La Argentina está frente a una oportunidad: por primera vez en mucho tiempo un sector de la ciudadanía parece haberse convencido de que el camino de gastar por encima de las posibilidades, que sucesivos gobiernos democráticos y dictatoriales eligieron en buena parte de los últimos cien años, parece ir transformándose en un pedido para que por fin un gobierno ponga manos a la obra, para ordenar a un país con el potencial de ser Australia o Canadá, en lugar de continuar mendigando por el mundo, pidiendo plata a cuanto organismo o país se logre convencer. La Argentina no es un adicto en recuperación. Es un adicto, punto. Su debilidad es gastar lo que no tiene, pensando que en algún momento «Dios proveerá».

Los tres candidatos con mejores chances de imponerse este domingo prometen pavimentar un camino de racionalidad económica y fiscal. Javier Milei, el libertario que sorprendió en las PASO, utiliza una «motosierra» como símbolo de lo que hará con el gasto público si llega al poder. Patricia Bullrich apela al concepto de «orden», no sólo en materia de seguridad, sino sobre todo en la economía. Sergio Massa, por su parte, dice que con él como ministro de Economía el gasto público comenzó a desacelerarse y que lo hará aún mejor si los argentinos le confían el sillón de Rivadavia.

Argentina, ante el desafío del equilibrio fiscal

Sondeos cualitativos de opinión pública verifican que la gente empieza a hablar de conceptos como «cuentas ordenadas» y «no gastar más allá de lo que ingresa», y acepta que el AMBA fue subsidiado por el resto del país durante dos décadas, pagando tarifas de luz y gas muchas veces irrisorias, y con sectores de alto poder adquisitivo derrochando energía para calefaccionar piletas.  El 70% de las familias del AMBA paga tarifas que cubren apenas el 10% del costo de la energía que consumen. El boleto de colectivos cubre entre 10/15% del costo, mientras que el boleto de tren solo alcanza al 2%. El ministro de Transporte, Diego Giuliano, anunció que se avanzará con la eliminación de los subsidios, para lo cual el gobierno hizo un llamado para que la gente se dé de baja del listado de beneficiarios. «Quienes tienen previsto votar a Milei, deberían darse de baja», toreó Giuliano. El Gobierno parece dispuesto a hacer campaña hasta el último minuto.

Según un estudio de la Fundación Alem -uno de los think thank de Bullrich-, la inflación y una brecha cambiaria cada vez mayor impactaron de lleno en una política energética que había recuperado cierto funcionamiento a partir de 2017, al promediar el gobierno de Mauricio Macri. La normalización de los entes reguladores, el alineamiento de los precios de la energía local a los internacionales, la renegociación de los contratos de concesión y la recomposición de tarifas que a 2019 cubrían el 95% del costo del gas residencial y el 80% del costo eléctrico de las familias argentinas, hizo suponer a los especialistas en energía que el problema tarifario estaba prácticamente resuelto.

Sea quien sea el próximo presidente, deberá evaluar algún tipo de recorte en los subsidios de luz, gas y otros rubros.

Pero los expertos sostienen que durante los tres primeros años de Alberto Fernández -pandemia mediante- el Gobierno destinó casi tres años de gestión a discutir una segmentación de subsidios que va a contramano de lo que hace el mundo. Para expertos del instituto Mosconi, el Gobierno debió haber tomado en cuenta la necesidad de identificar a la población vulnerable y focalizar los subsidios. En cambio, se cuestiona que el Gobierno buscó empadronar a los sectores «ricos «para cobrarles tarifa plena (30% de las familias) y continuar con un subsidio generalizado para el 70% restante. Analistas en materia energética explican que esa política redundó en una aplicación ineficiente de los subsidios en países a los que se suele mirar con admiración por estas pampas.

Los cálculos realizados por los expertos asombran: cada familia con subsidios (niveles 2 y 3 de segmentación) habrá recibido, al concluir el 2023, el equivalente a un subsidio mensual superior a los $20.000 por hogar, para cubrir los costos de las facturas de luz y gas, un número que se duplicará en 2024, según el proyecto enviado por Sergio Massa al Congreso.

Subsidios en tarifas: el impacto de la dolarización

El 80% de los costos de generación eléctrica están dolarizados. Este año debería concluir con subsidios equivalentes a 2% del PBI, pero todo indica que no se logrará. Al contrario, el próximo gobierno arrancará con una cuenta muy cuesta abajo, con subsidios que representan más del 3% de Producto Bruto. A eso se suma una deuda enorme del Tesoro con los generadores de energía. Rondaría el 0,5% del PIB.

No es el único dolor de cabeza. En los últimos días hubo ruido en las estaciones de servicio. Las petroleras redujeron el envío de naftas especulando con la posibilidad de que el lunes, con el resultado electoral ya puesto, el Gobierno habilite un incremento de precios.

La gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa dejará subsidios que representan más del 3% del PBI.

Fuentes de las principales petroleras privadas explicaron que reciben un precio de barril por unos u$s56 dólares, mientras que el precio internacional del crudo ronda los u$s90. Las distorsiones no terminan allí. Sincerar los precios deberá incluir un horizonte previsible para normalizar el tipo de cambio, mirar el precio internacional y darle racionalidad al esquema impositivo.

En este sentido, en una de las últimas reuniones que los petroleros mantuvieron con la secretaria de Energía, Flavia Royon, hubo coincidencias en que en la primera mitad del 2024 deberá estar funcionando la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, y la denominada reversión del gasoducto del norte. Es la condición para que la Argentina no deba apelar a importar gas el próximo invierno.

Por el lado de los subsidios al transporte las distorsiones también son enormes. En el marco de un congelamiento anunciado hasta el «10 de diciembre», el boleto de colectivos cubre apenas entre un 10/15% del costo, mientras que el boleto de tren solo alcanza al 2%.

Renunciar a subsidios del transporte: polémica jugada de Massa

El sorprendente anuncio del Gobierno, pidiendo que los usuarios del transporte público renuncien a los subsidios, desnudó hasta dónde esta dispuesto a jugar fuerte Massa con tal de tratar de dejar en evidencia qué puede ocurrir con el bolsillo de los usuarios si en algún momento deben comenzar a pagar la tarifa plena de colectivos o ferrocarril.

Como una jugada política, Massa permitirá que los usuarios del transporte elijan o no mantener los subsidios.

«Quieren saber qué pasará si ganan Milei o Bullrich, anímense a quedarse sin subsidios», desafió el ministro de Transporte, metido de lleno en la campaña.

Este gobierno, en su etapa final, utilizó el esquema de tarifas subsidiadas para tratar de fijar un ancla por el lado de los servicios públicos a una inflación que hacer rato salió de su cauce en el caso de los alimentos y bebidas, y los productos de limpieza, por citar algunos rubros.

Pero el dato demoledor, y que tal vez pueda definir los comicios, vino, como siempre, del lado del dólar. La disparada sin precedentes del blue, que en apenas tres semanas subió casi 25% (de $800 a $985), rompió los manuales de la estrategia política y obligan a Massa a hacer un malabarismo casi imposible por tratar de explicar que lo que no puede arreglar como ministro, lo podrá reparar como presidente. Eso sí, si llega a la Casa Rosada, el ministro-candidato deberá archivar su frase «no nos entra un kilombo más», y prepararse para tratar de solucionar muchas de las anomalías que su gestión agravó.