La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) ha advertido sobre una brecha significativa entre los aumentos en las cuotas de medicina prepaga y los aranceles que reciben los prestadores ambulatorios. Este desajuste ha generado un escenario crítico que compromete la sostenibilidad del sistema de salud en Argentina.

Según CADIME, en los últimos dos años, las cuotas de las prepagas registraron un incremento promedio del 435%, de acuerdo con datos actualizados a octubre de 2024. Sin embargo, los aranceles que perciben los prestadores sólo aumentaron entre un 160% y un 224%.

Estas cifras contrastan fuertemente con la inflación acumulada durante el mismo período, que alcanzó el 544%, mientras que el sector de la salud registró una variación aún mayor, del 583%, según estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Prepagas: el impacto en los prestadores ambulatorios

La diferencia entre los costos operativos y los valores abonados por las prepagas afecta a una amplia gama de servicios, entre ellos análisis clínicos, diagnóstico por imágenes, radioterapia, oftalmología, odontología, kinesiología, diálisis y consultorios médicos.

CADIME subrayó que, en muchos casos, esta brecha ha sido parcialmente cubierta mediante el cobro de copagos a los pacientes. Sin embargo, estos ingresos adicionales no han sido suficientes para equilibrar el incremento de costos operativos y garantizar la sostenibilidad económica de las instituciones.

El informe detalla que los costos operativos del sector han crecido a un ritmo superior al de los ingresos, con un impacto directo en la calidad y disponibilidad de los servicios. Esta situación, según CADIME, pone en riesgo la red de atención ambulatoria en todo el país.

Falta de cumplimiento en la traslación de aumentos

Hasta el año pasado, la normativa establecía que las prepagas debían trasladar el 90% de los aumentos en sus cuotas a los aranceles de los prestadores. Sin embargo, un relevamiento realizado por CADIME entre sus socios reveló que más del 80% de las instituciones no recibieron esos incrementos. Esta falta de cumplimiento, sumada a los plazos extendidos para el pago de las prestaciones, agrava aún más la situación financiera de los prestadores.

En promedio, los pagos se efectúan entre 60 y 90 días después de la facturación, lo que implica una pérdida adicional debido a la inflación acumulada durante ese período. Este desfase temporal, junto con los valores desactualizados, ha generado un impacto negativo en la capacidad de los prestadores para mantener sus operaciones.

Reclamos y propuestas del sector

Ante este escenario, CADIME ha exigido una serie de medidas para revalorizar el rol de los prestadores de salud y garantizar la sostenibilidad del sistema. Entre las principales demandas se encuentran:

1. Revisión y actualización de aranceles: Ajustar los valores abonados por las prepagas y obras sociales a los costos operativos reales del sector, considerando la inflación acumulada.
2. Reducción en los plazos de pago: Implementar un esquema de pago que permita la cancelación de las prestaciones a 30 días, con valores actualizados al momento del pago.
3. Regulación y cumplimiento de normativas: Garantizar que los aumentos en las cuotas de las prepagas sean trasladados de manera efectiva y transparente a los prestadores, según lo establecido por la normativa vigente.

La situación expuesta por CADIME se enmarca en un contexto de alta inflación y desafíos económicos que afectan a diversos sectores del país. En particular, el ámbito de la salud enfrenta presiones adicionales debido al aumento de los costos de insumos, equipamiento y salarios.

Por otra parte, el impacto de la devaluación y las fluctuaciones cambiarias también ha encarecido los insumos importados necesarios para la prestación de servicios médicos. Esto añade una capa de complejidad al problema, ya que muchos prestadores no pueden ajustar sus tarifas en consonancia con estos incrementos.

Consecuencias para los pacientes y el sistema de salud

La «brecha crítica» señalada por CADIME no solo afecta a los prestadores, sino también a los pacientes, quienes enfrentan mayores costos a través de copagos y, en algunos casos, restricciones en el acceso a servicios. Además, la falta de recursos para actualizar equipos y mantener infraestructura adecuada podría impactar en la calidad de atención a mediano y largo plazo.

La sostenibilidad del sistema de salud depende de un equilibrio entre los ingresos de las prepagas, los aranceles abonados a los prestadores y los costos asumidos por los pacientes. Sin embargo, el desajuste actual amenaza con desarticular esta ecuación, poniendo en riesgo tanto la red de atención como la accesibilidad al sistema de salud.