Los productores exigen aumentos del 9% en sus productos, pero los supermercadistas se oponen. La amenaza de desabastecimiento pone en riesgo las góndolas

23/04/2025 – 12:45hs

La relación entre cadenas de supermercados y empresas proveedoras se tensó en los últimos días tras el rechazo a nuevas listas de precios con incrementos considerados excesivos. El conflicto se profundizó luego de que el Gobierno anunciara la flexibilización del cepo cambiario y el tipo de cambio registrara un aumento del 10% al inicio de la semana pasada.

Aunque la cotización del dólar bajó tras el salto inicial, solo una empresa del sector aceitero retrotrajo los aumentos. El resto mantiene subas de entre 9% y 10%, que las cadenas de supermercados se niegan a convalidar.

Caída del consumo y acumulación de retrocesos

La discusión por los precios se produce en un contexto de retracción del consumo. Según datos de la consultora Scentia, en marzo de 2025 las ventas en supermercados registraron una baja interanual del 5,4%. El año anterior, en el mismo mes, la caída ya había sido del 7,4%. De este modo, se acumulan 14 meses consecutivos de retracción en términos interanuales.

Ante esta situación, las cadenas comerciales advierten sobre una posible reducción de oferta en góndolas si no se alcanza un acuerdo. Desde la Asociación de Supermercados Unidos, su titular Juan Vasco Martínez manifestó que no aceptarán listas de precios que consideren especulativas.

«No vamos a aceptar listas especulativas«, señaló en declaraciones a Radio 10. Desde el Gobierno respaldaron la postura de los comercios y solicitaron prudencia a los proveedores.

El impacto del nuevo esquema cambiario

Con la implementación del nuevo esquema de flotación dentro de bandas y la caída en la cotización del dólar tras la eliminación del cepo, algunas empresas decidieron retrotraer los aumentos.

Uno de los casos más destacados fue el de Molinos Río de la Plata, que suspendió incrementos cercanos al 10%, decisión que fue valorada públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo.

No obstante, otras compañías del rubro aceitero no modificaron sus listas. «Las otras tres empresas del sector aún no retrotrajeron los aumentos y continúan con listas que proponen subas del 9% al 10%, lo cual no estamos en condiciones de convalidar«, indicaron fuentes del sector supermercadista.

Desde las cadenas mayoristas se plantea una situación similar. «Si las listas no se ajustan a la evolución reciente del tipo de cambio, no vamos a recibir mercadería», señalaron a este medio.

La dificultad radica en que el resto de las compañías del sector no adoptó la misma postura. «Las otras tres empresas del rubro aceitero todavía no dieron marcha atrás, pretenden subas del orden del 9% y 10% y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlas«, señaló a Ámbito una fuente con extensa trayectoria en el ámbito de los supermercados.

Advertencia por posible desabastecimiento

Fuentes del sector comercial explicaron que los niveles de stock actuales son limitados. «Ya no rinden como en otras épocas», comentaron. Por este motivo, si no se llega a un acuerdo en los próximos días, podría registrarse una menor disponibilidad de productos en las góndolas. «Es cuestión de días«, coincidieron voceros de distintos canales de venta.

Una de las escasas autocríticas que se le escucharon a Javier Milei en los últimos días fue el fracaso de la «dolarización endógena», es decir, el plan para que, ante una política monetaria restrictiva, la gente empezara a utilizar los dólares para los gastos cotidianos. En realidad, sí hubo algo de dolarización, pero se limitó a las áreas de turismo y compras por courier, además del mercado hipotecario, dolarizado desde hace décadas.

Suena extraño que Milei, que suele tener a mano un enunciado teórico para cada situación de la economía argentina -como hizo con el principio de imputación de Menger para explicar dónde iban a guardarse sus productos los comerciantes que remarcaran los precios-, no recordara una de las leyes más frecuentemente asociadas a Argentina: la ley de Gresham.

Fue enunciada por un comerciante inglés del siglo 16 que asesoraba a la reina Isabel y se dio cuenta de que, desde que se había alterado el uso de metales para hacer monedas, aquellas que tenían mayor proporción de oro eran guardadas celosamente en los cofres mientras que las que tenían más plata se veían circulando en los mercados.

Así, el tal Gresham observó un fenómeno que quedaría establecido como una de las leyes básicas sobre el dinero: cuando en un país conviven dos monedas, una buena y una mala, la gente tiende a usar la de peor calidad para realizar los pagos, mientras retiene la de mejor reputación como una forma de preservar su capital. Por consiguiente, no se ve circular mucho a la moneda buena, mientras que la mala cambia de manos a toda velocidad, porque nadie quiere quedársela.

Es un principio simple y cualquiera lo comprende intuitivamente. Por lo pronto, millones de argentinos vienen aplicando ese principio de manera entusiasta desde hace décadas. Y no por casualidad se estima que hay más de un millón de cofres destinados a resguardar dólares, aunque no rindan interés alguno.

Desde años, es la obsesión de todos los gobiernos argentinos encontrar la forma de que los ciudadanos saquen esos dólares de sus escondites para inyectarlos en el sistema financiero -y, de paso, ayudar a reforzar las reservas del BCRA-. Luis Caputo, que está en Washington para la conferencia semestral del Fondo Monetario Internacional, convenció a la mismísima Kristalina Georgieva de que hiciera un pedido en ese sentido.

La directora del FMI destacó el salto productivo que podría dar el país con una financiación propia de unos u$s200.000 millones que ahora están bajo el colchón, y expresó su deseo de que la estabilidad cambiaria post cepo ayude a ese objetivo.

Dólares: el carry trade versus el colchón

Es el nuevo mantra del Gobierno: quien se queda con dólares guardados, pierde plata. Los repiten economistas, bancos de inversión y consultores afines al Gobierno, y dan ejemplos sobrelas ganancias que se pueden obtener con el renacido carry trade si se hacen colocaciones en pesos a tasas más atractivas -en renta fija, la última Lecap ofreció 3,75% efectivo mensual-.

Por lo pronto, hay todo tipo de especulaciones sobre cuánto dinero se logrará ingresar desde el exterior, gracias a la nueva normativa del Banco Central, que habilita al libre flujo de capitales financieros -con el requisito de permanencia en el país durante seis meses-.

En cambio, es mucho menos claro el panorama con los productores agrícolas, a quienes el gobierno ya había tentado, a inicios de año, a que liquidaran todo el remanente de cosechas guardados en los silobolsas y que aprovecharan para colocarse en pesos para hacer ganancias con el carry.

La mayoría rechazó ese convite, y hasta el día de hoy se polemiza en el campo respecto de si ganó más quien vendió y se colocó en títulos de deuda soberana o quien esperó dos meses y vendió cuando mejoró el precio de exportación.

Pero lo que seguro no va a ocurrir es que los pequeños ahorristas se vean tentados a vender los dólares del colchón. Es cierto que en estos días está operando el «efecto castigo» sobre los que creían que vendría un salto devaluatorio y llegaron a pagar encima de $1.400 por un dólar en las cuevas financieras. Pero eso no significa que ahora se revierta la demanda por el hecho de que el nuevo dólar fluctuante amenace con quebrar el piso de $1.000.

Como ya han estudiado varios economistas argentinos, con el dólar ocurre un fenómeno peculiar que hace que la demanda sea continua: si baja de precio, se lo percibe como oportunidad de compra ante un rebote futuro, y si sube de precio, también hay un estímulo a la compra por el síndrome de huida del peso.

Inflación: un shock post cepo cambiario

Ese apego al dólar hace que, aun en el caso de que se retome la inflación descendente -como muchos economistas proyectan que ocurrirá con el IPC de abril-, igualmente siga la preocupación por la otra inflación, la que se mide en dólares.

Es el «lado B» de la estabilidad cambiaria y la fortaleza del peso que celebran los funcionarios de Toto Caputo: cuanto más cae la cotización, más relevancia toma la comparación de los precios argentinos con los del exterior, medidos en dólares.

En otras palabras, el levantamiento del cepo no solo no sacó de la agenda la polémica por el retraso cambiario, sino que exacerbó el debate.

Para ponerlo en números, las consultoras que hacen relevamientos propios calculan que en las últimas cuatro semanas hubo una inflación de 3%. Pero si se calcula la inflación en dólares tomando como referencia las cotizaciones del mercado paralelo, el encarecimiento fue mucho mayor.

Si se calcula el precio a la cotización del «contado con liquidación» -que en un mes cayó 12%-, entonces la inflación en dólares da un impactante 17%. Sí, algo que cuatro semanas atrás costaba 100 dólares a valor CCL, hoy cuesta 117. Lo mismo ocurre para los minoristas que hacen la comparación tomando como referencia al dólar blue.

La inflación en dólares se atenúa si el cálculo se realiza con el dólar oficial, dado que la cotización se mantiene -por ahora- encima de la previa al levantamiento del cepo. Aun así, la devaluación de 2% resulta menor a la inflación. De manera que, también en este caso, se repitió la situación que marcó la tónica del año, con precios subiendo a más velocidad que el dólar.

En el acumulado del año -asumiendo que el IPC de abril figure en torno al 3%- los precios habrán aumentado un 11,8% frente a un dólar que se movió un 7%. Implica, en cuatro meses, una inflación en dólares de 4,5%. Al dólar paralelo, en cambio, el precio en dólares volvió al nivel de inicio de año, luego de haber fluctuado con un pico de 15% a inicios de abril.

Los precios que se vienen

Pero esos números hablan del pasado. Ahora lo que quiere saber el mercado es si el encarecimiento en dólares puede agravarse como consecuencia del levantamiento del cepo y, en consecuencia, se harán más patentes los problemas de competitividad de la economía.

Por lo pronto, ya se habla en el mercado sobre una aceleración en los pedidos de mercadería china -lo cual no deja de ser extraño, porque antes del levantamiento del cepo se presumía que vendría un freno a las importaciones-.

Es un momento particularmente difícil para las proyecciones, dada la incertidumbre que despierta el nuevo esquema cambiario. En principio, la expectativa de los economistas es que la exportación agrícola, sumada a la consecución de un nuevo préstamo «repo» más el ingreso de inversiones externas, mantendrían al tipo de cambio recostado sobre el piso de la banda. Es decir, hay margen para que la cotización nominal siga cayendo.

Y en cuanto a los precios, si se considera el pronóstico de la encuesta REM -realizada antes del levantamiento del cepo- entre abril y junio se acumulará una inflación de 6,4%. Claro que esos números fueron inmediatamente revisados al alza por las consultoras: con la reacción inicial del dólar -y el temor del «efecto contagio»- muchos pronosticaron que el IPC se ubicaría todos los meses encima del 3%. Son cifras que, tras la marcha atrás de los aumentos, nuevamente están siendo revisadas, pero a la baja.

En todo caso, lo que todos están previendo es que el proceso de encarecimiento en dólares se podría acelerar. Cuando regía el crawling peg del 1%, la inflación en dólares se mantenía en torno de 1,5% mensual. Ahora, de cumplirse el pronóstico del gobierno sobre el «ancla monetaria» y la apreciación del peso, la inflación en dólares empezará a viajar a más del 2% mensual.

En otras palabras, las comparaciones respecto de cuánto cuesta tomarse un cortado en Buenos Aires en comparación con Madrid, Río de Janeiro o Nueva York estarán a la orden del día.

Para el gobierno de Milei, la opción política fue clara: prefiere que vuelvan las críticas sobre el atraso cambiario antes que afrontar los meses de la campaña electoral con volatilidad cambiaria.

En sintonía con los acuerdos y la hoja de ruta anticipada al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno apura el paso y se prepara para activar una serie de privatizaciones que considera clave para revitalizar las cuentas públicas. En esa dirección, La Libertad Avanza (LLA) ultima detalles para la publicación del decreto que iniciará el proceso de venta de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las empresas que fue emblema de la política precisamente energética del kirchnerismo. En ese plan, la gestión que encabeza Javier Milei buscará el traspaso de Citelec, la compañía que controla a Transener, la transportadora de electricidad más importante del país. Al mismo tiempo, el oficialismo llamó a licitación para elaborar los pliegos de privatización del ferrocarril Belgrano Cargas.

La salida del decreto que iniciará el proceso de privatización de ENARSA tendría lugar antes de que concluya esta semana. Según trascendió, la venta de la empresa se hará por partes y mediante la alternativa del concurso público tanto nacional como internacional.

ENARSA posee presencia en un amplio abanico de proyectos e iniciativas que van desde el ex gasoducto Néstor Kirchner hasta las represas que, con paradas continuas, buscan desarrollarse en la provincia de Santa Cruz. Al mismo tiempo, señalan plataformas como Econojournal, la estatal también ostenta una participación dominante en las centrales térmicas Manuel Belgrano y José de San Martín, ubicadas en Campana (provincia de Buenos Aires) y Timbúes (Santa Fe), respectivamente.

A mismo tiempo, la firma en cuestión controla el 50% de la terminal de Gas Natural Licuado (GNL) de Escobar y posee una participación dominante en el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).

El fin de ENARSA, un emblema del kirchnerismo

En total, suman cerca de 17 las unidades de negocio en las que ENARSA interviene de alguna forma. Con relación a Transener, se estima que su valor de mercado se ubicaría en torno a los 700 millones de dólares.

La puesta en venta de la distribuidora tiene lugar en momentos en que se está por definir la Revisión Quinquenal de Trifas (RQT), la cual terminará por fijar la política de ajustes a los servicios energéticos por los próximos 5 años. En torno al oficialismo ese aspecto es asumido como un elemento que avivará el atractivo de Transener para los potenciales inversores.

En simultáneo al decreto en camino, el Gobierno movió las piezas y dio un paso más en el proceso de privatización del ferrocarril Belgrano Cargas.

En concreto, y durante la jornada del martes, se publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación para el desarrollo de los pliegos que darán pie a la futura venta del tendido ferroviario.

«Contratación del servicio de asesoramiento legal para la confección de pliegos y demás documentación necesaria para llevar adelante los procesos licitatorios en el marco de la privatización del Belgrano Cargas y Logística S.A.», se indicó en la notificación, con el detalle de un «monto estimado de u$s478.500» en términos de presupuesto.

A la par de este caso, el Gobierno también comenzó a evaluar la situación del Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), el tren de cargas que hoy controla el grupo Techint y cuya concesión concluirá a fines de abril. En las filas oficiales se discute la posibilidad de establecer una nueva prórroga –ya se aplicó una en 2024– como medida inmediata y a los fines frenar la vuelta del FEPSA al control del Estado.

Privatizaciones: el Gobierno cambia el status para vender otras empresas estatales

El cambio que viene para ENARSA no es el único promovido por LLA en el último tiempo. Durante la primera mitad de abril, el Ministerio de Justicia informó que, vía la Inspección General de Justicia (IGJ), transformó a un grupo de 5 empresas públicas en sociedades anónimas, lo cual abrió la posibilidad de una venta parcial o total de sus acciones.

Entre las compañías comprendidas se ubicaron Fabricaciones Militares, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración General de Puertos (AGP), Corporación Buenos Aires Sur y Télam, ya definida como «disuelta». Desde el Gobierno se indicó que el cambio en cuestión apuntaba a romper el «uso político» de estas firmas.

La novedad fue comunicada por la cartera de Justicia a través de sus espacios en redes sociales. En concreto, se indicó que «la Inspección General de Justicia, dependiente de la Secretaría de Justicia, inscribió la transformación de cinco empresas estatales en S.A.«.

Este detalle fue compartido junto con un flyer titulado «Motosierra» y sigue a la decisión del oficialismo de redefinir el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila, proceso para el que se busca una nueva fecha tras incumplirse los plazos fijados el año pasado.