Tras una seguidilla de jornadas difíciles, con nerviosismo en el mercado financiero y reveses vinculados a la investigación por la criptoeestafa, finalmente Javier Milei tuvo una jornada de victoria política por partida doble: la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se dio en paralelo con una marcha de protesta mucho más tranquila de lo esperado.

Para el Gobierno, la conclusión es clara: se confirmó que la «línea dura» defendida por Patricia Bullrich surtió efecto y, además, se desarticuló la intentona de «desestabilización política» que se viene denunciando desde los sucesos violentos acaecidos el miércoles de la semana pasada.

Aunque es difícil hacer estimaciones, debido a que los vallados hicieron que la marcha se dividiera en varias columnas, las imágenes dejaron una sensación de que la asistencia no fue tan numerosa como en la manifestación anterior, a pesar de que un mayor número de organizaciones, como los sindicatos, se sumaron a la protesta.

Pero, sobre todo, fue evidente, de ambos lados, la intención de que la jornada transcurriera en paz, después de los graves incidentes de la semana anterior. Hubo algunas escenas aisladas de lanzamientos de piedras, pero que no pasaron a mayores. Y las pocas escaramuzas se limitaron a la ya clásica presencia provocadora de «influencers libertarios».

En suma, ni refriegas, ni gases, ni balas de goma, ni heridos que lamentar.

Funcionó el disuasivo

De manera que la primera evaluación política del gobierno es que su estrategia «anti protesta» resultó efectiva y que las señales que se fueron dando en los días previos sirvieron como disuasivo.

«Marcha o violencia no es lo mismo. Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán», había sido el lacónico mensaje de Bullrich en la mañana.

Antes, se había ocupado de dejar trascender que en la preparación del operativo de seguridad habían participado directivos de la SIDE, para desactivar hechos violentos y hasta un eventual intento de toma del Congreso.

También en la víspera la ministro había difundido un listado con nombres e imágenes de presuntos barras bravas de los clubes de fútbol que habían participado en protestas anteriores. Y, había pedido su detención, en el marco de una nueva normativa que considera a las barras como asociaciones para delinquir.

La estrategia se completó con la publicidad de una línea para denuncias y, sobre todo, con un operativo en estaciones de trenes donde la policía pidió identificación a los pasajeros mientras las pantallas oficiales advertían que podría haber represión. Los manifestantes que pasaron los vallados para acercarse a la plaza del Congreso debieron abrir bolsos y mochilas para mostrar que no llevaban explosivos ni objetos contundentes.

En definitiva, lo que se vio fue un despliegue policial mayor y mejor organizado que el de hace una semana, lo cual incluyó el establecimiento de una especie de «zona de exclusión» de gran alcance y, además, la actuación de la policía de la Ciudad.

Se impuso la «línea dura»

La postura de la ministra Bullrich había recibido el apoyo explícito del presidente Milei, quien en su discurso en ExpoAgro había recordado que «los buenos son los de azul» y había tenido duros calificativos para los manifestantes.

Era un mensaje no sólo para la oposición sino también hacia la interna del propio espacio oficialista: que se profundizaría el perfil represivo y que no se volvería a situaciones como las protestas de diciembre de 2017, cuando -también por la reforma jubilatoria-, la policía adoptó una actitud pasiva, sin reprimir mientras los manifestantes arrojaban las famosas 14 toneladas de piedras.

En el gobierno creen que aquella jornada, que dejó la imborrable imagen del «Gordo Mortero», fue un punto de quiebre en la gestión de Mauricio Macri y dejó expuesta cierta debilidad ante una oposición que vio una oportunidad para desestabilizar. El propio ex presidente terminó por convalidar esa visión con el comunicado que emitió la semana pasada, en el que comparó aquella jornada con la actual actitud de la oposición a Milei.

Además, el gobierno vio una oportunidad para reconciliarse con parte de su base electoral, la que había votado a Milei con el reclamo de seguridad y el fin de los cortes de tránsito por manifestaciones callejeras.

«Sé que la gente se puede haber impresionado, pero tienen que saber que hay una conducción política dispuesta a no dejar actuar a estos energúmenos para que la violencia no se instale nunca más en la Argentina. Ya no son los dueños de la calle. El que las hace, las paga. Los detenidos las van a pagar y vamos a identificar a todos los que estuvieron», justificaba Bullrich, confirmando que se siente cómoda en su perfil de «halcona» que se opone a la línea de represión blanda.

La oposición y el combo jubilados-FMI

La oposición también dio señales de un cambio en la estrategia. Ya comprobó que la situación de los jubilados es convocante a nivel callejero, despierta la sensibilidad social y atraviesa todos los sectores sociales. Por lo que será parte central del debate electoral. Pero, ahora, en el discurso opositor el tema jubilatorio se vinculará al acuerdo con el FMI.

La propia jornada de ayer ofreció una síntesis de ese discurso: mientras en la plaza se reclamaba por los jubilados, los diputados opositores argumentaban contra la nueva toma de deuda con el Fondo. Máximo Kirchner denunció que el nuevo acuerdo limitaría el margen de decisión política del gobierno y lo transformaría en «una marioneta» del organismo -un argumento no muy distinto de la que había planteado hace tres años cuando se debatió el acuerdo negociado por Martín Guzmán.

Antes, y previendo que finalmente la Cámara de Diputados daría su voto afirmativo, desde el kirchnerismo se advirtió que no reconocerían la validez legal de un acuerdo aprobado «a ciegas» y por la vía del decreto.

En paralelo, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó que se impulsa una nueva iniciativa legislativa para aumentar las jubilaciones, lo que implicará un cambio en la actual fórmula indexatoria. Además, se buscará la prórroga de la moratoria aprobada en 2023, que el gobierno ya avisó que termina la semana próxima.

El antecedente más cercano fue el del proyecto aprobado por la mayoría opositora y luego vetado por Milei, que ahora reaparece en el debate.

Aquella ley vetada preveía la «devolución» del 8,1% por el mes de abril 2024, que había quedado «desfasado» en el momento de cambio de la fórmula.

El nuevo contexto político hace factible que la oposición encuentre margen político para insistir. Lo dejó en claro el senador radical Martín Lousteau dijo que ese fue el origen del conflicto que terminó con la jornada de violencia. «¿Cómo empezó todo? Recordemos: acá hubo algunos que defendieron un veto por un aumento que equivalía a tres kilos de carne picada por mes».

Lo cierto es que en aquella ocasión Milei alegó que si no vetaba la ley, se pondría en riesgo su política fiscal, porque el costo de la reforma implicaba no menos de 0,4% puntos del PBI. El proyecto vetado establecía que en marzo de cada año se diera un aumento adicional por el 50% de la variación salarial -medida por el índice RIPTE- si es que el salario tuviera una evolución superior a la inflación.

Y también cambiaba el criterio para fijar la jubilación mínima -que de hecho es percibida por la gran mayoría de los beneficiarios del sistema-, que debería ser equivalente de 1,09% de la canasta básica que mide el INDEC para un individuo.

Negociando con la billetera en mano

Mientras el Gobierno respira por la recuperación de los títulos públicos y la leve baja en el dólar paralelo tras la votación del Congreso, la oposición también pondrá en marcha un operativo de «depuración interna».

Resultó sugestivo que los votos que le faltaron a la oposición hayan coincidido con las representaciones de las provincias que están negociando con el gobierno fondos para la obra pública. El día previo a la marcha, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de economía, Luis «Toto» Caputo, publicaron en las redes una foto de su encuentro con los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán y Raúl Jalil, de Catamarca.

No es que se trate de una situación novedosa, claro: la política de negociar apoyos en el Congreso con la billetera fiscal en la mano ha sido la tónica de los últimos años con gobiernos de distintos signos partidarios, desde el peronismo hasta el macrismo.

Pero en las últimas semanas, ante las dificultades de Milei, había recobrado fuerza el discurso de la unidad peronista con vistas a recuperar posiciones en la elección. Fue por eso que una de las palabras más escuchadas en los análisis políticos tras la votación del Congreso fue «traición» y volvieron las amenazas sobre medidas disciplinadoras.

Las embarcaciones extranjeras podrán hacer tráficos entre puertos nacionales, según lo anticipó Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos

19/03/2025 – 18:13hs

Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional Portuaria, anticipó en el día de ayer en Rosario, que en los próximos días el Gobierno cambiará por decreto la normativa que reglamente el tráfico de cabotaje. Esto le permitirá a las embarcaciones de bandera extranjera hacer cargas y descargas en distintos puertos nacionales.

En esta línea, el funcionario hizo el anuncio ayer en el marco de la reunión del bloque federal portuario que fue organizado por el Ente Administrador de Puerto Rosario (Enapro) del que participaron autoridades portuarias de provincias con frente fluvial. La comitiva deliberó en la Fluvial, recorrió Terminal Puerto Rosario (TPR) y luego pasó por la Bolsa de Comercio de Rosario.

Hidrovía: el Gobierno desregulará la actividad y no hará obras públicas

Arreseygor, resaltó en la reunión que su participación del encuentro era para escuchar y tomar nota de las propuestas de los puertos públicos federales de cara a la nueva licitación de la hidrovía.

Sin embargo, también brindó un mensaje claro: el Gobierno nacional viene a desregular la actividad y no a hacer obras. De esa forma, no le dio aire a los reclamos de algunos puertos por financiamiento nacional al dragado a pie de muelle o accesos y dijo que se tratan de tareas que deberán financiar los propios muelles.

En paralelo, rechazó el pedido de aumentar el dragado desde Timbúes al norte, como viene reclamando Santa Fe, ya que estimó que no es necesario porque el tránsito río arriba el gran Rosario es estrictamente barcacero y no amerita el gasto de tener una vía navegable apta para grandes barcos.

En esa línea, Arreseygor anticipó que en breve el gobierno sacará un DNU que cambia la ley de cabotaje, quitándole el monopolio a los barcos de bandera racional para cargar y descargar en distintos muelles nacionales. La idea, según anticipó el funcionario, es establecer nuevas condiciones para que una barcaza extranjera pueda, por ejemplo, venir desde Paraguay y parar a cargar soja en Chaco y traerla a Rosario para desembarcarla allí con miras a industrializarse o subirse a un barco de mayor porte con destino de exportación.

Sin embargo, la desregulación es resistida por sectores industriales y del transporte vinculado a la marina mercante nacional porque sostienen que las embarcaciones paraguayas tienen menores costos impositivos y laborales. No obstante, los empresarios argentinos del sector se instalaron en Paraguay montando allí sus transportistas.

Igual, el tráfico de cabotaje actual (con bandera argentina) es exiguo, por lo que, también están los que estiman, las barcazas paraguayas no vendrán a reemplazar a las argentinas, sino que, por el contrario, ocuparán un espacio vacío que es el transporte de cabotaje beneficiando a los puertos porque sumarían frecuencias.

De hecho, gobierno de la provincia de Santa Fe venía reclamando por la desregulación del cabotaje debido a que estima que le permitiría más actividad en los puertos de Rosario y Santa Fe, mejorando su competitividad y reduciendo los costos logísticos de las economías regionales.

No obstante, no pedía cambios por decreto, sino una nueva Ley de Cabotaje nacional. «Es clave trabajar en la apertura del sector para que puedan operar embarcaciones nacionales y extranjeras bajo ciertas condiciones, maximizando el tráfico comercial proveniente de Brasil, Paraguay y Bolivia», argumentó el ministro Puccini antes del encuentro con Arreseygor.

Luego de tomar nota a todos los planteos y propuestas de las autoridades portuarias provinciales, Arreseygor prometió tenerlos en cuenta y anticipó que los nuevos pliegos de la licitación contemplarán cambios con respectos a los términos y condiciones del primer texto legal. Por último, para los asistentes, igual, quedó la duda de si la presencia de Arreseygor tomando nota de los planteos se trató de formalidad o si realmente tomará en cuenta la agendas de los puertos públicos del interior.

Según una importante consultora, la indumentaria para hombres y mujeres cuesta más que en Brasil y Chile. La reforma tributaria, entre las claves

19/03/2025 – 18:33hs

La consultora Focus Market realizó un informe en el que afirma que la indumentaria para hombres y mujeres son un 118% más costosas en Argentina si se compara con otros países de la región. En la respectiva encuesta se tomaron en cuenta países vecinos como Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

Asimismo, se consideró prendas como camisetas, jeans, zapatillas, perfumes y bolsos de dama. «En un contexto de economías latinoamericanas con dinámicas cambiarias variadas, los argentinos evalúan realizar sus compras de ropa fuera del país en busca de mejores precios y calidad», sostuvo Damián Di Pace, director de la consultora

Ropa: Brasil tiene precios hasta seis veces más baratos que Argentina

Di Pace añadió que el gobierno de Javier Milei «plantea una reforma tributaria hacia adelante reduciendo impuestos nacionales a partir del logro de superávit fiscal», y recalcó que «será necesario» reducir y eliminar impuestos distorsivos, cómo es el caso de Ingresos Brutos (impuesto provincial) y las tasas municipales.

De hecho, se compara con Brasil, cuya economía enfrenta una devaluación acumulada del 20% en lo que va del año, las prendas pueden encontrarse hasta seis veces más baratas, y «renovar un guardarropa» tiene un costo de un 78% menos que en la Argentina (u$s591 en Brasil y u$s1.054 en Argentina).

En comparación con Paraguay, «renovar el placard» es casi dos veces más económico que en nuestro país (u$s595 en Paraguay y u$s1.054 en Argentina). La consultora destacó que que los jeans y las bermudas cuestan entre un 73% y un 86% más: «Este atractivo explica por qué las provincias del norte argentino prefieren cruzar la frontera para realizar sus compras», afirmaron.

Con respecto a Chile, Focus Market indicó que también es más económico que en Argentina: u$s475 en Chile contra u$s1.054 acá. «Estas diferencias han consolidado a Chile como uno de los principales destinos para renovar el guardarropa«, explicaron desde la consultora. Y en Uruguay, luego de la recuperación tras las dificultades de 2023, sigue siendo más barato que comprar en el país.

Las diferencias alcanzan el 79% en jeans, 76% en shorts y bermudas, 72% en camisetas y 68% en sandalias. «Renovar el guardarropa» en Uruguay cuesta un total de US$747 contra US$1.054 acá. Como conclusión, el economista argumentó que el análisis «demuestra que renovar el guardarropa en países vecinos no solo es una opción atractiva», sino también una «estrategia económicamente conveniente en el contexto actual».

Y añadió: «Este fenómeno refleja la creciente desconexión entre los precios del mercado interno y las posibilidades ofrecidas por el exterior, planteando un desafío para el sector textil local y destacando la necesidad de políticas que fomenten la competitividad«. Los números del informe coinciden con los dichos Luis Caputo, Ministro de Economía, quien afirmó que Argentina «sigue siendo el país con la indumentaria más cara en la región y en el mundo«, a través de sus redes sociales. En el mismo posteo, además, brindó detalles sobre una medida que baja los impuestos a la importación de ropa y calzado (de 25% a 20%) y telas (de 26% a 18%).