Acostumbrado a la brevedad de los textos de las redes sociales y a frases contundentes, el presidente Javier Milei, sentenció y pronosticó hace unos días que es «obvio» que una de las mayores inversiones que la Argentina puede esperar en el corto plazo se instalará en el golfo de San Matías en Río Negro, y no en la localidad de Bahía Blanca, debido a que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es un comunista expropiador. 

«En Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional», dijo el Presidente de la Nación respecto del plan para construir una planta de licuefacción de GNL proveniente de Vaca Muerta y que demandaría una inversión de hasta u$s50.000 millones.

Mega inversión de YPF: ¿por qué se instalaría en Río Negro y no en Buenos Aires?

El blanqueo nacional, conocido como RIGI, es uno de los factores de la ecuación que Kicillof intento imitar con un proyecto propio de repatriación de capitales. Por el contrario, el gobernador rionegrino, Alberto Edgardo Weretilneck, otro que se tomó su trabajo en serio y va por su tercer mandato sin importarle las críticas por ese punto porque, sin dudas, imagina que si lleva semejante inversión a su provincia podrá aspirar a batir el récord de Gildo Insfrán en Formosa, reelecto siete veces, fue uno de los primeros que adhirió la provincia que gobierna al RIGI de Milei. 

Pero hay cuestiones más profundas que las chicanas que se dedican Milei y Kicillof y el interés por hacer bien los deberes de parte de Weretilneck, considerando que se trata de una de las inversiones «más grandes de la historia», ya que contempla un desembolso de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares por parte de Petronas y otros socios, como YPF, para desarrollar en el país el Gas Natural Licuado (GNL), a partir de combustibles generados en Vaca Muerta.

Si bien, en YPF y en Petronas se están realizando estudios de costos y oportunidades de los dos destinos que serán claves en las decisiones que las petroleras adopten para explicarles sus decisiones a sus accionistas y, el CEO de la empresa YPF, Horacio Marín, asegura a propios y extraños que no quiere «politizar» la decisión de la compañía que dirige, existe un factor importante que podría hacer torcer la balanza hacia la provincia de Río Negro en vez de la postulación de Bahía Blanca. 

Consorcios de gestión portuaria, el factor que ahuyenta inversores 

Y, ese factor, son los consorcios de gestión portuaria, que se utilizan en territorio bonaerense y que ha permitido que, en grandes ciudades con importantes puertos, Mar del Plata, Bahía Blanca, Necochea, entre otros, constituyan enormes «cajas» de recaudación, que terminan por fabricar intendentes y dirigentes políticos, usualmente ligados al peronismo y al poder sindical. 

El caso más importante es el que sucedió en Bahía Blanca con la llegada a la intendencia del Frente de Todos y de Federico Susbielles, un ex dirigente de la Confederación de Básquet, que había intentado ser alcalde en cuatro oportunidades y que, sólo lo consiguió, tras dirigir el consorcio portuario de Bahía. 

Así es como Susbielles dio el gran golpe, venciendo en el pasado turno electoral de octubre de 2023 al PRO, conducido por Héctor Gay, en una ciudad tradicionalmente refractaria al peronismo.  

Para ello contó con el puerto y los medios locales que dirige el poderoso referente de la familia Moyano en Bahía Blanca, Gustavo «Turco» Elías, con pasado en el puerto de Buenos Aires y con mucho poder en el de Bahía Blanca, que fue nombrado en los famosos Panamá Papers, una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo, no sólo de la Argentina. 

Estos detalles, con empresarios de mucho poder y recursos, con llegada a sindicatos de estibadores, como el SUPA y donde los organismos de control brilla por su ausencia en los consorcios portuarios, creadores de dirigentes, son la principal duda que tienen los ejecutivos malayos de Petronas, para plantar dinero fuerte en la provincia de Buenos Aires. 

El poder de los consorcios de gestión portuaria representan una cantera inagotable de recursos, influencia y futuro político para dirigentes como Sergio Massa, que trabaja activamente para sustentar la gestión de Jimena López al frente del consorcio portuario de Quequén en la ciudad de Necochea. 

O, también, como dirigentes de La Cámpora conducida por Máximo Kirchner. En Mar del Plata se hizo cargo un dirigente camporista -Marcos Gutiérrez- en reemplazo de Gabriel Felizia, y representa uno de los activos más preciosos para el hijo de la expresidenta y su leal escudera, Fernanda Raverta. 

Weretilneck buscará quedarse con la millonaria inversión para afianzarse en el poder en Río Negro.

Río Negro o Bahía Blanca: las opciones que maneja Javier Milei

Sin embargo, el foco de atención durante los próximos días estará puesto en la zona portuaria de Bahía Blanca, porque la ciudad está pujando por la inversión más importante que recibirá la Argentina en los próximos años frente al Puerto de Punta Colorado en Río Negro que adoptó una política que puede torcer esta historia a su favor. 

Alberto Weretilnek anunció que «el mundo no se termina en Bahía Blanca y (…) discutiremos un modelo portuario privado. No queremos consorcios, tampoco municipios en la administración o gremios y las cámaras empresarias». Y, agregó, «no hay margen para sobrecostos». Léase todo aquello que sucede en los puertos bonaerenses. 

Puertos privados o con gremios y funcionarios 

Mientras que los puertos privados monitoreados por autoridades competentes pueden ser una alternativa al modelo de gestión bonaerense, hay que explicar por qué los consorcios de gestión de puertos, les abre, de manera silenciosa, las puertas a la política para hacer y deshacer y manejar fondos sin dejar firmas estampadas que los comprometa en la justicia ante posibles desacuerdos. 

El Estado provincial bonaerense se mantiene apartado, en lo formal, de estos consorcios que en los papeles son entes públicos no estatales pero que en la práctica tienen links visibles con el poder político. 

La creación de estos entes públicos no estatales fueron la manera en la que «la casta» que suele denunciar Milei, trabajó para burlar la Ley Nacional de Puertos, su espíritu y las condiciones de transferencia. 

Estos entes conforman los Consorcios de Gestión de Puertos de la Provincia de Buenos Aires, a través de los cuales la Argentina debe canalizar una buena parte de sus exportaciones e importaciones y a través de los que deberá encausar las exportaciones de gas y petróleo provenientes de Vaca Muerta.

YPF y Petronas estiman que la inversión implicaría un desembolso de hasta 50.000 millones de dólares.

¿Cómo se crearon estos Entes? La transferencia de la administración y explotación de los puertos que administraba la empresa A.G.P.S.E. a las provincias, proceso que se conoce como «provincialización portuaria» fue desarrollado bajo las ideas imperantes en los años 90 vinculadas a la descentralización administrativa y, en algunos casos, a las privatizaciones.  

Esta idea moderna y transformadora que en materia portuaria se materializó con la ley 24.093 -un hito histórico y pionero en toda Latinoamérica por la apertura de la actividad al sector privado- quedó totalmente desnaturalizada al mutar los Puertos de la Provincia de Buenos Aires, en oscuras cajas y trampolín de candidatos políticos. 

A partir de la sanción de la Ley 24.093/92 de Actividades Portuarias y su Decreto reglamentario 679/93 la actividad portuaria ha dejado de ser una actividad monopolizada por la Sociedad del Estado Nacional llamada «Administración General de Puertos», circunstancia que la asimilaba a un servicio público.  

Específicamente, a la Provincia de Buenos Aires se le transfirió el derecho a explotar y administrar 16 unidades portuarias que formaban parte de la empresa A.G.P.S.E., dejando a criterio de la provincia la forma en que llevaría a cabo dicha administración y explotación. Sólo con relación a dos unidades portuarias, la ley impuso condiciones especiales e insoslayables en este aspecto como requisito para su transferencia: los Puertos de Bahía Blanca y Quequén.

El Articulo 12 de la ley 24.093 dispuso que las mismas se transfieran con la condición de que sean administradas por sociedades comerciales o por Entes públicos no estatales, con la participación de los distintos sectores que la norma dispone. Es decir, se vedó que la administración y explotación de las dos unidades portuarias señaladas -por su participación decisiva en el comercio exterior de la Nación-, fuera llevada adelante por el Estado Provincial directamente. 

Esta ventaja tiene Alberto Weretilneck en su poder para negociar con las petroleras. 

En Bahía, se dispuso que «las personas jurídicas que administren y exploten los puertos mencionados tendrán la facultad de determinar el propio tarifario de servicios, debiendo invertir en el mismo puerto el producto de su explotación, conforme lo establezca el estatuto respectivo».

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Las normas que regulan estos requisitos en provincia de Buenos Aires son la ley 11.414 y el régimen jurídico aplicable al desenvolvimiento de cada uno de los entes públicos para Bahía y Quequén, en sus anexos I y II respectivamente.  

Dicha norma, establece en su artículo 8vo., el régimen financiero de estos Entes, en el que señala que sus ingresos vendrán dados por los importes de los cánones y tarifas que perciba de los concesionarios, locatarios y permisionarios; las tarifas que perciba de los titulares de las terminales portuarias industriales o recreativas; las tarifas por servicios que preste a la navegación, a los buques y a las cargas; las tasas a las cargas y las que cobre por el servicio de mantenimiento y profundización del dragado de los canales; las tasas que cobre por el servicio de dragado en las zonas de maniobras, acceso y sitios, entre otros. 

Frente a tamaña posibilidad de negocios y para tener una idea de los montos recaudados por estos Entes, en Bahía Blanca, se informó una recaudación anual de unos 100 millones de dólares, con una estructura de 90 empleados. 

Una excelente base desde la cual el ex basquetbolista Federico Susbielles logró lanzarse directamente a la intendencia bahiense. 

Estos antecedentes legales con impacto en la realidad política son los que están analizando los ejecutivos de YPF y Petronas para decidir entre Bahía Blanca o Punta Colorado.