ECONOMIA
Por qué el nuevo acuerdo firmado entre Argentina y el FMI es distinto a todos los anteriores
En la Argentina, cada nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) promete ser el definitivo. Como si fuera el N° 23 de la camiseta de Michael Jordan, se lo presenta con épico: «esta vez sí, esta vez vamos a encestar». Desde el retorno al Fondo en 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, pasando por los programas stand-by y de facilidades extendidas firmados por Mauricio Macri en 2018 y Alberto Fernández en 2022, cada entendimiento con el organismo ha sido presentado como un punto de inflexión. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las promesas de estabilidad terminaron chocando con correcciones abruptas del tipo de cambio, inflación acelerada y tensiones fiscales sin resolver.
En 2025, un nuevo acuerdo vuelve a poner el tema en el centro de la escena. Pero esta vez, el contexto macroeconómico parece haber cambiado: tras un año de fuerte ajuste fiscal, contracción monetaria y recomposición de reservas, Argentina llega al nuevo entendimiento con el FMI con niveles de estabilidad cambiaria y financiera que contrastan con los antecedentes recientes. Los números ya no muestran un punto de partida en crisis, sino un experimento económico en marcha.
En 2003, el primer acuerdo reciente con el FMI
El primer acuerdo reciente con el FMI fue firmado en septiembre de 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en un contexto de incipiente recuperación tras la crisis de 2001-2002. Se trató de un Stand-By por u$s12.550 millones, con exigencias fiscales ambiciosas que se cumplieron holgadamente. A diferencia de otros acuerdos posteriores, no implicó una devaluación abrupta ni un salto cambiario: el dólar se mantuvo prácticamente estable, con una suba acumulada de apenas 1,3% entre agosto y diciembre de 2003.
Esta estabilidad se sostuvo gracias a superávit gemelos, tipo de cambio competitivo y una economía en crecimiento. Sin embargo, el acuerdo no resolvió las tensiones estructurales, y el país, años más tarde, volvió a caer en desequilibrios que lo llevaron nuevamente al FMI.
El primer acuerdo reciente con el FMI fue firmado en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner
En junio de 2018, la Argentina volvió al FMI con un acuerdo Stand-By por u$s50.000 millones, el mayor préstamo otorgado hasta entonces por el organismo. El objetivo era restaurar la confianza, reducir el déficit y estabilizar la economía, pero el efecto fue el opuesto. En mayo, antes del acuerdo, el dólar cotizaba a $23,73; un mes después ya valía $26,62 (un 12,2% más), y para diciembre trepaba a $37,83, lo que implicó una devaluación del 42,1% en apenas seis meses. El shock cambiario desató una espiral de inflación, pérdida de poder adquisitivo y crisis política. A pesar del volumen del préstamo, no se logró frenar la corrida ni estabilizar expectativas. El acuerdo se renegoció a los pocos meses y terminó siendo un parche más, con fuertes costos económicos y políticos.
Tras el fracaso del acuerdo de 2018, el gobierno de Alberto Fernández negoció un nuevo programa con el Fondo en condiciones extraordinarias. En marzo de 2022 se firmó un acuerdo de facilidades extendidas —el primero desde 2001— para refinanciar los vencimientos del préstamo anterior. A diferencia del esquema anterior, este nuevo acuerdo ofrecía plazos más largos para el repago (entre 4 años y medio y 10 años) pero exigía compromisos más estructurales: consolidación fiscal «creíble», reducción sostenida del financiamiento monetario del déficit, eliminación de subsidios energéticos y acumulación de reservas como ejes centrales.
En diciembre de 2021, antes del acuerdo, el dólar oficial promediaba $101,93; en abril de 2022 ya valía $113,34, una suba del 9% en apenas cuatro meses. Si bien la devaluación fue más gradual que en 2018, no alcanzó para anclar expectativas ni evitar la presión inflacionaria. El tipo de cambio oficial siguió corriendo por detrás de la inflación y del mercado, lo que alimentó tensiones financieras, brechas crecientes y expectativas de un salto discreto.
A diferencia de acuerdos previos, el programa de facilidades extendidas firmado por el gobierno de Javier Milei con el FMI llega en un contexto único para la economía argentina: equilibrio fiscal, superávit financiero, inflación controlada y un drástico freno a la emisión monetaria. El préstamo de u$s20.000 millones a 10 años, con cuatro años y medio de gracia y una tasa de interés del 5,63%, tiene como objetivo fortalecer las reservas del Banco Central y respaldar la emisión monetaria en dólares, dando certidumbre a la estabilidad económica del país.
En abril, el dólar oficial promedió los $1.100,83, un aumento de solo 3% respecto al mes anterior ($1.068,97). Este comportamiento relativamente estable responde a la implementación de un nuevo régimen de bandas cambiarias móviles acordado con el FMI, que sustituye el sistema de crawling peg. Este régimen permite una flotación dentro de un rango de entre $1.000 y $1.400, actualizado mensualmente. Así, el nuevo acuerdo se enmarca en un proceso de normalización cambiaria, con la eliminación del cepo para personas humanas y una gradual flexibilización de restricciones para empresas e importadores.
A diferencia de acuerdos anteriores, marcados por devaluaciones abruptas y tensiones macroeconómicas, el de 2025 se inscribe en un contexto de estabilidad, donde la estabilidad cambiaria no es un objetivo a alcanzar, sino un punto de partida. Este acuerdo no está diseñado para evitar una crisis, sino para consolidar un régimen económico que, por primera vez en años, presenta signos claros de estabilidad.
Uno de los patrones más repetidos en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional es el siguiente: se firma el acuerdo, se corrige el tipo de cambio y, acto seguido, la inflación se acelera. El acuerdo stand-by firmado por Mauricio Macri en 2018 es un ejemplo claro. En los tres meses previos al entendimiento, la inflación mensual promediaba 2,37%. Tres meses después del acuerdo, ese promedio subía al 3,57%. Ese año cerró con una inflación del 47,6%, y 2019 trepó aún más: 53 por ciento.
El patrón se repite: se firma el acuerdo, se corrige el tipo de cambio y la inflación se acelera
La secuencia se repitió en 2022, cuando el gobierno de Alberto Fernández refinanció el préstamo original. En la previa al acuerdo, la inflación mensual venía en torno al 3,27%, pero en los tres meses siguientes saltó a un promedio del 5,09%. El mandato completo de Fernández terminó con una inflación acumulada de 1.020%, reflejo de una dinámica que el acuerdo no logró frenar.
El acuerdo N°23, un punto de inflexión
El caso del «acuerdo Jordan N° 23» firmado en 2025 marca un punto de inflexión. A diferencia de los anteriores, no llega con una inflación desbordada ni con una economía al borde del colapso. Por el contrario, se firma en un momento de desaceleración inflacionaria: el promedio mensual previo al entendimiento fue de 2,76%, y las proyecciones oficiales apuntan a que continuará bajando.
Por primera vez en mucho tiempo, un acuerdo con el FMI no se celebra en medio del fuego, sino después de haberlo apagado. Y eso, en el historial argentino, ya es una anomalía.
Si la inflación mide el calor de los precios, la brecha cambiaria mide el pulso de la incertidumbre. En los últimos acuerdos con el FMI, ese pulso llegó acelerado. En 2022, cuando Alberto Fernández reestructuró el préstamo stand-by de 2018, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo ya superaba el 100%. En julio de ese mismo año llegó a tocar el 126%, reflejo de la falta de confianza en la política cambiaria y de una economía que no encontraba anclaje.
La brecha cambiaria mide el pulso de la incertidumbre
Incluso el acuerdo de Mauricio Macri en 2018, firmado en un contexto todavía menos volátil, no logró despertar demasiada tensión en ese frente: la brecha se mantuvo contenida entre el 2% y el 3%, aunque el impacto se sintió más fuerte en el plano inflacionario y fiscal.
En contraste, el acuerdo de 2025 encuentra una brecha cambiaria significativamente menor: 18% antes del anuncio, con expectativas de reducción hacia adelante. Esto no solo refleja un mayor control del mercado cambiario, sino también que, por primera vez en años, el acuerdo no busca apagar una crisis, sino consolidar un esquema con credibilidad.
Por último, si hay un terreno donde todos los acuerdos con el FMI suelen hacer foco, es el fiscal. En la historia reciente, cada entendimiento incluyó metas de reducción del déficit primario y compromisos de orden en las cuentas públicas. Pero en la práctica, esos objetivos casi nunca se cumplieron del todo. En 2018, el acuerdo con Mauricio Macri se firmó con un déficit primario equivalente al 2,3% del PBI y un rojo financiero del 4,9%. Cuatro años más tarde, el programa de refinanciamiento que firmó Alberto Fernández no mejoró mucho ese panorama: el déficit primario cerró en 2022 en 2% del PBI y el financiero en 3,8 por ciento.
Si hay un terreno donde todos los acuerdos con el FMI suelen hacer foco, es el fiscal
El acuerdo de 2025, en cambio, se diferencia de entrada: no se firma para «ordenar las cuentas», sino como respaldo a un esquema que ya muestra superávit. En el primer trimestre del año, el gobierno de Javier Milei registró un superávit primario equivalente al 3% del PBI anualizado y un superávit financiero del 0,9 por ciento
Mientras los acuerdos anteriores llegaron como promesas de disciplina futura, el actual se presenta como validación de un orden ya puesto en marcha. En este «Jordan N° 23» del vínculo con el Fondo, el déficit fiscal ya no es el problema: es la carta ganadora del plan económico.
Después de tantos acuerdos firmados en tiempos de crisis, este nuevo entendimiento con el FMI se presenta como una rareza en la historia económica argentina: llega con las cuentas ordenadas, la inflación a la baja y una brecha cambiaria en retroceso. Si los anteriores programas fueron intentos fallidos de encestar desde mitad de cancha con la tribuna en contra, el acuerdo de 2025 arranca con el tablero estabilizado y la pelota en las manos. Falta ver si esta vez, finalmente, la jugada sale bien. Porque incluso el Jordan N° 23 necesitaba equipo, estrategia y constancia para ganar el partido.
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ECONOMIA
Con el dólar oficial cerca de su récord histórico, gurú de la City revela si es momento de comprar
Los expertos coinciden que julio será un mes agitado para el dólar. Los primeros días del mes así lo demostraron, con el oficial tocando su máximo histórico y el blue alcanzando los $1.300. El ruido político y un menor ingreso de las divisas del agro podrían ser parte de los motivos.
Sin embargo, para Salvador Di Stéfano, reconocido como uno de los gurúes de la City porteña, este escenario no es motivo de preocupación. De hecho, señaló que puede tratarse de un alza transitoria, por lo que aconseja invertir en pesos.
Con el dólar en alza, en qué recomienda invertir el Gurú de la City
Tal como se desprende de una de sus últimas columnas en iProfesional, Di Stéfano advirtió sobre un julio «desafiante». En ese escenario, una de las recomendaciones de inversión que dio fue el bono TZVD5: «Es un bono en pesos que ajusta por dólar mayorista (en la jerga financiera se lo llama dólar linked) vence el 15 de diciembre del año 2025 y te paga lo que vale el dólar linked a su vencimiento, lo compras bajo la par y te da un adicional del 6,4%«.
«Hoy tenemos a las cotizaciones del dólar mayorista y dólar financiero muy alineadas, con lo cual esta es una opción fabulosa para los que quieren acopiar dólares. Como verán no tiene sentido comprar dólares billetes, con este bono copias la evolución del dólar y ganas un 6% adicional«, agregó.
En ese sentido, sostuvo que si bien el dólar «está en la mirada de los agentes económicos, aseguró que desde su punto de vista «la suba será limitada»: «Hoy muchos hombres de campo que vendieron la soja para aprovechar la baja transitoria de los derechos de exportación son los mismos que están comprando dólares como resguardo de valor. En 60 días hay que sembrar el maíz, y tendrá que aparecer el dinero para afrontar la campaña, como no se vive del aire, habrá que volver a vender granos o liquidar los dólares comprados».
Así fue que concluyó: «No nos preocupa la suba transitoria del dólar. Hay ruido político en la relación entre gobierno y gobernadores; por otro lado, el dólar a nivel internacional se está devaluando, hace tiempo que recomendamos euros, el real apreciándose ayuda a que Argentina tenga un peso fuerte».
«La buena noticia para Argentina es que el precio de la soja y el trigo en Chicago supero la cotización de las últimas 10 semanas, y esto podría presagiar un rally alcista para estos productos, no dudamos que podría contagiar al maíz que tiene buenos fundamentos. Vemos muy difícil que se contagie el petróleo, que solo vemos una suba interesante si supera el valor de u$s70. La ganadería está en precios récord en Chicago, y abre las puertas de más ingreso de dólares a la Argentina», detalló.
«Para los que están preocupados por la balanza comercial, cuidado que el segundo semestre puede ser una sorpresa para muchos. No apostaría por una suba del dólar con estos datos en la mano«, concluyó Di Stéfano, quien en sus distintas columnas y apariciones públicas asegura que es momento de «invertir en pesos».
La oferta del agro y las perspectivas del dólar para julio 2025
La consultora Mega QM explicó que las cerealeras liquidaron en junio unos u$s3.700 millones y presentaron declaraciones por otros u$s8.150 millones, que deberían efectivizarse en julio. Este volumen, si se cumple en tiempo y forma, podría convertir al mes en uno de los más altos en liquidación de la historia reciente.
No obstante, en las primeras ruedas de julio los exportadores optaron por retrasar sus ventas, habilitando un ajuste del dólar que se frenó recién cuando la cotización alcanzó los $1.243. Recién entonces aparecieron la oferta agrícola y el arbitraje de inversores externos.
La consultora consideró que este comportamiento refleja la cautela de los actores del mercado frente a un escenario de déficit externo creciente y una apreciación cambiaria que puede tornarse insostenible. Al mismo tiempo, la dinámica política podría amplificar la volatilidad en el segundo semestre.
Para 1816, la definición de alianzas electorales en Buenos Aires y la confirmación de candidaturas nacionales serán un punto clave para la confianza de los agentes económicos. La combinación de incertidumbre política y presión externa consolidó un clima de expectativas frágiles.
Así es que, con estos datos, algunos analistas aseguran que el dólar no tiene mucho aire para subir en el corto plazo. Por lo que, en términos de inversión, podría no ser lo más redituable. Sin embargo, el ruido político podría ser un combustible que haga subir al tipo de cambio. Como siempre suele suceder, todo está por verse.
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ECONOMIA
Las tres provincias favorecidas si cambia el impuesto a los combustibles
Entre los proyectos de ley propuestos por los gobernadores y aprobados en el Senado de la Nación se cuenta la modificación en la distribución de los Impuestos a los Combustibles, de lograr su sanción y sobrevivir al veto presidencial tendría como principales ganadores en el reparto de fondos a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, aunque el resto de los distritos también verán mejoras en sus ingresos.
La Cámara alta convirtió en ley el aumento a las jubilaciones, la nueva moratoria previsional, y la emergencia en discapacidad, y además dio media sanción a dos proyectos impulsados por los gobernadores modifican el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los fideicomisos que son financiados con el impuesto a los combustibles líquidos (ICL).
A partir de un análisis sobre la modificación del ICL del economista Nadin Argañaraz, y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el caso de Buenos Aires el incremento de fondos pasaría de los actuales $203.058 millones al año a $471.435 millones con el nuevo esquema; Santa Fe pasaría de $84.335 a $212.562 millones; y Córdoba de $84.331 a $207.911 millones.
El trabajo hace una suposición de la recaudación anual de impuesto para todo 2025 sólo por el alcance del impuesto a los combustibles que llegaría a los $4.800.000 millones, y a partir de esa cifra las modificaciones propuestas tendrían un impacto del orden del 0,19% del PBI anual ya que implicaría un traspaso de la Nación a las provincias de $1.579.027 millones al año.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires que es la menos favorecida en el actual régimen de dsitribución del impuesto, pasaría de $9.272 a $78.729 millones, seguida por La Rioja que recibe actualmente $26.288 millonesy pasaría a $70.741 millones; o el caso de La Pampa que recibiría lo proppio de $27.247 a $67.593 millones, sólo por citar las del podía inverso.
La propuesta de las provincias
El proyecto aprobado en el Senado sobre el Impuesto a los Combustibles cambia la distribución de la recaudación entre Nación, provincias y CABA, para lo cual se eliminan los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y de Sistema Vial Integrado, y los fondos Compensador del Transporte, el de Desarrollo Eléctrico del Interior y el de Vivienda.
Los mencionados fideicomisos y fondos nacionales son financiados en forma total o parcial a través del producido del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), mediante asignaciones porcentuales específicas para cada uno de ellos. La propuesta dispone que el presupuesto asignado a esos fondos sea coparticipado a las provincias de la misma manera que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El proyecto que salió del Senado plantea que este mecanismo de distribución, utilizado para financiar problemáticas específicas de algún sector o actividad económica, es difícil de justificar en el actual contexto fiscal, donde la crisis de ingresos fiscales obliga a focalizar el uso de la totalidad de recursos en atender las responsabilidades indelegables de las provincias (educación, salud, seguridad y justicia), más las recientemente transferidas.
El proyecto modifica los coeficientes de distribución que de acuerdo a la ley vigente es del 10,4% para a las provincias y lo eleva al 57,02%, y también eleva la participación del Tesoro nacional de 10,4% a 14,29%, en una clara menor proporcion.
Así, se aprobó que del total correspondiente a las provincias se debe repartir un 25% en partes iguales entre los 24 distritos, y el 75% restante en base a los coeficientes fijados en la Ley de Coparticipación.
Millonario atraso en el ICL
En el primer semestre del año, el Gobierno nacional sufrió una significativa pérdida de ingresos fiscales estimada en unos u$s1.200 millones, debido al retraso en la actualización del impuesto a los combustibles. Esta cifra representa un promedio de u$s200 millones mensuales que dejaron de ingresar a las arcas del Estado por la decisión que desde 2021 se viene adotando de diferir el aumento trimestral completo al litro de nafta o gasoil.
Según a la normativa vigente, el ICL y CO2 debe actualizarse trimestralmente de acuerdo a la variación del IPC Nacional, y desde comienzos del 2024 al llegar la nueva gestión se dispusieron incrementos escalonados con el objetivo de aplicar las actualizaciones pendientes.
Sin embargo, a partir de mayo del año pasado hasta hoy se realizaron incrementos parciales de los montos del impuesto, a través de más de una decena de decretos, postergándose la actualización del monto total del impuesto.
La consultora Economía y Energía que dirige el economista Nicolás Arceo, destacó que la actualización parcial del monto del impuesto en el mes de junio de 2025 significó una pérdida de recaudación estimada en u$s202 milones por las ventas de combustibles.
En ese mismo sentido, se destacó que la pérdida de recaudación para el fisco nacional en 2024 fue de u$s2.011 millones, en tanto que al cierre del primer trimestre el monto ascendía a u$s601 millones de pérdida.
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ECONOMIA
Récord de compras de ropa en el exterior: los argentinos gastaron u$s1.500 millones en cinco meses
La apertura de importaciones y las mayores facilidades para hacerlo, sumado a una baja de aranceles y un dólar que puede considerarse «barato», impulsó en los últimos meses un boom de compras en el exterior. Y la ropa, cuyos precios suelen ser más caros en Argentina, fue uno de los productos que más creció.
De hecho, marchas chinas hasta hace un tiempo desconocidas, como Shein y Temu, se volvieron parte de las conversaciones cotidianas en redes y distintos sectores de la sociedad.
Así es que, de acuerdo a datos sectoriales, la compra de ropa en el exterior alcanzó en los primeros cinco meses del año un récord histórico: los argentinos gastaron en ese período más de u$s1.500 millones.
Récord de compras de ropa en el exterior: boom del puerta a puerta y gastos por más de u$s1.500 millones
De acuerdo a un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en base a datos del INDEC y el BCRA, entre enero y mayo del 2025 hubo un «gasto récord de compras de ropa en el exterior».
Entre enero y mayo de este año, los argentinos gastaron u$s1.572 millones comprando ropa en el exterior. Representó un crecimiento del 136% y anotó una nueva marca máxima: supera por un 9% el anterior récord de 2017.
Los datos de la CIAI sobre la importación de ropa
También destacó que hubo una «explosión de las importaciones puerta a puerta». Este tipo de consumo creció 211% en los primeros cinco meses del año: solo en mayo, el alza interanual fue del 253%.
Lo cierto es que con la reciente apertura importadora en la Argentina, el fenómeno Shein gana terreno en el país. Mientras los consumidores celebran la variedad y precio de sus prendas, los fabricantes argentinos y referentes del sector textil alertan sobre sus impactos económicos y sociales.
Fundada en 2008, Shein pasó de ser una pequeña tienda online (inicialmente llamada She Inside) a convertirse en uno de los mayores comercios de moda del mundo. Supera en ventas a gigantes como Zara o H&M y lanza miles de artículos nuevos cada semana para seguir las últimas tendencias. Este modelo de producción exprés dio lugar al término «moda ultrarrápida», con prendas prácticamente desechables por su corta vida útil.
Efecto Shein: más importaciones y dólar barato
El fenómeno Shein desembarcó en la Argentina de forma silenciosa a mediados de la pandemia, cuando consumidores locales comenzaron a animarse a comprar en el exterior aprovechando las ventas online. Pero su auge se vio realmente impulsado en 2024 con la llegada al poder del presidente Javier Milei, cuyo gobierno eliminó barreras a la importación.
La flexibilización de las compras para consumidores finales permitió que las compras personales al exterior se faciliten: hasta fines de 2024, el régimen puerta a puerta permitía un máximo de cinco envíos anuales por persona, con un tope de u$s1.000 por envío, y solo los primeros u$s400 estaban exentos de aranceles. Hoy se permite importar hasta u$s3.000 por envío, tanto por correo oficial como por couriers privados, con menos restricciones y sin un tope anual estricto. Esa flexibilización aduanera facilitó el acceso a plataformas extranjeras como Shein, Temu o AliExpress, y fue clave en el aumento exponencial de las compras individuales a sitios de moda rápida.
Desde la apertura comercial de Milei, las compras en sitios extranjeros como Shein se dispararon y se encendieron las alarmas entre los empresarios textiles argentinos.
Solo en el primer trimestre de 2025, las importaciones de ropa (y textiles para el hogar) aumentaron 86% y 109% interanual respectivamente, según un informe de la Fundación Pro Tejer. La proporción de ropa importada en el mercado argentino pasó de 56% a 67% del total consumido, reduciendo la participación de la industria nacional del 44% al 33%, el nivel más bajo en una década. Es decir, dos de cada tres prendas que compran hoy los argentinos son producidas fuera del país.
Buena parte de ese torrente importador proviene de China, y Shein se encuentra entre los principales proveedores de ropa low-cost a los consumidores locales. Sólo en los primeros cinco meses de 2024 ingresaron al país 12 millones de kilos de indumentaria (unos 60 millones de prendas) por vía oficial, sin contar las compras directas por sitios web ni los envíos en pequeños paquetes por correo.
Ante esta inundación de productos foráneos, la industria textil argentina atraviesa momentos difíciles. Según Pro Tejer, más de 10.000 puestos de trabajo se perdieron en 2024, debido al cierre de numerosas pymes y comercios locales. Durante el primer trimestre de 2025, también según Pro Tejer, 6 de cada 10 empresas del sector redujeron su personal y el 72% aplicó medidas como suspensiones o congelamiento de contrataciones. En promedio, el sector perdió entre 500 y 1.000 puestos de trabajo por mes durante el primer semestre del año, marcando un ritmo de destrucción laboral más sostenido que durante el año pasado.
«La ropa es un bien que se deja de comprar cuando no tenés plata. La caída del poder adquisitivo y la apertura de importaciones generan un cóctel alarmante», advirtió Luciano Galfione, presidente de Pro Tejer.
Claudio Drescher, presidente de la CIAI, señaló que la producción masiva y los precios bajos de Shein hacen imposible competir a los productores argentinos. Incluso grandes empresas internacionales se vieron obligadas a ajustar estrategias ante la irrupción de Shein en el mercado global. Con la reducción de aranceles impulsada por el Gobierno, muchas marcas locales optaron por importar la mayor parte de sus prendas en lugar de fabricarlas.
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