Argentina experimenta un panorama de calma cambiaria debido a un aumento del flujo de dólares y pocos pesos en circulación. El carry trade crece de la mano de inversores atraídos por los rendimientos en moneda local, mientras los analistas prevén que la paz del tipo de cambio podría mantenerse en el corto plazo, sostenida por la colocación de deuda corporativa y subsoberana (provincias) y la liquidación de divisas del sector agroexportador.

El canrry trade consiste en tomar deuda en una moneda con bajas tasas de interés y colocar ese capital en activos que ofrezcan mayores rendimientos en otra divisa. En Argentina, el esquema suele usarse para vender dólares e invertir en instrumentos en pesos, beneficiándose de las tasas de interés elevadas que ofrece el mercado local. Factores como la estabilidad o caída del dólar y la falta de pesos hacen atractiva esta maniobra.

La estabilidad cambiaria responde a un buen flujo de divisas, especialmente por exportaciones, lo que refuerza la oferta de dólares en el mercado.

Al mismo tiempo, la política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA) refuerza la escasez de pesos. El organismo compra divisas a fin de acumular reservas -sumó compras por más de USD 2.300 millones en el año– y para ello emite pesos que no esteriliza, aunque parte de esa liquidez se retira rápidamente.

Esto ocurre porque el Tesoro, a través de licitaciones de deuda en moneda nacional, capta esos pesos y los saca de circulación, evitando un exceso de dinero en la economía.

Esta combinación propicia que los inversores elijan vender dólares para aprovechar las tasas de interés en pesos, con el riesgo de devaluación disminuido por la estabilidad cambiaria y el valor de los activos locales sostenido por la falta de circulación de moneda nacional. El carry trade así se consolida como la estrategia predilecta en este ambiente.

La mayor afluencia de dólares respecto de su demanda ratifica la calma cambiaria, estimulando la inversión en bonos del Tesoro de corto plazo, tanto a tasa fija como atados a la inflación. Estos instrumentos usualmente ofrecen retornos superiores a la inflación prevista y resultan tentadores también medidos en dólares.

Como consecuencia, disminuye la compra de divisas por parte de actores privados y, en algunos casos, se observa un proceso de desdolarización de carteras, revirtiendo la dinámica que tuvo su pico en los meses previos a las elecciones legislativas de octubre de 2026.

Desde la consultora LCG consideraron que hay una oferta de dólares “por encima de lo habitual” que se explica, principalmente, “por colocaciones corporativas y de provincias y el impulso que tomaron los préstamos en moneda extranjera, todos con obligación de ser liquidados en el Mercado Libre de Cambios (MLC)”.

“El carry cubierto que promueve el Gobierno, convalidando tasas en pesos por encima de la inflación esperada en un contexto de menores expectativas de depreciación, luce como el nuevo puente hasta que ingresen los dólares de la cosecha en el segundo trimestre“, plantearon los especialistas de la consultora.

El análisis de los especialistas de la consultora Cohen Aliados subraya que el mercado local muestra una dinámica más ordenada y un tipo de cambio controlado, respaldado por una oferta de divisas suficiente para responder a la demanda, lo que genera un entorno favorable para el carry trade en el corto plazo.

Los economistas de Invecq destacan que la coyuntura combina una demanda sostenida de instrumentos en pesos, una oferta elevada de dólares y un contexto internacional favorable para las monedas regionales, elementos que contribuyen a mantener el atractivo del carry trade y la apreciación del tipo de cambio.

Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, manifestó a Infobae que la contracción de las importaciones también juega a favor de la calma cambiaria, ya que reduce la salida de divisas: “Vemos que en los últimos meses, la demanda de importaciones de bienes de consumo está más deprimida. Entonces, eso permite que el Gobierno logre, través del Banco Central, comprar divisas. Pasó de USD 55 millones por mes en enero a la zona de USD 91 millones en febrero. Está logrando acumular divisas y eso generó un ciclo virtuoso de mayor confianza también”.

“No es un carry 100% seguro, porque uno ve que el tipo de cambio se aleja cada vez más del techo de la banda: está un 13% por debajo. No es como el que había cuando había un crawling peg en 2024. Pero sí es como que se reactivó un poco ese mecanismo de adelantamiento de exportaciones a través de prefinanciaciones y de postergar decisiones de importación, que sumado a una demanda más deprimida en el mercado local de bienes», puntualizó Carrera.

GMA Capital observa que el avance de la acumulación de reservas, sumado a la constante absorción de pesos y a la calma en el mercado cambiario, está modificando la dinámica financiera de corto plazo. Sin embargo, su último informe destacó que la sostenibilidad del esquema “no deja de estar condicionada también por la administración de las condiciones en la plaza en pesos” y la trayectoria inflacionaria.

“La aceleración en la inflación abre la puerta a dos eventuales riesgos adicionales para el esquema macro. Por un lado, el tipo de cambio nominal aumentó apenas un 0,1% en enero, configurando una nueva apreciación del tipo de cambio real, que ya se ubica en niveles similares a los de inicios de julio del año pasado. De persistir esta dinámica, la fortaleza del peso podría comenzar a tensionar la competitividad comercial externa, presionando sobre la demanda de divisas y dificultando el proceso de acumulación de reservas del Central”, plantearon los analistas de GMA Capital.

“Además, si bien el carry continúa ofreciendo retornos positivos en dólares con el tipo de cambio estable, una inflación que no termina de converger reduce la tasa real en pesos (-3% Tasa Nominal Anual con plazos fijos y -10% TNA con cauciones) y exige sostener un diferencial atractivo para que la demanda de moneda local no se debilite».

Consultado sobre cuánto se puede extender la quietud del dólar, Gonzalo Carrera remarcó que “por ahora estamos en un sendero de confianza, donde el mercado no espera grandes turbulencias”, pese a que el dólar futuro a marzo exhibe que “el tipo de cambio estaría más cercano a los $1.450 que a los 1.400 pesos″.

“A medida que nos acerquemos a la liquidación de divisas de la cosecha gruesa, y más a finales de abril o principio de mayo, habrá que seguir de cerca en qué medida se sigue dando este sendero virtuoso, el que permita al agro liquidar o si hay incentivos para que exista algún tipo de suba más acelerada del tipo de cambio”, añadió Carrera.

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, consideró que el tipo de cambio todavía tiene margen para seguir descendiendo en las próximas semanas. “La oferta actual no solo proviene del sector exportador, sino también de colocaciones corporativas que siguen volcándose al mercado, lo que amplía la fuente de divisas y reduce presión puntual sobre la brecha”, concluyó.

El debate por la reforma laboral que se discute en el Congreso incluyó un artículo en la Ley de Impuesto a las Ganancias que establece un régimen especial para extranjeros que obtienen la ciudadanía argentina por inversiones relevantes en el país.

Esta modificación, parte del nuevo paquete legislativo, determina que estas personas no serán consideradas residentes fiscales únicamente por su naturalización, lo que genera interrogantes entre tributaristas que sospechan que la medida podría estar dirigida a beneficiarios concretos.

La semana pasada, la Cámara de Diputados abordó el proyecto de reforma laboral y el diputado de Unión por la Patria, Guillermo Michel, expuso el esquema normativo propuesto para quienes acceden a la ciudadanía a través de inversiones. De acuerdo con el artículo 194, la Ley de Impuesto a las Ganancias incorpora un agregado en el artículo 116: se aclara que las personas humanas extranjeras que obtienen la ciudadanía argentina por naturalización, gracias a inversiones relevantes, no serán consideradas residentes fiscales solo por ese motivo.

La norma precisa que, a efectos exclusivos del inciso b) del artículo 116, los extranjeros que adquieren la ciudadanía mediante inversiones continuarán siendo considerados de nacionalidad extranjera, salvo que ya fueran residentes permanentes al momento de obtener la ciudadanía. Así, se introduce una excepción en el tratamiento fiscal que, hasta ahora, equiparaba el estatus de los naturalizados con el de los ciudadanos nativos.

Noelia Girardi, gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich, aportó una visión técnica. En diálogo con Infobae, Girardi explicó: “La norma establece que esa naturalización no implica, por sí sola, que la persona pase a ser considerada residente fiscal en Argentina”. Según la especialista, “tener ciudadanía argentina no significa automáticamente tener que tributar como residente. La residencia fiscal sigue dependiendo de otros criterios, como la permanencia en el país por más de 12 meses, y no del simple hecho de haberse naturalizado”.

El concepto de residencia fiscal resulta central para determinar la extensión de las obligaciones tributarias. En Argentina, los residentes fiscales tributan bajo el criterio de renta mundial, es decir, deben declarar y pagar impuestos por las ganancias obtenidas tanto en el país como en el exterior; los no residentes solo tributan por rentas de fuente argentina. Girardi advirtió: “Si la obtención de la ciudadanía implicara automáticamente adquirir residencia fiscal, un inversor podría quedar obligado a tributar por la totalidad de sus ingresos globales”.

La modificación, según la gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich, “aporta previsibilidad y evita que la naturalización por inversión genere, en forma automática, una carga fiscal más amplia. De este modo, se fomenta y promueve la inversión extranjera, dado que quienes no configuren residencia fiscal seguirán tributando únicamente por lo que generen en Argentina”. Para la especialista, “este tipo de normativas contribuye a mejorar la competitividad dando claridad y certeza ante futuras inversiones”.

El texto del proyecto establece en su primer párrafo que “las personas humanas extranjeras que hubieran obtenido la ciudadanía argentina por naturalización en virtud de haber realizado inversiones relevantes en el país, en los términos del inciso 2 del artículo 2° de la Ley de Ciudadanía N° 346 y sus modificaciones, no serán consideradas residentes fiscales en los términos del inciso a) del presente artículo por el solo hecho de dicha naturalización”.

En el segundo párrafo aclara que, para la aplicación del inciso b), esas personas serán consideradas de nacionalidad extranjera. Solo recibirán la condición de residente fiscal quienes ya fueran residentes permanentes al momento de obtener la ciudadanía por inversión.

Martín Caranta, socio del departamento de impuestos del mismo estudio de Girardi, manifestó ciertas reservas: “Es raro. Sinceramente, no termino de entender qué fin tiene esa modificación. Lo que hace es demorar que tributen en Argentina como sujetos residentes. Es decir, por las ganancias del país y del exterior. Van a ser residentes fiscales cuando cumplan los 12 meses en el país”.

El debate se amplía con el aporte de Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. El especialista detalló que, hasta ahora, si la persona es residente fiscal, tributa Ganancias por rentas en el país y en el exterior, mientras que los no residentes solo tributan por rentas de fuente argentina. Así, una persona de nacionalidad argentina naturalizada pasa a ser residente fiscal por obtener la ciudadanía. Pero con el cambio propuesto, podría perder la condición de residente fiscal si permanece doce meses en el exterior.

Domínguez describió el nuevo régimen: “Por el solo hecho de pasar a ser ciudadano argentino por naturalización, por haber realizado una inversión relevante, deja de estar en el inciso a) del artículo 116, deja de considerarse como si fuera un nacional argentino. Estas personas que se naturalizaron por inversión relevante, encuadran en el inciso b) y van a ser residentes fiscales si estuvieron 12 meses en el país. No es que estén exentos del impuesto a las Ganancias; ese extranjero que obtiene la ciudadanía argentina por naturalización o inversión relevante, lo que puede pasar es que no sea considerado residente y solo tributaría por la fuente de renta argentina y no las que tiene en el exterior”.

El CEO de SDC Asesores Tributarios ilustró el impacto del cambio con un ejemplo: “Podrías tener un argentino que tiene vivienda permanente en el país. Está del 1° de enero al 15 de agosto viviendo acá, y se va del 16 de agosto a fin de año a Estados Unidos, donde tiene otra propiedad. Esa persona, a los fines del impuesto a las Ganancias, es residente fiscal argentino. En cambio, supón un estadounidense que viene a la Argentina, obtiene la ciudadanía por naturalización. Hoy, es igual que si fuera un argentino nativo, sería residente fiscal argentino”.

Con la nueva normativa, esa persona sería considerada como extranjera a efectos fiscales. Si está en Argentina del 1º de enero al 15 de agosto y luego pasa el resto del año en Estados Unidos, no se lo consideraría residente fiscal argentino. Domínguez concluyó: “No hay duda de que ahí hay un tratamiento disímil, pero el objetivo de esto es fomentar las inversiones”.

De acuerdo con Domínguez, el nuevo marco legal apunta a incentivar que personas humanas extranjeras realicen inversiones relevantes para obtener la ciudadanía argentina por naturalización, sin que ello implique automáticamente tributar por sus rentas globales. Así, estos inversores solo pagarían impuesto a las Ganancias por las rentas generadas en Argentina, siempre que no permanezcan 12 meses en el país.

La reforma laboral y su vínculo con el régimen fiscal para inversores extranjeros provoca posiciones encontradas en el sector tributario, entre quienes valoran la previsibilidad y la promoción de inversiones, y quienes observan interrogantes sobre el alcance y la equidad del nuevo esquema.

El Ministerio de Economía oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA. La medida fue adoptada a través de la resolución 174/2026, una semana después de que el titular de la cartera Económica, anunciara la fase “B” de la Etapa II.

Esta iniciativa también comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

La Secretaría de Transporte tuvo a su cargo la propuesta de tramos de la red vial nacional a concesionar, la verificación del estado actual de los mismos y la elaboración de la documentación licitatoria y contractual. Los tramos comprendidos en esta etapa incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016.

También se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada tramo. Toda la documentación puede ser consultada y descargada por los interesados en la plataforma CONTRAT.AR. ( y hay tiempo hasta el “04/05/2026 a las 13:00 horas”.

En tanto para la presentación de las ofertas, la fecha límite es el 18 de junio, al mediodía.

La resolución detalla que “el llamado a licitación será publicado en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía por el término de siete (7) días, y en el sitio web del Banco Mundial denominado ‘DGMARKET’ por el término de tres (3) días corridos”. Para el procedimiento, el Gobierno ordenó la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, la cual estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que ya fueron designados.

La semana pasada se lanzó una nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias, correspondiente a la Etapa II-B. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien especificó que la convocatoria es de alcance nacional e internacional y comprenderá cuatro corredores estratégicos. “Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, afirmó.

El proyecto sustituye al esquema deficitario vigente por un modelo sin subsidios, enfocado en, según lo mencionado por Caputo, alegando “más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”. Las obras se ejecutarán en la rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188, 193 y en los accesos A005 y A008, además de las 7, 9 y 12 que se mencionan también en la nueva resolución.

La fase II-B cubrirá Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis y estará dividida en cuatro tramos: el tramo Mediterráneo, de 672 kilómetros, que conecta el centro productivo del país; el tramo Puntano, de 720 kilómetros, definido como corredor de integración interprovincial y carga de larga distancia; el tramo Portuario Sur, que incluye 637 kilómetros hacia accesos portuarios y nodos logísticos; y el tramo Portuario Norte, de 528 kilómetros, orientado a fortalecer la conectividad con polos industriales y portuarios del centro del país.

Al igual que el reciente lanzamiento, la fase II se enmarca en el Proyecto Red Federal de Concesiones, que prevé la gestión de la operación y mantenimiento de los corredores viales por parte del sector privado. En su conjunto, prevé la concesión demiles de kilómetros de rutas nacionales, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En la publicación en X, Caputo remarcó que la Etapa II-B se desarrollará bajo un esquema“sin subsidios”, con mayor competencia entre oferentes y reglas orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión vial.