Asimilar el impacto: ese fue el objetivo que se planteó Sergio Massa ante la publicación del indicador políticamente más sensible, como es el dato de pobreza e indigencia. Y por eso no fue casualidad que esta semana se haya anunciado el refuerzo de $20.000 para los desocupados, el bono de $94.000 para los trabajadores informales y que el miércoles, coincidiendo con la publicación del INDEC, se haya aumentado el salario mínimo.

En realidad, el 40,1% de pobres y el 9,3% de indigentes que arrojó la medición del primer semestre era un dato previsible. De hecho, las mediciones privadas hasta habían advertido que el agravamiento de la situación social podía ser peor, dado que fue en ese lapso cuando la inflación pasó de un promedio mensual de 5% a otro de 6% y finalmente a uno de 7%.

En ese semestre, la inflación registrada fue de 50,7%. A primera vista, no parece tan mala la comparación con el dato salarial, que en ese período fue de 47,2%. Pero cuando se acerca la lupa a las diferencias sectoriales, ahí es cuando el empeoramiento de la pobreza queda en evidencia: como viene ocurriendo desde hace tiempo, dentro del total de trabajadores hay situaciones muy disímiles, de manera que mientras los empleados estatales mejoraron su ingreso nominal en un 50,2%, el sector de informales apenas lo hizo en 41%.

Pero acaso el dato más importante es que la inflación le pegó con más fuerza a los productos de primera necesidad: el rubro de alimentos se encareció durante el semestre en 55,6% nominal, es decir cinco puntos por encima del IPC promedio.

La situación se entiende mejor aun cuando se considera que la canasta básica -que determina cuánto hay que tener como ingreso para no ser pobre- y la alimentaria -que marca la línea de indigencia- vienen corriendo más rápido que el promedio de los precios.

Entre enero y junio, la línea de pobreza se movió un 52,4% -la canasta para un hogar de dos adultos y dos menores se ubicaba en $232.427 al final del semestre- mientras que la de indigencia tuvo un comportamiento peor: aumentó 55,1%, totalizando un costo de $104.227.

Ante el empeoramiento de los datos sociales, Sergio Massa impulsó una saga de anuncios para mejorar el consumo, incluyendo la suba adelantada del salario mínimo

Corriendo de atrás a la inflación

Con esos datos sobre la mesa, Massa y su equipo de campaña daban por descontado que la cifra mostraría un empeoramiento. Y que, con pésimo «timing» político, coincidiría con la semana en la cual se realiza el primer debate televisado entre los candidatos presidenciales.

Y hay algo peor todavía: este dato que acaba de publicar el INDEC ya es una «foto vieja», porque no llega a captar la erosión salarial que significó la escapada inflacionaria de las últimas semanas, con el 12,4% registrado en agosto y el nuevo índice de dos dígitos que la mayoría de los economistas ya están previendo para septiembre.

Es por eso que se programó la serie de anuncios que, en palabras del ministro-candidato, tienen por objetivo compensar la erosión que se provocó en el ingreso de los sectores más desprotegidos, como consecuencia de la aceleración inflacionaria y de la «devaluación impuesta por el FMI».

Entre los anuncios de más impacto está la actualización del salario mínimo, que en el calendario original estaba previsto que se produjera dentro de cuatro semanas.

Lo cierto es que hace tiempo que esa referencia dejó de ser garantía de estar sobre la línea de pobreza: hasta el mes pasado -que coincidió con las PASO- un hogar donde el ingreso fuera dos salarios mínimos no llegaba a comprar una canasta básica: le faltaba una suba de 20%.

Es lo que, en parte, se trató de compensar con las nuevas subas del salario mínimo que Massa anunció el miércoles. Aun así, las mejoras nominales no alcanzarán para que el haber mínimo se mantenga a tono con la inflación: el aumento de octubre será de 12%, con un 10% adicional en noviembre y un 7% en diciembre.

En otras palabras, una suba acumulada de 32% para un trimestre que, según las expectativas de la encuesta REM del Banco Central, registrará una inflación de 34%, y con un claro encarecimiento del rubro alimenticio respecto del promedio de los precios.

Desempleo que baja, pobreza que sube

El dato más llamativo, como viene ocurriendo en las últimas mediciones, es que el empeoramiento de la pobreza coincide con una disminución de la desocupación abierta. El último censo trimestral de desempleo arrojó apenas un 6,2%, un número que en otras circunstancias habría sido motivo de festejo pero que en estos días queda opacado.

De hecho, la coexistencia de un índice de desempleo que baja con uno de pobreza que sube viene a confirmar ese quiebre que es motivo de análisis para los sociólogos: cómo el trabajo asalariado dejó de ser un sinónimo de inclusión y ascenso social, y que es cada vez mayor la categoría de los «trabajadores pobres».

Los economistas consideran que el dato de pobreza del primer semestre se verá superado por la próxima medición, dado el impacto de la aceleración inflacionaria

En parte, esto se explica por el avance de la informalidad, situación en la que según el INDEC todavía se encuentra más de un 20% de los trabajadores. Ese grupo es, precisamente, el más desprotegido frente a la erosión inflacionaria.

Pero, además, ganan fuerza otros fenómenos que la política todavía no termina de asimilar, como el impacto de las nuevas modalidades laborales. Y es ahí donde entra un dato clave del análisis: el aumento del empleo se produjo, sobre todo, en la categoría de los cuentapropistas o monotributistas de bajos ingresos, con condiciones laborales mucho más flexibles e ingresos variables.

Irónicamente para el peronismo, quien había alertado con más elocuencia sobre este fenómeno había sido Alberto Fernández, hace cuatro años cuando debatía con el entonces presidente Mauricio Macri.

El entonces candidato del Frente de Todos había logrado asestarle uno de los golpes más certeros al macrismo cuando lo acusó de haber sustituido a los empleados asalariados por «monotributistas que se suben a una bicicleta y reparten pizza».

El mensaje era potente y ponía el foco sobre las nuevas formas de precarización laboral a la que el macrismo trataba de asimilar con en la categoría de «emprendedores» a quienes en realidad estaban siendo excluidos del sistema. «Uberización de la economía» fue la efectiva frase acuñada por Alberto.

Pero, al igual que con otras promesas incumplidas, hoy aquel foco en los monotributistas se puede volver con la fuerza de un boomerang para el candidato peronista. Después de todo, se trata del sector de mayor crecimiento en el mercado de trabajo. Una investigación de Marcos Cohen Arazi, de la Fundación Mediterránea, destaca que durante la actual gestión de gobierno se sumaron 270.000 empleos en el régimen de monotributo, lo que implica que crece al triple de velocidad que el empleo privado formal.

Un flanco débil en el debate

Con la mirada puesta en el debate presidencial, el indicador de pobreza e indigencia supone el flanco más débil para Massa, porque implica en sí mismo un desmentido a los postulados sobre las políticas de redistribución del ingreso que históricamente defendió el peronismo.

Eso le da pie a uno de los argumentos preferidos de Javier Milei, quien elaboró un nuevo discurso de repudio al propio concepto de justicia social, al cual el libertario calificó como «una aberración».

La mayor preocupación de los analistas sociales: el trabajo formal dejó de ser una garantía de inclusión y ascenso social

Para colmo, la economía, que había resistido razonablemente bien las fuerzas recesivas en el arranque del año, ya está dejando señales claras de enfriamiento. La producción industrial tiene una caída interanual de 2,5% según una estimación de FIEL. Y la actividad comercial cae al 4% interanual, según la encuesta de la Cámara de la Mediana Empresa.

Todo esto hace suponer que, lejos de haber visto el peor dato de pobreza, la próxima publicación marcará un empeoramiento -sobre todo si, como muchos economistas temen, se produce una turbulencia cambiaria en las semanas previas al recambio presidencial.

Lo cierto es que hoy parecen muy lejanas las predicciones que hace un año hacían los funcionarios de Alberto Fernández, en el sentido de que el país sacaría de la pobreza a un millón de personas cada año. Aquel pronóstico, hecho en un momento en el que la economía se recuperaba a velocidad acelerada tras la crisis de la pandemia, suponía que sobre el final de la gestión de Fernández el índice de pobreza se ubicaría en torno de 34%, un nivel similar al que había dejado Macri en 2019.

La apuesta de Massa

Sin embargo, aun con ese cúmulo de malas noticias, la saga de medidas definidas por Massa en las últimas semanas -incluyendo el alivio de Ganancias para los asalariados de nivel alto, la devolución del IVA para productos alimenticios y refuerzos de ingresos para varios sectores- han contribuido a una mejora en la intención de voto del candidato oficialista, que ya se ve disputando el balotaje.

Un detalle importante al respecto es que la mejora del salario mínimo no afecta únicamente a los trabajadores registrados, sino que también influye sobre otros sectores. Por ejemplo, sobre el 1,2 millón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, cuya remuneración está establecida en la mitad del salario mínimo.

Ese es un segmento al que el equipo de Massa quiere apuntar, porque supone que conformó un alto porcentaje de quienes se abstuvieron de votar en las PASO de agosto. La duda es si las últimas medidas de ayuda serán un aliciente suficiente para que cambien de parecer en octubre.