Aunque en la Argentina el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo cruzaron acusaciones sobre méritos y deméritos en el juicio de Burford Capital contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, en Estados Unidos tanto el gobierno de Donald Trump como el mundo corporativo estaban firmemente unidos en el rechazo al estudio inglés, cuya práctica como “financiador de litigios” repudian activamente.

Si bien no se conocen aún reacciones específicas al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que ayer anuló el fallo de la jueza Loretta Preska que exigía al Estado argentino pagar más de USD 18.000 millones a Burford y un par de demandantes, una frondosa coalición de cámaras de comercio, asociaciones y grandes empresas norteamericanas ya había señalado su repudio a la práctica del estudio inglés fundado en 2008 por Christopher Bogart, CEO de la empresa, cuya capitalización cayó como un piano al conocerse la sentencia, que consideró “decepcionante”.

Burford sopesa nuevos recursos legales, incluida la posibilidad de llevar el caso al Ciadi, un Tribunal de arbitraje que funciona en el ámbito del Banco Mundial. De todos modos, anticipó que reconocerá una disminución del valor de sus activos al presentar el balance del primer trimestre del año.

Lo cierto es que en 2025, en un comunicado difundido por la US Chamber of Commerce, la más amplia representación corporativa norteamericana, varios centenares de cámaras de comercio de localidades, condados y estados norteamericanos, desde Alaska hasta Wyoming, y de empresas medianas, grandes y muy grandes, desde laboratorios como Abbott, pasando por gigantes de las comunicaciones como AT&T, Comcast y Verizon, farmaceúticas como Bayer y Eli Lilly, petroleras como ExxonMobil y el propio American Petroleum Institute y aseguradoras como Liberty Mutual y Zurich apoyaron expresamente un proyecto de ley de un grupo de legisladores republicanos para “transparentar” la industria de “financiación de litigios por terceros”, especialidad que creó y en la que se destaca Burford.

¿En defensa del chiquitaje?

El bufete inglés dice que lo suyo es defender al chiquitaje (little guys) contra estados, empresas e individuos “abusivos”, pero su práctica es asimilable a lo que en EEUU llaman ambulance chasers (perseguidores de ambulancias, en busca de damnificados en cuyo nombre demandar sumas exorbitantes) y en la Argentina simplemente “caranchos”.

El proyecto de los representantes republicanos Darrell Issa (California), Mike Collins (Georgia), Scott Fitzgerald (Wisconsin), Charles Fleischmann (Tennessee), Claudia Tenney (Nueva York), Jeff Van Drew (Nueva Jersey) y Garland Barr (Kentucky) busca transparentar y controlar la financiación de litigios civiles por terceros como Burford, obligándolos a revelar la existencia de acuerdos y la identidad de cualquier persona o entidad que tenga derecho a recibir pagos condicionados al resultado del litigio.

El objetivo principal es evitar que fondos de inversión, entidades o fondos soberanos extranjeros participen secretamente en demandas a cambio de una parte del fallo. Según los autores del proyecto, la falta de transparencia permite a financiadores como Burford influir indebidamente en las estrategias legales y en la resolución de los casos, promover litigios especulativos y facilitar que actores extranjeros utilicen el sistema judicial de EEUU con fines estratégicos o económicos. En parte, fue esta última preocupación lo que también motivó, semanas atrás, la decidida intervención del Departamento de Justicia de EEUU en la causa, apoyando al gobierno argentino.

Tres “riesgos” de la especialidad

En octubre pasado, además, el Instituto de Reforma Legal de la US Chamber of Commerce publicó una investigación en la que listó tres grandes riesgos de la industria creada y desarrollada por Burford.

En primer lugar, señaló, los financiadores “ejercen control significativo sobre los litigios”, poniendo en riesgo la independencia profesional de los abogados y la lealtad hacia sus clientes. Al respecto, cita el caso de Burford Capital y Sysco Corp, un gran distribuidor de alimentos.

En segundo lugar, afirmó que la práctica entraña “riesgos para la seguridad nacional” y que hay “actores extranjeros que usan esta financiación para perjudicar intereses de EEUU, acceder a información sensible o evadir sanciones”. Al respecto, citó un caso en el que una firma vinculada a oligarcas rusos sancionados financió demandas en EEUU y Reino Unido y otro sobre la participación de firmas chinas en litigios estadounidenses.

Por último, la investigación señaló que la industria creada por Burford para supuestamente defender al chiquitaje se queda con la parte del león de los acuerdos o sentencias, “reduciendo considerablemente lo que reciben los demandantes después de descontar honorarios legales”. Y menciona el caso de los carteros británicos, quienes recibieron menos del 20% del acuerdo por la intervención de financiadores y abogados.

Política y derecho

En definitiva, la intervención de la administración Trump en el caso estuvo en línea con los intereses del mundo corporativo norteamericano, a lo que se sumó en la etapa final un zurcido político, diplomático y jurídico con el gobierno argentino.

Del lado jurídico, la Universidad Austral destacó la “decisiva labor del equipo de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo máximo de abogados del Estado federal, integrado por los Subprocuradores Juan Ignacio Stampalija, Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla, bajo la conducción del Procurador Sebastián Amerio“. Los tres, subrayó la alta casa de estudios, ”hicieron su carrera de Abogacía en la Universidad Austral y siguieron vinculados a ella como profesores de grado y posgrado en distintas disciplinas del Derecho».

A la victoria judicial que obtuvo Javier Milei por el caso YPF en Estados Unidos, le falta ahora la parte más difícil: que también se convierta en una victoria política. Esa fue la motivación tras la conferencia de prensa dada por el presidente el viernes, pero todavía no está claro quién saldrá ganador en este nuevo capítulo de la «guerra de relatos».

La expropiación de YPF fue una de las medidas más criticadas por el ámbito empresarial y el mercado financiero y, simultáneamente, uno de los mayores logros políticos de Cristina Kirchner. Las encuestas de 2012 eran bien elocuentes al respecto: más del 80% aprobaba la «recuperación» de la petrolera, que estaba ligada a valores de orgullo nacionalista.

Lo más importante para Cristina, además, era que con la expropiación logró que una crisis energética se transformara en una gesta épica. Bajo la gestión operativa de Repsol, se había producido un bajón en el nivel productivo de la empresa, debido a la falta de inversión. Y eso implicaba que Repsol YPF tuviera que demandar divisas por casi u$s10.000 millones al año para importar petróleo.

Pero el hecho que más se le criticaba a Cristina era que esa crisis en la producción de petróleo había sido inducida por una medida de Néstor Kirchner. En 2008, por iniciativa del ex presidente, el grupo Petersen -propiedad de la familia Eskenazi- ingresó como «socio nacional» a YPF, y en compras escalonadas se quedó con el 25% del capital-.

El método de compra fue inédito: los compradores, que no tenían experiencia alguna en el negocio petrolero y cuyo mérito consistía en ser «expertos en mercados regulados» ingresaron sin poner dinero. Para la compra obtuvieron un crédito de un grupo de bancos, que se pagaría con los propios dividendos de YPF. Básicamente, es como si Repsol hubiese financiado la venta de su 25%, pero el costo terminó siendo una brusca disminución en las inversiones de la compañía.

Los críticos del kirchnerismo apuntan a que esa fue una compra espuria, en la que los Eskenazi actuaron como testaferros del poder político, y que el verdadero costo de esa operación lo pagó la sociedad argentina. Es decir, comparten la idea de que no merecían una compensación como la que recibió Repsol.

El embrollo retórico ante la expropiación

Sin embargo, Milei no hizo mención alguna a que el derrotado en los tribunales neoyorquinos, el «fondo buitre» Burford, le había comprado los derechos del juicio al grupo Eskenazi. De esa manera, dejó pasar una inmejorable oportunidad política para vincular al kirchnerismo con la corrupción.

En cambio, se centró en celebrar la pericia del personal jurídico del gobierno. A primera vista, no parece que haya sido la mejor estrategia política. Para empezar, porque el propio Milei le «bajó el precio» a la victoria jurídica al insinuar que, en realidad, el fallo favorable a Argentina se debía principalmente a su alineamiento político incondicional con Estados Unidos y a su afinidad personal con Donald Trump.

Es, como suelen afirmar los analistas en comunicación política, el riesgo de carecer de «filtro» en las redes sociales. Milei no resistió la tentación de escribir desde su cuenta que sus viajes a Estados Unidos, su decisión de asistir a reuniones diplomáticas vestido con el mameluco de YPF y otras actitudes criticadas fueron, en definitiva, lo que inclinaron la balanza.

Es una argumentación rara para un político que en los foros internacionales aboga por la independencia de la justicia y que, además, ha hecho un credo del respeto a la propiedad privada. Sin ir más lejos, en el discurso brindado en enero en el célebre Foro de Davos -donde le tocó hablar a continuación de Trump-, Milei había hecho una vehemente proclama en defensa del derecho de propiedad. Y enfatizó en que esa postura no obedecía a una cuestión de oportunismo coyuntural sino a una convicción filosófica de su gobierno.

Después de esa declaración, y justo cuando está tratando de convencer a los inversores para que hundan capital en el país -como ocurrió en la reciente gira Argentina Week-, Milei no podía aparecer como si estuviera festejando la expropiación de YPF.

Y esa situación lo dejó en un lugar incómodo: el de celebrar el resultado del juicio pero, al mismo tiempo, cuestionar «el desastre» generado por Cristina y por el entonces ministro Axel Kicillof y calificar la expropiación como «aventura suicida».

Eso fue lo que llevó al presidente a anunciar un proyecto de ley que otorga un mayor blindaje judicial contra expropiaciones a los inversores extranjeros.

El kirchnerismo contraataca

El kirchnerismo entendió rápidamente el problema argumentativo de Milei, y por eso no dudó en pasar a la ofensiva. Kicillof, el blanco preferido de los insultos del presidente, se jactó de haber tenido razón desde el inicio respecto de que la expropiación no dejaría al país expuesto a condenas judiciales.

Mientras sus militantes llenaron las redes sociales con mensajes que afirmaban «Kicillof tenía razón», el ahora gobernador de Buenos Aires aprovechó para reivindicar su rol de expropiador. Recordó que, mientras él había diseñado la recuperación de la petrolera, Milei se había opuesto a esa medida y que argumentaba «en favor de los fondos buitres».

Y Cristina, con astucia, felicitó por la victoria judicial no a los funcionarios argentinos, sino a los abogados del bufete estadounidense Sullivan & Cromwell.

«De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho», afirmó la ex presidente, quien además argumentó que la decisión de la expropiación fue estratégica para el país, porque permitió el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta.

«Hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética», agregó Cristina. Debe haber disfrutado al escribir esa frase, porque implica arrebatarle al ministro Toto Caputo un logro del que suele jactarse. De hecho, desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, el ministro de Economía no deja de repetir en foros y entrevistas que, si no fuera por el recuperado autoabastecimiento, Argentina estaría en shock, como ocurrió tras la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Kicillof también se tomó revancha política. Recordó que, al inicio de su gestión, Milei había propuesto que se creara un impuesto a los combustibles, llamado «tasa Kicillof», con el cual pagar el juicio por u$s 18.000 millones que, en primera instancia, había ganado el fondo Burford.

«Ese impuesto nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres», sostuvo el gobernador y pre-candidato presidencial del peronismo.

«No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF», argumentó Kicillof, también adjudicándose el mérito del superávit de la balanza comercial energética.

Oportunidad perdida para Milei

De momento, la argumentación de Milei ha sido más débil que la del kirchnerismo. Dejó pasar argumentos que sí había planteado la gestión de Mauricio Macri. Por ejemplo, que el desarrollo de Vaca Muerta no estaba frenado por el hecho de que YPF estuviera bajo el control de Repsol, sino por falta de inversiones.

Además, Milei olvidó mencionar que Kicillof había argumentado que la expropiación no le costaría ni un dólar al país -y hasta insinuó que se podría cobrar una reparación-, pero finalmente Repsol terminó cobrando u$s5.000 millones en bonos emitidos por el propio Kicillof. Y que, por el diseño del acuerdo, que implicaba un mayor pago si esos bonos perdían valor en el mercado secundario, la indemnización terminó siendo de u$s6.300 millones.

Pero, sobre todo, lo que Milei dejó pasar fue el hecho de que el juicio Burford versus Argentina no estaba vinculado a la expropiación en sí, sino a la cuestionada «venta» del 25% de la empresa al grupo Eskenazi.

Así lo explica el economista Nicolás Gadano, experto en mercado energético: «La carátula del fallo histórico de hoy, como las de todos los fallos previos, pone de manifiesto algo que CFK, Axel y Cia siempre intentan soslayar. ¿Quiénes son los demandantes contra la República Argentina? Las empresas Petersen del grupo Eskenazi. ¿Cómo y cuándo llegaron a YPF? Por obra y gracia del kirchnerismo, en 2008, en la primera presidencia de CFK».

La batalla por el relato de YPF todavía no terminó, y en los próximos días las encuestas revelarán si la opinión pública atribuye el mérito a Milei o a Cristina y Kicillof. Pero, de momento, lo que los analistas vieron fue un primer round mejor aprovechado por el kirchnerismo.

El precio de la carne que hace ya varios meses es uno de los principales impulsores del índice de inflación mensual y un castigo para la dieta y el bolsillo de los consumidores, es a su vez una bendición para los ganaderos argentinos, en todos los procesos del ciclo productivo vacuno.

Según cálculos de Equilibra, el aumento de precios del rubro cárnico —incluyendo también carne de pollo, cerdo, fiambres y embutidos— duplicó la velocidad del resto de la economía: mientras el IPC Nacional aumentó desde entonces a un ritmo mensual promedio del 2,7%, el segmento cárnico lo hizo al 6,3% mensual. De hecho, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora calculó que si se excluye el rubro “Carnes” la inflación promedio de últimos 4 meses hubiese sido 2,4%, versus 2,7% “con carnes”.

La brecha entre los índices carnal y descarnado es, sin embargo, una buena noticia para quienes se dedican a la cría, recria, invernada y engorde vacunos. Según el último informe trimestral sobre Resultados Económicos Ganaderos elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con datos hasta febrero, los precios de la hacienda mantuvieron una tendencia alcista con aumentos del orden del 11% en ternero de invernada y del 10% en las categorías destinadas a faena.

“En términos reales, tanto el precio del novillito como el del ternero de invernada se ubican en los valores máximos de la serie histórica para cada categoría. En la comparación interanual —a febrero— el precio promedio de la categoría novillito en el MAG evidencia una suba del 35%, posicionándose un 60% por encima del promedio de los últimos 15 año”, dice un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en base a datos del Rosgan, el único mercado ganadero televisado de la Argentina creado en 2008 por iniciativa de la propia BCR y 12 casas consignatarias, que implementa remates de alto volumen, transmitido por TV y por streaming.

Invernada

En el segmento de invernada el precio del ternero en Rosgan alcanzó en febrero $6.269 por kilo, un aumento real (esto es, por sobre la inflación) del 51% respecto de febrero de 2025 y del 75% sobre el promedio entre 2011 y 2025.Más aún, dice el informe, “en marzo esta tendencia siguió acelerándose, marcando una referencia de $6.809 el kilo”.

Los elevados valores que presenta actualmente la hacienda, los márgenes de las actividades de cría e invernada —y, en consecuencia, de los sistemas de ciclo completo— “se ubican en máximos histórico”, subraya el informe. Cálculos para un modelo de cría, sobre una superficie de 450 hectáreas en la Cuenca del Salado (carga de 260 vacas, destete del 72%) arrojan un margen bruto cercano a los $374.000 por hectárea, el valor más alto desde 2011. “En comparación con los resultados obtenidos para este mismo modelo un año atrás, la mejora en términos reales alcanza el 59%, mientras que respecto del promedio de los últimos 10 años el incremento es del 62%, medido a igual fecha”, dice otro pasaje.

Ciclo completo

Para los productores que hacen el “ciclo completo” el informe tomó como referencia un campo de 330 hectáreas en el centro-sur de Córdoba (rodeo de 220 vacas, destete del 65%, engorde de unos 12 meses para machos y hembra) la producción llega a 157,3 kilos de carne y un margen bruto de $406.000 por hectárea, un 77% más que hace un año (siempre en términos reales) y 79% más que en el promedio de los últimos 10 ciclos productivos.

En sistemas de invernada, aun considerando el costo de reposición, los márgenes siguen siendo altos. “En un modelo de alta producción —2,8 cabezas por hectárea, producción de 216 kilos por cabeza en menos de 12 meses— el margen bruto se acerca a $833.000 por hectárea “con el animal terminado”, una mejora de más del 45% por sobre la inflación del último año y del 66% sobre el rendimiento anual promedio desde 2011.

Engorde

Incluso en esquemas de engorde, donde el suministro de grano pasa a ser central del sistema, los resultados económicos siguen siendo buenos, dice la BCR, gracias a la conveniente relación entre el precio del maíz y el animal terminado. “La relación de compra respecto del maíz se posiciona en una zona claramente favorable. En la actualidad, por cada kilo de novillito gordo vendido, el engordador puede adquirir aproximadamente 20 kilos de maíz, casi el doble de la capacidad de compra observada en términos históricos”, destaca el informe, aunque advierte que “el alto costo de reposición del ternero obliga a mantener una atención permanente sobre la evolución del mercado de granos”, que podría ser afectado por una reducción o eliminación de retenciones a la exportación o por cambios en los precios internacionales de los commodities en el actual contexto geopolítico (guerra en Medio Oriente) que “podría revertir rápidamente los resultados favorables observados hasta el momento”.

El propio informe cita al final la contracara del buen momento ganadero, que genera tensiones “tanto en la cadena industrial (léase, frigoríficos) como en el mercado consumidor” con crecientes dificultades para “convalidar” los precios. Por eso, concluye el informe, “la combinación de una reposición elevada, una demanda interna que comienza a evidenciar signos de saturación y un frente externo caracterizado por alta volatilidad e incertidumbre —costos energéticos, precios de los granos— podría derivar en ajustes inesperados, particularmente en sistemas intensivos de menor eficiencia productiva”. En las etapas de cría y ciclo completo lucen más firmes o estables, aunque han sido históricamente menos atractivas pero hoy “sostienen condiciones de rentabilidad favorables, tanto para productores tradicionales como para nuevos participantes que evalúan su ingreso al negocio ganadero”.