La Ley de Modernización Laboral prevé el pago en dólares del sueldo, pero también habla de «pago en especie», lo que plantea el interrogante si se podría cobrar todo el salario en criptomonedas o si se podría recibir en todo o en parte soja o botellas de vino para reventa en compensación por los servicios.

Reforma laboral: qué parte del salario se puede pagar en especie

«No se ha modificado el artículo 107 de la Ley de Contrato de Trabajo con este proyecto de reforma laboral», indica Javier Sabin, de EY Argentina.

«La Ley de Contrato de Trabajo establece que solo se puede pagar en especie hasta un límite máximo del 20% de la remuneración y esto no fue modificado por la Ley de Modernización Laboral, actualmente en estado parlamentario», precisa Julio Lalanne, abogado laboralista de la alta dirección.

«El proyecto establece que el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, y aclara que las prestaciones complementarias que no resulten beneficios sociales en los términos del artículo 103 bis de esta ley, sean en dinero o en especie, integran la remuneración del trabajador«, apunta Andrés Tellado, de KPMG Argentina.

«Sin perjuicio de ello, no se modifica el art. 107 de la LCT, que establece que el empleador no podrá imputar los pagos en especies a más del 20% del total de la remuneración», añade. 

«Se considera pago en especie toda entrega de una cosa distinta del dinero«, aclara Lalanne.

¿Se podrá pagar parte del sueldo con luncheon ticekts?

Este es uno de los puntos más polémicos del proyecto: para algunos expertos, el beneficio dependerá de la reglamentación de la reforma laboral, mientras que para otros está claramente aclarado por la jurisprudencia que no pueden ser considerados «beneficios sociales».

Para Sabin, «hubo un cambio en la redacción del inciso a) del artículo 103 bis que proclama los beneficios sociales. Estos son conceptos no remunerativos que no devengan cargas sociales, ni se consideran remuneración a los fines laborales (aguinaldo, indemnización, etc.)».

Antes incluía a los servicios de comedor de la empresa y ahora, agrega Sabin, «los servicios de alimentación del trabajador, dentro del establecimiento del empleador o en establecimientos gastronómicos cercanos durante la jornada laboral contratados por el empleador, en ese último caso, conforme a los límites que determine la Autoridad de Aplicación».

«Deberemos esperar la reglamentación para ver si habilita la emisión de vales alimentarios que permitan el pago en establecimientos gastronómicos cercanos o la metodología que termina imperando (por ejemplo, tarjetas de comida con utilización en comercios cercanos de rubros definidos y con un rango horario limitado)», comenta.

En cambio, para Lalanne, «no sería posible considerar los luncheon tickets beneficios no remuneratorios como era en la década de los 90. Esa era la ventaja para el empleado: no pagaba cargas sociales a su respecto».

«La Corte declaró inválida esa pretensión hace mucho tiempo y la ley de reforma laboral no innovó a este respecto. Por otra parte, no hay ya empresas que se dediquen a comercializa esos tickets. Por lo tanto, me parece que es una alternativa viable hoy», afirma.

«No está prevista esta opción en la ley. Se puede brindar el servicio de comedor como beneficio social, y ahora se agrega la posibilidad de que el servicio de comida lo brinde un establecimiento gastronómico contratado por el empleador que esté cercano al establecimiento y para usar durante la jornada laboral», puntualiza Paola Forchiassin, del Estudio Marval.

«Se da mayor certidumbre a los empleadores respecto de la posibilidad de no pagar cargas sociales sobre servicios alternativos de provisión de almuerzo y refrigerio a empleados, pero estos beneficios sí son base del Impuesto a las Ganancias», remarca Tellado.

¿Se puede pagar con soja o botellas de vino?

Ante la pregunta de si un productor le puede pagar a un trabajador rural una parte del salario con kilos de soja para que revenda, o si una bodega complicada financieramente a un gerente o director con cajas de vino para que reventa, Sabin responde: «En el caso de los trabajadores rurales, no se rigen por la ley de Contrato de Trabajo, sino por la ley 26.727 de Trabajo Agrario donde las remuneraciones previstas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario deben abonarse en su totalidad en dinero«, y agrega que «solo algún adicional voluntario dispuesto por el empleador, podría cursarse en especie».

«En cambio, en el caso del gerente o director que perciba un sueldo en relación de dependencia, el valor de mercado de las cajas de vino no podría superar el 20% de su remuneración«, ejemplifica.

Qué pasa con el pago en criptomonedas

«En Argentina, las criptomonedas no son consideradas dinero en efectivo ni moneda de curso legal, sino activos financieros o bienes inmateriales. Técnicamente funcionan como una «dación en pago» (pago en especie), motivo por el cual deberían respetar el tope del 20% previsto. La ley de modernización laboral no dictaminó nada al respecto», sostiene Sabin.

«Se consideraría al pago en criptomonedas como pago en especie, debiéndose respetar el límite del 20%«, señala Julián Ortíz, de Lisicki, Litvin & Abelovich.

«La entrega de criptomonedas sería un pago en especie, jurídicamente viable, pero solo en la proporción del 20% que autoriza la ley. Lo que sí hace la reforma laboral es habilitar el pago en moneda extranjera con el propósito evidente de permitir el pago del salario en dólares», remarca Lalanne.

«Las criptomonedas no encuadrarían en la categoría de dinero o moneda extranjera, a la vez que entraña otras problematicas en el día a dia de la liquidación de sueldos ya que el empleado no puede tener una merma de su remuneración y son instrumentos cuyo valor fluctúa frecuentemente, salvo en los casos que estan atados a una moneda fiat«, adiverte Tellado.

Mariana Medina, abogada del estudio Grispo & Asociados, recalca que la reforma no reconoce a las stablecoins como moneda extranjera: «Se puede cobrar en dólares, pero USDT no es considerada moneda extranjera». Medina cita la enmienda a la Ley de Contrato de Trabajo que introduce el proyecto aprobado, que plantea que «el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera. Las prestaciones complementarias que no resulten beneficios sociales en los términos del artículo 103 bis de esta ley, sean en dinero o en especie, integran la remuneración del trabajador».

Qué dice sobre stock options para los directivos

«Un tema importante a analizar es que el nuevo artículo 105 excluye del concepto «remuneración» a los sistemas de distribución de utilidades o ganancias, de derechos accionarios, de cobro de dividendos y de realización de las acciones o títulos otorgados por el empleador durante la vigencia del contrato de trabajo», subraya Sabin.

Esto es «según las partes lo hubiesen pactado o el empleador voluntariamente lo decida, en la oportunidad y con las modalidades que este último defina con arreglo a las normas del derecho comercial aplicables en cada caso y con los límites que la Autoridad de Aplicación establezca», puntualiza.

«Es decir, los planes de compensación en acciones de la empresa podrían pasar a ser considerados no remunerativos (no devengarían conceptos laborales como SAC ni tampoco se encontrarían sujetos a cargas sociales)«, advierte.

De esta manera, las empresas podrán pagar en especie el salario hasta el 20% del monto y, cuando avance la reglamentación, se sabrá qué pasa con los luncheon tickets, los pagos en mercadería o las criptomonedas.

El precio de la carne vacuna aumentó 75% el último año, más del doble de lo que en igual período lo hizo el nivel general de precios, y si bien los precios difícilmente puedan seguir subiendo, debido a las limitaciones de la demanda, pero tampoco bajarán, pues hay “una crisis de oferta sin precedentes”, dijo David Miazzo, economista especializado en el sector agropecuario.

“Este es un problema de precios relativamente altos que van a persistir durante un tiempo más”, explicó, pues “el ciclo ganadero es lento y la recomposición demandará entre dos y tres años”.

Miazzo, que fue economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) y tiene ahora su propia consultora, Data Miazzo, dijo que la actual situación, de precios altos, baja demanda y fuerte caída del consumo, “responde a una contracción productiva derivada de la sequía extrema de 2022 y 2023, que obligó a los productores a liquidar sus rodeos ante la falta de pasto, eliminando la máquina de producir terneros”.

Con la mejora climática, explicó el especialista, entrevistado por radio Splendid, el sector inició un proceso de retención de hacienda para recomponer el stock. Eso, a su vez, demora la llegada de animales a la faena y mantiene los valores en niveles críticos que no se revertirán en el corto plazo.

“Tenemos un proceso de contracción de oferta, básicamente hay menos oferta de carne y esto no termina siendo otro juego que un juego de oferta y demanda”, fundamentó el especialista, quien atribuyó la escasez de animales a la pasada crisis climática y la decisión de los productores de recomponer sus rodeos.

“En 2023 tuvimos bajos precios de la carne porque tuvimos sobreoferta; el productor tenía 100 vacas, no tenía qué darles de comer y tuvo que venderlas”. Con la vuelta de las lluvias, prosiguió, el productor prefiere ahora mantener al animal en el campo para que gane kilos, lo que estira los plazos de producción. “Un animal que antes era un ternero y rápidamente iba a faena, ahora entra en lo que se llama un proceso de recría; eso hace que la oferta se quede en el campo más tiempo”, señaló.

No obstante, Miazzo aclaró que así como no hay razones para la baja de precios, tampoco es probable que sigan subiendo, pues está limitado por el poder adquisitivo de los consumidores. “No creo que pueda subir mucho más mientras que el poder de pago de los compradores, nosotros que somos los que vamos a la carnicería, no mejore”.

De hecho, como informó hace una semana Infobae, en enero la venta de carne vacuna cayó 13% y el consumo per cápita fue el más bajo de los últimos 20 años, según surge de datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Cicra)

En ese contexto, explicó Miazzo, “este es un problema de precios relativamente altos que van a persistir durante un tiempo más”, ya que el ciclo ganadero es lento y la recomposición demandará entre dos y tres años. El consumidor, agregó, “termina sustituyendo por preferencia o por precio relativo”, lo que apunta a una transformación de la dieta de las familias ante la imposibilidad de convalidar los nuevos costos del asado.

Según los más recientes datos de Cicra, el promedio móvil de consumo de carne vacuna por habitante de los últimos doce meses fue de 47,9 kilos/año al cierre del primer mes del año, una baja del 0,5% respecto al promedio registrado en enero de 2025, consolidando una tendencia decreciente que llevó ese indicador a su punto más bajo en las últimas dos décadas.

Ya en diciembre pasado la Sociedad Rural había enumerado en un extenso documento 10 razones del aumento del precio de la carne y por qué se trataba de un ciclo de retracción de oferta y precios altos que estaba apenas en sus inicios, algo parecido a lo que ahora enfatizó Miazzo.

Según los datos del Indec, si bien en enero la inflación minorista de 2,9%, en ese mes el precio del asado aumentó 5,6%, el de la carne picada común 3,1%, el del kilo de paleta 2,6%, el del cuadril, el de la nalga 3,3% y el de las hamburguesas congeladas envasadas 6 por ciento. Más aún aumentó el precio del principal sustituto cárnico de las variedades vacunas: según una lista de 60 productos que detalla el Indec, el mes pasado el precio por kilo del pollo entero aumentó 8,9 por ciento.

Desde junio de 2025, cada mes que el Indec difunde la tasa de inflación, aparece en escena el debate entre muchos economistas sobre si la inflación se ha vuelto difícil de combatir, o si responde a otros factores. Se exponen diferentes argumentos:

1. Algunos advierten que e asiste a un proceso de consolidación de la denominada “estanflación” (inflación con recesión),
2. Para el equipo económico, persiste la recomposición de precios relativos que afectan la variación del índice general -precios de servicios regulados que están atrasados respecto de un hipotético valor del equilibrio entre costos y tarifas vigentes-, por efecto de exceso de regulaciones e intervención en los mercados de bienes de tarifas que arrastraba la economía y que se intensificó en el gobierno anterior; y
3. Al mismo tiempio se debilita el argumento del “efecto monetario” que sostiene el presidente Javier Milei, porque con superávit fiscal y cero emisión de pesos para financiar al Tesoro persiste un creciente aumento mensual del índice general de precios, y además, en enero aumentó la tasa interanual respecto de la observada en diciembre.

A ese debate se sumó la decisión del Ministerio de Economía de suspender la difusión del nuevo índice de precios basada en la canasta de consumo de los hogares según la encuesta que el organismo oficial de estadística hizo en 2017/18 -más intensiva en servicios públicos y privados, y menos en alimentos y textiles e indumentaria, principalmente- porque fue interpretada como “manipulación o intervención del Indec, para no mostrar la realidad de la inflación”.

Este argumento ha sido calificado de falaz porque, según diversas consultoras especializadas en economía, además de lo corroborado por Infobae también pudo corroborar, en enero la tasa de 2,9% que informó el Indec con el “viejo” índice (2,88% con dos decimales como toma Anses para el aumento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares) hubiese arrojado 2,8% -ocho centésimas de punto porcentual menos- con la canasta de gasto más actualizada. La diferencia resulta mínima y no altera materialmente el resultado.

El anuncio de que en enero de 2026 comenzaría el nuevo índice fue el entonces director del Indec desde el 16 de diciembre de 2019, Marco Lavagna -en octubre de 2025- y no el ministro Luis Caputo. Nunca se explicó por qué se demoró tanto la difusión del nuevo índice, más allá de que por la pandemia de 2020 se atrasó en ese momento el procesamiento de los datos de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo 2017/18, y no se hizo en los años siguientes de la presidencia de Alberto Fernández.

La asignación de una partida específica para realizar la encuesta ENGHo 2026/27, desde mayo de 2026 a abril de 2027, permitiría contar con un índice actualizado en los primeros años del próximo gobierno, y así poder contar con mejores estadísticas de precios y sobre la medición de las canastas básicas de alimentos y total con servicios esenciales, claves para determinar los umbrales de pobreza e indigencia por ingresos.

El gobierno anterior al actual, con una inflación de 930,7%, los precios de los productos estacionales subieron 41,4% más que el índice general; el conjunto núcleo la superó en 7%, y los regulados fueron retrasados en 38,3 por ciento.

Una brecha similar se observó entre la comparación del promedio de los bienes de 11,8% más que la variación general y los servicios que se movieron 24,7% por debajo.

Si se toma como punto de referencia de equilibrio general la base diciembre de 2016 que mantiene el Indec para estimar la variación del IPC, correspondiente al primer año del gobierno de Cambiemos, se advierte que a enero de 2026 prácticamente no existe brecha entre los cambios de los índices de bienes y servicios (+0,3% y -0,1%, respectivamente), respecto del 10.313% que registró el nivel agregado.

En desagregados, los estacionales -los que más subieron el último mes (5,7%)- muestran aún un rezago de 12,3%, mientras que los regulados, con 1%, y el resto (núcleo), superó el nivel general en 2,4 por ciento.

Entre los 12 grandes rubros del Indec, los mayores aumentos sobre el promedio corresponden a: restaurantes y hoteles 23,3%, salud 11,4%, alimentos y bebidas no alcohólicas 8%, transporte 4,8%, y vivienda y servicios básicos de agua, electricidad, gas y combustibles 4,5 por ciento.

Por el contrario, se retrasaron: bebidas alcohólicas y tabaco 26,9%; prendas de vestir y calzado 24,9%; equipamiento y mantenimiento 17,5%; educación 14,5%; recreación y cultura 11,5%; comunicación 7,7% y bienes y servicios varios 2,6 por ciento.

Hasta el fin del período de Mauricio Macri: los cambios fueron escasos: recortaron la brecha los alimentos y perdieron los avances en salud, transporte y vivienda.

Por otra parte, si se comparan los índices del IPC al cierre del gobierno de Alberto Fernández, -noviembre de 2023- con los de enero de 2026, la suba acumulada es de 369,8%, y se identifican brechas sustanciales entre los distintos rubros y categorías.

El conjunto de bienes subió 10,6% menos que el nivel general, y el agregado de los servicios públicos y privados avanzaron 31,4% más.

Por categoría, el mayor aumento fue el de los regulados (37,2%), mientras que los estacionales retrocedieron 27,2% y la inflación núcleo lo hizo 2,6por ciento.

Por grandes divisiones ampliaron la brecha con el índice general: vivienda y servicios básicos 56,4%; comunicación 25,2%; bienes y servicios varios 20,2%; educación 18,6%; transporte 13,8%; restaurantes y hoteles 10,2%; y salud 3,1%. Se retrasaron: prendas de vestir y calzado 32,8%; equipamiento y mantenimiento del hogar 20,3%; recreación y cultura 9,7%; bebidas alcohólicas y tabaco 6,8%, y el conjunto de alimentos y bebidas no alcohólicas 5,5 por ciento.

De lo expuesto, si la referencia que toma el Gobierno para completar la eliminación de los desfases en los precios relativos entre los diferentes bienes y servicios que consumen los hogares es la estructura que dejó la presidencia de Cambiemos en noviembre de 2019, con un índice general del IPC que se elevó 3.811%, los mayores aumentos esperables por la política oficial de avanzar en la desregulación de la economía, excluidos los impredecibles estacionales, se concentrarán en comunicaciones; en menor medida en vivienda y servicios básicos para el hogar; educación y salud.

El resto de los bienes y servicios, por contrario, deberían moverse conforme a las reglas del mercado, en las cuales influyen los cambios en el poder de compra de los ingresos de los hogares, la apertura de la economía, y las tasas de interés, principalmente, y también los efectos de las desregulaciones acumuladas en casi 90 años de historia económica argentina.

Este último factor explica que, a pesar de dos años de estricta disciplina fiscal (lo que permitió al Gobierno cerrar el grifo de la emisión del BCRA para financiar el desequilibrio del Tesoro), la variación del IPC aún se ubica más cerca del 3% mensual en lugar de empezar con cero, como aspira el presidente Milei.

En países sin la maraña de regulaciones, cepos y trabas a la apertura comercial como las que caracterizaron a Argentina desde los años 40, los planes de estabilización demoraron hasta 8 años en mostrar sus frutos plenos, mientras los efectos netos de los cambios en política monetaria y demanda de dinero se vieron entre 18 y 24 meses.

El giro más reciente en ese sentido se observó en la previa a las elecciones legislativas, entre junio y octubre pasados.