El Gobierno comenzará a intentar un acercamiento final con los gobernadores para poder aprobar el Proyecto de Ley de Bases antes de la segunda quincena de mayo. En ese aspecto el presidente Javier Milei ha sido muy claro a través de una frase con sus funcionarios. «Si no hay Ley de Bases, No hay Plata».   

Por ese motivo desde hoy el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro del Interior Guillerno Francos y su viceministro Lisandro Catalán comenzarán a recibir  a los gobernadores de todas las fuerzas políticas para lograr consensuar un futuro acuerdo donde los más díscolos son los gobernadores patagónicos que ya formaron una liga para enfrentar al gobierno en esta puja.

A la primera reunión asistirán 10 gobernadores de Juntos por el Cambio ( 6 del PRO y 4 de la UCR) y la semana que viene continuarán las reuniones para lograr un acuerdo para la aprobación del nuevo Proyecto de Ley de Bases que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días. 

Entre las fuerzas de los bloques dialoguistas en el Congreso desde el gobierno destacan al PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal y también a algunos gobernadores del peronismo ya casi afuera de Unión por la Patria y que no están alineados con La Cámpora, la línea kirchnerista que conduce el diputado Maximo Kirchner.

El nuevo texto de la Ley de Bases tiene 180 páginas con 269 artículos

En los últimos días desde el Poder Ejecutivo se envió a los gobernadores un nuevo borrador del Proyecto de Ley de Bases más reducido que la anterior como punto de partida para volver a negociar en el Congreso tras el fracaso del primer intento a principios de febrero.

Por lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas al gobierno, el nuevo texto enviado a los gobernadores tiene unas 180 páginas donde con unos 269 artículos de un proyecto de ley que se divide en 11 capítulos.

El Gobierno intentará un acercamiento final con los gobernadores para poder aprobar el Proyecto de Ley de Bases antes de la segunda quincena de mayo

Se trata de una nueva ley, con aproximadamente de unos 400 artículos menos,  frente a los 664 que contenía el texto original que fue retirado luego de la votación de cada artículo en particular que se realizó el 4 de febrero pasado y que ante el rechazo de dos incisos claves el asesor presidencial Santiago Caputo, sin conocer el reglamento de la Cámara de Diputados  dio la orden de retirarla directamente del recinto.

Entre los temas a tratar, y similares al proyecto original, se encuentran las emergencias y delegación facultades para el Poder Ejecutivo, una reforma del Estado, artículos sobre la consolidación de deuda, desregulación económica, defensa de la competencia, y el régimen de incentivo para grandes inversiones, la reforma fiscal y los cambios de la fórmula de la actualización de los haberes previsionales.

Emergencia pública administrativa, económica, financiera y energética por un año

El primer artículo establece la declaración de la «emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año», período en el que el presidente Milei tendría facultades especiales en lugar de los 4 años que se solicitaban en el proyecto anterior.

Además, se incluye en el paquete de empresas a privatizar a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa) y Radio y Televisión Argentina, mientras que Aysa, el Correo Oficial, el Belgrano Cargas, Sofse (la operadora de trenes metropolitanos), Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.

En cambio las empresas, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco Nación Argentina, todas las empresas del Grupo Nación y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. En este punto, el nuevo proyecto puntualiza que: «el proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, máxima publicidad y difusión»

Al parecer se buscará también incorporar los artículos de la reforma laboral incluidos en el DNU 70/2023 que han sufrido amparos de la justicia como los cambios que introduce en la Ley de Contrato de Trabajo, como por ejemplo establecer la obligatoriedad del «descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga», algo que profundizará el conflicto con el sindicalismo.

emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año

Reunión con legisladores de la oposición

El ministro del Interior, Guillermo Francos, admitió que en las últimas reuniones que mantuvo con legisladores opositores que surgió la propuesta de incluir en la Ley Bases aspectos de la reforma laboral contenida en el DNU 70, que fue frenado por la Justicia luego de haber sido impugnado por la CGT.

«La Ley Bases busca fomentar las inversiones y existe una regulación laboral que es obsoleta y no genera ánimo en muchos inversores de traer capitales al país» destacó Francos. El ministro agregó que «muchos plantean que algunos criterios del DNU que están frenados por un amparo judicial puedan ser tratados en una ley para ser aprobados»

Hace dos semanas, Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunieron con una delegación de diputados nacionales del PRO liderados por el jefe del bloque, Cristian Ritondo. Este planteó la incorporación en el nuevo proyecto de ley de tres proyectos para modernizar la legislación laboral que están en sintonía con el DNU 70, como una forma de destrabar este tema por vía legislativa.

Las iniciativas presentadas por los diputados del PRO contemplan la extensión del período de prueba de los trabajadores de 3 a 8 meses, la simplificación de la registración laboral y la eliminación de las multas por falta de registro y la regulación del derecho de huelga en los servicios de seguridad, transporte, salud y educación al declararlos servicios esenciales, con guardias mínimas del 75%. 

Por ahora para el gobierno esos tres proyectos son insuficientes porque no abarcan todos los ítems de la reforma laboral que figuran en el DNU 70. 

Las propuestas de la UCR

Lo mismo ocurre con una propuesta similar presentada la semana pasada por el bloque de senadores nacionales de la UCR cuyo proyecto de ley rescata sólo tres de los cambios que quiere el gobierno: un Fondo de Cese Laboral, la modificación de las multas laborales y la extensión del período de prueba de los trabajadores a 6 meses.

A este debate interno se sumó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ex abogado de Techint y de la UlA que fue uno de los ideólogos de los cambios en la legislación laboral que impulsa Javier Milei. «Se supone que si la Casa Rosada limita sus pretensiones en materia de reforma laboral a los 3 proyectos de Ritondo o de otros de la UCR tendrá un consenso más amplio para lograr la sanción de la Ley Bases» dijo un diputado opositor a iProfesional.

Guillermo Francos mantuvo con legisladores opositores que surgió la propuesta de incluir en la Ley Bases aspectos de la reforma laboral contenida en el DNU 70

Otra de las alternativas que se evalúan dentro del gobierno es dejar afuera los cambios sobre los aportes sindicales, para evitar el choque del Congreso con los gremios. El DNU 70/2023 establecía que la retención de una parte del salario para abonar la cuota sindical sólo podría hacerse con «consentimiento explícito del empleado» y esto podría no incluirse en la nueva ley. 

Pero hay dudas en el oficialismo acerca de si una reforma laboral limitada, como en la práctica promueven el PRO y el radicalismo, podrá conformar en un 100% al gobierno.

Precio sobre los gobernadores

Por otro lado la CGT, trata de reforzar la presión sobre los gobernadores y los legisladores de la oposición para que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70, al igual que lo hizo el Senado, y también para bloquear la sanción de la Ley Bases, donde figura la restitución del Impuesto a las Ganancias, cuya eliminación es una tradicional bandera del sindicalismo, y ahora sumará la reforma laboral.

El gobierno también hizo circular entre los gobernadores y los diputados y senadores nacionales un borrador en el que se encuentra el paquete fiscal. En algunos artículos implicará un alivio fiscal a las provincias por la vía de una mayor coparticipación, como por ejemplo la restitución del pago de Ganancias para unos 800 mil empleados.

Para justificar el retorno de la cuarta categoría de Ganancias, eliminada a fines de 2023 por Sergio Massa, el Poder Ejecutivo plantea que «ese impuesto es el tributo de mayor progresividad.

Qué pasará con el Impuesto a las Ganancias

Por consiguiente se modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias para alcanzar, a través de alícuotas progresivas, una carga tributaria que permitirá al Estado recomponer los ingresos perdidos por la política fiscal adoptada en forma previa a diciembre de 2023 sin dejar de lado los elementos rectores del tributo en cuestión: la valoración de la capacidad contributiva de cada contribuyente en particular y la progresividad del impuesto a los ingresos para que, mientras mayor sea el resultado económico de un contribuyente, mayor sea su contribución.

De acuerdo a lo estipulado en ese capítulo de la ley, los ingresos alcanzados serían los sueldos mensuales a partir de 1,25 millones de pesos, es decir la misma cifra que se planteó en la primera versión del Proyecto de Ley de Bases,  que se debatió entre diciembre y enero.

Por otro lado, la ley determina que tendrán esos montos una actualización trimestral por la variación del IPC del trimestre anterior. Respecto de Bienes Personales, el proyecto prevé una reducción de alícuotas, tal como lo estipulaba la versión anterior.

Según las recientes declaraciones del jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, este indicó que quieren tener unos 15 o 20 días de debate en comisión para llegar con 90% de acuerdo antes de la sesión en la que se votará la iniciativa. El oficialismo no quiere repetir la frustración que vivió en la votación particular (por artículos e incisos) de febrero, cuando se trabó el proyecto insignia de Milei por la mala interpretación que hicieron el presidente de la Cámara de Diputados  Martín Menem y el propio Zago.

Por otro lado, Zago reconoció que el tema de la restitución del Impuesto a las Ganancias sigue sin estar resuelto porque algunos gobernadores, sobre todo los patagónicos, mantienen sus objeciones a bajar el piso. En ese sentido, señaló que puede ser que el equilibrio sea de $1.200.000 de piso».