En los últimos 5 días, TGS —la transportadora de gas controlada por Pampa Energía, GPI (Grupo Sielecki) y PCT (Grupo Safra)— festejó por partida doble, tras haber consolidado su permanencia en el negocio hasta 2047 y quedar a un paso de adjudicarse la primera iniciativa privada de la gestión libertaria donde está en juego una inversión de u$s700 millones que se repagará con recargos tarifarios a los hogares, comercios e industrias.

Por medio del decreto 495/25, el Gobierno de Javier Milei dio el puntapié inicial a una serie de prórrogas contractuales de gasíferas privadas que tiene en carpeta con la extensión a TGS de su licencia de transportadora por décadas más a partir de diciembre de 2027.

TGS se asegura inversiones hasta 2047 y se hará cargo de parte del gasoducto

La empresa —que cuenta con una red de casi 9.300 kilómetros de gasoductos y 33 plantas compresoras que transportan el 60% del gas consumido en el país— había solicitado la ampliación de su contrato de concesión en setiembre de 2023 por el plazo de 10 años que preveía el marco regulatorio del sector gasífero. 

La aprobación de ley Bases y los cambios reglamentarios que implementó la administración mileísta le permitió a la transportadora acceder a una prórroga mayor de 20 años a contar desde el último mes de 2027, fecha en que expira su contrato original que viene de la época menemista.

El proceso administrativo que derivó en la renovación anticipada de su licencia para seguir operando su red de gasoductos incluyó la realización de una audiencia pública que llevó adelante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a fines de octubre del año pasado para evaluar el desempeño y accionar operativo que tuvo TGS en los últimos 28 años como prestadora del servicio de transporte de gas.

En esa instancia, la empresa demostró que había logrado cumplir con las inversiones obligatorias que tenía a su cargo, que las multas recibidas nunca llegaron a superar el 5% de su facturación y que no registró fallas ni cortes del servicio que hayan superado los parámetros técnicos exigidos por las normas vigentes.

El decreto de extensión contractual puso como condición que TGS —que también tiene a su cargo la operación y mantenimiento del tramo Tratayén – Salliqueló del nuevo gasoducto troncal ahora denominado Perito Moreno— debía renunciar a cualquier demanda judicial por reclamos tarifarios y económicos que tuviera en curso contra el Estado nacional.

La empresa ya había logrado mejorar significativamente su situación en abril de este año con la aprobación de la «Revisión Tarifaria Quinquenal» que estableció un esquema gradual de ajustes reales de tarifas destinado a afrontar el plan de inversiones que debe ejecutar en el período 2025-2029.

La única oferente se hará cargo de la primera obra del Gobierno en Vaca Muerta 

El segundo motivo de celebración que tuvo TGS en las últimas horas provino del hecho ser la única oferente que se presentó en la licitación de las obras de ampliación del gasoducto Perito Moreno, bajo el marco de una «iniciativa privada» que había promovido el año pasado.

Las obras en juego contemplan la «ejecución y financiamiento de la ampliación del gasoducto por 14 millones de metros cúbicos diarios (MM3D) y el derecho a llevar adelante una ampliación adicional de hasta 6 MM3D más la operación y mantenimiento de ambas infraestructuras».

La inversión asociada al proyecto trepa a un total de u$s700 millones con un plazo de ejecución de dos años. Las obras propuestas apuntan a dotar de confiabilidad al suministro interno y sustituir importaciones de GNL y gasoil con gas proveniente de Vaca Muerta.

El proyecto está estructurado sobre dos bases regulatorias. La primera se encuadra dentro del régimen de iniciativa privada y abarca la mayor parte de las obras e inversiones por un total de u$s500 millones. El segundo componente corresponde a un paquete de obras y mejoras que deberá ejecutar TGS dentro de sus obligaciones contractuales con una inversión complementaria de u$s200 millones.

En ambos casos, las obras las terminarán repagando los usuarios residenciales, comercios e industrias con una mayor carga tarifaria y las petroleras que utilicen el gasoducto para exportar a Brasil y alimentar las futuras plantas de GNL que despacharán sus producciones a mercados externos.

Técnicamente, el proyecto consiste en la ampliación del gasoducto que une las localidades de Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires) y la instalación de cinco plantas compresoras que permitirán elevar la capacidad de transporte actual de 21 MM3D a 35 MM3D en un plazo inferior a dos años.

Si se cumplen los cálculos incluidos en la iniciativa privada que hizo suyos el Gobierno, la ampliación del gasoducto «permitirá sustituir significativamente las importaciones de GNL y combustibles líquidos destinadas a las generadoras eléctricas durante los 100 días invernales de alta demanda y aportarán un beneficio en la balanza comercial de más de u$s700 millones anuales junto con un ahorro fiscal del orden de los u$s 567 millones».

Polémica por una tarifa medida en dólares

El proceso licitatorio que lleva adelante la estatal Enarsa quedó en la mira tras una reciente denuncia administrativa «irregularidad e ilegitimidad» presentada por el exinterventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello.

La denuncia puso sobre el tapete la inclusión de una cláusula de revisión y redeterminación de la tarifa de transporte basada en el índice PPI (Producer Price Index) de Estados Unidos, que podrá cobrar el ganador de la licitación.

La presentación de Martello —actual Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires— destacó que «esta medida implicaría una eventual inconstitucionalidad y una violación del principio de legalidad derivada de la utilización de índices extranjeros como mecanismo de ajuste en contratos celebrados bajo el régimen de derecho público».

Para el ex titular del ENRE, el mecanismo de ajuste basado en el PPI «carecería de una justificación técnico-económica suficiente que permita compatibilizarlo con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad; especialmente en relación con los usuarios residenciales, quienes podrían ser alcanzados por traslados de costos derivados del mismo ante fluctuaciones inesperadas de un índice extranjero que no posee un correlato directo con los costos nacionales de la industria del gas».

Según la denuncia elevada a la secretaria de Energía, María Tettamanti, «la incorporación del índice PPI en dólares como mecanismo de ajuste contractual en el pliego de bases y condiciones, constituye una cláusula incompatible con la legislación vigente porque se trata de un índice extranjero sin habilitación legal expresa y porque la indexación en moneda extranjera se encuentra prohibida por normas de orden público económico».

La UTA cerró una suba escalonada que impactará entre julio y noviembre. Se actualizarán los básicos y los viáticos y así quedaron los montos

28/07/2025 – 14:55hs

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un nuevo acuerdo salarial para los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 460/1973.

El entendimiento contempla aumentos escalonados en el sueldo básico y en los viáticos diarios, con una mejora acumulada del 11,5% entre los meses de julio y noviembre.

Cuánto cobrará un chofer de colectivo por lo trabajado a partir de julio de 2025

De acuerdo a lo informado por el sindicato, estos serán los salarios durante los próximos meses:

• Julio:

  • Básico conformado: $1.300.000

  • Viáticos diarios: $12.000

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  • Total mensual (considerando 24 días trabajados): $1.588.000

  • Antigüedad: $19.500 por año de servicio

• Agosto:

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  • El básico se mantiene en $1.300.000

  • Viáticos diarios: $12.500

  • Total mensual estimado: $1.600.000

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• Octubre:

  
  

• Noviembre:

  • Básico conformado: $1.370.000

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  • Viáticos diarios: $13.000

  • Total mensual: $1.682.000

  • Antigüedad ajustada a $20.550 por año

«Este acuerdo salarial busca actualizar los ingresos del sector en un contexto de alta inflación, manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores del transporte urbano de pasajeros», indicó el sindicato.

Jubilados: cómo pueden viajar gratis en colectivo

Con la suba constante de precios, los beneficios para jubilados se vuelven cada vez más necesarios y bienvenidos. Entre ellos, uno de los más valorados es la posibilidad de viajar gratis en transporte público. Si cobrás una jubilación o pensión, tenés la opción de acceder a la Tarifa Social Federal, que permite viajar sin pagar, o con descuento, en colectivos, trenes y hasta subte, dependiendo de la zona donde vivas.

La Tarifa Social Federal es un descuento automático del 55% en el transporte público para ciertos grupos sociales, que en muchos casos, como el de los jubilados, permite acceder a viajes completamente gratuitos en colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, existen beneficios adicionales para el subte dentro de CABA.

¿Quiénes pueden viajar gratis?

Este beneficio está dirigido a:

• Jubilados y pensionados nacionales

• Titulares de pensiones no contributivas

• Beneficiarios de AUH, Asignación por Embarazo, Progresar y otros planes de ANSES

En el caso de los jubilados, el requisito es contar con una jubilación mínima o estar dentro del rango que define ANSES como compatible con tarifa social. No es necesario estar dentro de ningún programa especial: alcanza con tener una tarjeta SUBE registrada a tu nombre y hacer el trámite correspondiente. 

¿Cuál es el paso a paso para activar el beneficio?

1. Entrar a Mi ANSES

   • Ingresá con tu CUIL y clave a la web de ANSES

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   • Buscá la sección «Programas y beneficios»

   • Elegí la opción Generar PIN SUBE

   • Vas a obtener un código de 6 dígitos

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2. Registrar tu tarjeta SUBE

   • Ingresá a tarjetasube.sube.gob.ar

   • Cargá el PIN, tu número de SUBE y datos personales

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   • Si ya tenés tu tarjeta a tu nombre, igual necesitás activarla con este paso

3. Activar el beneficio

   
   

Una vez hecho esto, ya podés viajar con el descuento del 55%, que en el caso de muchos jubilados equivale a viajar gratis por tener tarifa mínima.

La compañía viene siendo impactada por la apertura de las importaciones y el parate que muestra la obra pública. Preocupa la baja demanda de acero

28/07/2025 – 09:47hs

La decisión del Gobierno de abrir las importaciones de forma indiscriminada, sumado a la motosierra aplicada a la obra pública, viene afectando de un modo dramático la actividad de la siderúrgica Acindar. La merma en la demanda de productos redundó en la postura de la firma de activar la parálisis de uno de sus trenes laminadores hasta el próximo 4 de agosto, y la compañía controlada por el grupo ArcelorMittal aplicó 200 suspensiones en una escala que podría ascender hasta los 500 si la perspectiva del negocio no mejora. En el ámbito del acero afirman que la planta de Acindar en Villa Constitución enfrenta su peor momento en años. En dichas instalaciones la producción cayó a la mitad, pasando de 1.2 millones a 600.000 toneladas anuales.

Según trascendió, la compañía viene de paralizar el tren laminador número 2 y haría lo mismo con su similar número 1. Esta situación preocupa y mucho en Santa Fe por la relevancia de Acindar al momento de generar empleo.

Así, en el ámbito de la política de esa provincia, diputadas nacionales como Florencia Carignano afirman que la compañía «tiene un excedente mensual entre 15.000 y 20.000 toneladas de acero y eso que está funcionando con un solo horno».

Las importaciones hicieron mella en el negocio de Acindar

En cuanto a la posición de los sindicatos del sector, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) señalaron que el momento productivo y comercial que atraviesa la compañía es producto de la baja del 60% que muestra la obra pública y el aumento de las importaciones de acero desde China y Brasil.

«El modelo productivo está en crisis. Esto no lo resuelve solo la UOM o Acindar. Se necesita un esfuerzo colectivo para salir adelante», declararon Silvio Acosta y Ariel Alcaraz, delegados de esa organización.

«Seguimos surfeando la ola con acuerdos de suspensiones», dijo Acosta. El gremio sostiene que la empresa no presenta señales de recuperación ni un plan concreto para revertir la caída.

En el sector de la siderurgia predomina la preocupación ante el enfoque actual que presenta el modelo económico del Gobierno nacional el cual, afirman los actores de ese nicho, «pone énfasis en sectores como el gas, la minería, el litio y el agro, mientras que la industria pesada no estaría recibiendo el mismo nivel de atención o protección«.

La merma productiva en Acindar acumula meses de iniciada y lo cierto es que el escenario en esa empresa no ha hecho más que agravarse. Así, ya en marzo pasado la compañía acordó con la UOM la posibilidad de aplicar suspensiones según la evolución de la producción y la demanda de acero.

En ese momento se indicó que ese régimen podría alcanzar a unos 1.000 operarios aunque de forma alternada. A principios de ese mes, fuentes ligadas a la compañía indicaron a iProfesional que «la situación de la empresa es consecuencia de la retracción de la demanda interna«.

Se complica el empleo en las siderúrgicas

Al margen de lo que ocurre con la firma mencionada, lo cierto es que el ámbito de la siderurgia lleva meses en caída libre. Durante el primer trimestre del año, Tenaris remitió una treintena de cartas documento anticipando a los empleados alcanzados que sus respectivos contratos culminarían el 30 de abril.

Otra empresa que activó despidos es King Agro, con operaciones en el parque industrial de Campana. La empresa también atraviesa un momento de retracción en sus ventas a partir del contexto que atraviesa el sector industrial doméstico y comenzó a tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

A estos nombres hay que añadir las dificultades que atraviesa Acerbrag, considerada la segunda productora doméstica de hierro redondo y la tercera de aceros largos.

La firma paralizó la actividad en su planta de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, a mediados de febrero. En ese momento, notificó a sus empleados que aplicaría un recorte de personal que podría ascender a los 500 puestos de trabajo.