ECONOMIA
SAD: se reanuda la polémica por las Sociedades Anónimas Deportivas
La IGJ reglamentó el alcance del decreto 70/2023 para la constitución de las Sociedades Anónimas Deportivas, lo que genera un nuevo debate
17/07/2024 – 21:20hs
Nuevamente, el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), impulsado por la actual gestión gubernamental, vuelve a encender el enfrentamiento entre aquellos que promueven la desregulación económica y la AFA.
La resolución 15/2024 de la IGJ, en su considerando 32, vino a reglamentar los artículos 346 y 347 del DNU 70/2023 refiriendo que «debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina». La fecha fijada a tal fin es la del 01 de noviembre del corriente año.
Los fundamentos de la resolución encuentran sostén que se debe de reconstruir la deteriorada capacidad de los operadores económicos y de las organizaciones de la sociedad civil a fin de llevar adelante emprendimientos de producción e intercambio de bienes. En dicho marco, la inversión extranjera vendría a modernizar y a promover la economía emergente, diversificando las actividades.
En ese marco, con las modificaciones normativas impulsadas por el DNU 70/23, los clubes deportivos, podrían recibir inversiones de capitales privados, convertirse en sociedades comerciales e ingresar a competir en el mercado.
SAD: se reanuda una confrontación en el ámbito local
Como ya es costumbre en el ámbito del debate local, vuelve a surgir la confrontación de ideas dentro de la «grieta».
El proyecto de las SAD vuelve a encender el enfrentamiento entre los que promueven la desregulación económica y la AFA
Por una parte, un sector, proclive a flexibilizar el cúmulo de normas y resoluciones que desmotivaría el crecimiento económico, sostiene que las SAD contribuirían a subsanar la economía de las entidades deportivas y promover, no solo las inversiones dentro de cada club, sino también el desarrollo de bienes y servicios afines: indumentaria, publicidad, espectáculos, etc.
Por otra parte, aquellos que se adscriben al sistema vigente a la fecha, criterio sostenido por la AFA, entienden que la transformación de las entidades deportivas a sociedades anónimas equivaldría a desvirtuar el objeto social de las asociaciones y contribuiría a profundizar las diferencias entre los llamados «clubes grandes» del resto, adicionando que los jóvenes talentos serían transferidos al exterior, provocando así una caída en el nivel deportivo actual.
Una posición minoritaria, intentando conciliar a los grandes sectores enfrentados, propone una «privatización parcial», es decir, una suerte de postura intermedia.
Siguiendo el curso de las acciones, con lo resuelto por IGJ, la cuestión será resuelta en la Justicia ante la imposibilidad de acercar a los opuestos.
Dado lo decidido por la IGJ, la cuestión se resolverá en la Justicia, ante la imposibilidad de acercar a los opuestos: se avizora una larga confrontación.
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ECONOMIA
Con el inminente veto de Javier Milei a la ley previsional, el Gobierno evalúa plan B para subir jubilaciones
El Gobierno publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas el veto del Presidente de la Nación, Javier Milei, a las modificaciones a la Ley Previsional que el Congreso de la Nación votó el jueves pasado.
El veto que se publicaría será total sobre los artículos 2, 3, 4 y 10. En los cálculos del ministerio de Economía, el costo de los primeros 3 artículos son unos 2.000 millones de dólares cada uno y el restante son unos 6.000 millones de dólares por el pago a las cajas previsionales.
La solución que evalúa el Gobierno para mejorar las jubilaciones
Lo que es está evaluando es aumentar el bono de unos 70.000 a unos 90.000 pesos en las jubilaciones mínimas, que a partir de septiembre llegarán a un valor cercano a los 235.000 pesos frente a los 315.000 pesos que quiere fijar la oposición.
Los nuevos números finos que maneja el equipo económico y que le hicieron llegar a Milei el fin de semana pasado indican que las actuales modificaciones le costarían al Gobierno en el 2025 unos 2 puntos del PBI en términos de dólares unos 10.000 millones frente al cálculo preliminar de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación que calculó que las modificaciones representaban un gasto del 0,5 del PBI o el equivalente a unos 2.500 millones de dólares a partir del 2.025 en adelante.
Por lo que pudo saber iProfesional, el Gobierno armó ya una especie de hoja de ruta para resolver el conflicto con las autoridades del Congreso luego que se conozca el veto. El Gobierno trabaja para evitar lograr conseguir los dos tercios de los presentes en ambas cámaras para lograr voltear la ley.
Por ese motivo, Milei se reunirá los jefes de bloques de Diputados, entre los que se encuentran Gabriel Bornoroni por La Libertad Avanza, Cristian Ritondo por el PRO y Oscar Zago, por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) involucrándose directamente en un problema político de esta magnitud.
Fuentes cercanas al Gobierno responsabilizan al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, de haber fracasado en sus intentos por convencer a senadores y diputados para que rechazaran la ley.
Se estarían evaluando una serie de medidas, cuya aplicación dependerá de los próximos movimientos que realice la oposición frente al veto total de Javier Milei, que se conocerá mañana, como esperaban los otros bloques.
Fuentes cercanas al Gobierno creen que el superávit fiscal logrado en los primeros siete meses no se puede utilizar para hacer ese gasto. «Tal vez podamos ver de hacernos cargo del pago de la diferencia de los 8 puntos entre el 20 % de inflación de enero y el 12% de aumento que se pagó, pero son unos 2.000 millones de dólares y el tema es la forma de cómo financiarlo», explicó a iProfesional la fuente.
También explican desde el Gobierno qué hay que cumplir con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera que señala que no se puede hacer un gasto extra que no figure en el Presupuesto si no están los recursos necesarios para financiarlo.
Javier Milei fue contundente al justificar el veto a la ley de jubilación
La redacción del veto final está bajo análisis de la abogada y secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, que responde en forma directa al asesor presidencial Santiago Caputo, a quien Milei volvió a señalar en la reunión con Mauricio Macri del martes como el otro integrante del llamado «triángulo de hierro» que conforma junto a él y su hermana la secretaría General de la Presidencia Karina Milei.
Tras las amenazas de senadores y diputados de PRO, Hacemos y del kirchnerismo para lograr los dos tercios para aprobar la ley, en el Gobierno son conscientes de que la oposición dura está en condiciones de reunir los dos tercios necesarios para que el Parlamento pueda insistir en la sanción de la ley.
En su presentación el viernes pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario y el sábado en declaraciones radiales, Milei fue contundente al justificar el veto al incremento jubilatorio, y al resto de las modificaciones al afirmar que «los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que le cuesta a los argentinos u$s370.000 millones, arruinándole la vida a las generaciones futuras».
«Nosotros les fuimos presentando como proyectos de ley distintas propuestas sobre jubilaciones. Nuestra postura siempre fue el proyecto de María Eugenia Vidal, para pagar la diferencia del 8 por ciento. En todo caso, no tienen que pedir nada, que agarren el proyecto de María Eugenia y se pongan a tratarlo» comentan fuentes cercanas al PRO.
El veto a la ley de jubilación será total, según confirmaron en el Gobierno
Tampoco se descarta un aumento por decreto, acorde a las posibilidades financieras a las que dice estar sujeto el Gobierno (repiten que el 8 por ciento es viable).
A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei salió este lunes a desmentir las versiones de que el veto a la nueva fórmula jubilatoria aprobada por el Congreso sería parcial y aseguró que lo hará en forma total.
«El presidente lo dijo: el veto va a ser total. No hay ningún tipo de negociación con respecto a absolutamente nada. La decisión del Presidente está tomada», afirmó el funcionario en su conferencia de prensa de este lunes.
En cuanto a los plazos, el portavoz remarcó que el Gobierno tiene 10 días hábiles para vetar la norma que sancionó el Senado la semana pasada. «No sé si va a estar esta semana o no, veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático la decisión del Presidente», aclaró.
Ante las consultas realizadas en la ronda de prensa, Adorni dijo que «el trasfondo de todo esto es el intento de romper el equilibrio fiscal. La gravedad es evidente cuando proponen un gasto y sin contrapartida de recursos. No hay otra razón que no sea romper con el equilibrio de las cuentas públicas«.
Por el momento, distintas áreas del Poder Ejecutivo y la trabajaban en los informes técnicos y en la redacción del texto que tiene que servir como respaldo para justificar el veto.
El mismo se apoyará sobre impacto fiscal negativo de la ley sancionada por el Congreso y sobre el presunto incumplimiento la Ley Administración Financiera, que obliga a presentar fuentes de ahorro fiscal en caso de leyes que aumentan gastos que no tiene los correspondientes ingresos para financiarlos.
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