A partir de la difusión oficial, se conoció el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para febrero de 2026. El esquema establece que cada beneficiario recibirá su prestación según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite un acceso ordenado a los haberes y evita aglomeraciones en bancos y cajeros.

La modalidad de pago escalonada abarca distintas prestaciones, como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros programas sociales. Este sistema segmentado se implementa para organizar la distribución de fondos y garantizar que los cobros se realicen sin demoras ni saturación en los puntos de atención.

De este modo, la entidad ya dio a conocer cuándo accederán al dinero las personas con DNI terminado en 8, en línea con el cronograma progresivo que ANSES dispuso para el segundo mes del año. Algunos beneficios del ANSES ya han sido pagados en lo que va de febrero, mientras que otras prestaciones no cuentan con una fecha específica.

Los beneficiarios cuyo DNI finalice en 8 accederán al pago el viernes 20. Tras conoerse el dato inflacionario y de acuerdo con el decreto 274/2024, el haber será de $359.254,35, con el agregado de un bono extraordinario de $70.000. De este modo, el monto total ascenderá a $429.254,35.

Para las personas que se encuentren por encima de la mínima, la fecha de pago será el viernes 27, al igual que aquellos con terminación en 9. El pago será de $2.417.441,63 sin ningún bono adicional.

Quienes tengan acceso a este beneficio, y su DNI termine en 8, el pago se efectuará el lunes 23. Tras conocerse el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el monto será de $129.096 por hijo y de $420.354 en caso de hijo con discapacidad.

Beneficiarias cobrarán la prestación el martes 24. Con los aumentos confirmados por la propia entidad, el monto asciende a $121.818,42. Para certificar que el pago es correcto, la entidad social retiene el 20% del dinero hasta que la libreta correspondiente sea presentada.

Tanto personas con documento finalizado en 8 como en 9, cobrarán el plan social el jueves 19. El monto vigente se ajusta cada mes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la normativa oficial.

En este caso, los beneficiarios no cuentan con un día en específico para la acreditación del dinero. El mismo se cobrará, para todos los DNI, entre el martes 10 de febrero y el jueves 12 de marzo. Los valores se fijan según la prestación y se ajustan por movilidad mensual.

Personas con documentos terminados en 8 y 9 recibieron sus haberes el viernes 13 de febrero. El monto del segundo mes del año es de $251.453,59 y también accederán al bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Gobierno Nacional. De este modo, el monto alcanzó los $321.453,59.

Al igual que las asignaciones de pago único, no existe una fecha pautada, sino que podrá pagarse entre el lunes 9 de febrero y el jueves 12 de marzo. Los montos vigentes se actualizan según la normativa en curso para cada periodo.

Para beneficiarios del Plan 1, documentos con terminación en 8 y 9 cobrarán la prestación el lunes 2 de marzo. En tanto, aquellos del Plan 2 ya lo han cobrado, entre el lunes 2 y el jueves 12 del corriente mes.

La tarjeta SUBE ajustó el tope que habilita a viajar sin saldo disponible, un mecanismo automático que sostiene la movilidad diaria en colectivos, trenes y subtes cuando la SUBE queda en cero.

La consulta aparece una y otra vez, tanto en la calle como en internet: hasta dónde permite viajar hoy la tarjeta SUBE cuando no hay saldo. La cifra no es igual para todos, ya que cambia según el servicio y la región, aunque el límite disponible resulta cada vez más acotado frente a las tarifas vigentes.

Tarjeta SUBE: ¿cuánto cubre realmente el saldo negativo?

En términos prácticos, el crédito automático permite costear entre uno y dos viajes, según el servicio utilizado y la jurisdicción. Desde enero de 2026, los límites quedaron fijados así:

• $480 para la línea Urquiza, hasta que se complete la modernización de los molinetes.
• $650 para trenes del AMBA, incluyendo Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Tren del Valle en Neuquén.
• $1.200 es el límite de saldo negativo habilitado para viajar en colectivos de todo el país, en el subte de la Ciudad de Buenos Aires y en el transporte fluvial del Delta bonaerense.

Saldo negativo: un «préstamo» temporal

Este crédito no es un beneficio extra ni un subsidio: su objetivo es evitar que los pasajeros queden sin movilidad por falta de fondos. Funciona como un préstamo que se descuenta automáticamente en la próxima recarga.

Por ejemplo, si un usuario utiliza $1.200 de saldo negativo y luego recarga $2.000, el crédito restante en la tarjeta será de $800.

Cómo recargar la SUBE en 2026

Hoy existen múltiples vías para sumar saldo:

• Kioscos, estaciones de tren y terminales automáticas.
• Aplicaciones móviles, homebanking y billeteras virtuales.
• Cajeros automáticos.

En el caso de recargas digitales, es fundamental acreditar el monto antes de viajar, ya sea desde la app SUBE con NFC o en terminales automáticas distribuidas por el país.

Una opción adicional es la «carga a bordo», disponible en colectivos, que permite acreditar el crédito directamente al apoyar la tarjeta en la validadora.

Tarifas que marcan la diferencia

El saldo negativo no puede analizarse sin considerar los precios de los boletos, que a fines de 2025 y comienzos de 2026 mostraron nuevos incrementos.

• En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el pasaje de colectivo promedia $594, tras un ajuste del 4,4%, mientras que el mínimo se elevó de $494 a $516.
• En el Conurbano, los viajes rondan $598. Por su parte, el subte porteño cuesta ahora $1.207, frente a los $1.157 anteriores, con promociones para quienes usan el servicio con frecuencia.

Cómo obtener el boleto estudiantil en 2026 

Con la suba de tarifas en transporte público, muchos estudiantes y docentes buscan asegurarse de contar con el boleto estudiantil en 2026, una herramienta clave para facilitar el traslado a escuelas, universidades y centros de formación profesional sin costo adicional. Este beneficio busca fomentar la asistencia regular y garantizar el acceso a la educación en Argentina.

Para solicitarlo por primera vez:

• Niveles inicial, primario y secundario: ingresá al portal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y agendá un turno en las sedes comunales. Allí recibirás tu tarjeta SUBE Estudiantil, personal e intransferible.
• Centros de Formación Profesional: la precarga se realiza mensualmente (50 viajes), acreditando la tarjeta SUBE en una Terminal Automática o desde la app.

Si ya contás con el boleto de 2025, podés activar o renovar el beneficio apoyando tu tarjeta SUBE en una Terminal Automática o consultando el saldo desde la app SUBE. Al viajar, recordá informar tu nivel de estudios al conductor.

Qué necesitás para tramitarlo 

Aunque pueden variar según la provincia, los requisitos más comunes son:

• Ser estudiante regular: se necesita un certificado emitido por la institución.
• Domicilio dentro de la jurisdicción: debe coincidir con la región donde se solicita el beneficio.
• Tarjeta SUBE registrada: normalmente, la tarjeta debe estar a nombre del estudiante.

El truco legal para viajar 100% gratis que los bancos no promocionan

El inicio de 2026 llega con desafíos económicos conocidos para el bolsillo de los argentinos, y el costo del transporte público sigue siendo una variable central en el presupuesto mensual. Sin embargo, este enero presenta una oportunidad inédita en términos de competencia financiera que juega a favor de los usuarios. La batalla por la fidelización de clientes entre la banca tradicional y las billeteras virtuales se ha trasladado directamente a los molinetes de subte y las validadoras de los colectivos.

El escenario actual muestra una agresividad comercial pocas veces vista, donde el descuento parcial ha quedado obsoleto. La nueva norma para captar la atención del usuario es el reintegro total. Ya no se trata de ahorrar unos pesos por viaje, sino de la posibilidad real de anular completamente el gasto de movilidad diaria durante todo el mes, siempre y cuando se conozcan las herramientas adecuadas y sus límites.

Para el usuario común, navegar este mar de ofertas puede ser confuso. La clave ya no es tener una sola tarjeta, sino saber cuál usar en cada momento y, sobre todo, entender los topes de devolución. La promesa del «viaje gratis» es real, pero tiene un techo financiero que varía según la entidad emisora de tu tarjeta o la aplicación que tengas instalada en tu celular.

El estándar de oro: el tope de $10.000 que domina el mercado

Al analizar el mapa de promociones vigentes para este mes, emerge un patrón claro que podríamos denominar el «estándar de la industria» para enero 2026. La inmensa mayoría de los jugadores financieros importantes han decidido ofrecer un reintegro del 100% en el valor del boleto. Esto significa que el costo del pasaje se debita, pero se devuelve íntegramente a la cuenta del usuario poco después.

El dato crucial que define la utilidad de estas promociones es el tope de reintegro mensual. Para este mes, la cifra mágica se ha establecido en $10.000 por cuenta. Este es el límite máximo de devolución que recibirás, independientemente de cuánto viajes. Es un monto considerable que, para un usuario promedio, cubre la totalidad de los traslados laborales de un mes estándar.

¿Quiénes integran este «club de los $10.000»? La lista es extensa y abarca tanto a gigantes históricos como a fintechs consolidadas. Banco Galicia, Santander, BBVA, Macro e ICBC están ofreciendo este tope. Del lado de las fintech y la banca digital, Naranja X, Brubank y Ualá también se suman con idénticas condiciones de $10.000 de tope mensual y 100% de reintegro.

Un aspecto fundamental que facilita la vida del usuario es la vigencia de estas promociones. A diferencia de otros rubros donde los descuentos aplican solo días específicos, en el caso del transporte público, la regla general para este enero es «Todos los días». De lunes a lunes, sin restricciones horarias, cada vez que apoyás el medio de pago correcto, el sistema contabiliza el reintegro hasta alcanzar el tope mencionado.

La agenda política y sindical se vio atravesada por la controversia en torno a la reforma laboral en la Argentina, a partir de declaraciones de Patricia Bullrich, senadora nacional, quien reconoció deficiencias en el proyecto oficial respecto a la regulación de las licencias por enfermedad. El debate se instaló en el Congreso y en los principales espacios empresariales, donde distintos actores comenzaron a señalar la necesidad de revisar el articulado y proponer alternativas que permitan mejorar la gestión del ausentismo en el trabajo.

En este contexto, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) difundió un informe que pone el foco en las consecuencias del ausentismo laboral y en los desafíos que enfrenta el país para regular este fenómeno. Según el análisis, las reformas impulsadas por el Senado no logran resolver los problemas estructurales del sistema actual y podrían generar mayores dificultades para las empresas. Como parte de su propuesta, IDESA sugiere observar y adaptar modelos de otros países, en particular el caso de Uruguay, donde el sistema de subsidio por enfermedad se apoya en una normativa específica y en mecanismos de control más estrictos.

El eje de la discusión se trasladó rápidamente al Congreso, impulsado por los cuestionamientos de Patricia Bullrich sobre el alcance y la efectividad de la reforma en materia de licencias médicas. La senadora admitió problemas en la redacción y anticipó la necesidad de revisar el artículo relacionado con la justificación de ausencias por motivos de salud.

En paralelo, IDESA presentó un informe que aborda el impacto del ausentismo en las empresas argentinas y las limitaciones de la actual normativa. El documento sostiene que seis de cada diez empresas sufren ausentismo laboral y advierte que “la reforma aprobada en el Senado en materia de licencias por enfermedad es deficiente”. El instituto enfatiza que “en vez de lograr una modernización, se introduce mayor confusión y riesgos para las empresas”. En este sentido, advierte que la reforma “resulta inaplicable en la práctica, por la dificultad que implica para las empresas fiscalizar los certificados médicos”.

El informe de IDESA subraya: “La reforma mantiene la obligación de pagar salarios ante la sola presentación de un certificado médico, sin mecanismos de control efectivos, lo que perpetúa el incentivo al ausentismo”. Además, agrega que “el sistema argentino favorece que el ausentismo se convierta en una estrategia para obtener ingresos sin trabajar, en desmedro de la productividad y la competitividad”.

Entre las recomendaciones, IDESA propone “replicar sistemas implementados en la región que equilibran la protección del trabajador enfermo con la necesidad de evitar abusos”. El organismo menciona el caso de Uruguay y señala: “El modelo uruguayo introduce límites temporales y controles cruzados entre empresas y la seguridad social, lo que reduce los incentivos al abuso del sistema”.

El modelo de Uruguay sobre subsidios por enfermedad se fundamenta en una normativa específica que involucra al Banco de Previsión Social (BPS) y a otros organismos estatales. Este sistema establece una serie de requisitos y condiciones para acceder a la prestación, que busca dar respuesta a los trabajadores afectados por problemas de salud, al tiempo que fija límites para evitar el uso indebido del beneficio.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El subsidio por enfermedad en Uruguay se otorga a una amplia gama de trabajadores, incluyendo:

• Trabajadores dependientes de la actividad privada.
• Docentes del Instituto Elbio Fernández.
• Empleados de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con vínculo funcional específico.
• Empleados de la Presidencia de la República y otros organismos civiles, bajo determinadas condiciones.
• Monotributistas comunes y Mides, con aportación rural o de industria y comercio.
• Socios de cooperativas.
• Trabajadores jubilados en actividad parcial, según la ley vigente.
• Asistentes personales, representantes legales y administradores de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
• Patrones unipersonales de industria, comercio y rurales, bajo ciertos topes de dependientes.
• Monotributistas con cónyuge colaborador y hasta un dependiente, o con hasta tres dependientes en épocas zafrales.

También tienen derecho quienes desempeñan tareas en el programa Uruguay Impulsa y cumplen con el mínimo de días trabajados.

Requisitos para acceder

La normativa uruguaya exige que los beneficiarios cumplan con determinadas condiciones según la modalidad de contratación:

• Jornaleros o destajistas: 75 jornales efectivos trabajados en el año previo al inicio de la enfermedad.
• Mensuales: 3 meses de actividad efectiva en el año anterior, en una o varias empresas, de manera consecutiva o alternada.
• Titulares de empresas unipersonales o monotributistas: Deben estar al día con los aportes y cumplir 3 meses de actividad efectiva en el año previo.
• Embarazadas: Acceden al subsidio aunque no alcancen el mínimo de jornales requeridos.
• Multiempleo: Se requiere certificación médica en todos los empleos simultáneamente.

Características del subsidio y reglas de liquidación

El BPS otorga el subsidio por enfermedad por un período máximo de un año, con posibilidad de prórroga por otro año consecutivo o, en su defecto, hasta dos años alternados dentro de los últimos cuatro años por la misma dolencia. El monto equivale al 70% de todos los ingresos gravados (sin contar aguinaldo), calculado sobre el promedio de los 180 días previos al mes anterior al inicio de la enfermedad. El tope establecido para 2026 es de $67.754 mensuales, sumando la cuota parte de aguinaldo.

El pago comienza a partir del cuarto día de certificación médica, salvo casos de internación, en los que se liquida desde el primer día. En situaciones de accidente de trabajo, el Banco de Seguros del Estado (BSE) cubre dos tercios del jornal habitual y el BPS complementa hasta alcanzar el 70%. Si el BSE rechaza la cobertura, el BPS asume el pago de los días correspondientes, previa certificación.

Para patrones con derecho, el subsidio corresponde al 70% del ficto patronal o de la categoría por la que aporta, con tope específico. Durante el período de cobertura, los patrones quedan exonerados de los aportes tributarios.

Obligaciones de trabajadores y empresas

El esquema en Uruguay establece obligaciones para ambas partes. El trabajador debe informar a la empresa sobre la certificación médica y no tiene que presentarse ante el BPS; el prestador de salud ingresa los datos al sistema y genera la solicitud en forma automática. Para el empleador, existe la obligación de notificar al organismo sobre el último día trabajado, incrementos salariales, reintegros anticipados y suspensiones por mala conducta. Estas gestiones se realizan en línea, a través del sistema del BPS.

La normativa detalla que las certificaciones médicas deben ingresarse dentro de las 48 horas de la consulta y pueden ser consultadas en línea. Existen canales presenciales y digitales para realizar consultas y adjuntar documentación.

Límites y controles

El sistema de subsidio por enfermedad en Uruguay fija límites temporales claros y controles cruzados. El trabajador puede permanecer certificado hasta por un año, con opción de prórroga bajo condiciones específicas. En caso de imposibilidad permanente para el desempeño de tareas, el subsidio se transforma en una prestación prejubilatoria por hasta 180 días. Además, los controles interinstitucionales buscan evitar el uso abusivo del beneficio, resguardando el equilibrio entre la protección social y la sostenibilidad del sistema.

El debate sobre las reformas laborales en la Argentina impulsó el análisis comparativo con modelos regionales. El informe de IDESA refuerza la idea de que “la falta de controles y límites claros en la legislación argentina genera incentivos al ausentismo y a la judicialización de los conflictos laborales”. Al contrastar con la experiencia uruguaya, el organismo concluye que “el sistema argentino resulta más vulnerable a prácticas abusivas, mientras que el modelo de Uruguay introduce mecanismos de control y límites que contribuyen a la transparencia y la eficiencia”.

El análisis de IDESA cierra con la recomendación de “avanzar en una reforma que contemple la experiencia internacional y adapte buenas prácticas para fortalecer la productividad y la equidad en el mercado laboral”.