La resistencia contra el impuestazo rural en Buenos Aires está en marcha. Productores de Azul, Cacharí y Chillar convocaron para el 5 de abril a una manifestación de protesta, a la cual invitaron a legisladores nacionales y provinciales, en busca de una mayor visibilidad a nivel nacional.

Bajo la consigna «Basta de saquear a los contribuyentes. Basta de vivir con la nuestra», se dará un paso más en este conflicto que, sin disimulo, tiene el esponsoreo del gobierno de Javier Milei.

Productores se rebelan contra Kicillof por suba de impuestos

El diferendo es por los aumentos en el impuesto inmobiliario rural, que en algunos casos llega a un nivel de 500%, algo que los productores denuncian como confiscatorio e ilegal. Desde hace dos semanas están llegando las notificaciones de pago, a lo que un grupo de productores se ha negado, en medio de un creciente movimiento de rebelión fiscal.

Pero, en paralelo con la convocatoria a la protesta, los productores también invitaron a Axel Kicillof al diálogo. En una carta que lleva la firma de 12 asociaciones de productores de la zona norte de la provincia -incluyendo a Pergamino, Salto y San Nicolás- se le pidió al gobernador la posibilidad de «un encuentro sin intermediarios».

El planteo es para «hacerle conocer las dificultades que atravesamos con los aumentos del impuesto inmobiliario rural, urbano y patente».

Una semana antes, la asociación de productores de Salliqueló había decidido una estrategia para judicializar el tema, mediante la presentación de recursos de amparo a título individual por parte de los productores.

No hay acuerdo por el impuesto inmobiliario rural y vuelve el fantasma de las protestas rurales a la provincia de Buenos Aires.

La Asociación de Salto, por su parte, convocó a una rebelión fiscal, por considerar que la suba del impuesto no solamente está guiada por un afán fiscalista, sino también por una motivación ideológica.

«Esta es la oportunidad para juntar al campo. Porque no es un tema solamente de plata, es un tema de una filosofía política que nos quiere destruir. La provincia de Buenos Aires es el mejor ejemplo de que la fiesta sigue, y la plata es la nuestra». La contundente frase del productor Alberto del Solar Dorrego se viralizó en las redes sociales, mientras el gobierno ratificaba su apoyo a la rebelión fiscal y comparaba este conflicto con la recordada pelea de 2008 entre Cristina Kirchner y los productores sojeros por la resolución 125 que establecía retenciones móviles a la exportación.

Axel Kicillof niega acusaciones

De momento, Kicillof no respondió oficialmente al convite para dialogar, pero hasta ahora sus señales políticas no parecen ser de apertura a una flexibilidad en su presión tributaria. En contraste con esa actitud, el gobierno de Javier Milei no solo ha acompañado el reclamo de los productores sino que está esponsoreando una rebelión fiscal.

El funcionario que habló públicamente del tema fue el titular de ARBA, Cristian Girard, quien argumenta que, en realidad, no existe el mentado «impuestazo» en la provincia. Su explicación es que se establecieron topes de aumento diferenciales según el valor de las tierras: así, se arranca en un nivel de 140% para el sector más bajo, que corresponde al 37,28% de las partidas rurales.

Y solamente queda sin tope un grupo reducido, que representa 0,71% del total, compuesto por 2.138 propiedades con una base imponible superior a los $198,9 millones y una valuación de mercado superior a los u$s3 millones.

¿Una rebaja impositiva?

Desde ese punto de vista, lo que está haciendo el gobernador Kicillof no es un aumento sino una rebaja en el impuesto inmobiliario rural, dado que el 99% de las propiedades recibieron incrementos que no equiparan la inflación registrada en el período.

Según Kicillof, los productores tuvieron un alivio fiscal, a excepción de una minoría que representa el 0,7% del total.

«También es importante resaltar que la reducción impositiva al campo se llevó a cabo de forma tal que la carga resultara mejor distribuida entre los propietarios, de un modo más acorde a la real capacidad contributiva de cada cual», sostiene Girard.

Agrega, además, otro argumento de impacto político: que hoy todos los productores pagan menos monto, en términos reales, que el que abonaban en la gestión de María Eugenia Vidal: la mitad de las tierras de menor valuación pagan un 86% menos, en tanto que el 10% de los campos de mayor valuación tuvieron un recorte de 10,6% en su carga impositiva.

Y, para completar, recuerda que la emergencia agropecuaria decretada por la sequía ocurrida el año pasado supuso beneficios impositivos para 25.222 productores por un monto de $4.200 millones.

En definitiva, la gestión de Kicillof no solamente niega la existencia misma de un «impuestazo», sino que reivindica la legitimidad de los aumentos, destaca el principio de progresividad y, además, recuerda que todos pagaban más cuando Vidal gobernaba la provincia.