El plazo fijo tradicional vuelve a ganar atractivo entre los ahorristas debido a que subieron las tasas de interés que ofrecen los bancos, tras el importante volumen de pesos que quedó en la calle por las modificaciones realizadas en los instrumentos de financiamiento emitidos por el Banco Central y las posteriores licitaciones de deuda del Tesoro para absorber ese efectivo. 

De esta manera, en apenas unos pocos días, los bancos subieron las tasas que pagan por los plazos fijos hasta unos 6 puntos porcentuales. Así, hoy en el sistema financiero un individuo puede hacer una colación en una entidad líder a cambio de una renta actual de entre 29% a 32% de tasa nominal anual (TNA). 

Es decir, en un depósito a 30 días, que es el tiempo de encaje mínimo requerido por el sistema financiero, se paga en ese período entre 2,38% a 2,63%.

Por ejemplo, Galicia está ofreciendo 32% de TNA y Santander 31% de TNA.

En tanto, los bancos más chicos o de determinadas provincias están proponiendo hasta 35% o 36% de TNA como atractivo, como los casos del Banco de Tierra del Fuego, Bica, Meridian y Mariva, para citar algunos, para poder captar más pesos. Es decir, proponen hasta casi 3% mensual, según datos del BCRA.

De esta manera, las entidades bancarias están proponiendo una renta mucho más atractiva respecto a la inflación, que en junio fue de 1,6% mensual, según el último dato del INDEC, y que se estima que en el corriente julio se ubicará nuevamente por debajo del 2%.

A ello se le suma que, a pesar que el precio del dólar asciende alrededor de 5% en todo julio, en los últimos días se mantiene estable. 

Por eso, con tasas más atractivas y muy superiores a la inflación, y un billete estadounidense que se encuentra «quieto», el inversor es incentivado para invertir en instrumentos en pesos.

Cabe recordar que en las últimas semanas las tasas que ofrecen los bancos para el plazo fijo tradicional mostraron una amplia volatilidad por el desarme realizado por el Gobierno de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que son los instrumentos que reemplazaron a las LELIQ, y que vencieron el pasado 17 de julio de 2025. 

«El corazón del nuevo régimen monetario no late a ritmo de tasa fija. Late al compás de algo más sutil: la dinámica de mercado. Con la eliminación de las LEFIs, la política monetaria dejó de fijar un precio para empezar a fijar una cantidad. Para que se entienda: pasamos de tener una tasa escrita en el Boletín Oficial, a una que se escribe todos los días en el mercado», afirma Nahuel Bernues, asesor financiero, CFA y fundador Consultora Quaestus.

Es decir, el 10 de julio el escenario cambió porque desapareció la tasa de política monetaria, por lo que ahora la referencia no la establece el Banco Central, sino que surge de las decisiones del mercado.

De esta manera, las tasas variaron de una forma imprevista, debido a que las cauciones a un día llegaron a oscilar en horas desde 15% a más de 100% de tasa nominal anual (TNA).

«Fue una montaña rusa sin frenos. Sin referencia de las LEFI, la caución a un día voló para todos lados. Sin tasa piso, ni techo, los bancos no tenían dónde anclar su liquidez», resume Bernues.

Plazo fijo tradicional: cuánto se gana ahora con $1 millón

En resumidas cuentas, los ahorristas pasan a obtener mayores rendimientos en caso de realizar un plazo fijo tradicional.

De esta manera, si un ahorrista coloca, por ejemplo, un capital inicial de $1 millón en uno de los bancos líderes que ofrece más rendimiento, generará después de los 30 días mínimos requeridos de encaje, alrededor de $1.026.300.

Entonces, ahora se ganará mediante un depósito del monto tomado como inversión unos 26.300 pesos extras. Una cifra que equivale a generar una renta de 2,63% mensual, o bien, un 32% de TNA.

En apenas una semana, la calificadora Moody’s Local Argentina emitió un doble recorte que encendió luces de alerta en el núcleo del negocio agropecuario. MSU Agro y Lipsa S.R.L., dos compañías de gran escala y fuerte presencia en la producción de granos, fueron degradadas en sus notas crediticias debido al deterioro sostenido de sus métricas financieras y operativas.

Ambos casos revelan un patrón común: caída abrupta del EBITDA, aumento del apalancamiento, debilitamiento de la liquidez y mayores riesgos de refinanciación, en un contexto macroeconómico y climático adverso.

El EBITDA (sigla en inglés de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) es un indicador financiero que muestra la rentabilidad operativa de una empresa antes de considerar gastos financieros, impuestos y amortizaciones. Es clave en el mundo corporativo porque permite evaluar el desempeño del negocio en términos puramente operativos, sin el impacto de decisiones contables o financieras, y se utiliza comúnmente para comparar compañías dentro de una misma industria o estimar su valor en procesos de inversión o adquisición.

El recorte en ambas firmas refleja el deterioro de sus métricas crediticias, particularmente en lo que respecta a generación de EBITDA, apalancamiento y capacidad de cobertura frente a vencimientos próximos.

Aunque ambas conservan un respaldo patrimonial sólido y mantienen estructuras operativas de envergadura, la señal del mercado es que el acceso al crédito será cada vez más exigente.

MSU Agro: más deuda, menos margen operativo

El 22 de julio, Moody’s bajó de A+.ar a A.ar las calificaciones en moneda local y extranjera de MSU S.A., así como de sus obligaciones negociables con vencimiento entre 2026 y 2032.

«La baja refleja una menor generación de EBITDA en los últimos tres ejercicios por condiciones climáticas y fitosanitarias desfavorables, y por el incremento del apalancamiento financiero por encima del promedio del sector», indicó Moody’s.

Entre 2022 y 2024, el EBITDA promedio fue de u$s12 millones, muy por debajo del promedio histórico de u$s30 millones. Para el cierre de junio 2025, se espera directamente una generación nula de EBITDA, como resultado de la debilidad productiva registrada en el NEA.

El endeudamiento pasó de u$s65 millones en junio de 2022 a u$s194 millones en junio de 2025, cifra que excede las proyecciones originales de la calificadora (que preveía un máximo de u$s135 millones en 2023). Las causas: la expansión de campos, la construcción de una planta de maní —que sufrió una demora de más de un año— y las tres malas campañas consecutivas.

A pesar del escenario comprometido, la compañía, bajo el mando de la familia Santos Uribelarrea, mantiene una cobertura elevada: u$s86,8 millones en caja e inventarios de rápida realización a mayo de 2025, lo que representa una cobertura de 405% de su deuda de corto plazo. Además, posee tierras propias valuadas en más de u$s100 millones, libres de gravámenes.

«No esperamos nuevas necesidades de financiación en el corto plazo, aunque sí mayores costos financieros para refinanciar deuda», advirtió Moody’s, que también proyecta mayor presión sobre los indicadores de cobertura por las condiciones actuales del mercado de capitales.

Lipsa: expansión con deuda y margen de cobertura crítico

Seis días, Moody’s también recortó el rating de Lipsa S.R.L., de A.ar a BBB+.ar, con perspectiva estable. En este caso, el argumento central fue la caída en generación de caja por dos campañas consecutivas negativas, una mayor exposición climática (por su concentración en el NEA) y una deuda creciente, sobre todo de corto plazo, en un contexto de escasa liquidez en el mercado de capitales.

«La calificación baja por la caída en la generación de caja —tras dos campañas muy malas—, el incremento de la deuda de corto plazo, la menor liquidez y la pérdida de flexibilidad financiera», explicó la agencia.

El resultado operativo de Lipsa dejó un EBITDA negativo de u$s-58,4 millones en 2024. Para la campaña 2024/25 se estima un leve repunte, con apenas u$s4 millones de EBITDA. En este caso, al ser moneda funcional en pesos, tiene una mayoría de ajuste por inflación. La empresa confirmó a iProfesional que la deuda se está reestructurando a largo plazo. En el caso de MSU, la moneda funcional es en dólares.

La deuda total ronda los u$s65 millones, de los cuales u$s45 millones vencen en los próximos 12 meses. Un 30% de esa suma corresponde a ON, consideradas de alto riesgo de refinanciación por la escasa liquidez del mercado local.

La liquidez también está tensionada: u$s5,5 millones en caja e inventarios de rápida realización a marzo de 2025, lo que representa una cobertura de solo 9% de la deuda de corto plazo. Aun así, la empresa cumplió con el pago del capital de su ON Clase V el 14 de julio pasado.

Pese a este panorama, Moody’s valoró su escala productiva: más de 105.000 hectáreas sembradas en 2024/25 y una proyección de 137.000 hectáreas para 2025/26 y 2026/27. Esta expansión fue financiada en parte con deuda (aproximadamente u$s47 millones para la compra de campos.

El agro, cada vez más presionado

MSU y Lipsa representan casos emblemáticos dentro del agro argentino, donde las condiciones macro, las restricciones de crédito y el clima desfavorable están dejando su huella incluso en las compañías más estructuradas.

Ambas mantienen fortalezas patrimoniales y operativas, pero el acceso al capital, clave para sostener inversiones y expandirse, será cada vez más costoso y exigente. Las advertencias de Moody’s reflejan un nuevo equilibrio en el financiamiento del agro. En este caso, ni el tamaño ni la trayectoria garantizan inmunidad ante un contexto cada vez más hostil.

La historia de ambas compañías

MSU es una empresa familiar que se dedica a la producción agrícola en Argentina y a la prestación de servicios de gerenciamiento en Latinoamérica. La sociedad es considerada parte del grupo de grandes empresas agropecuarias del continente y se ubica en el «top five» entre las principales firmas de siembra local.

Fundada en 1860 y ahora bajo el mando de la familia Santos Uribelarrea (de ahí las siglas que le dan nombre), es una de las principales empresas productoras de granos de Argentina, llegando a sembrar 165.000 hectáreas en campos propios y arrendados en Argentina. Operan en total 210.000 hectáreas en Argentina, Brasil y Paraguay.

Lipsa SRL, controlada por la familia Moudjoukian, sembró en 2024/25 más de 105 mil hectáreas, entre propias y arrendadas, y planea producir en 137 mil hectáreas en esta campaña agrícola que acaba de comenzar. Las unidades productivas están sectorizadas en seis áreas localizadas en diferentes regiones del norte argentino.

Desde la disolución de la AFIP y la creación de ARCA en octubre de 2024, el organismo que conduce las oficinas aduaneras e impositivas ingresó en un declive profesional alarmante, en momentos en que los auditores del Fondo Monetario Internacional (FMI) revisan metas del acuerdo firmado con la Nación y se preocupan por algunos signos graves de evasión impositiva.

El organismo autárquico nacional que supo ser el lugar en donde la mayoría de los profesionales de las ciencias económicas y del derecho querían ejercer se transformó en una oficina gubernamental que solo sabe expulsar a sus trabajadores más calificados, que se van hartos del destrato de la administración libertaria y de los bajos sueldos que están recibiendo por perseguir evasores.

A esta situación que fue detallada en reiteradas ocasiones por la comisión directiva del gremio de la UPSAFIP que conduce, Julio Estévez (h) se suma el reclamo de los sindicalistas por la falta de modernización de los equipos tecnológicos con los que hay que fiscalizar operaciones complejas y millonarias que, por ejemplo, se producen en «la nube».

El funcionamiento de la nube se basa en la utilización de recursos informáticos alojados en centros de datos remotos, accesibles por internet, que permiten almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de información sin necesidad de mantener infraestructura física propia.

«Hay ocasiones en que las computadoras no tienen mantenimiento, están lentas o se cuelgan directamente por lo que es muy difícil avanzar en procesos más complejos a no ser que la idea del gobierno sea tan solo la de fiscalizar a los monotributistas de las categorías más bajas», afirmó Ricardo Prado con varios años de servicio en la DGI.

Ahora bien, en este punto hubo coincidencia, recientemente, con la conducción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, reconoció ante un centenar de abogados del sector privado que la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanza actualmente el 37%, una cifra que no se registraba desde el estallido del régimen cambiario de la convertibilidad en 2001. La admisión, registrada por el diario Perfil, se dio durante un coloquio en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

La afirmación del funcionario sorprendió al auditorio, compuesto por representantes de los estudios jurídicos más importantes del país, como Bruchou & Funes de Rioja, Cassagne, Marval O’Farrell Mairal, Bomchil, Beccar Varela y Pérez Alati. El dato fue mencionado al pasar, en el marco de una exposición centrada en la visión fiscal de La Libertad Avanza y de alguna manera también sorprendió a Julio Estévez (h) que vio como uno de sus reclamos era, claramente admitido, por el funcionario.

De hecho, Pazo sostuvo que se encuentra al frente de una administración «ineficiente» que no invirtió en tecnología durante los últimos siete años. «ARCA es un organismo ineficaz«, remarcó.

Desde luego que mereció una réplica sindical y desde UPSAFIP realizaron declaraciones a iProfesional donde señalaron que «es verdad que desde hace más de siete años no se invierte en tecnología y la evasión impositiva crece. Lo que ha cambiado en ARCA son los funcionarios políticos que la dirigen. Nuestros trabajadores, profesionales y jefes son los mismos, solo que ahora son maltratados e impedidos del goce de sus derechos salariales porque las paritarias no se abren y los ingresos están prácticamente congelados».

El reclamo de Estévez fue contundente y señaló que la única solución para que ARCA vuelve a ser una oficina eficiente se debe invertir más. «Debe invertir en tecnología, capacitación y abrir las paritarias. La gente siempre trabaja mejor si sus sueldos son acordes a las responsabilidades que la ocupan. Y perseguir grandes evasores que dañan el tejido social de la Argentina no es para cualquiera».

En ese sentido, una recorrida de iProfesional entre trabajadores de la DGI y de la Aduana, entrevistando y consultando a personal con varios años de gestión, coincidieron, con reserva de nombre por el mal clima laboral que impera en el organismo, que entienden el reclamo de los profesionales y jerárquicos nucleados en la UPSAFIP, pero no entienden la posición de los otros dos gremios con personería jurídica que no judicializan la grave situación por paritarias.

Ni AEFIP, ni los aduaneros de SUPARA, su secretario general, CarlosSueiro, falleció el 27 de junio pasado, que tienen la responsabilidad de contar con la personería gremial por la que pueden negociar salarios colectivos en paritarias, lo están haciendo ni protestan en la justicia. 

«No lo hicieron el año pasado, no lo hicieron este año, no se entiende qué esperan. Mientras tanto nosotros debemos controlar el contrabando aduanero, las avivadas en el comercio exterior, la evasión impositiva, la lucha para cobrar al rey del tabaco, al rey de la morcilla y al rey de lo que se te ocurra y en la actualidad, el trabajador impositivo, no llega a fin de mes como les pasa a muchos en la era Milei».