Huergo Cereales, una firma de acopio de granos basada en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, enfrenta el punto más álgido de su crisis. Con 440 cheques impagos por más de $2.442 millones, la empresa ya estaría negociando con un grupo agroindustrial del interior para ser absorbida y así evitar su quiebra y la liquidación de sus activos.

Esta crítica situación financiera que ya se replicó en varias partes de la cadena agroindustrial no es, sin embargo, el único problema de Huergo. Además de los cheques rechazados que figuran en los registros oficiales del Banco Central, la compañía tiene deudas con productores, lubricentros, talleres mecánicos, electricistas, casas de repuestos y otros proveedores.

El contexto volvió a encender algunas luces amarillas en el sector, que tuvo momentos de tensión con empresas en crisis más recientes, como Bioceres, y otras que tuvieron cuestiones financieras complejas el año pasado, como Surcos, Los Grobo y su controlada firma de insumos para el campo Agrofina, entre otras.

Los granos de soja correspondientes a la última campaña y el trigo que los casi 50 productores que trabajan con Huergo Cereales entregaron hace poco más de un mes, ya no se encontrarían en las instalaciones del acopio. De hecho, según pudo saber este medio, la mercadería fue entregada para su procesamiento o exportación en un lapso menor al que suelen llevar estos procesos. Fuentes con conocimiento del caso señalaron que “entraban camiones a la medianoche”, en movimientos que llamaron la atención de productores de la zona.

La magnitud de la deuda encendió las alarmas en la plaza local, donde la compañía operó durante años como uno de los principales canales de comercialización para productores medianos y pequeños de la zona. En el circuito comercial agropecuario, la acumulación de documentos impagos no solo restringe el acceso al financiamiento, sino que también paraliza la operatoria cotidiana y deteriora la confianza, un activo central en el negocio del acopio.

Huergo tiene una larga trayectoria en la región. Originaria de las localidades bonaerenses de Palemón Huergo y Coronel Mom, estuvo inicialmente conformada por múltiples productores de la zona. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante el fallecimiento de los titulares originales, las participaciones se vendieron hasta quedar en manos de dos socios locales que no tenían vínculo con la actividad agropecuaria. Uno de ellos provenía de la industria aseguradora, mientras que el otro, se dedicaba a la venta de cigarrillos.

Actualmente el primero ya no integra la sociedad. El segundo, en tanto, concentra entre el 90% y 95% de la estructura accionaria de la empresa. El porcentaje restante está en manos de un empleado histórico del acopio. Este medio intentó comunicarse con los involucrados, pero no obtuvo respuesta al momento del cierre de esta nota.

Según comentaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, los productores que entregaron granos al acopio desconfían del origen de los fondos que utilizó uno de los socios para hacerse con el control de la empresa tres años atrás. De hecho, muchos de ellos recurrieron a la Justicia alegando que el empresario habría utilizado fondos provenientes de la comercialización de esos granos para ampliar su participación en la compañía.

“La empresa se encuentra actualmente evaluando distintos escenarios operativos y financieros, en un contexto complejo para el sector. No hay definiciones formales adoptadas ni decisiones institucionales para comunicar en este momento. Ante cualquier novedad oficial, será informada por los canales correspondientes”, respondió ante la consulta de este medio el abogado de la empresa.

Aunque la actividad principal de Huergo es el acopio de granos y cuenta con dos plantas de silo, una en Palemón Huergo y otra en Coronel Mom, la empresa también alquila campos para realizar siembras y posee cuatro camiones propios para el flete del acopio.

En materia de personal, la firma contaba con 19 empleados, aunque uno de ellos renunció en diciembre pasado debido a retrasos en los pagos. En el mercado local no descartan que, de no prosperar la incorporación de un inversor, la firma deba recurrir a una presentación judicial para reordenar sus pasivos.

La empresa Cervecería y Maltería Quilmes anunció que avanzará con un recorte de personal en su planta operativa de Zárate, donde más de la mitad de los trabajadores dejarán sus puestos a través de un programa de retiros voluntarios. La compañía pasará de una dotación de 260 empleados a apenas 80 y reducirá su esquema de producción de tres turnos diarios a uno solo.

Quilmes recurre a un plan de retiro voluntario para reducir empleados

La decisión fue acordada con la comisión interna de la planta, que atribuye la medida a una caída del 45% en las ventas respecto de 2025 y a los problemas financieros que la empresa venía arrastrando como consecuencia de la retracción del consumo y la mayor apertura de importaciones. El ajuste busca evitar un escenario más crítico para la operación local.

Desde la representación gremial señalaron que la negociación se dio en un contexto de alta tensión, ante la posibilidad concreta de un freno total de la producción e incluso el cierre definitivo de la planta. «La idea es seguir manteniendo el envasado de cerveza con una dotación más acotada», explicó Horacio Romero, referente sindical del establecimiento, al referirse al esquema que quedará vigente tras la reestructuración.

El comienzo de 2026 encontró a la industria atravesada por una crisis más amplia que impacta en distintos sectores manufactureros. En el caso puntual del negocio cervecero, el avance de las importaciones aparece como un factor determinante en el deterioro del mercado interno.

De acuerdo con un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (Cien), elaborado sobre la base de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las importaciones de cerveza crecieron 293% en el primer trimestre de 2025, un salto que profundizó la competencia externa en un contexto de consumo debilitado y presión sobre los costos locales.

Importaciones en la mira, tras el caso Fate

La crisis de la empresa de neumáticos FATE puso al discurso del gobierno ante su test más exigente: debe sostener la filosofía aperturista, lo que implica que el acceso de los consumidores a productos de bajo precio es mejor que sostener empleos industriales poco competitivos.

Y en esa «batalla cultural» está permitido usar armas de grueso calibre, como por ejemplo denunciar planes de conspiración política, como insinuó el propio Javier Milei al marcar el sugestivo «timing» de Javier Madanes Quintanilla para anunciar el cierre de FATE justo en pleno debate sobre la reforma laboral.

También se reflotó otra acusación grave, que ya se había escuchado a fin del año pasado, cuando la planta de Whirlpool cesaría la fabricación de lavarropas en su planta de Pilar por el bajón del consumo y la competencia importada. En ese momento, economistas afines al gobierno argumentaron que la actividad industrial en los últimos 20 años ha sido, en realidad, una excusa para obtener rentas financieras.

La explicación es que, en regímenes muy regulados -con cepo cambiario y cierre importador-, al industrial argentino le convenía tomar préstamos en pesos a tasas bajas, que luego se terminaban licuando con la inflación. Y que eso se completaba con un subsidio de hecho a la importación de insumos, porque se les daba prioridad para acceder al tipo de cambio oficial.

No por casualidad, los militantes del gobierno hicieron circular en las redes sociales una charla entre Madanes e industriales del rubro textil, en el que el líder de Aluar reconoce que, al final del gobierno de Alberto Fernández se produjo una masiva acumulación de stock, con la premisa de que sobrevendría un período de tipo de cambio alto, pero que eso finalmente no ocurrió, con lo cual el stock salió a la venta mucho más lentamente de lo previsto.

Felipe Núñez, uno de los principales asesores de Toto Caputo, fue quien tomó la voz acusatoria en esta polémica, al calificar a Madanes como «el empresaurio que durante años cobró el aluminio el doble en Argentina de lo que lo vendía en el exterior, e incluso hoy lo sigue vendiendo aproximadamente un 40% más caro en el país».

Es decir, la acusación lleva implícita la advertencia de que lo mismo que le ocurrió al rubro del neumático con la competencia importada le podría ocurrir al sector del aluminio.

FATE, la punta del iceberg

En un ambiente hipersensibilizado tras la pelea con Paolo Rocca, líder de Techint -a quien Milei bautizó «Don Chatarrín de los tubos caros»-, se vuelve a instalar la eterna polémica: ¿la industria argentina no puede competir si no cuenta con protección estatal? ¿O, como afirman los industriales, Milei está practicando un liberalismo ingenuo que no se aplica en ningún país industrializado, donde los subsidios y los cupos de importación están a la orden del día?

El motivo por el cual le cuesta cada vez más defender su discurso al gobierno es que, lejos de tratarse de casos aislados, las empresas en crisis y con pérdida de empleo son la generalidad. Los números son elocuentes al respecto: en la industria se está usando, en promedio, apenas un 53,8% de la capacidad instalada, y hay casos extremos, como el automotor, donde el uso es de sólo el 31% de la planta-.

El gobierno se defiende con datos como el de la relativa estabilidad del empleo, después de que el censo del Indec publicara para el tercer trimestre del año pasado una desocupación de 6,6%. Sin embargo, los economistas críticos afirman que esa estadística oculta una realidad preocupante: en dos años se perdieron unos 200.000 puestos de trabajo informales -la mayor parte en el sector industrial-, mientras que los nuevos empleos están, sobre todo, en el cuentapropismo y los nuevos trabajos de servicios por aplicaciones de internet.

Y los economistas críticos recuerdan que no sólo está en crisis la «industria protegida» sino que también pasaron zozobras empresas del agro y del sector energético, los supuestos «ganadores» del modelo. En la lista hay nombres como Bioceres, Agrofina, Aconcagua y President Petroleum.

La empresa multinacional de origen español Urbaser quiere vender su filial en Argentina, que emplea a unas 3.500 personas y genera un ingresos antes de impuestos por cerca a 80 millones de euros anuales. La operación se estima en un valor 350 millones de euros y fue encomendada al Banco Santander, según informó el diario Expansión.

La operación se realiza de manera independiente del proceso de venta global de la compañía. La filial argentina quedó excluida de la transacción principal por la cual Blackstone y EQT adquirieron el resto del grupo Urbaser por 5.600 millones de euros. Se la compraron al fondo estadunidesne Platinum Equity que, según Expansión, fue quien ya contrató los servicios de Santander para vender la compañía en el país.

“La Argentina quedó fuera de la transacción acordada con Blackstone y EQT para adquirir Urbaser por 5.600 millones de euros, por lo que Platinum le encargó a Santander la venta por separado del negocio de gestión de residuos en esta región”, dijo el medio español, que especificó que más allá de la presencia del grupo en diversos mercados, “quedó excluido” el negocio en la Argentina.

Urbaser es un jugador importante a nivel global en el negocio de los servicios medioambientales. Gestiona 150 plantas de tratamiento de residuos en una red que abarca más de 42.000 empleados distribuidos en 15 países.

En la Argentina, la compañía desarrolla servicios de gestión integral de residuos, que incluyen recolección, tratamiento y valorización. Inició actividades alrededor de 1996 y actualmente concentra su negocio en la gestión de residuos, en línea con su modelo global de economía circular. En la actualidad opera bajo la sociedad Urbaser Inversiones Argentina SL, constituida en diciembre de 2023.

En la operación principal de cambio de manos del grupo, Blackstone y EQT se repartirán el accionariado en partes iguales e inyectarán 1.300 millones de euros cada uno, destinados en parte a repagar un préstamo de aproximadamente 1.000 millones de euros, además de asumir cerca de 3.000 millones de euros de deuda.

El acuerdo que sellaron Platinum Equity con Blackstone y EQT representa la segunda mayor adquisición por capital riesgo en España en términos de valor empresarial, solo superada por la de Cepsa en 2019.

De acuerdo con información de Europa Press, Urbaser presta servicios a escala global desde hace más de treinta años, y se ha consolidado como un actor principal en la provisión de soluciones integrales de gestión de residuos y servicios medioambientales, con especial foco en la maximización del reciclaje y la recuperación de recursos.

Los servicios de Urbaser cubren tanto la administración de contratos municipales como el servicio a clientes industriales, desarrollando su actividad en amplios segmentos del sector ambiental. Su consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, valoró la operación como un reconocimiento al potencial de generación de valor de la empresa. “Afrontamos con ilusión esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos”, señaló el directivo, citado por Europa Press.

Urbaser ha destacado su apuesta por la innovación en el sector, lo que se refleja en su experiencia en el desarrollo y explotación de plantas de valorización energética de residuos, conocidas como ‘energy-from-waste’, y en la gestión de otras infraestructuras avanzadas. Este enfoque ha permitido reforzar la sostenibilidad en toda la cadena de valor de la gestión de residuos, informó Europa Press, incrementando la eficiencia en el reciclaje y la regeneración de materias primas.

Más allá de lo que ocurra con la filial argentina, la operación principal aún requiere la aprobación de los organismos reguladores correspondientes para su ratificación, de acuerdo con Europa Press. Hasta tanto no se obtengan estas autorizaciones y se cumplan las condiciones habituales para este tipo de transacciones, la adquisición no quedará completada.