Fate anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. La empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

No se trata de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo, figura legal a la que la firma que dirige Javier Madanes –también dueño de Aluar– ya adhirió en 2019.

Una allegado precisó a Infobae: “Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”. La noticia llega en un contexto de creciente crisis para el sector industrial local en general, con fuerte impacto por la apertura económica y el ingreso de productos importados al país. Uno de ellos, los neumáticos. “Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo”, agregó la fuente.

Así, en principio, la empresa, que nació en 1940, indemnizará a todos sus trabajadores según las condiciones de la ley vigente.

En un breve comunicado, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”. Es la única referencia que se realizó sobre los motivos del drástico cierre.

En ese texto, firmado por “el Directorio” y fechado hoy, la empresa subrayó su liderazgo industrial, cimentado en “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”. Indicó también que fueron pioneros en abastecer el mercado de neumáticos radiales y que supieron mantener una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante, expresaron.

El comunicado no incluyó declaraciones de Madanes Quintanilla, nieto de Leiser Madanes, un inmigrante polaco que llegó al país a comienzos del siglo XX y comenzó su negocio como vendedor ambulante de pilotines de hule en Once.

Según datos de Forbes Argentina y su ranking de 2024, el patrimonio personal de Madanes asciende a unos USD 1.500 millones. Una fuente cercana reveló: “Javier está destrozado, hoy es un día de luto”.

Sí hubo más detalles sobre el contexto que afectaba a la compañía en un comunicado emitido en mayo de 2024, cuando la empresa despidió a 97 trabajadores por una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”.

Fate –que es acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas– señaló en ese momento que su actividad estaba expuesta a factores muy negativos que incrementan severamente el costo de su producción. Mencionó “abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, deficiente infraestructura, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, baja productividad laboral, ausentismo, elevada conflictividad gremial”.

La empresa denunció también “escandalosas asimetrías” en el comercio exterior. Según comunicó: “Como efecto de estas asimetrías, el costo final de los productos que manufactura la empresa es muy superior al de neumáticos fabricados en otros países. La consecuencia es una brecha de competitividad insalvable que torna imposible continuar exportando los productos que la empresa fabrica en la Argentina a mercados en los que nuestra marca está presente desde hace décadas”.

En 2022, el sector estuvo envuelto en un prolongado conflicto con el Sindicato único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (Sutna). Se detuvieron las plantas de las tres empresas fabricantes del país —Fate, Pirelli y Bridgestone— y Madanes calificó la situación como “neo-anarquismo que impide producir”, responsabilizó al gremio y apuntó contra el Partido Obrero.

El año pasado, en La fábrica podcast, anticipó que el cepo cambiario se mantendría “por mucho tiempo” en el país y sostuvo que la reducción de la brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui generaba “incomodidad”. Sus declaraciones recibieron la respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, y del entonces referente de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert.

En septiembre pasado, durante el Día de la Industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó la planta de Fate y vivió un tenso momento con Alejandro Crespo, líder del Sutna. Con Madanes Quintanilla presente, el sindicalista entregó a Villarruel un documento que cuestionaba la apertura de las importaciones “utilizadas por las patronales para producir despidos y todo tipo de desvinculaciones”.

No está claro aún el destino del predio donde funciona la planta de San Fernando, una instalación de más de 157.000 metros cuadrados (1.690.000 pies cuadrados) en un terreno de 40 hectáreas (99 acres), con capacidad productiva de más de 5 millones de cubiertas por año.

Según detalló Infobae a mediados de 2025, un récord de importaciones había obligado a las marcas nacionales de neumáticos a bajar sus precios hasta un 15 por ciento. Un dato de esos días anticipó lo que vendría para el sector: en mayo entraron al país más de 860.000 cubiertas provenientes del exterior. Fue la cifra más alta para un solo mes en más de dos décadas.

El debate de la reforma laboral en Argentina sumó un nuevo capítulo tras la determinación del Gobierno de retirar del proyecto original el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedades inculpables. Esta decisión altera el esquema de costos y responsabilidades que el sector empresario esperaba redefinir, manteniendo la vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en uno de sus puntos más debatidos por las cámaras patronales y los representantes gremiales.

La modificación propuesta buscaba alterar la naturaleza de los pagos durante los períodos en que un trabajador se encuentra impedido de prestar servicios por razones de salud ajenas al trabajo. Al caerse esta iniciativa, el sistema de seguridad social y las obligaciones directas del empleador permanecen sin los cambios de fondo que habían sido planteados en las mesas de negociación técnica del Consejo de Mayo.

Con la eliminación del artículo 44 del proyecto original, se descartó una de las modificaciones más profundas al régimen de licencias por enfermedad. La normativa que se pretendía implementar estipulaba que, cuando un trabajador sufría un accidente o enfermedad no relacionada con su empleo, el derecho a percibir su sueldo se vería segmentado según el origen de la afección.

En los casos donde la imposibilidad de trabajar surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para la salud, el trabajador pasaba a percibir el 50% de su salario habitual. Los plazos de cobertura se fijaban en tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo, o seis meses para aquellos con familiares legalmente a cargo. Además, la propuesta establecía una restricción para las enfermedades crónicas: solo se consideraba un nuevo episodio, con derecho a cobro, si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.

Por otro lado, si el accidente o la enfermedad no eran consecuencia de una conducta voluntaria del trabajador, el pago correspondía al 75% del sueldo, manteniendo los mismos plazos según la situación familiar. El texto también blindaba este derecho ante decisiones patronales, determinando que, si el empleador aplicaba suspensiones por motivos económicos o disciplinarios, esto no afectaba la percepción del porcentaje salarial previsto durante el período de convalecencia. Al retirarse este artículo, todos estos porcentajes y plazos diferenciados quedan sin efecto, rigiendo nuevamente el esquema tradicional de pago del 100% del salario.

En la previa de la eliminación del artículo, desde el Ejecutivo se sugirió que estos pagos sean no remunerativos, de modo que el trabajador reciba el 100% del ingreso sin el descuento de cargas. También se propuso mantener la redacción original y, en paralelo, sancionar otra ley con un solo artículo que establezca que, en caso de enfermedades graves, corresponde el pago del 100 por ciento. Por el momento, se desconoce si el oficialismo optará por esta última opción.

La decisión oficial generó repercusiones inmediatas en las cúpulas empresariales. La Unión Industrial Argentina (UIA) había sido una de las entidades que más activamente participó en la elaboración de propuestas para este capítulo de la reforma. La intención de los industriales era avanzar hacia un modelo donde el costo de la enfermedad no recayera de forma exclusiva y total sobre la espalda del empleador privado.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, explicó que el debate sobre las licencias médicas “tuvo un tratamiento profundo”, tanto en el Consejo de Mayo como en reuniones con funcionarios. “Nosotros habíamos planteado en algún momento que se pagara el 100% del salario pero no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló. Subrayó además que en otros países de la región, en los casos de enfermedades inculpables, en la primera etapa se hace cargo la empresa, pero posteriormente se hace cargo el Estado.

Para la entidad fabril, la actual legislación argentina presenta una asimetría respecto a los sistemas de seguridad social de países vecinos, donde el riesgo de enfermedad es mutualizado a través de fondos estatales o seguros específicos después de un breve período inicial cubierto por la empresa.

La preocupación central de las cámaras no reside únicamente en el aporte patronal, sino en lo que denominan la “industria del ausentismo” y la falta de previsibilidad ante certificados médicos recurrentes.

La idea del sector empresario era que el trabajador cobrara el neto de bolsillo, que la empresa le pagara la obra social y no abonar las cargas sociales por un tiempo determinado. Aunque ese punto beneficiaba al sector, ya que se advierten abusos relacionados con las enfermedades y los certificados, cuando el Gobierno resolvió eliminarlo, no lo consideraron negativo, ya que evalúan la iniciativa en su conjunto.

Esta mirada sugiere que el empresariado está dispuesto a ceder en este punto específico a cambio de que el resto del paquete de reforma laboral avance sin mayores dilaciones en el Congreso. No obstante, alertan que la problemática de los certificados médicos sigue siendo un foco de conflicto que la reforma, en su versión actual, no termina de resolver.

El régimen que continúa vigente establece que el empleador debe abonar el salario completo con todas sus cargas por períodos de tres a seis meses, dependiendo de la antigüedad del trabajador, y hasta doce meses si este tiene cargas de familia. Para una pequeña y mediana empresa, el sostenimiento de un salario sin contraprestación laboral y con el peso de los impuestos al trabajo suele ser señalado como un factor de vulnerabilidad financiera que puede afectar la estabilidad del emprendimiento.

La intención original de la reforma era aliviar esa presión económica. Al eliminarse el carácter no remunerativo de la licencia, la estructura de costos no sufrirá el alivio esperado originalmente por los equipos técnicos. Según especialistas en derecho laboral, este punto era clave para reducir la litigiosidad, ya que muchas veces el desacuerdo sobre la veracidad de una enfermedad o la extensión de una licencia termina en el fuero laboral, generando costos adicionales por indemnizaciones y multas derivadas de la falta de un control estatal más eficiente.

Con este punto fuera de la mesa, el Gobierno busca agilizar el tratamiento de los ejes que considera troncales para la reactivación del empleo. A pesar de la decepción inicial en algunos sectores industriales por la continuidad del esquema de licencias médicas, el consenso general en el ámbito corporativo es de cautela. Se entiende que la prioridad oficial es garantizar la aprobación parlamentaria de los puntos que generan mayor consenso técnico y político, evitando batallas laterales que podrían empantanar el debate general de la ley en las comisiones legislativas.

La decisión de retirar el artículo de licencias médicas marca un límite claro en la estrategia oficial para evitar que se interprete la medida como una desfinanciación directa del sistema de seguridad social. El equilibrio entre la baja de costos que reclama la UIA y la sostenibilidad del sistema previsional terminó inclinando la balanza hacia la permanencia del régimen actual.

En Infobae en vivo, Lara López Calvo presentó una radiografía detallada del mercado laboral argentino junto al equipo de Infobae a la Tarde. El análisis se centró en la evolución del empleo registrado y la transformación del monotributo en la pospandemia. “Desde 2012 a la actualidad solamente creció un 1% el empleo asalariado del sector privado en la Argentina”, advirtió, remarcando la persistencia de una tendencia plana a lo largo de más de una década.

La conversación se desarrolló en diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado los martes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo. Al desglosar los gráficos del INDEC, López Calvo precisó: “El empleo público registrado creció un 33% contra 2012, pero los monotributistas un 65%. Ese crecimiento se acelera mucho desde la pandemia”. La periodista detalló que, a partir de ese momento, “todo el empleo que se genera en la Argentina son monotributistas”, fenómeno que definió como el gran desafío a resolver por cualquier reforma laboral.

López Calvo subrayó que la brecha entre empleados en relación de dependencia y monotributistas responde en parte al “costo laboral no salarial”, componente que en la Argentina es el más alto de la región según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. “Es mucho más caro tanto para el empleador como para el empleado estar en relación de dependencia. Muchas veces la ley actual hace que sea un win-win para los dos esta situación, la de ser un empleado autónomo”, explicó, y puntualizó: “Ninguno de los dos tiene incentivos a ser empleado en relación de dependencia”.

El debate sobre la reforma laboral se enfocó en cómo reducir ese costo para incentivar la formalización. “Parte de las contribuciones patronales, que son el dieciséis por ciento, un tres por ciento va a ir hacia un fondo administrado por la Comisión Nacional de Valores y de ahí saldrían las indemnizaciones. El empresario ya no tiene ese riesgo”, detalló la periodista. Sostuvo, además, la necesidad de discutir la eficiencia del gasto previsional: “Tranquilamente se puede bajar esa contribución si somos mucho más eficientes en cómo gastamos la plata”.

Al ser consultada sobre el régimen de incentivo para la formalización, López Calvo puntualizó: “Si vos tenés a alguien contratado como monotributista y lo querés pasar a relación de dependencia, por un año el ochenta y cinco por ciento de las contribuciones patronales no lo vas a pagar”. No obstante, planteó dudas sobre la potencia real de la medida: “Mi pregunta es si eso es suficiente para que los empresarios tengan un incentivo”.

El staff de Infobae a la Tarde profundizó en los factores legales que desalientan la registración formal. Paula Guardia Bourdin preguntó: “¿Esto no contempla el riesgo legal también, por la alta litigiosidad que tiene este tipo de casos?”. López Calvo reconoció que la reforma busca resolver la discrecionalidad en los juicios laborales: “Según el juzgado que te tocaba, alguno lo ajustaba por inflación, otro por otra variable. Está muy bien cómo se soluciona en la reforma laboral actual, que se dice inflación. Ese patrón va a ser inflación más tres por ciento”.

El análisis derivó en la pregunta central: ¿la reforma laboral logrará generar el cambio cultural y la confianza suficiente para que los empleadores formalicen a más personas? Maia Jastreblansky sintetizó la inquietud: “Con la historia que tiene la Argentina, si al día siguiente de la reforma laboral va a generar el efecto deseado de formalizar el empleo. Eso es lo que creo que a todos nos queda como duda”.

López Calvo fue clara: “Es condición necesaria una reforma laboral, no suficiente. Sin crecimiento económico y sin que mejore la productividad, no se va a generar más empleo”. El columnista Rosendo Grobo sumó: “Hay que renunciar a la respuesta simplista de ver que la semana que viene van tres millones de personas contratadas, porque eso termina generando una profecía autocumplida como una frustración sistemática”.

Manu Jove retomó la mirada de largo plazo: “No se genera empleo porque una ley diga que se va a generar empleo”, sostuvo, y remarcó que el sistema actual atraviesa gobiernos de distintos signos y colores sin cambios sustantivos. Grobo agregó: “Pasaron cuatro o cinco gobiernos, pasaron distintos colores políticos, pasaron distintos ministros. Hay que hacer algo, sí, no va a resolver todo esto”.

López Calvo advirtió sobre el principal temor que circula en los debates: “El principal miedo hoy, un abogado laboralista bastante en contra de la ley, me dijo: ‘Esta ley genera más despidos y desempleo que empleo’”. Aunque se distanció de ese diagnóstico, admitió la necesidad de mayor flexibilidad y protección: “No quedan dudas de que tiene que ser una ley más flexible, porque hoy todo el empleo que generás no tiene ninguna protección”.

El staff coincidió en que la reforma, aun con modificaciones, no resolverá por sí sola el estancamiento del mercado laboral argentino. El desafío sigue siendo integrar al empleo registrado a millones de trabajadores actualmente excluidos de la protección laboral formal.

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