San José, 3 jul (.).- La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) criticó este miércoles a las instituciones financieras internacionales por seguir apoyando al «régimen autoritario» de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, «pese a la amplia documentación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde el 2018».

En una declaración, Raza e Igualdad explicó que lanzó el informe ‘El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos’, en el que analiza «la falta de cambios sustanciales» en la relación de las instituciones financieras internacionales con el Gobierno sandinista.

Según la investigación, las organizaciones económicas no han reforzado su debida diligencia en derechos humanos para impedir que sus aportes financieros contribuyan a la manutención de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua.

Raza e Igualdad sostuvo que el espacio cívico nicaragüense está completamente cerrado, y que desde 2018, cuando estalló la crisis en Nicaragua, el Ejecutivo sandinista ha sido responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos contra la población civil por motivos políticos, «constituyendo crímenes de lesa humanidad».

«Entre estos crímenes destacan 355 ejecuciones extrajudiciales, más de 2.000 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas pacíficas de abril de 2018, más de 317 casos de despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense, y la permanencia de 141 personas presas políticas en centros estatales con condiciones que suponen tratos crueles, inhumanos y torturas», señaló esa ONG.

Financian 97 proyectos por 5.082 millones de dólares

Por otro lado, el informe detalla que a febrero de 2024 el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica estaban apoyando 97 proyectos de desarrollo en Nicaragua, con una aprobación total de 5.082,43 millones de dólares.

Entre estos proyectos se encuentran 57 que fueron aprobados después del inicio de la crisis en 2018, con una aprobación total de 2.784,43 millones de dólares, según la información disponible en sus páginas web.

El informe recuerda que, según sus convenios constitutivos, las instituciones financieras internacionales no pueden practicar actividades políticas y sus decisiones deben basarse en aspectos económicos.

«Sin embargo, el respeto a la democracia y a los derechos humanos son cruciales para la estabilidad económica y deben ser considerados en sus decisiones y actividades en Nicaragua», consideró Raza e Igualdad.

Esa ONG argumentó, además, que el derecho internacional obliga a las instituciones financieras a no reconocer la legalidad de situaciones creadas por crímenes de lesa humanidad ni ofrecer apoyo que las perpetúe.

«Las instituciones financieras internacionales deben prevenir o mitigar los impactos negativos vinculados a sus operaciones y proyectos», anotó.

Las recomendaciones

Por tanto, la ONG consideró que es vital que los organismos de cooperación reconozcan el contexto de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y actúen en consecuencia implementando políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los impactos negativos asociados a sus actividades.

Raza e Igualdad recomendó fortalecer el acceso público a la información sobre proyectos de desarrollo ejecutados en territorio nicaragüense de manera que se permita la auditoría ciudadana de las políticas públicas sin hostigamiento, persecución o criminalización.

También fortalecer las políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos a los derechos humanos asociados a su cadena de valor.

Asimismo, cooperar para poner fin a la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde el 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.