos adicionales por u$19.000 millones.
Parecidos pero diferentes
Una demostración de la preocupación del gobierno es la disposición de los funcionarios a polemizar en las redes sociales. Como Felipe Núñez, quien se trenzó en una discusión con el trader «Juancito Nieve».
El inversor le recordó que en la experiencia macrista, el Central había logrado comprar reservas por u$s560 millones en el piso de la banda, a un precio que, traído a términos de hoy, equivale a $1.700 y una tasa de interés que duplica a la actual. En ese momento, las reservas superaban a las actuales en un 70% y también había una política de «emisión cero».
Núñez planteó el argumento oficial: no hay comparación posible entre la banda cambiaria de 2018 y la de hoy, porque tanto el contexto político como el financiero son diferentes.
«Es todo lo opuesto a lo que sucede hoy: el ajuste ya lo hicimos por nuestra propia voluntad, la posición técnica es muy buena y la imagen del Javo es super sólida + la oposición es un desastre y por lo tanto no hay expectativa de que vuelvan», planteó el funcionario.
Pero su argumento central es que en el gobierno de Macri todavía se emitían pasivos remunerados, y que por eso no puede argumentarse que había una base monetaria fija como la actual. Y que el gasto público era de 45% del PBI, mientras que ahora es de 34,5%.
«Nuestro argumento siempre fue que este modelo cierra con una apreciación del tipo de cambio», afirmó el ideólogo del plan «de las tres anclas», que defiende la noción de que hay un cambio de paradigma en la economía argentina. Un argumento que, de momento, está lejos de generar unanimidad en un mercado desconfiado.
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La Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo la facultad exclusiva de reglamentar las leyes que sanciona el Congreso Nacional cuando afirma: “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”.
En 2010 se sancionó una Ley de Glaciares que no existe en ningún otro lugar del mundo y no por casualidad; la gran mayoría de sus artículos nunca fue reglamentada. Esto demuestra la poca seriedad, los escasos conocimientos y la verdadera intención espuria de quienes impulsaron la norma. El asunto no era la protección hídrica; el objetivo principal era prohibir la industria minera en cordillera. El contraste con Chile evidencia que dicho objetivo fue alcanzado de manera contundente.
Desde 2014, luego de escuchar a los principales glaciólogos del planeta y de comprender, a partir del conocimiento científico, la dinámica de los ambientes en altura y su relación con el agua, propusimos una reglamentación de la Ley 26.639. Nos enfocamos en el objetivo declarado: resguardar las consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas, expuesto en su primer artículo, dejando de lado las emociones.
Prohibir la minería por el ínfimo consumo de agua que requiere -agua que incluso podría obtenerse del océano Pacífico- equivale a prohibir el uso de automóviles, colectivos y camiones que funcionan con nafta o gasoil por contaminar el aire
Prohibir la minería por el ínfimo consumo de agua que requiere -agua que incluso podría obtenerse del océano Pacífico- equivale a prohibir el uso de automóviles, colectivos y camiones que funcionan con nafta o gasoil por contaminar el aire con gases de efecto invernadero, que aumentan la temperatura del planeta y, en consecuencia, derriten glaciares.
Cuestionamientos y contexto
Vale analizar el significado de reserva estratégica: acciones que buscan reservar productos o artículos que gobiernos, organizaciones o empresas retienen del uso normal en función de una estrategia, ante eventualidades inesperadas. Así existen reservas de productos básicos como alimentos o petróleo, que en tiempos de escasez (por inundaciones, sequías, conflictos bélicos) permiten superar crisis temporales.
Sin embargo, no existe prueba teórica ni práctica de que los glaciares puedan convertirse en una reserva estratégica. Si dejaran de llover o nevar, ¿Cómo podrían utilizarse esas supuestas reservas? En los últimos cinco años, San Juan perdió un 27% de sus áreas glaciarias, y el aumento del caudal en sus ríos no pudo medirse por ser insignificante frente al volumen que aporta la nieve de invierno y su derretimiento en primavera.
Al parecer, los legisladores de 2010 omitieron decretar en la ley que el clima del país no aumente su temperatura y, con ello, evitar el derretimiento de gran parte de nuestros glaciares. Desde 1910, cuando comenzaron los registros de previsión anual del agua disponible en la provincia de San Juan, nunca se consideró el aporte hídrico de los glaciares.
Nuestros ríos responden a un régimen níveo térmico: dependen primero de la nieve, luego de escasas lluvias en un clima desértico y, finalmente, de reservas subterráneas
Nuestros ríos responden a un régimen níveo térmico: dependen primero de la nieve, luego de escasas lluvias en un clima desértico y, finalmente, de reservas subterráneas que hoy están amenazadas por la sobreexplotación agrícola.
Debate legislativo y participación pública
Si dejara de nevar, ¿de dónde saldría el agua que necesitamos? ¿Derretiríamos glaciares como en Fahrenheit 451 se quemaban libros? ¿Alcanzaría para un año de consumo ese descongelamiento? ¿Y luego? Así de absurdas son las premisas en que se fundamenta lo legislado. Las estulticias que a diario escuchamos aún tienen espacio en un país donde el respeto por la Verdad como valor en el debate prácticamente se ha perdido.
No era necesario reformar ninguna ley en el Congreso. Bastaba con que el presidente Javier Milei hiciera uso de sus facultades constitucionales. Seguramente Greenpeace, diversas ONG y la Pastoral Social celebrarían la discusión, mientras algunos estudios jurídicos quedarían agradecidos. Los argentinos comunes están hartos de simulaciones, espectáculos y el desprecio por las normas y la ciencia. Las consecuencias: la industria minera postergando el inicio de grandes proyectos, miles de empleos retrasados, compatriotas abatidos en la pobreza humana.
Un decreto que reglamentara el artículo de la ley de glaciares hubiera sido suficiente. Solo hacía falta precisar el criterio de “significancia hídrica”. Así de sencillo:
Artículo 1°: Se considerará reserva estratégica a todo glaciar y/o ambiente periglacial que contribuya a la recarga de cuencas hidrográficas de manera significativa. Se entiende por contribución significativa al aporte hidrográfico que represente al menos 1% del total del aporte hídrico a una cuenca determinada. El total se determinará por la suma anual, en porcentaje, de los distintos aportes a la recarga: precipitaciones de agua y nieve, derretimiento de glaciares descubiertos y de aquellos de roca o escombros en el permafrost.
Los legisladores de 2010 omitieron decretar en la ley que el clima del país no aumente su temperatura y, con ello, evitar el derretimiento de gran parte de nuestros glaciares
En 2010, en Uspallata, Mendoza, se realizó una audiencia pública por la Ley de Glaciares con más de 2.000 anotados que, en su mayoría, leían: “yo no le doy licencia social al proyecto San Jorge”. Ahora, son más de 80.000 inscriptos quienes participan; las órdenes de agrupaciones y corrientes ideológicas han surtido efecto. ¿Cuántos de ellos saben distinguir ambientes glaciarios, crióticos, permafrost o entender la importancia relativa de los aportes a una cuenca hídrica? Tal vez asistimos a un fenómeno nuevo de identificación colectiva con la causa, repleto de participantes que se autodenominan glaciólogos.
Desde 2014 lo hemos propuesto: era necesario reglamentar la Ley 26.639 con un instrumento constitucional y científico, pero las prioridades políticas se han impuesto sobre el conocimiento.
El autor es Diputado Nacional mandato cumplido y exsubsecretario de Minería de la Nación
Senado
Durante la primera mitad del mandato de Javier Milei se logró esquivar una hiperinflación inminente, ejecutar correcciones económicas y políticas de fondo, y alcanzar una buscada estabilidad en el proceso.
Estas medidas permitieron reencauzar la dinámica macroeconómica hacia una trayectoria de crecimiento después de quince años.
El cambio de paradigma fiscal se consolidó como núcleo del actual modelo de gestión: el equilibrio en las cuentas públicas eliminó la dependencia de la emisión para financiar gastos como salarios y jubilaciones, sustentando ahora esas erogaciones con la recaudación impositiva.
Esto facilitó un proceso histórico de desinflación que redujo la inflación desde máximos de más de treinta años hasta mínimos en ocho años.
Paralelamente, se avanzó con el cumplimiento del programa financiero y de las promesas de campaña -como la remoción del control cambiario, la eliminación de la brecha y el Impuesto PAIS, y la reducción de retenciones lo que impulsó una mejora reputacional visible en la caída del índice de riesgo país de más de 2.700 puntos básicos en la administración de Alberto Fernández hasta 600 pb en la actualidad. También es el nivel más bajo en ocho años.
Dudas sobre la continuidad de la mejora económica
El proceso de normalización tuvo una pausa: la mejora sostenida de los niveles de actividad, salarios y reducción de la inflación desde mediados de 2024 se detuvo a finales de 2025. Esta interrupción generó interrogantes sobre la trayectoria futura: ¿continuará mejorando la situación en los próximos veinte meses, o la fase de recuperación ya concluyó?
La incertidumbre sobre el rumbo económico se acentuó con el repunte de la inflación. Luego de alcanzar un mínimo de 1,5% en mayo de 2025, el índice subió a 2,9% en febrero de 2026. A pesar de que la inflación minorista pasó del 211% anual en 2023 al 31% en 2025 y la mayorista del 274% al 26%, en los últimos tres trimestres se observó una aceleración inflacionaria.
La incertidumbre sobre el rumbo económico se acentuó con el repunte de la inflación
Los procesos de desinflación no son lineales y requieren tiempo prolongado. Israel demoró más de diez años en alcanzar inflaciones de un dígito anual, y Chile, más de veinte. La situación argentina, que partió de una inflación cercana al 300%, difícilmente podía converger a un solo dígito anual en apenas dos años de manera directa y sin sobresaltos.
Obstáculos que ralentizaron el proceso desinflacionario
Existen dos factores principales que hicieron que la inflación no descendiera más rápidamente:
El primero fue el riesgo político durante las elecciones legislativas. El incremento del índice de riesgo país antes de los comicios reflejó el temor a una reversión del actual rumbo económico, lo que generó una caída en la demanda de activos argentinos y de dinero, desatando volatilidad, dolarización de portafolios -el índice de riesgo país subió de unos 650 a 1.400 puntos básicos en solo cuatro meses- y una depreciación del tipo de cambio del 30% en ese período.
Ese episodio quedó superado, al menos hasta el avance de 2027, cuando la incertidumbre electoral vuelva a ser relevante. El segundo obstáculo fue el programa financiero heredado. La deuda pública representaba el 100% del Producto Bruto Interno y el índice de riesgo país estaba por encima de 2.700 pb, junto a la deuda con importadores superaba los USD 50.000 millones que se resolvió utilizando los Bopreal. Hasta ahora, se ha encarado este desafío recurriendo a la colocación de nueva deuda para extender plazos y bajar tasas, y mediante la compra de dólares con fondos provenientes del superávit fiscal primario.
También se monetizó la economía mediante la reducción de los pasivos monetarios de corto plazo (antes llamados leliqs). La emisión de base bajó de un ritmo de 90% interanual a un 36% desde finales de 2023 a la fecha, aunque sigue en valores positivos, lo que contribuye a que la inflación no sea aún menor.
El pago de la deuda y la gestión del tipo de cambio
El Gobierno priorizó la acumulación de dólares y la extensión de plazos de deuda frente a una reducción más acelerada de la inflación. Entre 2026 y 2027, Argentina debe afrontar vencimientos por unos USD 35.000 millones.
El acceso limitado a los mercados voluntarios de crédito obliga a acumular divisas en el Banco Central, apalancado además por las metas de acumulación de reservas acordadas con el FMI.
Reducir la inflación del 300% al 30% era urgente. Bajarla del 30% al 10% corresponde a una etapa de consolidación macroeconómica. Por ello, la administración optó por canjear deuda para extender plazos y reducir cupones, y comprar dólares en el proceso.
La acumulación de dólares también cumple con el objetivo de evitar una apreciación excesiva del tipo de cambio.
Reducir la inflación del 300% al 30% era urgente. Bajarla del 30% al 10% corresponde a una etapa de consolidación macroeconómica
El crecimiento de las exportaciones de energía y agro -con exportaciones récord de USD 87.000 millones en 2025- introduce presión para fortalecer el peso. Esto explica por qué el tipo de cambio se mantuvo en torno a $1.400 durante siete meses pese al aumento estacional de demanda de dólares y a una inflación mensual todavía próxima al 3 por ciento.
Además, la mayor oferta de divisas se proyecta para el segundo trimestre del año producto de la estacionalidad de las exportaciones, lo que sumará presión al tipo de cambio.
Permitir una apreciación pronunciada del peso perjudicaría al sector industrial y a economías regionales menos competitivas que el agro o la energía. Por eso, las compras de dólares actúan como freno de esa dinámica. El costo de esta estrategia es perceptible: la inflación desciende más lentamente, especialmente si continúa la inestabilidad internacional, lo que podría encarecer los combustibles y sumar presión inflacionaria.
La inflación desciende más lentamente, especialmente si continúa la inestabilidad internacional, lo que podría encarecer los combustibles y sumar presión inflacionaria
Otras prioridades del Gobierno incluyen llegar a 2027 con reservas elevadas y un programa financiero robusto. Esto reduce el riesgo de crisis de balanza de pagos y limita la exposición ante la incertidumbre electoral. Llegar con más dólares al período preelectoral se percibe como un factor de tranquilidad para los mercados.
El efecto neto es que la inflación demorará algo más en converger a valores cercanos a un dígito, pero se mantiene la solidez en el saldo de divisas y la estabilidad financiera.
En 2025, la economía creció 4% interanual, acompañada de máximos en consumo privado y actividad económica.
Perspectivas para la segunda mitad del mandato
Se proyecta un ritmo elevado de compra de dólares por parte del Gobierno. En lo que va de 2026 se han acumulado cerca de USD 3.300 millones y, considerando el ciclo favorable de precios de las materias primas y cantidades exportadas, junto a la mayor oferta estacional de divisas en el segundo trimestre, es plausible que la acumulación de reservas supere los USD 8.000 millones antes de terminar la primera mitad de 2026. Esta cifra cubriría una parte relevante de los intereses de deuda de este año.
Respecto a la inflación, la persistencia de tasas cercanas al 3% mensual al inicio de 2026 ubica el pronóstico anual en torno al 25%, por debajo del 31 registrado en 2025, aunque algo por encima de estimaciones previas. Si las condiciones se mantienen constantes, los valores bajarían aún más en 2027.
El superávit primario muestra perspectivas firmes de continuidad hasta el final del actual mandato, lo que marcaría una novedad en la historia fiscal reciente del país.
El superávit primario muestra perspectivas firmes de continuidad hasta el final del actual mandato, lo que marcaría una novedad en la historia fiscal reciente del país
Las exportaciones seguirían creciendo y el superávit comercial se consolidaría.
Los precios internacionales de las materias primas atraviesan una fase especialmente favorable (Bloomberg Commodity Index sube 28% interanual) y los incentivos para producir y exportar se fortalecieron luego de la reducción de retenciones, la eliminación de la brecha cambiaria y la desregulación económica.
Entre las reformas, destacan la eliminación del sistema barril criollo -que fijaba precios locales del petróleo por debajo del internacional- y de la 125 para el sector energético, que imponía retenciones móviles.
Un factor que podría reactivarse es la intermediación financiera: el restablecimiento de préstamos hipotecarios, debido a la caída de la prima de riesgo local y la normalización del sistema bancario, potenciaría el crédito y la actividad económica a partir del segundo semestre de 2026.
En este contexto, la actividad económica mantiene potencial de expansión igual o superior al 3% en 2026 y 2027, sustentada por el desarrollo del agro, la minería, la energía y el sector financiero.
El autor es Economista
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El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a colocar a los mercados financieros frente a un escenario conocido: tensiones geopolíticas que impactan de forma inmediata en los precios de la energía, generan movimientos hacia activos considerados refugio y producen reacciones iniciales de cautela en los mercados accionarios.
El mercado energético es uno de los que reacciona con mayor intensidad ante episodios de conflicto. En los primeros días posteriores a las hostilidades, los precios del petróleo registraron movimientos particularmente volátiles: el Brent llegó a superar momentáneamente los USD 119 por barril, mientras que el WTI mostró subas superiores al 30% en las primeras operaciones, reflejando el aumento del riesgo percibido sobre el suministro global de energía.
La magnitud de la reacción se vincula con la importancia estratégica de la región para el mercado petrolero internacional, en particular el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo consumido a nivel mundial.
Los datos comparativos de distintos episodios recientes muestran que la reacción del petróleo depende en gran medida del riesgo percibido sobre la oferta energética global
Los datos comparativos de distintos episodios recientes muestran que la reacción del petróleo depende en gran medida del riesgo percibido sobre la oferta energética global.
Durante la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, los precios del Brent y del WTI registraron subas semanales en torno al 26%. En la escalada actual entre Estados Unidos, Israel e Irán, el movimiento fue incluso más marcado, con avances de 29,17% en el Brent y 36,92% en el WTI en la semana posterior al inicio del conflicto.
En contraste, cuando los conflictos no implican un riesgo directo para la oferta energética global, la reacción del petróleo suele ser más moderada o incluso negativa.
El ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023 se acompañó de caídas cercanas al 6% en el Brent y al 4,5% en el WTI en la semana posterior, mientras que durante el ataque de Irán a Israel en abril de 2024 las variaciones también fueron negativas, con retrocesos cercanos al 4,6 por ciento.
Esta comparación indica que el factor determinante para el mercado energético no es únicamente la existencia de un conflicto, sino su potencial impacto sobre la producción, el transporte o las exportaciones de hidrocarburos.
El factor determinante para el mercado energético no es únicamente la existencia de un conflicto, sino su potencial impacto sobre la producción, el transporte o las exportaciones
Más allá del petróleo, los conflictos geopolíticos suelen provocar movimientos hacia activos considerados refugio. Entre ellos se encuentran el oro, el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El fenómeno es conocido en los mercados como “fuga hacia la calidad” (flight to quality, tendencia de los inversores a buscar instrumentos percibidos como más seguros en contextos de incertidumbre internacional).
Activos refugio: tendencias ante la guerra
En los episodios analizados, el oro mostró subas moderadas en la semana posterior a los eventos geopolíticos. Durante la invasión de Ucrania el metal avanzó cerca de 3,4%, mientras que tras el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023 registró una suba cercana al 4%. En otros eventos recientes las variaciones fueron más acotadas, con movimientos de entre 0% y 2% en los días posteriores al inicio de las hostilidades.
Aunque estos movimientos suelen ser menores que los observados en el mercado energético, confirman el papel del oro como reserva de valor en momentos de tensión.
El dólar estadounidense también tiende a fortalecerse en este tipo de escenarios, impulsado por la demanda global de activos denominados en esa moneda. Sin embargo, las variaciones tienden a ser limitadas: en diversos episodios de tensión geopolítica, el índice del dólar registró apreciaciones generalmente inferiores al 3% en la semana posterior a los eventos.
La reacción de los mercados accionarios resulta más heterogénea. En los primeros momentos de un conflicto, las bolsas tienden a registrar caídas por el aumento de la aversión al riesgo. No obstante, la magnitud de estos movimientos suele ser menor que la observada en el mercado energético.
En los primeros días de la reciente escalada en Medio Oriente, los principales índices bursátiles marcaron retrocesos moderados: las bolsas estadounidenses cayeron cerca de 2,5% en la semana posterior al inicio del conflicto.
Impacto en acciones y sectores estratégicos
La experiencia revela que este tipo de reacciones iniciales suelen moderarse con el paso de los días. A medida que los inversores evalúan el impacto económico real del conflicto y ajustan sus expectativas, los mercados tienden a estabilizarse. En varios episodios recientes, las Bolsas recuperaron parte de las pérdidas iniciales una vez disminuida la incertidumbre sobre la evolución de los acontecimientos.
A medida que los inversores evalúan el impacto económico real del conflicto y ajustan sus expectativas, los mercados tienden a estabilizarse
Dentro del mercado accionario existe un segmento que suele beneficiarse de los conflictos geopolíticos: las empresas vinculadas al sector defensa. Las acciones de compañías como Lockheed Martin y Northrop Grumman registraron subas en la mayoría de los episodios analizados.
Durante la invasión de Ucrania ambas compañías avanzaron cerca de 18% en la semana posterior al inicio del conflicto, mientras que en la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 las subas fueron de 14,1% y 9% respectivamente.
Incluso en episodios de menor intensidad, como los intercambios de ataques entre Irán e Israel en 2024, estas acciones registraron avances moderados.
Otro mercado que puede mostrar cambios en contextos de tensión geopolítica es el del gas natural. Sin embargo, a diferencia del petróleo, su comportamiento suele ser menos uniforme por la regionalización del mercado.
Durante la invasión de Ucrania el gas natural registró un aumento cercano al 11,8% en la semana posterior al inicio del conflicto, mientras que en otros episodios los movimientos fueron más moderados. En algunos casos incluso se observaron caídas importantes, como ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, cuando el precio del gas retrocedió cerca del 22 por ciento.
Repercusiones macroeconómicas y respuestas institucionales
Más allá de la reacción inmediata de los mercados, los conflictos que afectan a regiones energéticas estratégicas también generan preocupaciones macroeconómicas más amplias. Un aumento sostenido en los precios del petróleo suele trasladarse a los costos de transporte y producción, lo que puede presionar al alza la inflación global y complicar los procesos de estabilización de precios en distintas economías.
En este contexto, los gobiernos y organismos internacionales suelen evaluar medidas destinadas a estabilizar los mercados energéticos. Entre ellas está la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía, una herramienta utilizada en episodios previos de disrupciones en el suministro global.
Gobiernos y organismos internacionales suelen evaluar medidas destinadas a estabilizar los mercados energéticos. Entre ellas está la liberación coordinada de reservas estratégicas
La sensibilidad de los mercados frente a la evolución de los conflictos también queda reflejada en la reacción a señales políticas. Declaraciones sobre posibles negociaciones o la duración esperada de las hostilidades pueden generar movimientos inmediatos en los precios de los activos. En distintos momentos de la escalada reciente, comentarios sobre un eventual acercamiento diplomático provocaron caídas en el precio del petróleo y recuperaciones en los mercados bursátiles, poniendo de manifiesto el peso de las expectativas en la dinámica financiera.
El análisis de los distintos episodios recientes muestra algunos patrones:
- el petróleo registra fuertes subas cuando se compromete el suministro global energético;
- los activos considerados refugio, como el oro y el dólar, tienden a experimentar subas moderadas asociadas al aumento de la incertidumbre;
- los mercados accionarios presentan reacciones iniciales negativas que, en la mayoría de los casos, se corrigen con el tiempo; y
- el sector defensa es una de las áreas del mercado que suele registrar subas ante este tipo de eventos, reflejando las expectativas de mayor gasto militar.
En el escenario actual, la evolución del mercado energético continúa siendo uno de los principales factores a seguir para evaluar el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, y la magnitud de los movimientos recientes en el precio del petróleo pone de relieve la importancia estratégica de la región para el suministro global de energía.
El autor es Analista Económico y director de Focus Market
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