El cierre de febrero tendrá complicaciones para quienes aún están gozando de vacaciones. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un nuevo cronograma de paros que comenzará a partir de hoy y afectará los despegues en todos los aeropuertos del país durante casi toda la semana.

La medida, anunciada este sábado y definida como “legítima acción sindical” por el gremio de controladores aéreos, responde a la falta de acuerdo en la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria.

Según lo informado, la protesta abarcará franjas horarias escalonadas y restringirá exclusivamente la autorización para el despegue de aeronaves, sin afectar operaciones ya en curso. Serán varios días que, previsiblemente, haya demoras o reprogramaciones para algunos vuelos, a excepción de las aeronaves en emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado o búsqueda y salvamento:

• El jueves 26, la medida de fuerza se aplicará a toda la aviación de 15 a 18.
• El viernes 27, se implementará la misma modalidad de 19 a 22.
• El sábado 28, se afectará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16.
• El domingo 1, a la aviación comercial regular con destino nacional de 9 a 12.
• El lunes 2 nuevamente a toda la aviación de 5 a 8.

La modalidad de cada medida varía según el tipo de vuelo afectado: los días señalados como “toda la aviación” incluyen despegues de todos los aeropuertos y categorías; las jornadas destinadas a “aviación general y no regular” comprenden exclusivamente vuelos privados, taxis aéreos y no comerciales, sin importar el destino; en tanto, la restricción a la “aviación comercial regular con destino nacional” impacta solo en vuelos regulares dentro del país.

Durante los horarios de paro, tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se suspenderán actividades administrativas no críticas. La acción sindical excluye cualquier tarea que pudiera afectar operaciones ya iniciadas, como el mantenimiento en equipos en uso y la mensajería de NOTAM y comunicaciones.

El conflicto entre Atepsa y EANA se extiende desde hace varios meses y combina reclamos salariales con denuncias sobre el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). En agosto del año pasado, las partes acordaron un aumento del 15% en cuatro tramos, lo que permitió una suspensión temporal de las protestas.

Sin embargo, la reanudación de asambleas y paros en noviembre y diciembre derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea recordó que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley, lo que limita el alcance de las medidas de fuerza sindical. El sindicato solo puede anunciar paros con al menos cinco días de antelación y sin afectar más del 45% de las operaciones, según la normativa vigente.

Al tratarse de una empresa pública, la discusión salarial no se resuelve de manera individual, sino que es la Oficina Nacional de Empleo Público el área que establece el marco de referencia que el Gobierno ofrece a los gremios. La disputa entre EANA y ATEPSA también involucra investigaciones judiciales y denuncias penales por presuntas maniobras irregulares que alcanzan a ex y actuales autoridades.

Las medidas de fuerza se suman a otra semana difícil para los viajeros, a raíz del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), al que se plegaron los gremios aeronáuticos en rechazo a la reforma laboral. El cese de actividades llevó a las aerolíneas a modificar itinerarios, generar cancelaciones y reprogramaciones, con un estimado de más de 65.000 pasajeros afectados.

Entre los sindicatos que se plegaron a la medida figuran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero cruza depósitos digitales con facturación declarada y ya notificó recategorizaciones y posibles exclusiones

25/02/2026 – 17:47hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un proceso de recategorización de oficio para monotributistas basado en los movimientos detectados en billeteras virtuales durante 2024 y 2025. La medida ya comenzó a impactar en miles de contribuyentes, que están recibiendo notificaciones en su domicilio fiscal electrónico.

El organismo realiza un cruce de datos entre los depósitos informados por las plataformas digitales y la facturación declarada en el régimen simplificado. Cuando detecta diferencias significativas, procede a modificar la categoría del contribuyente o incluso a excluirlo del monotributo.

La campaña de control coincidió con la última recategorización semestral. ARCA había advertido que los monotributistas debían actualizar su situación hasta el jueves 5 de febrero, en el marco del esquema habitual que prevé dos revisiones al año. Sin embargo, este año el proceso incorporó un elemento adicional: en el apartado «Nuestra Parte» del sitio oficial, cada contribuyente pudo visualizar el monto de depósitos en billeteras virtuales que el organismo tenía registrados.

Monotributo: cómo funciona el sistema de ARCA que controla los gastos

El mecanismo se apoya en un sistema informático denominado MOREO (Monotributo – Recategorización de Oficio). Esta herramienta permite cruzar información de manera automática y modificar categorías cuando los ingresos o gastos superan los límites establecidos para cada escala.

Las billeteras virtuales están obligadas a informar mensualmente a ARCA los movimientos de sus usuarios. A partir de esos datos, el sistema:

• Consolida todas las cuentas asociadas a un mismo CUIT, incluso si el contribuyente utiliza varias aplicaciones.
• Suma el total de dinero ingresado en el período analizado.
• Compara ese monto con la facturación emitida bajo el Monotributo.
• Detecta desvíos cuando los ingresos digitales superan ampliamente lo declarado.

Si la diferencia es considerable, el sistema presume la existencia de ventas no facturadas y dispone una recategorización automática. En los casos más extremos, puede derivar en la exclusión del régimen simplificado.

Desde 2026, los controles se volvieron más estrictos y automatizados. ARCA ya no analiza operaciones aisladas, sino que evalúa el perfil integral del contribuyente, tomando en cuenta ingresos, gastos y movimientos financieros.

Billeteras virtuales: falta de distinción entre ingresos laborales y personales

Uno de los principales puntos de conflicto es que el sistema no distingue entre operaciones vinculadas a la actividad comercial y transacciones personales. Es decir, suma la totalidad de los depósitos recibidos en billeteras virtuales sin discriminar si corresponden a ventas, transferencias entre cuentas propias, préstamos familiares o simples movimientos internos.

Esta metodología genera preocupación entre los monotributistas, ya que podría provocar recategorizaciones que no reflejan un incremento real en su nivel de ingresos. Por ejemplo, transferencias entre distintas billeteras de un mismo titular o depósitos por conceptos ajenos a la actividad económica podrían ser interpretados como facturación no declarada.

Las notificaciones enviadas por ARCA establecen que el contribuyente tiene 15 días hábiles administrativos para presentar un recurso si considera que la recategorización es incorrecta. De no hacerlo en ese plazo, el cambio de categoría queda firme y ya no puede modificarse.

El trámite debe realizarse exclusivamente a través del sistema de «Presentaciones Digitales», donde el usuario tiene que adjuntar documentación que respalde su posición. Esto puede incluir extractos bancarios, comprobantes de transferencias entre cuentas propias o cualquier otro elemento que demuestre que los fondos no corresponden a ingresos gravados.

El nuevo esquema marca un cambio profundo en la fiscalización del Monotributo. La digitalización de pagos y el crecimiento de las billeteras virtuales ampliaron la capacidad de control del fisco, pero también abrieron un debate sobre la precisión de los cruces automáticos y el riesgo de generar ajustes que no contemplen la realidad económica de cada contribuyente.

En este contexto, los especialistas recomiendan revisar periódicamente los movimientos financieros, conservar documentación respaldatoria y verificar la información publicada en el servicio «Nuestra Parte» para evitar sorpresas. Con controles cada vez más integrales y automatizados, el Monotributo entra en una nueva etapa donde los movimientos digitales pueden definir la permanencia en el régimen.

El Ministerio de Economía concretó hoy la colocación de un bono en dólares a 2027, adjudicando USD 150 millones a una tasa de interés efectiva anual de 5,89%. El precio de corte fue de USD 1.004,50, lo que ubicó el rendimiento por debajo del cupón fijo del 6% con el que fue ofrecido. El valor nominal ofertado alcanzó los USD 868 millones, pero el Tesoro adjudicó solo una fracción de ese monto, tal como lo había anunciado. Esta emisión, bajo ley local, apunta a reunir dólares para afrontar un vencimiento de USD 4.200 millones el 9 de julio y otros compromisos, en un contexto en el que el acceso al financiamiento internacional para el sector público permanece restringido por el nivel del riesgo país, que ronda los 543 puntos.

El nuevo instrumento se diseñó para captar parte de la liquidez que permanece ociosa en el sistema financiero argentino, y se orienta a competir directamente con alternativas como plazos fijos y fondos comunes de inversión en dólares para tentar empresas y familias que pueden financiar al Tesoro. El atractivo adicional de este bono radica en que paga intereses mensualmente, lo que apunta a un perfil de inversor conservador que busca rentabilidad en moneda dura pero está dispuesto a exponerse a los riesgos de la deuda soberana argentina.

El contexto de la colocación revela una dinámica inusual para la deuda del sector público nacional: el Tesoro nacional no logra acceder a los mercados internacionales con bonos soberanos, mientras que empresas y provincias sí lo hacen y con todo éxito. Este fenómeno para nada habitual se desarrolló en los últimos meses y se vincula directamente con la ausencia del Estado nacional como emisor relevante en el mercado externo. Con el riesgo país en niveles elevados, el Ministerio de Economía no consigue colocar deuda soberana global a tasas inferiores a los dos dígitos, lo que la vuelve antieconómica. De esa forma, las empresas y algunas provincias aprovecharon el espacio vació y salieron a buscar dólares fuera del país en condiciones más favorables.

Incluyendo la licitación de ayer de Pluspetrol, las emisiones corporativas y sub-soberanas acumulan USD 10.700 millones desde las elecciones legislativas a esta parte. Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba lograron montos de entre USD 600 y 800 millones cada una, mientras que otras jurisdicciones y empresas privadas como IRSA, Vista, Tecpetrol y YPF también participaron activamente en el mercado. Los datos oficiales muestran que, en el mismo período, los privados accedieron a tasas inferiores a las que pagaría el Tesoro, una situación poco habitual en el mercado de deuda internacional de países emergentes.

El propio Gobierno nacional reconoce este fenómeno y lo describe como un “crowding in”: la salida del Tesoro del mercado internacional habilitó espacio para que el sector privado y las provincias se financien con mayor facilidad. La situación contrasta con el clásico “crowding out”, donde el Estado, al financiarse en grandes volúmenes, desplaza al sector privado y encarece el costo del crédito para compañías y gobiernos subnacionales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, optó ante esta situación anómala por recurrir al mercado local para cubrir las necesidades de financiamiento en moneda extranjera. No es la primera vez. En diciembre, el Tesoro colocó USD 1.000 millones en Bonar 2029 a una tasa de 9,26% anual, también bajo ley argentina. Parte de esos fondos se utilizó para afrontar vencimientos de deuda en enero. El resultado de esa operación marcó un antecedente para la estrategia actual, que apunta a captar dólares disponibles en bancos nacionales, evitando la exposición a tasas internacionales aún más altas.

La novedad de esta nueva emisión es que con su plazo más corto, vence dentro de este período presidencial, y la importante disponibilidad de dólares en depósitos bancarios locales, el costo financiero fue mucho menor. El mercado local hoy se caracteriza por la existencia de una gran masa prestable en dólares que no se transforma en crédito productivo. Los depósitos del sector privado en moneda extranjera superan los USD 38.000 millones, según los últimos datos del Banco Central (BCRA). Esta acumulación es reciente. Una revisión de la serie histórica muestra que, desde febrero de 2024, el stock de depósitos en dólares creció de 16.001 millones a más de 38.000 millones en febrero de 2026. El ritmo de incremento se aceleró en el segundo semestre de 2024 y en los primeros meses de 2025, reflejando un regreso todavía lento pero nada despreciable de familias y empresas a un sistema financiero que nunca terminó de superar la confiscación de depósitos de 2001.

El hecho de que exista una enorme masa prestable que no se transforma en crédito en dólares se deba a normas macroprudenciales que el BCRA implementó tras la crisis financiera de ese mismo 2001. El régimen limita hoy la posibilidad de prestar dólares a empresas o clientes que no tengan ingresos genuinos en esa moneda, para evitar los riesgos de descalce entre activos y pasivos en divisas. Solo exportadores y sectores directamente relacionados pueden acceder a crédito en dólares. La mayoría de los clientes bancarios, con ingresos en pesos, queda fuera de ese mercado por las restricciones regulatorias que buscan evitar otro colapso bancario como el de principios de siglo. De esta forma, los bancos mantienen grandes sumas en dólares que no pueden colocar como préstamos y buscan alternativas de inversión para volverlos rentables

Caputo identificó en esa liquidez ociosa una oportunidad para financiar al Tesoro. El bono a 2027, con intereses mensuales, apunta a captar la atención de ahorristas y fondos que hoy tienen sus dólares inmovilizados en el sistema financiero. El diseño del instrumento emula el esquema de las Letes en dólares que el hoy Ministro de Economía utilizó en el Ministerio de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri, focalizado en inversores locales que buscan rendimiento en moneda dura sin exponerse a riesgos del mercado internacional.

El atractivo del nuevo bono se apoya en su estructura: paga intereses cada mes y, con un un cupón del 6% anual, y busca competir con el rendimiento de plazos fijos en dólares y fondos comunes de inversión. en moneda extranjera.

Los bancos de capital nacional observan la estrategia oficial con reservas. Desde el sector señalan que la persistencia de las normas macroprudenciales mantiene limitada la demanda de crédito en dólares, lo que restringe la rentabilidad de las entidades y reduce el potencial de canalización de ahorro hacia la economía real. Autoridades bancarias expresan que una flexibilización regulatoria parcial permitiría ampliar el universo de potenciales tomadores de crédito en dólares y dinamizar la cartera de préstamos, siempre bajo medidas de control más sofisticadas para evitar riesgos sistémicos. Por ahora, la postura oficial es mantener el esquema vigente y aprovechar la masa prestable disponible para financiar al Tesoro.

El crecimiento del stock de depósitos en dólares del sector privado se consolidó como un dato central para entender la estrategia del Ministerio de Economía. Cómodo con el crowding in en el mercado internacional, Caputo parece haber optado sin temor por el crowding out en lo que hace a la disponibilidad de divisas en el mercado local.

La evolución de los depósitos en dólares refleja un fenómeno de confianza parcial: los ahorristas eligen mantener su liquidez en bancos locales, pero no encuentran opciones atractivas de inversión fuera del sistema financiero. El bono en dólares a 2027 se diseñó como un intento de dar respuesta a este escenario, ofreciendo una alternativa que combina seguridad, liquidez y rendimiento superior al promedio del mercado local. El hecho de que se ofrecieran más de USD 800 millones para una emisión de USD 150 como máximo (se extenderá hasta los USD 2.000 millones con emisiones cada dos semanas).

El desempeño de los depósitos en dólares y la evolución de la masa prestable seguirán bajo observación en los próximos meses. El impacto de la colocación sobre la liquidez bancaria y la respuesta de los inversores al nuevo bono serán factores relevantes para evaluar la sostenibilidad de la estrategia oficial. El sector financiero, mientras tanto, mantiene su reclamo por una regulación más flexible que permita canalizar parte de esa liquidez hacia el crédito productivo, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. Los bancos no ven la hora de poder aprovechar esos mismos dólares de los que acaba de hacer uso Caputo.