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ECONOMIA

Los subsidios a las tarifas de luz y gas se mantienen y obligan al Gobierno a tomar una medida

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El Gobierno nacional no tiene margen para suspender los ajustes a los clientes de los servicios públicos. Qué reflejan los últimos números

07/11/2024 – 20:40hs


A pesar de los ajustes de las tarifas de los últimos meses, la cobertura de los costos de los servicios públicos se mantiene en niveles elevados. Según los últimos registros supera apenas el 53%. Y es desigual al interior de cada servicio, sea de luz, gas o agua potable. Esta realidad obliga al Gobierno a sostener los aumentos tarifarios, a menos que modifique la política de reducción de los subsidios.

El último informe del área fiscal y políticas públicas del Conicet, dirigido por el economista Alejandro Einstoss, precisó que, a septiembre último, la cobertura de los costos de los servicios de luz, agua y gas llegaba al 53%. 

Del resto de los costos (47%) se hace cargo el Estado.

«Con respecto a diciembre de 2023, el costo de la canasta total se incrementó 369% a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte, energía eléctrica, gas natural y agua. Los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por estacionalidad del consumo», destacó el informe de Einstoss.

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Tarifas: cuál fue el servicio que más aumentó

Es interesante conocer cuáles son los servicios que más se encarecieron en lo que va del año. Esos ajustes no fueron por igual.

El reporte, al que tuvo acceso iProfesional, dice taxativamente que «en la desagregación por servicio se observa que el incremento más importante fue en la factura de gas natural con un aumento del 715% respecto a diciembre de 2023 y es explicado tanto por los aumentos tarifarios como por el aumento del consumo estacional. El gasto en energía eléctrica aumentó 162% mientras que los servicios públicos que no dependen de factores estacionales muestran un aumento del 601% para el transporte y del 289% para el agua».

Acaso, lo más llamativo es que el 100% del costo de la tarifa de Aysa (agua potable), que es administrada por el Estado, está cubierto por los clientes. Y no por el Estado,

En el caso de la tarifa eléctrica, el costo abonado por los clientes trepa al 49%, contra el 51% del que se hace cargo el Estado a través de los subsidios.

En cambio, para el caso de la tarifa de gas, la tarifa que pagan los privados trepa al 56%, mientras que el Estado abona el 44% restante, a través de los subsidios directos.

Aumento de la canasta de servicio públicos

Aumento de la canasta de servicio públicos

Aumento de tarifas: evolución mes a mes

La cobertura de los costos a través del pago de las tarifas viene en aumento, mes tras mes. Lo dicho más arriba, ahora ya trepa al 53%.

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Cuando Javier Milei esa cobertura era del 42%, aunque disminuyó al 38% apenas comenzado este año: tras la devaluación, el Estado estuvo obligado a poner más dinero ante el fuerte incremento de los costos dolarizados.

Pero desde entonces, las tarifas fueron en aumento, incluso por encima de la inflación promedio, y el volumen de subsidios fue en disminución.

Aumento de tarifas: evolución mes a mes

Aumento de tarifas: evolución mes a mes

Por eso mismo, el Gobierno está obligado a seguir ajustando las tarifas -tal como hizo este mismo mes, con un alza promedio del 2,7% tanto para la luz y para el gas- para evitar que los subsidios vuelvan a incrementarse.

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ECONOMIA

La Justicia chilena anula decisión del Gobierno de rechazar el proyecto minero Dominga Por EFE

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Santiago de Chile, 9 dic (.).- Un tribunal ambiental chileno acogió este lunes por unanimidad el reclamo presentado por la empresa Andes Iron contra la decisión del Gobierno chileno de rechazar el controvertido megaproyecto Dominga para la extracción de concentrado de hierro en el norte del país, cerca de una reserva marina única.

Los jueces apuntaron, entre otros, que la decisión tomada por el comité de ministros en enero de 2023 contiene “pronunciamientos contradictorios e incoherentes” y que el gabinete actuó fuera del plazo legal establecido.

«Ministros que habían manifestado previamente su parecer posteriormente no se inhabilitaron”, señaló también el tribunal, que recordó que el fallo es vinculante para la administración.

El polémico proyecto, que incluye una mina y un puerto, se ubica a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, y cerca del Archipiélago de Humboldt, que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80 % de esta especie de pingüinos.

Tras darse a conocer la sentencia, Greenpeace la calificó de «preocupante» por el «grave riesgo» que este proyecto representa para el ecosistema del lugar.

«Desde Greenpeace, en conjunto con otras organizaciones ambientales agrupadas en la Alianza Humboldt, la ciudadanía y las comunidades, seguiremos trabajando para mantener a salvo esta zona, y exigir el cumplimiento de nuestra legislación y estándares ambientales», agregó la organización en un comunicado.

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Los activistas señalaron que la decisión de la Justicia «no implica la aprobación del proyecto minero portuario Dominga, sino que anula la decisión del Comité de Ministros» y precisó que «aún quedan instancias administrativas y judiciales pendientes» para recurrir.

Tanto el presidente chileno, Gabriel Boric, como su ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se habían mostrado siempre contrarios al proyecto, incluso antes de asumir el cargo, en marzo de 2022.

La compañía, por su parte, siempre ha defendido que el proyecto cumple los estándares y se alinea con los principios medioambientales establecidos por el Gobierno para el desarrollo sostenible de proyectos industriales y mineros.

Desde su presentación hace una década, Dominga ha encontrado muchas trabas para su desarrollo y siempre ha estado envuelto en polémicas que incluso salpicaron al fallecido expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).

La investigación periodística papeles de Pandora (CSE:) cuestionó, a finales de 2021, la venta en Islas Vírgenes Británicas en 2010 de acciones de Piñera de este megaproyecto a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano, pero tras una investigación de la fiscalía chilena, la Justicia decretó –en mayo pasado– el sobreseimiento definitivo de la causa.

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