A más de un mes de haber asumido y tras llenar una gran cantidad de casilleros de empresas, sociedades y organismos públicos con funcionarios «de su confianza», el presidente Javier Milei todavía no sabe qué hacer con el ente que controla y regula el sector de las telecomunicaciones.

Es decir, con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), cuyo objetivo formal es el de conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.

Se trata de un organismo creado en diciembre del 2015 a través del Decreto 267 en el cual se establece su rol como regulador de las comunicaciones con el fin de asegurar que todos los usuarios del país cuenten con servicios de calidad, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado, agilizando su desarrollo, resguardando la debida defensa de los usuarios y fomentando la prestación de servicios con altos estándares de calidad, tal como se lee en su página web oficial.

Transición fallida

Hasta días antes del 10 de diciembre pasado, el ENACOM era bastión del massismo ya que su presidencia la ejercía Claudio Ambrosini, un hombre de la mayor confianza del ex ministro de Economía, Sergio Massa, además de contar con otros directores que designa el Estado Nacional y otros por el Congreso.

De hecho, ex funcionario del gobierno kirchnerista estuvo a cargo de la transición del mando del organismo junto con Tomás Sutton, un funcionario nombrado por el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, para estudiar el estado de situación del organismo y de todo el sector de las telecomunicaciones.

El ENACOM fue creado en diciembre del 2015 con el rol como regulador de las comunicaciones

La idea de Sutton y Ferraro era la de llevar a cabo una transición ordenada en el área de comunicaciones y del ente oficial, luego de que Ambrosini presentara su renuncia al cargo mediante el Decreto 682/2023 publicado en el Boletín Oficial del pasado miércoles 6 de diciembre.

Sin embargo, a más de un mes de asumir, Milei todavía no parece tener en claro en qé quiere convertir al ENACOM, al punto que algunas fuentes aseguran que se estudia una intervención del organismo que todavía sigue acéfalo no sólo de presidente sino también del resto del directorio.

Puja por el control

La incertidumbre es tal que, si bien el ente depende de Infraestructura, Ferraro no puede designar a los funcionarios que deben representar al Poder Ejecutivo Nacional, tarea que quedó a cargo de una nueva unidad que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Es decir, Nicolás Posse es el encargado de decidir la conformación de los directorios de todas las empresas, sociedades y entes del Estado, como el ENACOM, en un esquema que desde el sector privado califican como «una verdadera locura» que deja más incertidumbre que certezas.

Para llevar a cabo este proceso, Posse creó la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, según lo estableció el Decreto 19/2024 del ente oficial que lleva las firmas del propio Posse y del presidente Javier Milei que fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación el pasado 12 de enero.

La normativa marca que «la designación de directores o interventores de sociedades estatales, sociedades con participación estatal o cualquier otra forma empresaria donde el Estado, en uso de sus derechos de participación o representación», que deban designar autoridades, tendrán que contar «con la previa y expresa intervención de la Secretaria de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros».

En la práctica, lo que se evidencia es una interna en el propio Gobierno o, por lo menos, entre Posse y Ferraro por el futuro del sector de las telecomunicaciones ya que si bien los entes y sociedades estatales más importantes del sector están bajo la tutela el Ministro de Infraestructura, los funcionarios que las controlen responderán al Jefe de Gabinete.

Nicolás Posse, creó una unidad para designar a los funcionarios de las empresas y entes estatales.

Agenda pendiente

Mientras tanto, el sector privado espera una solución al conflicto y conocer quiénes serán los funcionarios con los que deberán sentarse a negociar una agenda de temas pendientes y de bastante trascendencia para el futuro de las telecomunicaciones del país.

Por ejemplo, qué será del llamado Servicio Universal, un fondo que financia programas que determina el ENACOM, y que es solventado con recursos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal integrado con los aportes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, que deben aportar el uno por ciento (1%) de la totalidad de los ingresos devengados por su prestación, netos de los impuestos y tasas que los graven.

También esperan debatir qué planes tiene el Gobierno libertario para el cuadro de atribución del espectro o Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias que contiene el detalle del espectro discriminado en las distintas bandas de frecuencias vigentes y los servicios autorizados para su uso.

Las frecuencias asignadas a cada usuario se autorizan mediante el dictado de una resolución o disposición, permitiéndole instalar y poner en funcionamiento estaciones radioeléctricas en los distintos domicilios para los cuales ha solicitado el permiso de uso.

Todo titular de una estación radioeléctrica debe contar con la autorización que otorga esta ENACOM, debiendo esta estación ser habilitada en los términos de la Resolución 1619 SC/99 y en un todo de acuerdo con la normativa vigente, así como estar al día con el pago del Canon Radioeléctrico a abonar por el uso de frecuencias en función del real aprovechamiento que cada usuario hace del mismo.

Un tercer tema que preocupa a los empresarios está ligado al anterior, ya que, se trata de la asignación del espectro en particular que se otorgó a ArSat de manera gratuita cuando se licitó el servicio de 5G y que la empresa estatal satelital no utiliza. Máxime cuando el propio DNU de Milei prevé que no se utilizará más la palabra gratis y las empresas del Estado no tiene prerrogativa sobre las privadas.

El anterior gobierno le otorgó a ArSat banda de 5G por la que se adjudicaron a Personal, Movistar y Claro debieron depositar en las arcas del Tesoro, alrededor de u$s350 millones como el parte del compromiso firmado en los pliegos del proceso.

El cuarto punto a negociar, o por lo menos a analizar se vincula a lo que en el sector califican como «el caos» en el que se encuentra inmerso el espectro de radiodifusión, en particular de las radios de AM y FM, así como cuál será la decisión a tomar con los concursos de TV abierta en todo el país que sigue sin resolverse.

Las empresas piden debatir con los funcionarios del ENACOM la entrega gratuita a ArSat de banda para el despliegue del 5G.

Panorama preocupante

Del mismo modo, deberán definir el futuro del polémico Decreto 690, que declaró servicio público esencial al sector de las telecomunicaciones y le impuso un cepo a los precios de las facturas de las operadoras.

Se trata de una medida que acaba de ser declarada inconstitucional por una el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8 ante una demanda presentada por Telecom, por considerar que se trata de un DNU que vulnera el principio de razonabilidad que consagra el art. 28 de la Constitución Nacional por la discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados.

Teniendo en cuenta la ideología de libre mercado que promulga La Libertad Avanza es de esperar que el Presidente derogue el DNU decretado por su antecesor, Alberto Fernández, en 2021.

En este sentido, desde el sector privado miran con preocupación el panorama y consideran que el Gobierno libertario no sabe qué hacer con el sector de las telecomunicaciones ni con dos de los organismos de mayor peso como son el ENACOM y ArSat, que también se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura pero cuyos funcionarios deben ser designados por la Jefatura de Gabinete.

Las pujas entre Ferraro y Posse por el control de los dos organismos hacen que se demoren las designaciones de quienes tendrán a su cargo las políticas del ente y de la sociedad satelital.

Todo un comple escenario que no hace más que profundizar cierto resquemor que existe entre dos sectores del oficialismo por el futuro control de los dos organismos.