ECONOMIA
La evolución de la pobreza en la era de Javier Milei
El Gobierno de Javier Milei logró lo impensado: disminuir abruptamente la inflación, como también que el dólar «baje» en términos reales, ya que se mantuvo estable durante todo el año. De hecho, en las últimas ruedas, hubo una «paridad» entre los tipos de cambio libres con el oficial. Sin embargo, aún tiene el desafío del índice de pobreza.
Este último aún se mantiene alto e incluso creció con respecto a otros años. Desde iProfesional te contamos cómo evolucionó en el 2024.
Índice de pobreza en la era Javier Milei: cómo evolucionó en el 2024
La pobreza saltó del 40,1% al 52,9% en el primer semestre del año, en comparación con el 2023, lo que representa la cifra más elevada en los últimos 20 años. A su vez, la indigencia casi se duplicó, pasando de un 9,3% a 18,1%, según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, más conocido como INDEC.
Dichos porcentajes, si se aplican a la población total, significa que 24,8 millones de argentinos son pobres, mientras que 8,5 millones se encuentran en situación de indigencia. Asimismo, el 42,5% de los hogares se encontró en situación de pobreza, unos 4.319.760, en el que vive el mencionado 52,9% de las personas.
Dentro de ese conjunto, se distingue un 13,6% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), unos 1.378.142, que incluyen al 18,1% de las personas. Sin embargo, el último informe de la UCA le da esperanza al Gobierno de no solo revertir el pico de pobreza, sino de finalizar el año mejor que en el cierre del 2023.
El estudio indica que la pobreza se ubicó en un 49,9% de la población en el tercer trimestre del año, un 5,2% más elevado que el año pasado, pero un 3% menos que en el mencionado pico.
Asimismo, las proyecciones de incidencia de pobreza e indigencia para octubre de 2024, con base en estadísticas oficiales (EPH), son menores al dato del cuarto trimestre de 2023. En el caso de la pobreza, está un 44,6% contra el 45,2% del 4to trimestre de 2023, mientras que para la indigencia la proyección es de 11,6% contra 14,6% del último período de 2023.
Cabe aclarar que, según el informe, sin la ayuda social de políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar, la situación sería mucho peor: la indigencia del 12,3% hubiera sido del 23,2% y la pobreza en vez del 49,9%, sería del 55,4%.
Estos datos generaron optimismo en el Gobierno. «Pobreza bajando. Falta muchísimo, pero estamos en el camino correcto. La reducción de la pobreza debe obedecer a mejoras que sean sostenibles en el tiempo y no artilugios politiqueros que a largo plazo solo la incrementa», señaló en X el presidente.
Según informó el Gobierno a través de su página oficial, en sintonía con el dato del informe de la UCA, los ejercicios de proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano están en línea con esta tendencia.
«Argentina necesitaba una fuerte reestructuración macroeconómica para evitar una hiperinflación, y el Presidente Javier Milei advirtió en campaña acerca de los efectos inmediatos del necesario ajuste. Por eso concentramos nuestros mayores esfuerzos en las políticas sociales, para acompañar a los más vulnerables», señalaron
«El dato de pobreza es elevado, y somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, pero los indicios nos permiten ser optimistas. Las proyecciones indican que esta tendencia se mantendrá, en un contexto de estabilidad macroeconómica y crecimiento genuino de la economía, consolidando la nueva Argentina», concluyeron.
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ECONOMIA
Luis Caputo recibirá a la Mesa de Enlace tras la baja de retenciones al campo
Luis Caputo, ministro de Economía, recibirá este jueves por la tarde a Nicolás Pinto, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), a Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a Andrea Sanari, presidente de la Federación Agraria Argentina y a Lucas Magnano, presidente de Coninagro.
La reunión será a las 15, en el Palacio de Hacienda. Cabe mencionar que los dirigentes rurales mantienen reuniones previas con el Gobierno para definir la agenda que le van a llevar al ministro.
La agenda que se definirá en la reunión del Gobierno
Entre los temas que planteará el sector se encuentra la rebaja temporal de retenciones, que quieren que se establezca de manera permanente, y la situación de las economías regionales, esperando en líneas generales más medidas en favor del campo y sus productores.
El 23 de enero, el Gobierno anunció la eliminación de retenciones a las economías regionales y la baja de los derechos de exportación para todos los cultivos hasta junio próximo. De hecho, según el Consejo Agroindustrial Argentino, la reciente modificación de los derechos de exportación generará un impacto significativo en las exportaciones, incentivando una mayor comercialización de los stocks, especialmente durante el primer semestre del año.
Esto permitiría alcanzar exportaciones por 98,1 millones de toneladas, implicando un crecimiento interanual del 11%. En términos de valor, las exportaciones agroindustriales podrían alcanzar los USD 47.954 millones, con un incremento de USD 1.738 millones respecto a la estimación previa a la medida. Este aumento responde principalmente a la comercialización de stocks acumulados, con ventas adicionales concentradas en el primer y segundo trimestre del año.
Retenciones bajas todo el año para que haya más dólares
Allí, los representantes agroindustriales solicitaron la continuidad de la baja de derechos de exportación. Y también la profundización de las medidas, dado que los estudios del Consejo muestran que la continuidad de la reducción de los derechos de exportación enviaría una señal clave de confianza al sector, generando mejores condiciones para la planificación productiva y la adopción de tecnologías.
Así lo presentó el titular de ese consejo, José Martins (Bolsa de Cereales). Pazo estuvo acompañado por el subsecretario de Coordinación de Producción, Santiago Migone y el subsecretario de Mercados de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Agustín Tejeda. Junto a Martins asistieron Gustavo Idígoras (cerealeras), Diego Cifarelli (molineros), Fernando Rivara (acopio) y Joaquín de Grazia (avícola).
Primero llegó la buena noticia que esperaba el Gobierno: la rebaja de retenciones permitirá exportaciones por 98,1 millones de toneladas, implicando un crecimiento interanual del 11%. En valor, el sector agropecuario aportará u$s 47.954 millones, con un incremento de u$s1.738 millones respecto a la estimación previa a la medida. Significa una mayor liquidación de divisas que se produciría en el segundo trimestre del año.
Y luego los empresarios buscaron tentar al Gobierno con una alternativa: dijeron que si la medida se extendiera hasta fin de año, permitiría un incremento de entre 4 y 7 millones de toneladas adicionales, y una liquidación de entre u$s1.500 y u$s2.400 millones. Es decir, el campo pondría sobre la mesa la liquidación de más de u$s 4.000 millones, lo que representa el 13% de las reservas internacionales del Banco Central, que no llegan a los u$s 30.000 millones.
En esa línea, los integrantes del Consejo fueron más allá y pidieron incluir en la rebaja de retenciones a productos derivados bovinos, aviares, nutrición animal y de la pesca. Por ahora, todo indica que el Gobierno mantendrá hasta mediados de año el decreto que redujo un 20% las alícuotas de los derechos de exportación para la soja y sus derivados, el trigo y el maíz. No habría margen para conceder más recaudación, y el tema ya habría sido hablado con los enviados del FMI.
No fue el único tema clave de la reunión. Los empresarios también solicitaron la posibilidad de extender el plazo para realizar las liquidaciones de divisas, que por ahora es de 15 días después de la presentación de las declaraciones juradas. «Difícil», fue la respuesta oficial.
Es que el planteo de que la rebaja de retenciones solo hasta el 30 de junio fue conversado con los técnicos del Fondo y el plazo de 15 días está relacionado con que las empresas no registren embarques para el segundo semestre. El plazo de liquidación genera tensión con los exportadores. Desde el decreto, se redujo de 30 a 15 días para cereales y oleaginosas y de 180 a 15 días para productos procesados.
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