La empresa multinacional de origen español Urbaser quiere vender su filial en Argentina, que emplea a unas 3.500 personas y genera un ingresos antes de impuestos por cerca a 80 millones de euros anuales. La operación se estima en un valor 350 millones de euros y fue encomendada al Banco Santander, según informó el diario Expansión.

La operación se realiza de manera independiente del proceso de venta global de la compañía. La filial argentina quedó excluida de la transacción principal por la cual Blackstone y EQT adquirieron el resto del grupo Urbaser por 5.600 millones de euros. Se la compraron al fondo estadunidesne Platinum Equity que, según Expansión, fue quien ya contrató los servicios de Santander para vender la compañía en el país.

“La Argentina quedó fuera de la transacción acordada con Blackstone y EQT para adquirir Urbaser por 5.600 millones de euros, por lo que Platinum le encargó a Santander la venta por separado del negocio de gestión de residuos en esta región”, dijo el medio español, que especificó que más allá de la presencia del grupo en diversos mercados, “quedó excluido” el negocio en la Argentina.

Urbaser es un jugador importante a nivel global en el negocio de los servicios medioambientales. Gestiona 150 plantas de tratamiento de residuos en una red que abarca más de 42.000 empleados distribuidos en 15 países.

En la Argentina, la compañía desarrolla servicios de gestión integral de residuos, que incluyen recolección, tratamiento y valorización. Inició actividades alrededor de 1996 y actualmente concentra su negocio en la gestión de residuos, en línea con su modelo global de economía circular. En la actualidad opera bajo la sociedad Urbaser Inversiones Argentina SL, constituida en diciembre de 2023.

En la operación principal de cambio de manos del grupo, Blackstone y EQT se repartirán el accionariado en partes iguales e inyectarán 1.300 millones de euros cada uno, destinados en parte a repagar un préstamo de aproximadamente 1.000 millones de euros, además de asumir cerca de 3.000 millones de euros de deuda.

El acuerdo que sellaron Platinum Equity con Blackstone y EQT representa la segunda mayor adquisición por capital riesgo en España en términos de valor empresarial, solo superada por la de Cepsa en 2019.

De acuerdo con información de Europa Press, Urbaser presta servicios a escala global desde hace más de treinta años, y se ha consolidado como un actor principal en la provisión de soluciones integrales de gestión de residuos y servicios medioambientales, con especial foco en la maximización del reciclaje y la recuperación de recursos.

Los servicios de Urbaser cubren tanto la administración de contratos municipales como el servicio a clientes industriales, desarrollando su actividad en amplios segmentos del sector ambiental. Su consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, valoró la operación como un reconocimiento al potencial de generación de valor de la empresa. “Afrontamos con ilusión esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos”, señaló el directivo, citado por Europa Press.

Urbaser ha destacado su apuesta por la innovación en el sector, lo que se refleja en su experiencia en el desarrollo y explotación de plantas de valorización energética de residuos, conocidas como ‘energy-from-waste’, y en la gestión de otras infraestructuras avanzadas. Este enfoque ha permitido reforzar la sostenibilidad en toda la cadena de valor de la gestión de residuos, informó Europa Press, incrementando la eficiencia en el reciclaje y la regeneración de materias primas.

Más allá de lo que ocurra con la filial argentina, la operación principal aún requiere la aprobación de los organismos reguladores correspondientes para su ratificación, de acuerdo con Europa Press. Hasta tanto no se obtengan estas autorizaciones y se cumplan las condiciones habituales para este tipo de transacciones, la adquisición no quedará completada.

Los abogados laboralistas alertan que si el proyecto de reforma laboral se aprueba en el Senado tal como fue redactado en la Cámara de Diputados generará graves implicancias en el ejercicio de la profesión porque podrían ser condenados a pagar las costas de un proceso en forma solidaria y cobrar sus honorarios en cuotas.

El Colegio de Abogados de la Capital Federal, que representa a 89.500 matriculados, envió a mediados de febrero una carta al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y a los titulares de las diecinueve bancadas parlamentarias para plantear estas cuestiones.

Los artículos que principalmente se objetan son el 20 y el 277 de la iniciativa impulsada por el oficialismo y otros bloques para modificar la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo pero el reclamo no fue atendido.

Inés Arias, subdirectora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio y socia del estudio Aguirre Saravia y Gebhardt, explicó que «en el caso del artículo 20 se incorpora un segundo párrafo que dispone que el abogado va a ser solidariamente responsable en caso de pluspetición responsable, que es una figura que normalmente aparece en las leyes procesales».

«Se llama temeridad y malicia, se hace responsable solidariamente cuando hay una acción deliberada del abogado y donde se reclama algo a sabiendas de la sinrazón de ese reclamo. Pero es una figura que exige que haya un componente de culpa, una intención, una negligencia grave», detalló.

Reforma laboral: cómo sería el pago solidario de costas

Para Arias, que también asesora a empresas en riesgos del trabajo, «el problema que trae este texto es que incorpora pluspetición objetiva, es decir que cambia las condiciones de ejercicio profesional de los laboralistas» porque los expone a que «si se plantea una liquidación que después no es aceptada, uno estaría expuesto a una sanción de este tipo que nos obliga a pagar solidariamente las costas».

Aclaró que esto ya existe cuando un letrado «infla» una demanda sabiendo que no tiene razón, pero con la reforma -por ejemplo- si un letrado estima un crédito laboral en 5 millones y el juez fija un millón, sería responsable por el pago de costas de los 4 millones rechazados.

En los juicios laborales, donde rige la gratuidad para los empleados, si un trabajador pierde un juicio, generalmente no se le puede cobrar. Si bien se le puedan imponer las costas, no se le puede ejecutar su vivienda. Esto implica que un empleador que gana el juicio posiblemente deba pagar a su abogado (en caso de que así lo haya pactado), además de los gastos que haya realizado durante la tramitación del expediente. 

En caso de sancionarse al abogado del trabajador por pluspetición inexcusable, éste último deberá abonar las costas del proceso (por ser solidariamente responsable con su representado) y luego tendrá contra el trabajador un crédito proporcional correspondiente a dividir el total de las costas abonadas entre la cantidad de responsables solidarios de su pago (este crédito no podrá tampoco ejecutarse sobre la vivienda de su cliente).

El otro artículo que los laboralistas objetan es el 277, que habilita el pago de sentencias en 6 cuotas para las grandes empresas y en 12 para las pymes.

«Esto genera una discriminación injustificada a la tarea de los abogados laboralistas porque otras ramas del derecho no tienen este riesgo patrimonial directo del ejercicio de la profesión», sostuvo Arias en referencia a colegas que hacen planteos civiles o comerciales.

Por su parte, Leonardo Elgorriaga, de la Asociación de Abogados Laboralistas, consideró que la modificación de estos artículos «es persecutoria porque no sucede lo mismo con los letrados que asesoran a las empresas».

«Si se llega a considerar que hay algo exagerado nos pueden hacer responsables a nosotros pero no a la inversa en caso de que la postura de la empresa sea manifiestamente improcedente. Es decir, no se condena al letrado de la empresa y solo afecta al reclamante«, explicó.

El pago en cuotas afecta el derecho de propiedad

Acerca del pago en cuotas, recordó que «muchos colegas hacen pacto de cuota litis, es decir (que se cobra) un porcentaje de lo que se obtenga en la sentencia» y estos cambios afectan a los letrados y al trabajador «sin justificación alguna porque comprende no sólo a las pymes sino a las grandes empresas«.

Tras remarcar que hay inquietud en la asociación porque este tipo de pago «afecta el derecho de propiedad», también puso el foco en otro punto de la llamada «modernización laboral» porque es algo totalmente novedoso.

«La reforma también dice que los jueces laborales están obligados a seguir los fallos de la Corte y eso no es así en otros fueros», enfatizó Elgorriaga, que recordó que si bien por un tema de economía procesal los jueces adhieren a la postura del máximo tribunal, pueden dictar resoluciones diferentes aclarando que no las comparten.

Para el letrado, de mantenerse esa modificación, «se afecta la independencia de los jueces» porque la propia Corte tiene fallos que dicen que los magistrados se pueden apartar de su jurisprudencia si agregan nuevos argumentos.

«Va a haber cataratas de pedidos de inconstitucionalidad sobre toda la reforma y estos puntos en particular», adelantó.

«No somos una mafia, somos abogados de a pie»

A su turno, Enrique Papalardo, vicedirector del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados San Martín, sostuvo que «son muy pocos los casos en los que se ‘infla’ una liquidación», pero a pesar de eso se elaboró un artículo que perjudica a todos los laboralistas.

«Es la única área del derecho a la que nos están imponiendo algo como esto. Si como abogado presentás una liquidación y el juez considera que es otra porque, por ejemplo, no están las pruebas dadas, nos quieren hacer responsables de eso. Nos están obligando al pago por esas diferencias», señaló.

También se manifestó en contra de cuotificar los honorarios profesionales porque son de carácter alimentario. «Es nuestro salario, nos perjudica gravemente a los abogados de a pie. Esto no es una mafia como lo quieren mostrar a la comunidad», remarcó.

Para Papalardo, «no existe la industria del juicio, sino que las reglas del juego están dadas para que pase esto: hay muchos trabajadores que no se encuentran registrados y por eso se inician demandas».

«Para las pymes, representa un 40% del gasto, por eso recurren a no registrar al empleado. Entonces, lo que hay que hacer es bajar los costos y no cuotificar los honorarios a todos los auxiliares de la Justicia», afirmó.

Papalardo también adelantó que los colegios de abogados seguramente van a plantear la inconstitucionalidad de esta reforma y habrá que esperar a qué decide la Corte Suprema de la Nación y la de la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, lamentó que en el fuero laboral con sede en la Capital Federal prácticamente no se estén sorteando causas porque están a la espera de lo sucede con el traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

«Está muy lastimada la Justicia del Trabajo, hay muchas vacantes en los juzgados, faltan empleados y por eso las demoras en los juicios de 4, 5 o 6 años cuando se podrían resolver en uno», evaluó.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de X para advertir a los contribuyentes sobre la detección de una nueva modalidad de estafa virtual. El organismo informó que se han identificado correos electrónicos fraudulentos que intentan suplantar la identidad de la institución con el objetivo de obtener información personal y sensible de los ciudadanos.

Según detalló la entidad, estos mensajes falsos circulan bajo una apariencia que simula ser una comunicación oficial del organismo. Sin embargo, el análisis técnico realizado por la agencia permitió determinar que los correos electrónicos provienen de direcciones que no pertenecen a un dominio oficial. Asimismo, se advirtió que el remitente de respuesta configurado en estos envíos tampoco guarda relación con una casilla de correo institucional legítima de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La maniobra detectada se enmarca en las técnicas conocidas como “phishing«, donde los ciberdelincuentes buscan engañar al destinatario para capturar datos privados. En este contexto, ARCA enfatizó que su política de comunicación no incluye el envío de correos electrónicos bajo determinadas condiciones.

Desde el organismo aclararon que no se envían correos solicitando datos personales, pagos ni la descarga de archivos. Esta precisión busca que el contribuyente pueda identificar rápidamente una comunicación apócrifa, ya que cualquier requerimiento de información sensible o solicitud de transferencias monetarias vía e-mail queda fuera de los procedimientos estándar de la institución.

Otro punto central de la advertencia reside en la gestión de archivos adjuntos y enlaces. Los correos detectados instan a los usuarios a realizar acciones que comprometen la seguridad de sus dispositivos y datos. Por este motivo, la autoridad fiscal y aduanera recordó que el Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal oficial habilitado para la notificación de actuaciones, despachos u operaciones realizadas a nombre del contribuyente.

Ante la proliferación de estos intentos de estafa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció una serie de pautas de seguridad estrictas para el manejo de la correspondencia electrónica sospechosa:

• Verificación del remitente: Comprobar que el dominio del correo electrónico corresponda efectivamente a las direcciones oficiales del Estado y no a proveedores genéricos o dominios similares pero incorrectos.
• Restricción de enlaces: En caso de recibir un correo que se considere sospechoso, la instrucción oficial es no hacer clic en ningún enlace contenido en el cuerpo del mensaje.
• Archivos adjuntos: Se recomienda de forma taxativa no descargar archivos adjuntos, ya que estos pueden contener software malicioso diseñado para el robo de información o el bloqueo de equipos.
• Consulta de canales oficiales: Toda notificación legítima sobre la situación fiscal o aduanera de una persona debe ser verificada ingresando directamente con clave fiscal al sitio web oficial de la agencia, específicamente en la sección de Domicilio Fiscal Electrónico.

Para colaborar con la investigación de estos incidentes y mitigar el alcance del fraude, ARCA solicitó la colaboración activa de la comunidad. En este sentido, habilitó una vía específica para el reporte de estos correos electrónicos fraudulentos.

Los ciudadanos que reciban una comunicación sospechosa deben reenviar el mensaje original a la casilla de correo electrónico especializada en ciberseguridad del organismo: phishing@arca.gob.ar. El objetivo de este procedimiento es que el área técnica de la entidad pueda realizar un análisis exhaustivo de la estructura del correo, los servidores de origen y los enlaces utilizados por los estafadores para proceder con las acciones correspondientes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reiteró la importancia de mantener la guardia ante este tipo de contactos imprevistos y recordó que la protección de la información personal es una tarea conjunta entre el organismo y los contribuyentes.