Los descuentos para jubilados llegaron para quedarse. El Gobierno nacional activó un nuevo paquete de beneficios orientado a más de 7 millones de personas mayores.

La medida incluye rebajas directas en la caja y reintegros posteriores en la cuenta bancaria. Cubre alimentos, productos de limpieza y medicamentos.

El objetivo del programa es aliviar el gasto mensual de jubilados y pensionados, uno de los sectores más golpeados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Impulsado por el Ministerio de Capital Humano, el plan apunta a rubros esenciales del consumo cotidiano.

Hacer las compras de todos los días se volvió un desafío para buena parte de los adultos mayores. Entre alimentos, productos de limpieza y medicamentos, el presupuesto mensual viene sintiendo con fuerza el impacto de la suba de precios.

Cómo funcionan los descuentos y reintegros

El sistema combina dos modalidades diferentes. Algunos beneficios se aplicarán de manera inmediata al momento de pagar. Otros se verán reflejados después, mediante reintegros acreditados en la cuenta bancaria.

El alcance final de cada promoción dependerá de la entidad financiera con la que opere cada beneficiario, el comercio adherido y el medio de pago utilizado, por lo que no habrá una mecánica única para todos los casos.

La propuesta busca cubrir consumos frecuentes. Algunas promociones llegarían hasta el 25% de descuento en categorías puntuales, como artículos de limpieza.

Aunque el porcentaje puede cambiar según el acuerdo vigente, la apuesta está puesta en que el ahorro acumulado durante el mes tenga un efecto visible. El impacto se mediría en la economía doméstica de millones de personas mayores.

En qué comercios se pueden usar los beneficios

El programa pone el foco en dos espacios clave: supermercados y farmacias. Allí se concentra una porción importante del presupuesto de los jubilados.

En un contexto donde tanto los alimentos como los productos de higiene y salud muestran aumentos sostenidos, el plan fue pensado para facilitar el acceso a esos bienes de primera necesidad.

Entre las cadenas que ya forman parte de esta iniciativa figuran:

• Carrefour
• Coto
• Jumbo
• Disco
• Vea
• La Anónima
• Día
• Chango Más
• Josimar

La incorporación de estos comercios le da al programa una cobertura amplia a nivel nacional. La intención es llegar a beneficiarios de distintas regiones del país.

Los descuentos no quedarán limitados a una zona puntual. Buscarán tener presencia federal en todo el territorio.

Quiénes pueden acceder al plan de descuentos

El universo estimado de personas alcanzadas supera los 7 millones entre jubilados y pensionados. Por volumen, se trata de una de las políticas de consumo más extensas dirigidas a este grupo en los últimos años.

La apuesta oficial combina acuerdos con el sector privado y una estrategia estatal. El objetivo: responder al deterioro del ingreso real de los adultos mayores, hoy entre los más expuestos frente a la inflación.

De todos modos, el resultado concreto del plan no dependerá solo de su anuncio. También influirá la facilidad con la que los beneficiarios puedan acceder a la información.

Identificar los comercios adheridos y utilizar correctamente los medios de pago requeridos será clave. En muchos casos, además, el uso de herramientas bancarias o digitales será un factor determinante para aprovechar los reintegros.

El desafío de la implementación

Esa es, justamente, una de las variables que podría marcar diferencias. Entre quienes logren capitalizar el beneficio y quienes encuentren más obstáculos en el camino.

Para millones de jubilados y pensionados, cada descuento en la caja o cada reintegro recibido puede representar una diferencia concreta al cierre del mes, en medio de un contexto económico complejo.

El nuevo paquete de beneficios aparece como un intento de amortiguar el impacto de la inflación en uno de los sectores más sensibles. No resuelve por sí solo el problema de fondo.

Pero sí busca intervenir en un terreno muy cotidiano: el de la compra diaria, donde hoy cada peso cuenta más que nunca. El programa ya está en marcha y las cadenas adheridas comenzaron a aplicar las rebajas.

En el IEFA Latam Forum, el presidente el YPF dijo “tenemos un acuerdo honesto y moral con los usuarios”. Frente a la situación internacional que impulsó el precio del petróleo debido a la guerra, la empresa considera que debe trasladar a los precios solo el impacto real en los costos, sin aprovechar la suba transitoria del mercado internacional. La alineación con el valor internacional solo rige cuando los cambios son estructurales y obedecen a razones de mercado, no en alzas provocadas por conflictos bélicos, como ocurre actualmente. Por esta razón, YPF no aprovechará el incremento transitorio.

A modo de fundamentación institucional, Horacio Marín, presidente de la compañía dijo: “No vamos a especular, porque eso significa tomar ventaja con el consumidor. Nos tienen que aplaudir de parado”. En el país no existe un marco regulatorio que obligue a las empresas a actuar de esta manera; la responsabilidad de implementar un aumento en los precios de los combustibles recae en el gobierno, dado el fuerte impacto que tienen en la economía y el interés nacional. El problema es esencialmente regulatorio y no moral.

Podría haberse tomado el camino de captar más recursos para inversiones en Vaca Muerta, el principal yacimiento hidrocarburífero de Argentina, aprovechando la falta de obligación regulatoria. Sin embargo, la empresa optó por priorizar el interés colectivo. Un marco regulatorio no puede quedar librado a la discrecionalidad de tres compañías con posición dominante y cerca del 90% del mercado, dada su influencia sobre la formación de precios, la competitividad y la vida cotidiana.

En sectores estratégicos, como ocurrió con la electricidad y el gas a través de las Leyes 24.065 y 24.076, la intervención estatal se volvió indispensable por la ausencia de normativas específicas.

Para los combustibles, en cambio, podría ser suficiente una Resolución de la Secretaría de Energía, ya que el sector cuenta con un andamiaje legal, aunque si se pretende mayor jerarquía, puede provenir del Ministerio de Economía o mediante un Decreto del Poder Ejecutivo.

La lógica económica indica que en mercados imperfectos -como el de electricidad, gas y medicina prepaga- la intervención estatal se justifica con los mismos fundamentos que la Ley de Defensa de la Competencia.

El rol de la regulación y la concentración de mercado

La teoría económica sostiene que el libre juego de oferta y demanda solo es posible en mercados con muchos oferentes y demandantes. En sectores como gas y electricidad, donde existe un único oferente, o en el de combustibles, donde la oferta se concentra en pocas compañías, es función del Estado instaurar un marco regulatorio que limite el poder dominante y proteja a los usuarios, como ocurre en las democracias consolidadas.

Esta regulación es esencial, ya que los combustibles impactan en la economía, los costos de las actividades productivas -incluidas las exportaciones- y resultan determinantes en la competitividad nacional, un tema central para la presidencia.

En enero de 1991, el entonces presidente Carlos Menem desreguló la industria petrolera y el precio de los combustibles, que hasta ese momento fijaba el Estado. Se liberó la producción de petróleo y su precio, habilitando la conformación de un mercado nacional y el libre acceso para los productores. También se desregularon las refinerías, estaciones de servicio y los precios de los combustibles, y se dispusieron normas generales para el sector.

El rol del Estado

La libertad de precios, sin embargo, está sujeta a las reglas generales del sistema: las sociedades acuerdan regirse por la Constitución, las leyes y las regulaciones dictadas por sus representantes, quienes ejercen la autoridad delegada por la ciudadanía. Así se delimitan los márgenes en los que se puede ejercer la libertad; sin normas, todo derivaría en anarquía.

La libertad para fijar precios, en consecuencia, debe ajustarse al marco normativo y a las regulaciones que establecen los límites del sector económico. Es tarea del Estado fijar las reglas porque en él residen los representantes a quienes la sociedad ha delegado esa función.

Antes de la desregulación, la decisión estatal asignaba a YPF el monopolio del petróleo, y así figuraba en la legislación vigente. Desde 1978, por resolución del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, cerca del 35% era producido por empresas petroleras nacionales que lo hacían por cuenta y orden de YPF. La Secretaría de Energía asignaba el crudo a empresas refinadoras (Shell, Esso, Isaura y otras), otorgaba cuotas de mercado y establecía precios en todas las etapas.

La desregulación trajo cambios estructurales, comparables solo con las reformas recientes impulsadas por el Poder Ejecutivo. Se conformó un mercado nacional a partir de la transferencia de reservas y concesiones de YPF a compañías privadas, y surgieron más de treinta oferentes.

La libre disponibilidad permitió exportar y consolidó la multiplicidad de demandantes, una condición necesaria para el correcto funcionamiento del mercado y la formación de precios alineados a la paridad de exportación.

Por este motivo, el mercado petrolero presenta la competencia necesaria y no requiere regulaciones adicionales.

Diferencias entre el mercado de petróleo y el de combustibles

El consumo interno de combustibles, como nafta y gasoil, obedece a una dinámica muy distinta. Aproximadamente el 90% de la oferta está concentrada en tres compañías: YPF, Shell y Axion, configurando un triopolio con fuerte posición dominante. Esta concentración llega al 95-97% si se suma Puma -operadora de la exrefinería de Petrobras en Bahía Blanca- lo que define un mercado propenso a la cartelización.

En contraste con la elevada concentración en combustibles, sectores como la medicina prepaga exigieron la intervención del Estado ante el predominio de diecisiete empresas con valores inferiores al 70% del mercado.

Por su relevancia económico-social, estos mercados requieren una regulación que evite abusos de posición dominante. El Decreto 1212/89 de desregulación establecía que los precios de los combustibles sin impuestos debían alinearse con las paridades de exportación, pero esta disposición nunca se aplicó. Para su implementación, era imprescindible que la Secretaría de Energía definiera el mecanismo de formación de precios, la incidencia del precio del crudo (generalmente del 63%), el modo de traslado de la fluctuación del dólar, la periodicidad para ajustar precios en surtidor y los criterios de contabilización de existencias.

Sin esa normativa, el ajuste de precios queda a discreción de las empresas, situación que penaliza usuarios y competitividad, con un costo estimado de USD 3.400 millones anuales para la economía.

Excepciones, paridad internacional y reingreso estatal

Una regulación clara también debe proteger el funcionamiento económico en situaciones de excepción, como guerras, que generan volatilidad y variaciones abruptas en los precios internacionales. Estas circunstancias justifican desacoplar los precios internos de los shocks externos para evitar distorsiones que destruyan valor en la economía local.

En tales escenarios, solo debería trasladarse al consumidor el impacto real en los costos. Actualmente esto no sucede por falta de una regulación adecuada, pero se espera que el gobierno subsane esta omisión estableciendo normas para proteger a los usuarios de la posición dominante de mercado y para definir mecanismos transparentes de formación de precios, tomando en cuenta las distancias a refinerías y centros logísticos.

Desde este enfoque, es necesario distinguir el caso argentino del de Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que son importadores netos de combustibles, por lo cual los ajustes internos reflejan costos inevitables y no son optativos. En Argentina -autosuficiente y con saldo exportador- la situación es diferente.

Existe además un debate sobre la rentabilidad del sector. Los propios actores afirman que “las refinadoras compran el barril a alrededor de USD 90, y venden sus productos al equivalente a USD 70; lo que implica operar a pérdida”. Sin embargo, esto aplica solo en parte, ya que YPF y Axion son empresas integradas que producen casi todo el crudo que refinan, y juntas abarcan el 67-68% del mercado. Así es válido afirmar que la pérdida solo afecta a una fracción, estimada en 15% del petróleo necesario.

Shell produce petróleo en Vaca Muerta, aunque desde hace años vendió el 50% de su refinería y red a la brasileña Corsan. Puma, por su parte, también produce, pero no cubre la totalidad del crudo que procesa; por eso solo una parte de su actividad responde a la lógica del sector que debe comprar parte del petróleo refinado.

En una situación de excepción -como una guerra o una catástrofe similar-, el Estado puede declarar fuerza mayor para desacoplar temporalmente los precios internos, preservando el legítimo derecho de las compañías petroleras a beneficiarse plenamente de la suba internacional solo a través de las exportaciones.

Como medida complementaria para controlar la inflación, se recomienda que el Impuesto a los Combustibles se actualice una vez al año, dado que el contexto actual no presenta alta inflación.

El autor es Director del Comité de Energía del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), ex Director Nacional de Combustibles y autor del libro El Futuro del Petróleo y la energía

Empleados de Comercio tendrá aumento de sueldo a partir de abril de 2026. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector cerraron un nuevo acuerdo paritario que regirá los próximos tres meses.

El entendimiento alcanzado entre el sindicato que conduce Armando Cavalieri y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) establece un incremento salarial del 5%.

El aumento se distribuirá de forma escalonada: 2% en abril, 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio. Además, se pactó el pago de un bono extraordinario de $120.000 que alcanzará a los trabajadores de todas las categorías.

El convenio también contempla la continuidad de un esquema de monitoreo permanente sobre la situación económica. El objetivo es evaluar la evolución de los precios y evitar que los salarios queden rezagados frente a la inflación durante el primer semestre del año.

Qué dijo Cavalieri sobre el acuerdo salarial de Comercio

El secretario general de FAECYS destacó que el acuerdo fue posible gracias a un «diálogo maduro y responsable» entre las partes. «Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía», afirmó.

En esa línea, el dirigente sindical sostuvo que el gremio buscó «acompañar la realidad actual de las empresas». La meta es preservar las fuentes de trabajo sin dejar de proteger el ingreso de los 160.000 trabajadores que representa la federación.

Cavalieri subrayó que el acuerdo aporta «previsibilidad para transitar estos meses con certidumbre jurídica». La cláusula de revisión prevista para junio de 2026 permitirá a cualquiera de las partes convocar a una nueva reunión para analizar las escalas salariales y las sumas frente a las variaciones económicas.

Cómo se aplica el aumento del 5% en los sueldos

El incremento remunerativo del 5% se calculará sobre las escalas básicas del CCT 130/75 vigentes a marzo de 2026. La base de cálculo incluye el básico más las sumas no remunerativas, que totalizan $100.000.

El escalonamiento quedó definido así:

• 2% a partir de abril 2026
• 1,5% a partir de mayo 2026
• 1,5% a partir de junio 2026

Este aumento se aplicará sobre los básicos convencionales de marzo de 2026 más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha. El monto de referencia para el cálculo es de $100.000.

Qué conceptos no remunerativos aparecen en los recibos de abril a junio

El acuerdo establece dos tipos de sumas fijas no remunerativas que aparecerán en los recibos de sueldo. En total, las sumas no remunerativas alcanzan los $120.000 por mes durante el trimestre abril-junio 2026.

La primera suma corresponde a la prórroga de conceptos anteriores: se mantienen $40.000 y $60.000 hasta junio de 2026. Estas sumas se extinguen mes a mes, excepto los últimos $100.000 de junio que se incorporan a los básicos en julio de 2026.

El concepto en el recibo aparecerá como «Incremento No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026».

La segunda suma es adicional: $20.000 por mes en abril, mayo y junio de 2026. Esta suma no es acumulativa y también se extingue mes a mes, excepto los últimos $20.000 de junio que se incorporan a los básicos en julio.

Este concepto figurará como «Recomposición No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026».

Para qué se toman en cuenta estas sumas no remunerativas

Aunque no generan aportes ni contribuciones a la seguridad social, estas sumas sí se consideran para calcular varios conceptos importantes. Se toman en cuenta para presentismo (artículo 40 del CCT 130/75) y antigüedad (artículo 24).

También impactan en el cálculo del SAC, las indemnizaciones por despido incausado, las horas extras y las vacaciones.

Sin embargo, hay tres excepciones donde sí generan aportes y contribuciones:

• Aportes y contribuciones a OSECAC
• Aportes de los trabajadores previstos en los artículos 100 y 101 del CCT 130/75
• Aportes al INACAP

Para trabajadores con jornada reducida, tiempo parcial, tareas discontinuas o ausencias injustificadas, los montos se liquidan en forma proporcional a la jornada laboral.

Cuánto aumenta la contribución solidaria a OSECAC

El acuerdo también modifica la contribución adicional solidaria con destino a OSECAC. La contribución que era de $8.500 pasa desde abril a $28.000 mensuales por cada trabajador comprendido en el CCT 130/75.

Este monto se abona mientras el trabajador mantenga el contrato vigente. Debe declararse e ingresarse a OSECAC dentro de los 10 días posteriores al vencimiento de cada mes.

La vigencia de esta contribución se extiende por todo el plazo del presente acuerdo colectivo.

Hasta cuándo rige el acuerdo y qué pasa con los adicionales por empresa

El convenio tiene una vigencia extendida: desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2031. Son cinco años de ultraactividad de las cláusulas del CCT 130/75 y los acuerdos posteriores.

Las partes acordaron una reunión de revisión en junio de 2026. Cualquiera de las partes puede solicitarla para analizar escalas y sumas frente a variaciones económicas.

El compromiso establecido indica que cualquier aumento futuro será no remunerativo y no acumulativo.

El acuerdo también incluye una recomendación para las empresas que pagan suplementos fijos por encima del CCT 130/75. Se sugiere que negocien su adecuación tomando como referencia los incrementos del presente acuerdo.

Qué rubros no pueden absorberse con el nuevo aumento

El convenio establece claramente qué conceptos no podrán ser absorbidos ni compensados. Entre ellos figuran los incrementos sectoriales previos al acuerdo.

Tampoco podrán absorberse las bonificaciones o gratificaciones como las de fin de año o navidad.

Sin embargo, sí podrán ser absorbidos hasta su concurrencia los importes otorgados unilateralmente por empleadores desde el 1 de diciembre de 2025.

Si el Estado dicta alguna norma que otorgue incrementos, bonos o sumas, se absorberán mediante negociación colectiva.

Cómo quedan las escalas salariales de Comercio desde abril

Las nuevas escalas salariales estimadas para abril de 2026 incluyen el básico más las sumas no remunerativas. A todos los valores se suman $100.000 de incremento no remunerativo y $20.000 de recomposición no remunerativa.

Maestranza:

• Maestranza A: $1.078.911
• Maestranza B: $1.082.029
• Maestranza C: $1.092.951

Administrativo:

• Administrativo A: $1.090.613
• Administrativo B: $1.095.297
• Administrativo C: $1.099.977
• Administrativo D: $1.114.022
• Administrativo E: $1.125.724
• Administrativo F: $1.142.889

Cajeros:

• Cajeros A: $1.094.513
• Cajeros B: $1.099.977
• Cajeros C: $1.107.000

Personal auxiliar:

• Personal Auxiliar A: $1.094.513
• Personal Auxiliar B: $1.102.315
• Personal Auxiliar C: $1.128.065

Auxiliar especializado:

• Auxiliar especializado A: $1.103.879
• Auxiliar especializado B: $1.117.922

Vendedores:

• Vendedores A: $1.094.513
• Vendedores B: $1.117.925
• Vendedores C: $1.125.724
• Vendedores D: $1.142.889

Qué pasa con los empleados de Comercio en Tierra del Fuego

El acuerdo establece una excepción para la provincia de Tierra del Fuego. Los incrementos no son vinculantes para acuerdos salariales en Río Grande.

Sin embargo, constituyen el mínimo convencional que debe respetarse en esa jurisdicción.

Se reitera el compromiso del acuerdo de 28 de mayo de 2019 de convocar a las partes locales para evaluar adicionales zonales.

Cuándo se homologa el acuerdo y cómo se pagan los anticipos

Las partes solicitaron la homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Si hubiera vencimientos de plazos antes de la homologación, los empleadores abonarán con la mención «Pago anticipado a cuenta».

Una vez homologado el acuerdo, esos anticipos se compensan con los rubros definitivos. Este mecanismo garantiza que los trabajadores cobren en tiempo y forma aunque el trámite de homologación demore.