Luego del veto de Javier Milei a la Ley de Financianiento Docente, desde la Casa Rosada hay preocupación. Al parecer, el Gobierno no tendría los votos para blindar el rechazo del Ejecutivo a la ley que mejora la situación presupuestaria en salarios y costos de funcionamiento para el sector, que fue aprobada por el Congreso hace dos semanas.

En minoría, La Libertad Avanza necesita volver a reunir los 87 votos que le permitieron sostener el veto a las recomposiciones de haberes jubilatorios.

Peligra el veto a la ley de financiamiento universitario

Pero, incluso después del asado de agradecimiento que brindó tras ese logro, el conteo de respaldos se le complican, y en el inicio de esta semana empezó a tomar en serio las señales de alerta que llegan a la Casa Rosada, de parte de sus socios de PRO.

En ese marco, las agrupaciones universitarias le reclamaron a Javier Milei que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó la oposición. «No compromete fiscalmente al Estado, demanda solamente el 0,14% del PBI», remarcaron.

Al respecto, fuentes cercanas al Gobierno señalaron a iProfesional que la marcha tuvo una motivación política. «La presencia de figuras como el presidente de la UCR, Martín Lousteau; el ex candidato presidencial Sergio Massa, el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió -además de sindicalistas como el camionero Pablo Moyano- muestra que se trató de una marcha política en contra del Gobierno y no a favor de la Ley de Financiamiento Universitario».

Desde la gestión libertaria señalan que no están en contra del financiamiento de la universidad pública, sino de que el Congreso apruebe una ley como la que se aprobó sin explicar de dónde saldrá el dinero.

Por lo que pudo saber iProfesional, desde el ministerio de Capital Humano insistirán en la cuestión de las auditorías sobre los gastos de las casas de altos estudios, que afirman que eso ya lo hace la Auditoría General de la Nación (AGN) y aclaran que solo hay una información de los gastos, pero no se hacen rendiciones a través de las facturas de gastos correspondientes.

«Las universidades solo informan lo que gastan, pero no presentan los comprobantes de gastos corrientes que no son salarios», explicaron a iProfesional.

Javier Milei prepara una jugada para lograr el veto en el Congreso

Pero la carta secreta que tiene el Gobierno está relacionada con la vía de negociación para el corto plazo, que no involucra directamente a los sindicatos, sino a los diputados que respaldan el reclamo.

Esto implica discutir el financiamiento de las universidades dentro del debate sobre el Proyecto de Presupuesto 2025, que empezará el próximo martes en las comisiones de la Camara de Diputados.

Según consta en el Proyecto de Presupuesto 2025, el Gobierno le asignó $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide $7,2 billones para poder funcionar.

Presupuesto 2025: cuánta plata se destinaría a universidades

La diferencia entre el presupuesto proyectado por el Gobierno y el diseñado por los rectores es enorme: de unos $3,4 billones.

Desde el Gobierno sostienen que los 3,4 billones de pesos de diferencia son infinanciables. La mayor diferencia aparece en el rubro que los rectores llamaron «incrementos recomposición salarial diciembre 2023».

Allí, el CIN fijó una asignación de partidas de 1,7 billones de pesos. Ese rubro no aparece así nombrado en la proyección oficial.

En los ítems «Educación y Cultura» y «Salud», los números son similares, al menos en el detalle. Sin embargo, al agregarle los incrementos de inflación y recomposición salarial, mientras que el presupuesto oficial llega a un subtotal de $3,7 billones (la parte central del presupuesto), a las autoridades del CIN les da $5,8 billones.

Otra diferencia se explica porque el presupuesto de los rectores desarrolla un apartado de otros gastos en salud, educación, ciencia y técnica, y consolidaciones de distintas áreas y programas, que suman unos $4159 millones.

Así, por ejemplo, para las universidades de reciente creación, los rectores asignaron dos ítems del presupuesto que suman unos $14.592 millones.

También hay diferencias en las asignaciones para el programa de investigadores universitarios (para los rectores, de $5.119 millones; para el Ejecutivo de $3.981 millones); en el Programa para la Investigación Universitaria Argentina (Prinuar), de $450 millones para las instituciones y de $350 millones para el Ejecutivo; el fortalecimiento de actividades de extensión, demandan para las autoridades universitarias unos $6.210 millones y para el Gobierno $4.830 millones; el gasto para Ciencia y Técnica prevé unos $10.158 millones en el presupuesto oficial, mientras que los rectores piden $13.060 millones; para los doctorados se asignaron $9.016 millones y se pedían $12.420 millones; para los hospitales universitarios, se exigieron $61.921 millones y se dieron $54.830 millones, entre otros rubros.

En los anexos del Proyecto de Presupuesto 2025 presentado por la administración nacional se pueden ver el detalle de las partidas asignadas a las distintas universidades.

La de Buenos Aires (UBA) será la que reciba la mayor asignación: unos $657.951.600.636 luego le siguen la Universidad Tecnológica Nacional, con $259.409.053.162; la Universidad Nacional de La Plata, con unos $249.227.476.753; la Universidad Nacional de Córdoba, con $243.045.005.370; la Universidad Nacional de Rosario, con $180.032.949.027 y la Universidad Nacional de Tucumán, con $171.111.567.027.

En tanto, las cinco que menos partidas recibirán son: la Universidad de Madres de Plaza de Mayo ($2.000 millones) y las del Delta, Pilar, Ezeiza y Río Tercero ($800 millones cada una).

Los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son un 5%.

En ese contexto, tanto de un lado como del otro entienden que la negociación debe continuar y que, de alguna manera, el Gobierno tendrá que encontrar un acuerdo con las universidades.

Entre los diputados de la oposición, incluidos varios del PRO, creen que de no ocurrir eso podrían encaminarse a un conflicto más grave como el que se vio el año pasado en Chile.

El Gobierno ofreció a los docentes una recomposición del 6,8%, igual al de los empleados de la Administración Pública Nacional, pero fue rechazado.

«Si además del 6,8% hubiesen propuesto seguir conversando sobre otra recomposición para dentro de un mes o dos meses, los docentes cerraban», aseguró a este medio una diputada de la oposicion.

En el debate de ayer en el canal TN entre el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el vicerrector del la Universidad de Buenos Aires (UBA) surgió una alternativa para tratar el conflicto universitario que se ve agravado por el veto a la Ley de Financiamiento universitario que fue aprobada en forma definitiva el 13 de septiembre pasado.

En una parte de ese debate, Álvarez sostuvo que una de las soluciones se podría lograr cuando el Congreso de la Nación comience a tratar el Proyecto de Presupuesto 2025.

Álvarez y Yacobitti, mantuvieron un duro cruce en el debate de A Dos Voces, por TN, tras la marcha universitaria federal contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Yacobitti comenzó el bloque explicando que quiere un modelo de universidad que la gente elija por la calidad y que vaya cuando no pueda pagar una universidad privada.

«Los dos tipos de persona se juntan en el aula y ahí empieza el mérito a hacer el trabajo». Y agregó: «Nuestro modelo se basa en tres pilares, el mérito, la excelencia académica y la pluralidad»

Álvarez en tanto explicó que también defiende esa serie de valores, pero, no quiere apoyar «la universidad de Sergio Massa, de Hugo Moyano y de Fernando Espinoza».

Por su parte, Álvarez buscó llevar tranquilidad a los docentes por su situación salarial al mencionar: «Nosotros no vamos a cerrar esa discusión. Nosotros avisamos que íbamos a tener una senda de recuperación, pero esa discusión se tiene que dar en el ámbito del Congreso».

Sin embargo, el vicerrector de la UBA aseguró que los salarios universitarios perdieron el 45% de su poder adquisitivo en los primeros dos meses del año por la inflación: «Esto tiene que ver con una política de desfinanciamiento y representa el mayor ajuste del presupuesto universitario en estos 40 años de democracia».

El subsecretario de Políticas Universitarias manifestó que siempre les pagaron tarde, y nunca escuchó una queja contra el anterior Gobierno. Los sindicatos firmaron una paritaria, a la que Yacobitti no fue, para tener un 10% de aumento en febrero y 0% en enero. Sabíamos que eso iba a generar una acumulación de atraso. Además, le otorgamos en febrero el 16% de aumento cuando el resto de los estatales tuvo el 10%»

«Nosotros queremos una universidad que cumpla con la misión por la cual fue creada, que es dar clases e investigar. No queremos que se convierta en un instrumento de construcción para un nuevo espacio de centro que busca enfrentar a Javier Milei», argumentó Alvarez.

Para el cierre del debate, cuando el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario ya había sido publicado, Yacobitti expresó: «El Gobierno tomó la decisión de hacer sufrir a los profesores universitarios». El vicerrector de la UBA también sostuvo que lo único que recibieron las universidades públicas desde que está la administración libertaria fueron «difamaciones y asfixia presupuestaria».

Álvarez le retrucó: «Que se quede tranquila la población, que vamos a financiar la universidad, lo que no vamos a permitir es que sea utilizada para fines para los cuales no fue creada. La Universidad se creó para dar clases, para investigar, no se creó para sostener un armado político, como se vio en la marcha, que es el intento de reconstruir un frente contra el Gobierno».

Álvarez dio un mensaje a la gente que asistió con buena voluntad a la manifestación de este miércoles en el Congreso: «Las universidades no van a cerrar, el cuatrimestre está garantizado y las casas de estudio van a estar financiadas el año que viene. Vamos a seguir defendiendo a la universidad pública y combatiendo las mafias que están adentro».

El debate dejó la impresión que habría una vía alternativa, una especie de diagonal que traería una solución más amable para todos los sectores: negociar una mejora por vía del Presupuesto 2025, que comienza a tratarse en comisión la semana próxima. Milei apuró el veto porque hoy le vencía el plazo para tomar esa decisión. Pero la oposición tiene tiempo de sobra para insistir con la ley: si junta los votos necesarios para hacerlo, deberá optar si le infringe una derrota al Presidente o si utiliza esa ventaja como una fortaleza para lograr una mejora del presupuesto universitario cuando se negocie el presupuesto nacional.

La antinomia quedó planteada: de un lado, el déficit cero, un sacrificio actual necesario para tener un futuro mejor; y del otro, el imaginario social de progreso, propio de clases medias y bajas que sienten que no tienen presente, pero quieren evitar que les roben el futuro. Milei está convencido de que solo con ortodoxia económica se pueden corregir décadas de populismo económico heterodoxo.

El viernes 13 de septiembre, con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado sancionó en la madrugada la Ley de Financiamiento Universitario que en los últimos días generó una gran polémica en la comunidad universitaria.

La ley aprobada prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo que prevé una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.

La misma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de «atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales»

Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 que fue prorrogado por el Gobierno de Javier Milei, según la inflación acumulada ese año que fue del 211 % y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.