El gremio de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderado por Pablo Biró, anunció que acudirá a la Justicia para cuestionar el decreto emitido por el presidente Javier Milei, que declara al transporte aerocomercial como un servicio esencial. Esta decisión del Ejecutivo se tomó con el objetivo de garantizar un servicio mínimo de vuelos en caso de medidas de fuerza por parte de los trabajadores del sector. 

La resolución cuenta con el respaldo de los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo, y fue firmada poco antes de un paro que afectó a más de 37.000 pasajeros y canceló 300 vuelos.

Biró se pronunció en contra de la medida en una entrevista radial, en la que calificó la decisión del gobierno como «ilegítima» y aseguró que el conflicto con el oficialismo se intensificará. El sindicalista, en representación de los pilotos, afirmó que no aceptarán lo que consideran una imposición autoritaria por parte del Gobierno y que su gremio tomará acciones legales.

 «Vamos a recurrir a la Justicia con amparos y medidas cautelares, defendiendo el derecho de huelga, que es fundamental y solo está regulado en casos de peligro para la vida», señaló.

La respuesta del gremio ante el decreto que declara la esencialidad del transporte aerocomercial

El Decreto firmado por Milei busca reducir el impacto de las huelgas en el sector aeronáutico, especialmente en jornadas de alta demanda de vuelos. En el contexto de un paro que ya estaba planificado, la normativa fue interpretada por los gremios como un intento de coartar sus derechos laborales. APLA sostiene que el derecho a huelga es irrenunciable y que las medidas de fuerza son la principal herramienta de los trabajadores para defender sus intereses económicos, sociales y profesionales.

En sus declaraciones, Biró manifestó su rechazo a lo que calificó como una «tiranía» por parte del gobierno, indicando que no permitirán la violación de sus derechos. El líder sindical expresó su preocupación por el rumbo que toma el conflicto y advirtió sobre un empeoramiento de la situación. Sin embargo, no brindó detalles sobre la posibilidad de nuevas medidas de fuerza o paros en el futuro cercano.

El trasfondo del conflicto: salarios y tensión con Aerolíneas Argentinas

El enfrentamiento entre el gremio y el Gobierno no es nuevo. La raíz del conflicto actual gira en torno a las negociaciones salariales que involucran a los pilotos de Aerolíneas Argentinas y a otros trabajadores del sector aeronáutico. El reclamo principal de APLA es una recomposición salarial del 70%, mientras que los tripulantes de cabina, representados por otro sindicato, solicitan un aumento del 25%. Por su parte, Aerolíneas Argentinas y la Secretaría de Transporte han ofrecido un aumento acumulado del 10,8% para el período comprendido entre junio y agosto, oferta que fue rechazada por los gremios.

Biró ha sido enfático en señalar que este conflicto no solo tiene que ver con los salarios, sino también con lo que considera un intento del Gobierno de privatizar Aerolíneas Argentinas. Según el sindicalista, la gestión de Javier Milei ha buscado desde el inicio de su mandato debilitar a la empresa estatal. En ese sentido, Biró recordó que, en el marco de la discusión sobre la Ley de Bases, el oficialismo intentó incluir a Aerolíneas Argentinas en un listado de empresas a privatizar, pero el Congreso finalmente decidió no avanzar con esa iniciativa. «Están buscando alternativas para tener a la opinión pública a favor, utilizando a los pasajeros como rehenes de conflictos que son claramente evitables», aseveró Biró.

Impacto en los pasajeros y en el sector aerocomercial

El paro del pasado viernes, que se extendió por 24 horas, dejó a miles de pasajeros sin posibilidad de viajar, generando un impacto significativo en las operaciones de Aerolíneas Argentinas y otras compañías del sector. Ante este escenario, el Gobierno consideró que era necesario declarar al transporte aerocomercial como un servicio esencial, buscando con esto garantizar la continuidad de los vuelos ante futuras medidas gremiales.

La medida ha generado tensiones no solo entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos, sino también entre los trabajadores y los usuarios del servicio. Si bien el DNU busca proteger el derecho al transporte de los pasajeros, desde el sector sindical sostienen que no se puede ignorar el derecho de los trabajadores a realizar paros y otras acciones para defender sus reclamos.

Biró, al ser consultado sobre el impacto de las huelgas en los pasajeros, insistió en que el conflicto actual no puede ser resuelto sin un diálogo serio con el Gobierno y que, en su opinión, la administración de Milei busca generar más tensión en el sector para justificar una eventual privatización.

¿Qué sigue en la disputa entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos?

La estrategia del gremio ahora pasa por recurrir a la vía judicial. Según lo expresado por Biró, presentarán amparos y medidas cautelares ante la Justicia, con la expectativa de que el DNU deba ser revisado. El argumento principal de APLA es que el derecho de huelga está protegido constitucionalmente y no puede ser limitado a menos que exista un riesgo para la vida de las personas, lo que no consideran aplicable en este caso.

A medida que el conflicto avanza, la expectativa está puesta en cómo reaccionará el Gobierno frente a las acciones judiciales del gremio y en si se producirán nuevas medidas de fuerza. Por el momento, APLA no ha confirmado un cronograma de huelgas o asambleas, pero Biró dejó entrever que el conflicto podría «ponerse mucho peor» en las próximas semanas si no se llega a un acuerdo satisfactorio.

En definitiva, la disputa entre el Gobierno y los sindicatos aeronáuticos, particularmente APLA, parece estar lejos de resolverse, y el sector aerocomercial enfrenta la posibilidad de nuevas interrupciones en sus servicios. Mientras tanto, los pasajeros y las compañías aéreas siguen siendo las principales víctimas colaterales de un conflicto que se enmarca tanto en reclamos salariales como en tensiones políticas más profundas.