Los cruces entre los gremios aeronáuticos, la cúpula de Aerolíneas Argentinas y el Gobierno no dejan de intensificarse y el conflicto parece estar muy lejos de concluir. En simultáneo a la decisión de la estatal de denunciar a los gremios de pilotos y tripulantes de cabina por las medidas de fuerza adoptadas durante la última semana, y los intentos por expulsar al líder sindical Pablo Biró del directorio de la línea de bandera, el frente que conforman los gremios APA (personal aeronáutico), APLA (pilotos), UPSA (personal superior) y la AAA (aeronavegantes), cargó duro contra el oficialismo afirmando que establecer la esencialidad del servicio aeronáutico sería ilegal y anticipando que los funcionarios que establezcan esa medida tendrían consecuencias penales. Los sindicatos podrían activar medidas de fuerza el próximo viernes.

La alianza de gremios sostuvo que la decisión del Ministerio de Capital Humano de promover la «esencialidad del servicio aeronáutico comercial para garantizar servicios mínimos» implica «una decisión arbitraria e ilegal».

Y que aplicar la esencialidad implicaría «la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que participen de la misma«.

«El transporte ya está regulado como servicio público de importancia trascendental, en las condiciones establecidas por la norma, conforme la reglamentación del derecho de huelga, reconocido constitucionalmente, mediante la ley 25.877», argumentaron los gremios.

«El intento de valerse de un atajo inconstitucional: el DNU70/23, para que, a través del Código Aeronáutico, pretender establecer un procedimiento distinto y particular para el transporte aéreo, sería nulo por dos órdenes de razones», añadieron.

Aeronáuticos aseguran que el Gobierno actúa de forma inconstitucional: qué rechazan

En ese sentido, el frente integrado por APA, APLA, UPSA Y la AAA sostiene que el DNU es inconstitucional «como lo ha declarado la Cámara de Trabajo en su sentencia de enero de este año invalidando, incluso, la parte con que el mismo intentaba modificar la propia Ley 25.877 en materia de huelga».

Los gremios aseguran que la única forma de regular de manera distinta el derecho de huelga es modificando la ley que lo reglamenta.

«Por lo tanto, cualquier acto administrativo que se dicte por fuera del régimen legal establecido, además de ser nulo e ilegal, constituye un exceso de poder, un abuso de autoridad y una violación de los deberes del funcionario público que lo emita», expusieron.

En ese sentido, los sindicatos señalan que aquellos integrantes del Gobierno que impulsen cambios ligados a la esencialidad podrían ser denunciados y recibir imputaciones por, entre otros ítems, «violar la imparcialidad del Estado en conflictos en que sea parte el propio Estado como empleador».

«… la única función del Estado, en el caso del Ministerio de Capital Humano, a través de su Secretaría de Trabajo, es intentar conciliar los conflictos colectivos, contando para ello con el procedimiento de la Ley 14.786, el que aplicó al presente conflicto, suspendiendo el ejercicio de la huelga por 20 días hábiles y no habiendo convocado ni una sola a las partes, pese a su obligación legal, para intentar llegar a un acuerdo…», remarcaron.

Aerolíneas Argentinas busca expulsar a Pablo Biró

A la par de la situación con el frente de sindicatos, Aerolíneas Argentinas informó vía un comunicado que denunciará a los gremios de pilotos y tripulantes de cabina por las medidas de fuerza adoptadas contra la compañía y comenzará el proceso destinado a expulsar a Pablo Biró, titular de APLA, del directorio de la empresa.

«Las recientes medidas de fuerza llevadas a cabo por los gremios APLA (pilotos) y AAA (tripulantes de cabina), originalmente denominadas «asambleas informativas» para ocultar su naturaleza abusiva e ilegal, ya le provocaron a Aerolíneas Argentinas pérdidas por más de 2 millones de dólares«, señala en el escrito.

Agrega que «como consecuencia, la compañía avanzará en una demanda a los gremios involucrados por los perjuicios ocasionados, principalmente por el lucro cesante de la operación y por los reclamos de los pasajeros perjudicados. También se denunciará a los principales representantes de estos sindicatos como responsables de estas medidas: Pablo Biró por APLA, y Juan Pablo Brey por AAA».

«El caso de Biró implica además una responsabilidad mayor por formar parte del Directorio de Aerolíneas Argentinas. Es decir que por sus manifestaciones públicas y su accionar directo en contra de los intereses de la compañía, Biró actuó en forma desleal en contra de la propia empresa y es responsable ‘ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión’, de acuerdo al artículo 59 de la Ley General de Sociedades», se indica en el documento.