El dólar oficial cerró esta semana a $1.395 en las pizarras del Banco Nación, unos $15 menos frente al cierre anterior (-1,2%). El dato clave es que, además de romper la barrera de los $1.400, no se veía un valor similar desde octubre del año pasado, cuando fueron las elecciones y había logrado perforar la barrera de los $1.400, un movimiento que refuerza la percepción de calma y contribuye al ancla de expectativas.

En el segmento mayorista, la divisa finalizó a $1375,97, lo que marcó una caída diaria de $15,01 (-1,08%). En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vende $$1.448,73 (+0,1%), y el MEP se ubica a $1405,64 (-0,2%). Por último, en el segmento informal, el blue se negociaba, a $1.430.

La calma cambiaria volvió a instalarse como un dato central del arranque de 2026, pero no por «magia» ni por un simple cambio de expectativas. Detrás del dólar estable aparece una ingeniería de flujos: más oferta de divisas, compras sistemáticas del BCRA, y un Tesoro que, en paralelo, absorbe pesos con licitaciones que superan el 100% de rollover. El resultado es un mercado donde el tipo de cambio deja de ser el único termómetro y pasa a formar parte de un esquema más amplio: el dólar actúa como ancla nominal, mientras las tasas y la liquidez en pesos ordenan el resto de la película.

El mercado, además, no está mirando solo el dólar: observa la acumulación de reservas, la dinámica de licitaciones, el apetito por duration corta, y los datos de inflación que sugieren que la convergencia puede ser más lenta de lo deseado. En otras palabras: hoy el dólar es ancla, sí, pero el riesgo aparece en los márgenes, donde pequeños desajustes pueden amplificarse.

Reservas en racha y dólar en calma

El Banco Central encadena más de 30 ruedas consecutivas de compras en el mercado oficial y ya acumula más de USD 2.100 millones desde el inicio de 2026. Desde GMA Capital destacaron que marca uno de los mejores comienzos de año de la última década tanto por magnitud como por extensión de la racha compradora, y le devuelve centralidad a un indicador que suele anticipar cambios de régimen: la capacidad de sumar reservas sin sobresaltos.

Para los expertos de la sociedad de bolsa, ese avance en reservas se tradujo en un cambio de foco del mercado. Con el Central comprando y el tipo de cambio sin presión inmediata, el dólar nominal dejó de dominar el debate cotidiano. En el mismo tramo, señalaron que el dólar oficial retrocedió 3% desde las elecciones de octubre y llegó a perforar la barrera de los $1.400, un movimiento que refuerza la percepción de calma y contribuye al ancla de expectativas.

Eco Go, por su parte, explicó que la estabilidad cambiaria se alimenta de una oferta sostenida de divisas, impulsada principalmente por liquidación de Obligaciones Negociables y préstamos, y recién después por el agro. En ese contexto, la consultora indicó que el BCRA aceleró compras a un ritmo de USD 143 millones diarios, acumulando más de USD 2.000 millones en lo que va del año.

Desde Eco Go también subrayaron el otro lado de la ecuación: la demanda de divisas se redujo con fuerza respecto del mes pasado, por menores compras minoristas y menores pagos de importadores. Con oferta sólida y demanda enfriándose, el tipo de cambio encontró espacio para descender y ubicarse en $1.390, quedando 12% por debajo de la banda superior, la mayor distancia desde julio de 2025.

Carry: cuánto se gana en dólares con esta maniobra

En ese contexto, el carry trade volvió a brillar con fuerza. Con un dólar que no corre, y con rendimientos en pesos que todavía se mantienen altos, el retorno medido en moneda dura se volvió especialmente atractivo. Pero el punto decisivo —el que separa un «carry cómodo» de un carry frágil— no es el rendimiento en sí, sino la sostenibilidad del combo: cuánto tiempo pueden sostenerse las compras de reservas, la absorción de pesos y la estabilidad cambiaria sin que la inflación o la competitividad empiecen a pasar factura.

Desde GMA Capital señalaron que el resultado de este escenario es un nuevo impulso para las estrategias de tasa en moneda local. Con dólar estable y rendimientos en pesos elevados, el retorno del carry medido en dólares se ubica 16% arriba desde las elecciones de medio término, un dato que explica por qué el mercado volvió a mirar con atención plazos fijos y herramientas de liquidez, siempre que el tipo de cambio no se desordene.

En esa lectura, el CCL funcionó como una pieza clave para validar la calma: GMA Capital destacó que se mantuvo prácticamente en los mismos niveles de hace cuatro meses, en torno a $1.495, aportando estabilidad en una referencia que suele incorporar más rápido los ruidos del mercado. Cuando el CCL no corre, el carry gana terreno porque el riesgo de «salida» se percibe menor.

Eco Go aportó el marco operativo: el Gobierno combinó compras de divisas del BCRA con absorción de pesos vía colocaciones del Tesoro. Esa coordinación reduce el impacto monetario neto de comprar dólares, porque el Tesoro retira pesos del sistema en paralelo, conteniendo la presión sobre precios y sobre el propio dólar.

Sin embargo, el punto delicado del carry no está en el presente, sino en la continuidad. El carry rinde mientras el dólar no sube y mientras la demanda por activos en pesos se sostenga. Por eso, el mercado mira dos anclas simultáneas: reservas (para evitar tensión cambiaria) y tasas reales (para mantener incentivos en pesos). Si una de las dos se afloja, el «carry imbatible» puede perder parte de su blindaje.

Tesoro, rollover y absorción de pesos

Eco Go explicó que se replica el mecanismo de coordinación entre Tesoro y BCRA observado en 2024. El Central compra dólares en el mercado y el Tesoro se los compra usando pesos «absorbidos» en licitaciones donde el rollover supera el 100%. Esos dólares, detallaron, terminan destinándose a cancelación de deuda externa, como se vio en el reciente pago de intereses al FMI.

Del lado de los pesos, la consultora remarcó un dato clave: la expansión monetaria que surge de comprar dólares no estuvo acompañada por una mejora de la demanda de dinero, porque la economía real sigue estancada. En cambio, se compensó con una mayor demanda por deuda soberana en pesos, atraída por un dólar a la baja y tasas aún altas frente a una inflación que dejó de desacelerar con la fuerza de meses previos.

Desde GMA Capital, la última licitación reforzó esa lógica: el Tesoro adjudicó $9,02 billones frente a vencimientos por $7,31 billones, con un rollover de 123% y ofertas por $11,5 billones, dejando fuera posturas por unos $2,5 billones. Además, señalaron que no se ofreció premio respecto del mercado secundario y, aun así, se convalidó el volumen, un dato que habla de demanda activa por instrumentos del Tesoro.

La composición de la licitación fue otro mensaje: GMA Capital detalló que el 56% del monto efectivo se concentró en la Lecap más corta (63 días), lo que redujo el plazo promedio ponderado de colocación de 6 a 5 meses y marcó el nivel más bajo desde fines de octubre. El mercado, en ese tramo, privilegió duration corta y el Tesoro convalidó esa preferencia, reforzando el ordenamiento de corto plazo.

Inflación 2,9%: el riesgo que erosiona el ancla y achica la tasa real

A pesar de los avances financieros, GMA Capital señaló que la inflación fue la excepción incómoda. En enero se ubicó en 2,9%, acelerando 0,1 p.p. frente al mes previo. En su lectura, enero se convirtió en el octavo mes consecutivo con inflación al alza, lo que sugiere que el tramo final de la convergencia es más complejo y puede exigir más consistencia para no desgastar el ancla cambiaria.

Eco Go sumó un matiz relevante: de haberse implementado el cambio metodológico previsto para el dato de enero, el aumento mensual habría sido 2,7% (0,2 p.p. menos). Pero destacaron que en febrero el efecto estadístico juega al revés, con un RPM que con dos semanas se mantenía en 3%. En el fondo, lo que importa para el mercado es que la inflación muestra señales de pausa en la desaceleración, justo antes de una actualización fuerte de servicios regulados.

GMA Capital aportó el detalle desagregado: la inflación núcleo bajó de 3% en diciembre a 2,6% en enero, pero los estacionales saltaron 5,7%. Entre los motores, destacaron verduras con 28% en GBA, Hoteles y Restaurantes con 4,5%, y carnes con 4,4%. Ese mix explica por qué el número general subió pese a una mejora en el núcleo.

El problema macro aparece cuando el dólar funciona como ancla y la inflación no termina de converger: el tipo de cambio nominal subió apenas 0,1% en enero, lo que implica una nueva apreciación del tipo de cambio real hacia niveles similares a inicios de julio del año pasado. Si esa dinámica persiste, GMA Capital advirtió que la fortaleza del peso puede tensionar la competitividad externa, presionar la demanda de divisas y dificultar el proceso de acumulación de reservas.

¿Dónde puede aparecer el riesgo?

Desde GMA Capital señalaron que la tensión no necesariamente aparece primero en el dólar, sino en el equilibrio de pesos. Con financiamiento neto positivo, el Tesoro retiró $1,7 billones del sistema, en una plaza donde la liquidez venía mostrando señales de mayor tirantez. Además, destacaron que la tasa de caución a 1 día había operado por debajo de 24% TNA en ruedas previas, por lo que el excedente de pesos queda aún más restringido y el mercado se vuelve más sensible a cambios en tasas y demanda.

Eco Go, en paralelo, enfatizó que la sostenibilidad del esquema también depende de mantener el orden fiscal y el flujo de divisas que hoy alimenta la oferta. Con una economía real estancada y sin recuperación marcada de la demanda de dinero, el sistema se apoya en la preferencia por deuda en pesos y en la idea de que el dólar seguirá estable. Si esa confianza se erosiona, el reacomodamiento puede ser rápido.

Por eso, el mercado también mira el precio de los activos: GMA Capital señaló que, en lo que va de 2026, los Globales subieron 4% y los títulos argentinos acumularon más de 7% en los últimos tres meses. En su lectura, los precios descuentan una compresión del riesgo país hacia niveles por debajo de 500 bps, con la expectativa de acercarse a 400 bps, lo que exige continuidad macro y política para no quedar «caros» frente a cualquier tropiezo.

En ese marco, «qué pasará con el dólar» depende de tres condiciones que hoy se alinean, pero no garantizan permanencia: acumulación de reservas, disciplina monetaria vía absorción de pesos, y continuidad reformista. Mientras esas piezas encajen, el dólar seguirá actuando como ancla y el carry mantendrá atractivo. Si alguna se desajusta —por inflación persistente, por apreciación real que afecte competitividad, o por un cambio en la dinámica de pesos— ahí es donde puede aparecer el riesgo que hoy el mercado todavía no está priceando del todo.

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo atraviesa instancias decisivas en el Congreso de la Nación. Tras haber obtenido la media sanción inicial en el Senado, la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, donde recibió la aprobación general. Sin embargo, debido a que el texto sufrió una serie de modificaciones sustanciales durante su tratamiento en la Cámara Baja —incluida la eliminación de artículos conflictivos y cambios en la redacción técnica—, la norma debe regresar ahora al Senado. Los senadores deberán decidir si aceptan las correcciones introducidas por los diputados o si insisten en la versión que habían aprobado originalmente.

A continuación, se detallan los diez puntos fundamentales que estructuran este nuevo marco regulatorio para el sector privado:

El proyecto introduce un cambio estructural en la base de cálculo para las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de esta normativa, solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual, lo que excluye explícitamente conceptos de pago no mensual, tales como el aguinaldo o las vacaciones. Se establece que la indemnización será la única reparación por el despido y se fija un nuevo esquema de actualización para los créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

Se habilita la creación de un “banco de horas” mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador para compensar horas extraordinarias, siempre respetando los descansos legales. En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período de otorgamiento entre octubre y abril, pero se permite que las partes pacten disfrutarlas fuera de esa fecha. Además, se habilita el fraccionamiento del período vacacional en segmentos de un mínimo de siete días consecutivos.

Se propone la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir los costos de desvinculación. Este fondo se financiará con una contribución mensual obligatoria a cargo de los empleadores: las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) el aporte será del 2,5%. El Poder Ejecutivo, con aval de la Comisión Bicameral, tendrá la facultad de incrementar estos porcentajes hasta el 1,5% y el 3% respectivamente.

En sintonía con la modernización del sistema, se habilita la posibilidad de que los convenios colectivos de trabajo acuerden la creación de fondos de cese laboral que funcionen como sistemas de capitalización individual. Bajo esta modalidad, el empleador realiza un aporte mensual y, en caso de desvinculación, el trabajador percibe el monto acumulado en el fondo en lugar de la indemnización tradicional. Esta opción debe ser pactada en paritarias y no podrá representar una quita de derechos adquiridos.

Uno de los puntos que genera mayor impacto en la contratación es la extensión del período de prueba. El texto aprobado establece que el plazo general se ampliará a seis meses para la mayoría de los trabajadores. En el caso de empresas que tengan hasta cinco empleados, este período podrá extenderse hasta los ocho meses. Durante este tiempo, la relación laboral puede extinguirse sin derecho a indemnización, aunque el empleador está obligado a registrar el vínculo y realizar los aportes correspondientes desde el primer día.

La reforma suprime las multas establecidas en la Ley 24.013 por trabajo no registrado o registro deficiente. Los impulsores de la medida argumentan que estas sanciones fomentaban la litigiosidad y desalentaban la formalización. En su lugar, se crea un régimen de incentivos para la regularización de trabajadores: los empleadores que blanqueen personal no pagarán las multas, aunque deberán abonar las diferencias salariales y previsionales adeudadas.

El proyecto incorpora el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a fomentar la incorporación de tecnología y la expansión empresarial. Como complemento, se establece una reducción de las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social: será de un 1 punto porcentual para las grandes empresas y de 2,5 puntos para las MiPyMEs. Estos beneficios podrían incrementarse hasta el 1,5% y el 3% respectivamente si el Poder Ejecutivo así lo dispone con aprobación legislativa.

Para reducir el impacto financiero de los litigios en las empresas, la ley habilita el pago escalonado de las sentencias condenatorias. Las grandes empresas podrán cancelar sus deudas judiciales en hasta seis cuotas mensuales consecutivas. Por su parte, las MiPyMEs y empleadores individuales contarán con un beneficio mayor, pudiendo realizar el pago en hasta 12 cuotas mensuales.

El proyecto pone límites a los aportes previstos en las convenciones colectivas. Los aportes patronales a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser estrictamente voluntarios a partir de enero de 2028. En cuanto a las asociaciones de trabajadores, los aportes para afiliados o no afiliados no podrán superar el 2%. Asimismo, se mantiene el aporte del 6% para las obras sociales y se eliminó el artículo que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación sin conformidad expresa.

La reforma establece que el registro laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente, eliminando requisitos adicionales de otras autoridades. Los libros laborales podrán digitalizarse con plena validez legal y deberán conservarse por diez años. En cuanto al pago de salarios, la norma ratifica que deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria o institución de ahorro oficial, descartando explícitamente el uso de billeteras virtuales para este fin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que «el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante» y señaló que se sentía «absolutamente avergonzado» de ciertos miembros del máximo tribunal, «por no tener el coraje de hacer lo que es correcto para nuestro país».

Aranceles: Donald Trump lanza nueva medida, tras decisión de la Justicia

El mandatario dijo que impondría un arancel global temporal del 10% bajo la Ley de Comercio de 1974, una ley diferente a la que, según el tribunal, no le otorgaba autoridad arancelaria, reportaron CBS News y NBC News.

Trump convocó a una conferencia de prensa tras el fallo del supremo tribunal que dictaminó que los aranceles impuestos bajo una ley diseñada para emergencias nacionales son ilegales.

El fallo fue la derrota más significativa de Trump en la Corte Suprema desde que regresó al cargo y amenaza con desestabilizar un pilar fundamental de su agenda económica.

Duro revés para Donald Trump: la Corte Suprema anuló sus aranceles

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes los amplios aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, en una decisión que representa un revés significativo para uno de los ejes centrales de su agenda económica.

El fallo, adoptado por seis votos contra tres, declaró inconstitucionales los gravámenes establecidos bajo una ley de poderes de emergencia, entre ellos los llamados aranceles «recíprocos» aplicados a casi todos los países.

El argumento constitucional

La mayoría del tribunal sostuvo que la Constitución asigna de manera explícita al Congreso la potestad de imponer impuestos, incluidos los aranceles.

«El texto constitucional es muy claro», escribió el presidente del tribunal, John Roberts. «Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo».

La decisión marca el primer gran pronunciamiento del máximo tribunal sobre una política estructural del segundo mandato de Trump. El presidente había designado a tres jueces conservadores durante su primera gestión, lo que consolidó una mayoría ideológicamente afín en la Corte.

Sin embargo, en este caso, tres magistrados –Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh- votaron en disidencia.

Kavanaugh sostuvo en su opinión que la política podía ser debatible desde el punto de vista económico, pero no ilegal. «Los aranceles en cuestión pueden o no ser una política sensata. Pero, a juzgar por el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales», escribió.

La ley de emergencia en debate

El núcleo del caso giró en torno a una ley de 1977 que autoriza al presidente a regular importaciones en situaciones de emergencia nacional. La administración Trump argumentó que esa norma le permitía establecer aranceles sin intervención legislativa.

Otros presidentes habían utilizado esa legislación en reiteradas oportunidades, principalmente para imponer sanciones económicas. Sin embargo, Trump fue el primero en invocarla específicamente para aplicar impuestos generalizados a las importaciones.

En abril de 2025, el mandatario impuso aranceles «recíprocos» a la mayoría de los países, alegando que los déficits comerciales constituían una emergencia nacional. La medida se sumó a gravámenes previos contra Canadá, China y México, vinculados —según la Casa Blanca— a la lucha contra el narcotráfico.

Impacto político y judicial

El fallo llega luego de que la Corte concediera a Trump varias victorias en su lista de emergencias, permitiéndole ejercer amplias facultades ejecutivas en asuntos como despidos de alto perfil y recortes en el financiamiento federal.

El presidente republicano calificó el litigio como uno de los casos más relevantes en la historia del país y advirtió que una sentencia adversa podría tener consecuencias económicas negativas. No obstante, la oposición legal fue transversal: incluyó a estados gobernados por demócratas, organizaciones libertarias y grupos empresariales que tradicionalmente se alinean con el Partido Republicano.

Las encuestas mostraban además un respaldo limitado a los aranceles, en un contexto de creciente preocupación por el costo de vida.

Demandas y cifras millonarias

La decisión no impide que Trump recurra a otras leyes para imponer aranceles, aunque esas herramientas establecen límites más estrictos respecto de la magnitud y rapidez de las medidas.

Tras la entrada en vigor de los gravámenes, se multiplicaron las demandas judiciales. Una docena de estados y numerosas pequeñas empresas —desde proveedores de artículos de plomería hasta firmas de juguetes educativos y ropa deportiva— cuestionaron la legalidad de la medida.

Los demandantes sostuvieron que la ley de emergencia no menciona explícitamente los aranceles y que su aplicación no superaba ciertos estándares jurídicos establecidos en precedentes recientes, como el fallo que bloqueó el programa de condonación de préstamos estudiantiles impulsado por el entonces presidente Joe Biden.

En términos económicos, el impacto proyectado de los aranceles ascendía a 3 billones de dólares en la próxima década, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El Departamento del Tesoro había recaudado más de 133.000 millones de dólares en impuestos a las importaciones bajo la normativa de emergencia, de acuerdo con datos federales de diciembre.

Varias compañías, entre ellas la cadena de supermercados Costco, iniciaron acciones para reclamar reembolsos.

El fallo de la Corte abre ahora un nuevo escenario político y económico en Estados Unidos, al redefinir los límites del poder presidencial en materia comercial y devolver al Congreso un rol central en la política arancelaria.