El impacto de la crisis en Medio Oriente sobre el mercado energético global se sigue sintiendo con fuerza en los surtidores de todo el país, y la carrera parece no deteberse con un barril del Brent que esta tarde del viernes sumaba otro 3% en su escalada para ubicarse por encima de los u$s112 en el mercado internacional.

Esa aceleración de casi el 55% desde los u$s72,49 registrados el 27 de febrero, el día previo al primer ataque de Estados Unidos e Israel a obetivos de Irán, al cierre de este viernes justifica la variación en la sestaciones de servicio que perciben todos los automovilistas de manera silenciosa, ya que los retoques son por márgenes menores.

Un reciente informe del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET) reveló este viernes que hasta la fecha este fenómeno responde a una recuperación acelerada de la cotización del petróleo, impulsada por el conflicto bélico y las restricciones logísticas en puntos neurálgicos como el estrecho de Ormuz.

Esta dinámica interrumpió la tendencia de reducción interanual que los precios del crudo mostraron hasta enero, cuando se ubicaban entre un 18% y 21% por debajo de los niveles del año anterior. Ahora, la presión externa obligó a una revisión de las pizarras para evitar un desabastecimiento o una descapitalización de las refinadoras.

De acuerdo con los datos relevados al 19 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, el incremento ponderado para el mes alcanzó el 15% en las naftas y el 14,6% en el gasoil. En términos nominales, esto llevó el precio de la nafta súper a $1.813 por litro, mientras que la versión premium se ubicó en $1.987. El salto resultó ser significativamente mayor al estimado durante la primera semana del mes, cuando las variaciones promedio país rondaban el 5%.

El relevamiento del IIEP (UBA-CONICET) detalló que la nafta súper acumuló un alza del 16,2% en lo que va de marzo, mientras que el gasoil común registró una suba del 15,6%. Estas cifras reflejan que las petroleras aplicaron traslados a precios más agresivos para compensar el encarecimiento de la materia prima, que se disparó por la incertidumbre geopolítica. 

La fuerte disparidad de precios

La disparidad de precios en el país también se acentuó, con provincias como Corrientes y Misiones pagando valores por encima de los $2.000 para los productos de mayor calidad. En general, las provincias del Noreste y Noroeste argentino son las que presentan los precios más altos del mercado, mientras que la región patagónica conserva los valores más bajos por los beneficios impositivos vigentes para la zona productora.

En el caso de los combustibles premium, el gasoil alcanzó un valor de $2.041 en los surtidores porteños, con una variación acumulada del 12,1% en el mes. Por su parte, la nafta de mayor octanaje mostró un incremento del 11,7% en el mismo período.

Estas actualizaciones se realizaron sobre una base que no incorporaba inicialmente los efectos del barril a tres dígitos, lo que sugiere que todavía existe un rezago frente a la paridad de importación si el crudo se mantiene en los niveles actuales.

La comparación federal que presentó el IIEP expone que el promedio país para la nafta premium se estimó en $1.895 y para la súper en $1.664. Sin embargo, los valores en el interior de la Argentina suelen superar estas medias debido a los costos logísticos y la carga impositiva local.

Las estimaciones para la segunda quincena de marzo indican que la volatilidad persistirá mientras no se estabilice el escenario internacional. El informe subrayó que los valores observados durante la segunda semana del mes ya son un 32% superiores a los de marzo de 2025. Este salto interanual marca un cambio de ciclo respecto a la estabilidad que buscó el Gobierno en los meses previos.

El peso del dólar y los impuestos

El sector refinador monitorea de cerca la evolución del tipo de cambio y la actualización pendiente del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Si bien el precio del barril es el principal motor de las subas actuales, la convergencia hacia precios internacionales sigue siendo el objetivo de fondo de las principales operadoras más allá de los otros costos. 

La aceleración de marzo pone a prueba la capacidad de absorción de los consumidores, y en este contexto se da la caída de la demanda de productos premium que se desplaza hacia las versiones más económicas, tal como ya reconocen los estacioneros a solo 20 días del inicio del conflicto.

La industria del petróleo y gas en la Argentina, con el foco puesto en Vaca Muerta, sigue con ambivalencia el alza del crudo. Por un lado, un precio internacional alto favorece las exportaciones y la entrada de divisas; por el otro, encarece el abastecimiento interno en un país que todavía necesita importar gasoil y naftas premium durante los picos de demanda.

Esta dualidad obliga a los ejecutivos del sector a recalcular los precios de transferencia entre la producción y la refinación para no desabastecer el mercado doméstico. Pero el público muestra a su vez una migración sistemática desde los combustibles de mayor calidad hacia los básicos, una tendencia que se profundizó con cada nuevo ajuste en el surtidor.

Las estaciones de servicio de bandera blanca y las ubicadas en zonas fronterizas registraron las mayores caídas de volumen, ante la imposibilidad de competir con los precios de las operadoras integradas. Expertos del sector energético venían advirtiendo que, si el petróleo se estabilizaba por encima de los u$s 100, la presión sobre el tipo de cambio oficial sería inevitable para mantener la competitividad de las refinerías.

Máxima presión en los surtidores

Para entender la magnitud de la presión en los surtidores, es necesario desglosar la fórmula técnica que compone el precio de la nafta en el mercado interno. El valor final integra el costo del crudo en un 50%, los márgenes de refinación y transporte un 31%, la carga impositiva nacional un 13% y el valor de los biocombustibles un 6%.

Con un Brent que consolida su tendencia alcista, el componente de la materia prima desequilibra la ecuación y empuja los valores hacia arriba de manera constante. Pero según los especialistas, existe una proporcionalidad técnica para el mercado local que se conoce como la «regla de los dos tercios», por el cual el aumento en los surtidores debería equivaler, a dos terceras partes del incremento que registre el barril internacional.

Si bien el crudo representa el 50% del valor, gran parte del 31% restante (fletes, salarios, mantenimiento de refinerías y operación de estaciones de servicio) está indexado a la energía. Cuando el petróleo sube, los costos de transporte y la energía necesaria para procesar ese crudo en las destilerías también aumentan. Por lo tanto, el impacto del barril «contagia» a otros componentes de la estructura de costos.

Bajo esta premisa, si el barril Brent sube un 30% (como ocurrió desde el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente que pasó de un crudo a u$s70 el último día de febrero al actual por sobre los u$s100, se está ante un incremento porcentual desde el 42% en el principal insumo de un litro de combustible.

Esta progresión matemática deja en evidencia el descalce financiero que enfrentan las refinadoras. Si se aplica la mencionada relación técnica sobre un salto del 42% en el valor del crudo, el ajuste teórico en el surtidor debería ubicarse en torno al menos del 28% para mantener el equilibrio del sistema.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 52 jornadas seguidas adquiriendo divisas en un contexto de estabilidad en el mercado cambiario. Este jueves, la entidad sumó USD 132 millones, el mayor monto de marzo, y acumula compras por más de USD 3.600 millones de dólares en lo que va del año, pero las reservas internacionales exhibieron su séptima caída consecutiva.

Desde que comenzó la cuarta fase del programa monetario, en enero, el BCRA incrementó sus reservas en USD 3.611 millones, superando un tercio de la meta anual establecida para 2026. Para sostener estas compras, la autoridad monetaria optó por emitir pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de la liquidez emitida a través de colocaciones de deuda interna. El Ministerio de Economía, en las últimas licitaciones, priorizó evitar un aumento de la base monetaria para contener tanto la inflación como posibles variaciones en la cotización del dólar.

Las previsiones oficiales proyectan que la acumulación neta de reservas para 2026 se ubique entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, el ritmo de compra de dólares estará determinado principalmente por el apetito de moneda local y la llegada de divisas al país. Hasta la fecha, el volumen adquirido en el año equivale al 36% del objetivo propuesto para el año.

El BCRA fijó un límite diario para la compra de dólares, que no puede superar el 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios, y formalizó acuerdos con empresas y entidades para canalizar operaciones fuera del mercado mayorista, apuntando a evitar presiones en el mercado de cambios.

Las reservas internacionales se ubicaron en USD 43.702 millones al cierre de la última jornada, mostrando una reducción de USD 793 millones respecto al día previo por caídas de aproximadamente USD 600 millones en la valuación de activos que integran el patrimonio del organismo.

Al finalizar el mes anterior, el stock de reservas había alcanzado USD 46.905 millones, el mayor nivel desde que asumió la actual administración y el más alto en seis años, tras los 47.448 millones registrados entonces. Los pagos de deuda y los cambios en la valuación de activos impactaron en estos movimientos.

El fortalecimiento de las reservas estuvo condicionado por las necesidades financieras del Tesoro, que acudió al BCRA para adquirir divisas y afrontar vencimientos, lo que moderó el ritmo de crecimiento del stock. El flujo de dólares que permitió la intervención oficial provino en gran parte de la liquidación de exportaciones agropecuarias y de colocaciones de deuda realizadas por empresas y provincias. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las emisiones de obligaciones negociables y bonos provinciales aportaron 11.000 millones de dólares.

Este jueves, Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), destacó la continuidad en la acumulación de reservas por parte del Banco Central durante 2025. No obstante, se abstuvo de precisar un plazo para la conclusión de las conversaciones entre el equipo técnico del organismo multilateral y los funcionarios del Ministerio de Economía.

“El compromiso entre el personal del FMI y las autoridades es muy cercano, y las charlas están avanzando”, dijo la vocera del FMI durante la conferencia de prensa internacional que ofreció en Washington.

“Como hemos discutido aquí, para reconstruir las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina ha comprado cerca de 3.500 millones de dólares, en reservas desde el inicio del año», afirmó Kozack. Y sintetizó: “Esto es equivalente a cerca de setenta millones de dólares de Estados Unidos por día”.

El mercado cambiario local registró este jueves una operatoria significativa, con USD 590,6 millones negociados en el segmento contado. La cotización mayorista del dólar avanzó apenas 50 centavos respecto al cierre previo y terminó en $1.394,50, aunque en lo que va de marzo acumula una baja de 2,50 pesos.

Para la jornada, el Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.637,01. Así, el tipo de cambio oficial se ubicó a 242,51 pesos por debajo de ese límite, lo que representa una diferencia del 17,4%, la mayor distancia observada desde el 1 de julio del año pasado, cuando llegó al 18%.

El mercado de las telecomunicaciones en Argentina atraviesa una tensión creciente entre la necesidad de inversión en infraestructura y la falta de ejecución de fondos públicos destinados a cerrar la brecha digital. En el centro de este conflicto aparece el Fondo de Servicio Universal (FSU), que acumula recursos millonarios mientras el despliegue de redes sigue siendo desigual en el país.

Aunque el Decreto 6/2025 disolvió el fideicomiso que administraba el fondo, la obligación de las operadoras de aportar el 1% de su facturación bruta continúa vigente. Este esquema sostiene un flujo constante de ingresos que para 2025 proyecta programas por más de $22.000 millones orientados a conectividad y barrios populares integrados en el RENABAP.

A estos recursos se suma una disputa por deudas pendientes que superan los $4.500 millones. La cifra incluye los $3.000 millones reclamados originalmente por la Auditoría General de la Nación (AGN) a Telecom y Telefónica, más intereses y montos no detectados en auditorías previas. El resultado es un escenario de alta tensión entre el Estado y los principales operadores del mercado.

Escala la tensión entre las PyMEs y el Enacom por los fondos del FSU

La crítica más directa proviene de las PyMEs del sector. Lucio Gamaleri, presidente de Red Intercable, advirtió durante el panel «Políticas públicas para competir en tiempos de concentración», moderado por el subsecretario de Simplificación, Héctor Huici, que los fondos del FSU «no están disponibles para su uso efectivo» y reclamó un esquema que priorice su ejecución.

En ese marco, Gamaleri propuso avanzar hacia modelos de complementariedad entre operadores. Según explicó, el contexto actual exige mayor coordinación para sostener la competencia y garantizar el acceso a servicios en todo el territorio.

Desde la visión de las PyMEs y cooperativas, la falta de ejecución del FSU impacta de forma directa en la territorialidad del servicio. Estas empresas cumplen un rol clave en zonas donde los grandes operadores no invierten, pero dependen en gran medida de políticas públicas activas para sostener sus despliegues.

El planteo no se limita a una cuestión financiera. También pone en juego la supervivencia de un ecosistema diverso frente a la concentración del mercado, la presión de los grandes programadores y el avance de la piratería de señales. Esta postura suma respaldo de referentes del sector como Federico Fornelli (ATVC) y Ariel Graizer (CABASE).

Desde el ENACOM, en cambio, el enfoque apunta a modificar el esquema histórico de asignación de fondos. El organismo busca dejar atrás los Aportes No Reembolsables (ANR) y avanzar hacia un sistema basado en préstamos con repago y evaluación crediticia.

Un ejemplo reciente de esta estrategia fue la adquisición de obligaciones negociables por $10.000 millones destinadas a financiar PyMEs TIC con proyectos viables. El objetivo oficial consiste en mejorar la eficiencia del uso de los recursos y elevar los niveles de ejecución.

Sin embargo, este cambio genera resistencia en el interior del país. Muchas empresas advierten que los requisitos de calificación crediticia limitan el acceso a financiamiento en regiones donde la inversión privada resulta escasa. En esos casos, el FSU funciona como una herramienta central para sostener la expansión de redes.

La brecha sigue siendo evidente. Mientras los centros urbanos avanzan hacia velocidades de gigas por segundo, amplias zonas del interior dependen de que estos fondos se traduzcan en infraestructura concreta.

Claro y Telecom hacen su juego

El contraste con la inversión privada profundiza el conflicto. Empresas como Telecom y Claro avanzan con planes de modernización de redes y despliegue de fibra óptica en áreas estratégicas.

Telecom, por ejemplo, proyecta cubrir 2.600 manzanas con tecnología FTTH mediante una inversión de u$s8 millones, además de sumar 60.000 hogares en Salta. En paralelo, ejecutivos del sector como Hernán Colombo (Personal) impulsan modelos de negocio mayorista que contemplan el uso compartido de infraestructura.

A pesar de estos avances, la disputa con el Estado se mantiene abierta. Tanto Telecom como Telefónica sostienen que han cumplido con sus obligaciones regulatorias incluso por encima de lo exigido, lo que mantiene en discusión los más de $4.500 millones reclamados por la AGN.

El Gobierno intenta resolver este conflicto a través de nuevos planes de pago y esquemas de regularización, aunque sin una definición concreta hasta el momento.

El volumen de fondos en juego resulta significativo. En 2025, el ENACOM amplió partidas por $6.000 millones para conectividad general, $16.000 millones para barrios populares y $74 millones para redes comunitarias. Si se suman estos montos a los recursos provenientes de regularización de deudas y activos inmovilizados, el total alcanza los $26.574 millones.

En este contexto, el desafío para la gestión de Héctor Huici consiste en equilibrar dos objetivos que hoy aparecen en tensión: mejorar la eficiencia y transparencia en la asignación de recursos, y responder al reclamo de las PyMEs que exigen la activación inmediata del FSU.