La medida tiene como objetivo presionar a Nicolás Maduro, a la vez que amplía el margen para que Chevron disminuya sus operaciones en Venezuela

25/03/2025 – 11:17hs

La estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue enfocada en el uso de los aranceles, una herramienta que, aunque poderosa, también conlleva efectos negativos para quien la utiliza. Este lunes, firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del 25% a todas las importaciones de países que compren petróleo o gas a Venezuela.

La medida entrará en vigor el próximo 2 de abril y tiene como objetivo añadir más presión económica sobre el gobierno de Nicolás Maduro y sus aliados internacionales, especialmente China, el mayor comprador de crudo venezolano.

Trump justificó su decisión al señalar que el régimen de Maduro constituye una «grave amenaza» para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, añadiendo además la presunta infiltración de miembros de la banda criminal venezolana, Tren de Aragua, en territorio estadounidense.

En paralelo, su administración extendió hasta el 27 de mayo el permiso que permite a la petrolera estadounidense Chevron operar de forma limitada en Venezuela, evitando así una salida abrupta del país.

La noticia de la orden ejecutiva causó un aumento inicial del 1,5% en los futuros del petróleo, según Reuters, pero las ganancias se moderaron tras conocerse la extensión de la licencia a Chevron.

La orden ejecutiva establece que los aranceles también se aplicarán a las compras indirectas de crudo venezolano, es decir, a través de intermediarios, y se mantendrán durante un año después de la última importación registrada por el país afectado.

EE. UU. y Venezuela: los nuevos aranceles de Trump y sus implicaciones internacionales

El gobierno de Venezuela condenó la medida, calificándola como una «agresión arbitraria, ilegal y desesperada» que busca obstaculizar su desarrollo económico.

Desde Pekín, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, expresó la firme oposición de China a las sanciones unilaterales y al uso extraterritorial de las leyes estadounidenses para interferir en los asuntos internos de otros países.

En 2023, China absorbió el 68% de las exportaciones de crudo venezolano, conforme datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos citados por la Associated Press.

Analistas advierten que la nueva política podría obligar a Venezuela a ofrecer descuentos adicionales para mantener sus exportaciones, al igual que ocurrió en 2020 cuando Trump impuso sanciones secundarias al sector petrolero del país. India, España, Italia, Cuba y Rusia también figuran entre los compradores.

Chevron y las importaciones de petróleo

A pesar de que la medida está dirigida a terceros países, Estados Unidos continúa importando petróleo venezolano. En enero de 2025, el país recibió 8,6 millones de barriles, de acuerdo con cifras derla Oficina del Censo de Estados Unidos citados por la AP. La licencia otorgada a Chevron, vigente desde 2022, permite esta excepción.

Trump ha defendido el uso de los aranceles como clave para revitalizar la industria manufacturera estadounidense. Como ejemplo, mencionó la inversión de 5.800 millones de dólares de Hyundai en una nueva planta siderúrgica en Luisiana, afirmando que «esto demuestra que los aranceles funcionan muy bien».

La conflictividad en ARCA y la Aduana va creciendo con el correr de las semanas. Por un lado, por la recomposición salarial y, por otro, por la reestructuración de los organismos, con despidos, retiros voluntarios y recortes de ingresos para el personal de carrera. En ese marco, la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UpsAfip), dispuso el estado de alerta y movilización, con asambleas y el anuncio de un plan de lucha donde convocó a los otros dos gremios de la actividad.

El secretario General de los jerárquicos de la hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Julio Estévez (h) indicó que «nos bajaron los sueldos, la recomposición salarial es cero y han disuelto áreas enteras en el interior del país sin ningún sustento o lógica» y se preguntó:  ¿De qué sirve ahorrarse 1.000.000 de pesos en el alquiler de un inmueble de un distrito si ahora tendrán que pagar 30 o 40.000.000 en viáticos, movilidad y desarraigo, ¿Por todo el personal que deben movilizar?  ¿Buscan hacer miserable el trabajo de los compañeros y el de la ciudadanía, que ahora tienen que viajar horas para acceder a una atención presencial?».

Asambleas en los lugares de trabajo con cese de actividades

Además del estado de alerta y movilización, el consejo directivo de la UpsAfip convocó a asambleas con cese de actividades con concurrencia a los lugares de trabajo, durante las dos primeras horas de esta jornada y el miércoles, para todo el personal «sin excepción de bases ni jefaturas».

Indicó que en las asambleas «se discutirá la realización del plan de lucha y se decidirá la concreción o no de un paro parcial o total de actividades» y destacó que «todo el personal deberá concurrir a sus lugares de trabajo, loguearse y de inmediato apagar sus computadoras para participar de las asambleas, las cuales no admitirán atención al público, ni ejecución de tarea alguna».

Estévez apuntó que «el plan de lucha resuelto será comunicado a la secretaría de Trabajo» y subrayó que «si creíste que en tu oficina aún no pasó nada, lo peor está por venir y vienen también por vos. No seas indiferente a la lucha. Nosotros nos ponemos delante para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadoras, pero necesitamos que nos apoyes para ayudarte». 

Duros cuestionamientos a la gestión: Baja de la recaudación

En un comunicado, la organización gremial manifestó: «Somos testigos de cómo las autoridades de la Agencia Recaudatoria desprecian, destruyen y ejercen violencia sobre todo el personal. No sabemos si el director ejecutivo se rehúsa a reunirse con los gremios por miedo, por incapacidad, o si en un acto de fingir demencia sigue para adelante en la peor gestión desde que fue creada la AFIP en 1995».

Estévez advirtió que «la recaudación no para de desplomarse y mandan a nuestros a agentes, profesionales destacados en impuestos, a parar colectivos como si fueran agentes de tránsito, usando valiosos recursos del Estado para tareas espurias».

Asimismo, recordó que «nuestro gremio ya ha denunciado en los autos caratulados «UNIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS c/ EN-DTO 953/24 S/ AMPARO LEY 19986″, EXPTE. N°18685/2024, los abusos perpetrados mediante la Disposición ARCA 36/2025; de fecha 28/2/2025. Vamos a pelear hasta que se termine esta demencial carrera de destrucción del Fisco Nacional».

Convocan a los otros sindicatos a «unificar acciones»

«Lamentamos profundamente el triste papel que desempeñan en este escenario los funcionarios de carrera que «momentáneamente» cumplen funciones de nivel político, ellos pasarán, y todos tendrán que ver a la cara a sus compañeros y dar explicaciones en sus oficinas y ante la justicia», remarcó el documento del gremio.

Planteó que «en atención a la inusitada violencia institucional y abusos ejercidos por la empleadora, la destrucción de nuestros ingresos y de nuestras carreras administrativas, la persecución política y la insistencia en no discutir seriamente con ninguno de los tres gremios que nuclean a los trabajadores de la casa, nuestra mesa nacional ha resuelto instrumentar un plan de lucha de creciente intensidad».                 

Por último, exhortó a las conducciones de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y del Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina (SUPARA) a «unificar acciones, los tres gremios tenemos fortalezas distintas y nuestros compañeros necesitan de toda nuestra inteligencia y capacidad de acción contra este estado de conmoción interior en la Casa».

La vulnerable situación de los jubilados en Argentina se ha convertido en una de las banderas políticas más convocantes y problemáticas durante el gobierno de Javier Milei. La oposición le reclama al Ejecutivo -sin éxito- mejorarle la vida a los jubilados y que no sean ellos la variable de ajuste.

El último intento de la oposición en el Congreso Nacional por «hacer algo» por los jubilados fue el pasado 19 de marzo, cuando no consiguieron el quorum para tratar la prórroga de la moratoria previsional. Ese pedido fue impulsado por los diputados de Unión por la Patria (UxP), que también pretendían debatir proyectos para aumentar los haberes previsionales y ampliar la cobertura de medicamentos de PAMI.

A pesar de los pedidos de los legisladores, las marchas realizadas los últimos miércoles del año y los episodios violentos afuera del Congreso, el Gobierno no analiza nuevos aumentos para las jubilaciones y tampoco prevén una suba en el bono. Los haberes aumentarán solo un 2,4% en abril, según lo indica la movilidad jubilatoria.

De todos modos, la oposición sigue insistiendo; y en los últimos días presentaron dos proyectos que buscan garantizar mayor equidad en el sistema previsional.

El plan de la oposición para jubilados: prestación proporcional y modificar la PUAM

Los proyectos los presentó la diputada nacional de la UCR, Danya Tavela, quien argumentó que ambas iniciativas buscan, por un lado, garantizar una jubilación más justa y equitativa para adultos mayores, «especialmente para aquellas personas que, pese a haber trabajado durante años, no pueden acceder a una jubilación digna», dijo. Por otro lado, también propone disminuir la edad de acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para mujeres.

Respecto del primer proyecto, la iniciativa propone fijar una Prestación Proporcional por Reconocimiento al Esfuerzo Contributivo. Esto permitirá que aquellas personas que hayan aportado entre 10 y 29 años puedan acceder a un haber previsional, en lugar de quedar excluidos del sistema.

«Instituyese una Prestación Proporcional que reconozca el esfuerzo contributivo realizado en la etapa activa de los trabajadores, a la cual podrán acceder las mujeres de sesenta (60) años de edad o más y los hombres de sesenta y cinco (65) años de edad o más que acrediten entre diez (10) y veintinueve (29) años de servicios en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad, que cumplan con los requisitos del inciso 1 del artículo 13 de la Ley 27.260″, establece el proyecto en su artículo 1.

En ese mismo artículo, el proyecto establece el monto de la prestación: si se aprueba el proyecto, sería el equivalente al 70% de la Prestación Básica Universal, con un adicional del 1,5% por cada año de aportes.

Quiénes podrán acceder a la Prestación Proporcional

El proyecto también establece los requisitos para quienes busquen acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Y en ese sentido, describe:

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1. Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, en este último caso con una residencia legal mínima en el país de diez (10) años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país de veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio.
2. No ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo.
3. No encontrarse percibiendo la Prestación por Desempleo prevista en la Ley 24.013.
4. En el caso de que el titular perciba una única prestación, podrá optar por percibir el beneficio que se establece en la presente.
5. Mantener la residencia en el país.

Además, aclara que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en forma previa al otorgamiento de la prestación, realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales «sobre la base de criterios objetivos que fije la reglamentación, a fin de asegurar el acceso a las personas que presenten mayor vulnerabilidad».

«El 60 por ciento de los jubilados accedieron a su haber mediante moratorias, lo que muestra que una gran parte de la población no logra completar los 30 años de aportes. Con esta prestación, buscamos reconocer el esfuerzo contributivo de miles de trabajadores y trabajadoras que, si bien no alcanzaron el total de años requeridos, realizaron un aporte significativo al sistema», sostuvo la diputada del bloque Democracia para Siempre.

Y agregó: «Tenemos que encontrar soluciones definitivas y a largo plazo para el sistema previsional, dejando de utilizar parches. Por eso, un sistema de prestación proporcional a los años de aportes previsionales efectivamente realizados por cada persona es más equitativo, más justo y menos deficitario para el Estado».

La UCR sugiere bajar la edad de retiro para las mujeres

El segundo proyecto sobre jubilaciones, presentado por la diputada radical, propone modificar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), reduciendo la edad de acceso para las mujeres de 65 a 60 años.

Según la diputada, la iniciativa busca «corregir las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en el mercado laboral, donde enfrentan mayores niveles de informalidad, brechas salariales y responsabilidades de cuidado que dificultan el cumplimiento de los 30 años de aportes requeridos por el sistema previsional».

«El actual sistema previsional profundiza las desigualdades de género. Muchas mujeres llegan a la edad jubilatoria sin los años de aportes exigidos y quedan sin acceso a un haber jubilatorio. Este proyecto busca garantizar un acceso más equitativo que subsane las desigualdades existentes», argumentó.

Además de los dos proyectos, Tavela presentó dos pedidos de informe para que el Poder Ejecutivo brinde información detallada sobre el estado de los recursos de la seguridad social.

El primer pedido solicita datos sobre la recaudación y destino de los fondos obtenidos a través del régimen de Regularización de Deudas de Seguridad Social, con el objetivo de evaluar su impacto en la sostenibilidad del sistema previsional y en la calidad de vida de los jubilados. Mientras que el segundo pedido busca esclarecer la situación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), exigiendo precisiones sobre las inversiones realizadas, su rentabilidad y su uso en el pago de beneficios previsionales.