ECONOMIA
Quita de aranceles a los celulares: la UOM nacionaliza el conflicto y Sturzenegger asegura que habrá una recuperación del empleo

La decisión del gobierno de eliminar los aranceles para la importación de teléfonos celulares disparó la reacción de funcionarios, un gobernador, empresarios, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Confederación General del Trabajo (CGT), en un conflicto que hoy se centra en Tierra del Fuego, pero que amenaza con crecer en el orden nacional.
La conducción de la UOM no sólo rechazó la medida, sino que lanzó un paro total en Tierra del Fuego, en defensa del empleo y de la industria nacional. Al mismo tiempo, solicitó al Ejecutivo que convoque «de manera urgente a una mesa de diálogo» con participación de actores sindicales, sociales y productivos.
El cese de actividades comenzó a las 12 de ayer, encabezado por la dirigencia de las seccionales de Río Grande y Ushuaia. El gremio que conduce Abel Furlán, advirtió que la iniciativa pone en peligro más de 8.000 empleos directos en la provincia. La protesta contó con el apoyo de la CGT, que afirmó que «se atenta contra la industria nacional y el trabajo argentino».
Para Sturzenegger, va a generar más puestos de trabajo
En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a responder las críticas y señaló que, si bien la reducción del régimen fiscal especial podría derivar en una disminución del empleo en Tierra del Fuego, el efecto neto sobre el trabajo a nivel nacional será positivo.
Detalló que el régimen provoca una pérdida neta de 60.000 puestos de trabajo, ya que se trata de una actividad con bajo requerimiento de mano de obra en comparación con el sector de servicios.
Apuntó que «el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas» y aseguró que este nuevo gasto impulsará la creación de más empleo que los que se perderían en la isla, al cambiar el consumo de productos ensamblados localmente por otros servicios o bienes de mayor valor agregado.
Rechazo a los aranceles y beneficios fiscales
En la red X, Sturzenegger analizó el tema de la productividad, respondiendo a las declaraciones del CEO de Newsan, Luis Galli, quien había apuntado que la industria fueguina aún no alcanzaba niveles internacionales de eficiencia. Según el ministro, esta brecha persistirá mientras se mantuvieran los incentivos de protección.
Siguiendo esta línea, consideró que la existencia de aranceles y beneficios fiscales desalienta la mejora continua en la productividad y advirtió que el empresario local internaliza que aumentar su eficiencia podría llevar a una futura reducción de la protección, lo que desincentiva la inversión en procesos más competitivos. Subrayó: «El resultado: por diseño, nunca habrá convergencia».
Para Sturzenegger, el régimen industrial había perjudicado el potencial turístico de la provincia, comparándola con destinos internacionales como Nueva Zelanda y dijo que la isla tiene los atributos para convertirse en un polo turístico de clase mundial y criticó la utilización de su territorio para actividades industriales de bajo valor agregado. Graficó que «debería ser un parque de diversiones mundial que reciba millones de turistas al año», y criticó la instalación de galpones industriales en zonas de alto valor paisajístico. «Es como si a los norteamericanos se les hubiera ocurrido hacer un parque industrial en Yosemite o Yellowstone», concluyó.
Un plan de lucha que puede nacionalizarse
La UOM, por su parte, consideró que el gobierno «pone en riesgo inmediato los puestos de trabajo y el futuro de comunidades enteras que dependen de la actividad industrial. No es abriendo las puertas a productos extranjeros como se resuelven los desafíos económicos de la Argentina».
De esta forma, dio inicio al «Plan de Lucha por el Trabajo Fueguino y la Industria Argentina», que comenzó con la paralización completa de la actividad metalúrgica en las plantas fueguinas, protesta que continuará «hasta alcanzar una resolución favorable que garantice la continuidad laboral, los derechos y las condiciones existentes», expresó en un comunicado.
Mientras de manera formal le pidió al Gobierno que se revierta la resolución que desprotege a la industria frente a la competencia externa, fuentes gremiales revelaron que si no hay una solución, las medidas de fuerza pueden tener una escalada nacional, teniendo en cuenta que la actividad transita un potencial conflicto por la discusión salarial.
El sector empresarial preocupado por el empleo
Quien también hizo un análisis de la situación fue Ana Vainman, presidenta de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), quien afirmó que «cualquier acción que colabore con la eliminación del costo argentino es bienvenida», aunque prefirió esperar el detalle de la medida del gobierno para tener más clara la situación.
En ese marco, aclaró que «la tarea de ensamble de un celular parece considerarse menor, cuando en realidad es todo lo contrario, ya que es el producto terminado, realizado por personal con capacitación y conocimiento». Al mismo tiempo, alertó sobre la pérdida de puestos de trabajo en Tierra del Fuego, en una actividad que hoy cuenta con 8.000 empleos directos y 7.000 indirectos, «sobre una población de 200.000 habitantes».
En diálogo con iProfesional, Vainman sostuvo que la industria, que también se dedica a productos como televisores, aires acondicionados y componentes para las autopartistas, «tiene una incidencia importante en la economía de la provincia».
Reiteró que «es fundamental esperar a que se publique la normativa para entender el impacto real de estas medidas» y anunció que tiene programada una reunión con el gobierno para discutir estas medidas.
Preocupación del gobierno fueguino
El gobernador fueguino, Gustavo Melella, declaró: «Nos genera profunda preocupación el anuncio del gobierno de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego».
Luego se sumó su ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, quien explicó que la provincia contaba con un esquema de protección que incluía aranceles del 16 por ciento para productos importados e impuestos internos del 19 por ciento para los importados. La eliminación de estos aranceles para los productos foráneos e igualar la carga impositiva «mejora la competitividad, pero de los productos importados».
Planteó que «esto puede impactar muy fuertemente en nuestra industria» y destacó la prioridad del gobierno provincial en «buscar todas las alternativas posibles para que no haya una incidencia tan profunda en la producción y en los puestos de empleo». Aseguró que «la industria significa soberanía, significa el empleo de nuestra gente y una vez más el gobierno nacional pone en jaque los puestos de trabajo y la producción que tiene la provincia».
Fernández manifestó: «Lo que ocupa y preocupa siempre a nuestro gobierno ha sido el sostenimiento de los puestos de trabajo«, afirmó Fernández, y ratificó el compromiso del gobierno provincial de «estar al frente, como lo hemos hecho, para poder sostener, para poder acompañar a la gente, sobre todo a nuestros trabajadores y obviamente a nuestros empresarios que siguen apostando a nuestra provincia como un lugar para seguir creciendo».
La CGT repudió la medida y acompañó a la UOM
En tanto, la CGT calificó la medida como un ataque directo a la industria nacional y a los puestos de trabajo, especialmente en la provincia de Tierra del Fuego. En un documento titulado «Fabricado en Tierra del Fuego», señaló que va más allá de una simple etiqueta y representa un modelo de desarrollo clave para esta zona de Argentina.
En contraposición, avisó que la iniciativa del Ejecutivo no traerá soluciones para el país, sino que generará «nuevos problemas para una economía ya castigada por la baja de la actividad y la pérdida del poder adquisitivo».
Por estos motivos, la central obrera exhortó al gobierno a «retrotraer esta mala decisión», al tiempo que se puso a disposición de la Unión Obrera Metalúrgica para acompañar las medidas que el gremio considere necesarias llevar adelante frente a lo que calificaron como un «verdadero atropello».
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ECONOMIA
Fábrica de aviones: activan suspensiones a 720 operarios, que cobrarán 80% de sus sueldos

El Gobierno y los gremios firmaron un acuerdo que apunta a reducir el déficit que presenta la operatoria de la compañía. Negocios con la Fuerza Aérea
09/06/2025 – 12:05hs
En búsqueda de sanear los números de la compañía, el Gobierno abrochó el acuerdo que negociaba con el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) y la Asociación del Personal Aeronáuticos (APA) y activó un cronograma de suspensiones rotativas y pago acotado de los sueldos en FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba. La medida en cuestión, con alcance a unos 720 operarios, se extenderá por el lapso de 90 días. Asimismo, dicho esquema habilita a la firma para que convoque a los trabajadores suspendidos a retomar sus tareas con un preaviso de 72 horas. Esto, en caso de necesidad extraordinaria o trabajos atrasados.
Las suspensiones en cuestión, que comenzarán este mes, se alinean con el Plan Preventivo de Crisis (PPC) habilitado por la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba previo pacto establecido entre la cúpula de la estatal y las principales organizaciones que operan dentro de la firma.
FADEA y el nuevo esquema de funcionamiento
Hasta el momento, la Asociación de Personal de Fadea (APTA), el tercer gremio con presencia en la fábrica de aviones, se mantiene fuera de ese acuerdo.
En la negociación, los sindicatos no lograron el objetivo de que las suspensiones se extiendan sólo por 60 días. Pero sí obtuvieron el compromiso de FADEA de que se cubrirá el 80% del monto de cada salario. Al inicio de las tratativas, la empresa proponía pagar sólo el 50% de cada sueldo.
En ese marco también se conoció que el oficialismo estima en u$s2.000 millones el déficit de FADEA, y que a los ojos de La Libertad Avanza (LLA) la fábrica de aviones de Córdoba insume un gasto operativo que se acerca a los $4 millones por hora.
Según el Gobierno nacional, la compañía presenta una deuda acumulada del orden de los $70.000 millones y su operatividad sigue fuertemente atada a los aportes del Estado.
Como ya expuso iProfesional, en torno a Nación también se habla de promover el desembarco de capitales externos. Desde ese punto de vista, existe la posibilidad que el alineamiento de Milei con Estados Unidos, la OTAN e Israel, redunde en el arribo de inversores militares de ese eje en la planta de aviones.
Mientras la empresa comienza a ajustarse a un esquema operativo de emergencia, la cúpula de FADEA sigue buscando la forma de mantener en funcionamiento a las instalaciones en Córdoba.
Hoy por hoy, FADEA mantiene un acuerdo de mantenimiento con JetSmart y negocia pactos similares con Flybondi.
La fábrica de aviones, a la espera de un contrato con la Fuerza Aérea
Ligado a todo esto, la dirigencia de la estatal acaba de sellar un acuerdo con la Fuerza Aérea para promover la fabricación de aviones de entrenamiento militar Pampa III y, en simultáneo, avanzar con el mantenimiento de los aviones de transporte Lockheed C-130 Hércules.
El pacto en cuestión involucra fondos por hasta u$s112 millones, y la empresa estatal se haría con un adelanto del 30% para adquirir insumos y repuestos.
El acuerdo firmado con la Fuerza Aérea incluye desde la producción de tres nuevos IA-63 Pampa III hasta la modernización de otras tres aeronaves ya operativas. Al mismo tiempo, la estatal se compromete a completar el mantenimiento de tres Hércules a más tardar para la primera mitad de diciembre, con vistas a la próxima campaña antártica.
Igualmente, en torno a FADEA predomina la impaciencia, dado que, para que se haga efectivo el acuerdo, deben completarse los pasos de aprobación final de la Jefatura de Gabinete que encabeza Guillermo Francos. Solo recién de esa última escala se generaría la decisión administrativa que habilitará el primer pago.
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ECONOMIA
En la City prevén más ganancias en dólares tras la fuerte suba del nuevo bono de Caputo

El bono que emitió recientemente el Gobierno sigue captando la atención del mercado. El título de deuda conocido como «Bonte 2030», que el miércoles pasado empezó a cotizar en el mercado local, ya está dejando fuertes ganancias a los inversores extranjeros que con dólares ingresaron a la licitación que se realizó apenas unos días atrás.
Cabe recordar que el Bonte 2030 es un título de deuda que emitió el Gobierno en los últimos días de mayo, con el que captó u$s1.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central. Opera en pesos, pero a la licitación, a la que únicamente podían acceder inversores extranjeros, se ingresaba con dólares. Ahora, en el mercado secundario, se negocia en moneda local y puede acceder cualquier inversor.
Al cierre del viernes, jornada en la que registró otro repunte, el bono cotizaba en más de $110. La suba del precio, impulsada por la demanda, ya es de más de 10% respecto a los valores a los que se suscribieron los inversores extranjeros en la licitación que se realizó el 28 de mayo. En apenas tres jornadas de operaciones, ya les deja ganancia de más de 7% en dólares.
Si bien se registró un avance del tipo de cambio entre el día de la licitación y la puesta en marcha del bono en el mercado secundario, la presión cambiaria fue significativamente menor a la suba del precio del instrumento. En rigor, el aumento del tipo de cambio oficial mayorista entre el 28 de mayo y el viernes pasado fue de apenas 2,2%, muy inferior al 10,5% que repuntó el precio del título.
¿Va a subir más del Bonte 2030?
El analista Juan Manuel Truffa destaca que en los últimos días hubo ventas de bonos en pesos de menor duración, por lo que probablemente la demanda de los inversores locales se estaría inclinando hacia los títulos con vencimientos más largos (como el Bonte, que vence en 2030). Como consecuencia, aumentan las tasas de los instrumentos más cortos y ceden las de los más largos.
«Esto es para perfiles un poco más arriesgados, dado que están alargando duración en un contexto de un tipo de cambio en la Argentina, que nunca se sabe bien para dónde puede ir. El resultante es que se alarga la duración promedio, sufre un poquito subiendo la tasa corta y la demanda por el Bonte 2030 se mantiene firme«, sostiene ante iProfesional.
De acuerdo con Truffa, la compresión de tasas del bono, que ya se encuentra por debajo del 26% nominal anual, muy por debajo del 29,5% con el que cerró en la licitación, aumenta el atractivo para los inversores. A estos niveles, sostiene, los inversores se inclinarían por «comprar con los ojos cerrados».
En diálogo con iProfesional, el economista Gustavo Ber considera que, en la medida en que continúen llegando señales macroeconómicas positivas, como una mayor desaceleración de la inflación, lo cual estaría sucediendo según las mediciones privadas de alta frecuencia, la cotización del Bonte 2030 podría mantenerse alcista.
«La suba del precio se daría de la mano de una sostenida demanda en el mercado secundario (tras las importantes ganancias que está dejando desde la emisión del título) y esto contribuiría a prolongar la compresión del rendimiento. Incluso, podría abrir espacio para una nueva emisión de un bono en moneda local próximamente», afirma el economista.
Incentivo del Gobierno para comprar Bonte 2030
La consultora 1816, una de las más importantes e influyentes de la City, considera que, al igual que sucedió con las emisión de títulos en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, el equipo económico de Javier Milei fue «generoso» con los inversores extranjeros que ingresaron a este bono en el mercado primario (licitación) para «abrir las puertas a una nueva colocación» de deuda.
De acuerdo con el análisis, los inversores no residentes que deseen invertir en instrumentos argentinos en moneda local tienen más incentivos para hacerlo en la licitación que en el mercado secundario porque, mediante una normativa, el BCRA habilitó el acceso al mercado oficial de cambios para los que ingresaron con dólares en el mercado primario.
«La colocación del Bonte 2030 dejó abierta la puerta para explorar nuevas emisiones de títulos de deuda. Si estas suceden, y lo hacen en condiciones de costo financiero más accesibles, puede jugar un doble rol al incorporar dólares para las reservas del Banco Central y mostrar un costo decreciente», agregan los analistas de Outlier.
El equipo de research de GMA Capital resalta que, a pesar de la tasa con la que fue emitido el bono (29,5% de TNA), por encima de lo esperado por el mercado local, se observa una buena demanda, lo que ha generado una importante compresión de dicha tasa (25,8% de TNA) y fuertes ganancias en muy pocos días, lo que «favorece nuevas colocaciones de este tipo».
La emisión de otros instrumentos similares es algo que está en la mira del mercado y bajo evaluación por parte del Gobierno. La operatoria, de realizarse nuevamente, serviría para captar más dólares y seguir reforzando las reservas del Banco Central, en un contexto en el que la entidad no está comprando divisas en el mercado oficial de cambios, cumpliendo con su promesa de no hacerlo hasta que la cotización toque el piso de la banda de flotación.
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ECONOMIA
Empleados de Sanidad rechazan el aumento salarial de 1% que pretende el gobierno

Las paritarias siguen generando reclamos y protestas. En los primeros días del mes fueron varios los sectores que firmaron aumentos salariales, aunque siguen esperando la homologación de los acuerdos de parte del Ministerio de Capital Humano a través de la secretaría de Trabajo.
La Federación de Empleados de Comercio fue la primera en advertir que los empresarios deben cumplir con el acuerdo más allá de la decisión del gobierno. Sin embargo, hay empresas que no están liquidando las subas, disparando el conflicto en algunas localidades, como Mar del Plata.
A los mercantiles, ahora se sumó la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Buenos Aires, que dispuso el estado de alerta, denunciando que los convenios colectivos de trabajo de más de 350.000 trabajadores de la actividad en todo el país se encuentran vencidos, y los empresarios «se niegan a otorgar la justa recomposición salarial» que vienen reclamando.
Un conflicto que puede paralizar toda la actividad asistencial
Tanto desde la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) como la ATSA Buenos Aires avisaron que, si esta semana no hay novedades, iniciarán un plan de lucha que puede afectar al sector sanitario en diversas áreas, desde la atención hasta personal de droguerías.
La organización gremial que conduce el también cotitular de la CGT, Héctor Daer, explicó que «no tenemos avances en las negociaciones salariales; la semana pasada los empresarios se dieron vuelta y nos negaron el aumento que veníamos discutiendo». Remarcó que «parece que la única variable económica que se degrada permanentemente es el salario de los trabajadores de la sanidad».
Asimismo, avisaron que los convenios colectivos del sector asistencial se encuentran vencidos y «las cámaras empresariales cambiaron de postura de forma unilateral, alegando presiones del gobierno para imponer un tope salarial del 1 por ciento», apuntando que «esa es una cifra absolutamente inaceptable».
Daer: «No vamos a firmar una paritaria que ajuste el salario»
El propio Daer sostuvo que «la paritaria la discutimos con los empresarios y si los empresarios nos vienen con la pauta del 1 por ciento, les decimos que no la vamos a firmar» y manifestó que «vamos a firmar un aumento que recomponga lo perdido y que proyecte hacia adelante, porque con salarios a la baja, no hay salud posible»
Manifestó que «la discusión la vamos a hacer con los empresarios; no vamos a resignar más salario. No nos importa cómo se llame el mecanismo, pero la plata tiene que llegar al bolsillo de nuestras compañeras y compañeros. Esa es nuestra prioridad». Destacó que «mientras nos niegan una suba de los ingresos los aranceles de las prepagas siguen aumentando».
Este lunes habrá una nueva audiencia entre el gremio y las cámaras, en la sede de la secretaría de Trabajo. Se estima que, en caso de no llegar a un acuerdo, se podrían profundizar las medidas de fuerza en los próximos días. En tanto, desde la cartera laboral siguen de cerca el conflicto y esperarán cuáles son las protestas antes de dictar la conciliación obligatoria.
Ingresos, empleo y renovación de la conducción de ATSA
Daer manifestó que «no hay modelo económico virtuoso que se sostenga sobre los salarios a la baja de los trabajadores. No hay salud sin salarios» y advirtió: «Por eso, hoy más que nunca, vamos a dar esta pelea en unidad, con claridad y sin resignar un solo derecho».
En un documento, la FATSA advirtió que «el Sistema de Salud no se sostiene con salarios bajos«. Planteó que «con alta inflación o con baja inflación, con importaciones abiertas o con importaciones cerradas, con dólar alto o con dólar bajo, con alta presión impositiva o con baja presión impositiva, lleva a que la única variable económica que se degrada permanentemente sean los salarios de los trabajadores de la Sanidad».
Además de la cuestión salarial y económica, la ATSA Buenos Aires enfrentará un proceso electoral en que Daer anunció que dejará la conducción tras 24 años de gestión. El histórico dirigente ya había adelantado que dejaba la CGT, en una señal de renovación dirigencial. De hecho, en la central obrera ya trascendió que otro de los cotitulares, Carlos Acuña, también se retirará del gremialismo.
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