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ECONOMIA

Superávit comercial bajo aumenta la tensión cambiaria: ¿vuelve el fantasma de la escasez de dólares?

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A primera vista, la balanza comercial de abril trae buenas noticias para un Gobierno urgido por acumular dólares: de acuerdo con los datos oficiales que acaba de publicar el Indec, dejó un saldo positivo de u$s1.444 millones, un número que multiplica por cinco el registrado el mes anterior. Sin embargo, cuando se miran las cifras «entrelíneas», queda en evidencia que los problemas de escasez de divisas siguen amenazando.

Abril es, por motivos estacionales, un mes de altos ingresos por exportación agrícola, ya que es el que da inicio al «trimestre dorado» en el que se vende la cosecha gruesa de la campaña cerealera. La liquidación informada por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales para ese mes fue de u$s3.171 millones.

No resultó extraño, por eso, que se haya registrado el mayor superávit en seis meses. Sin embargo, es un superávit menor al que se había logrado en abril del año pasado. Y, peor aun, se confirma que mientras lo que hace crecer a las exportaciones es la suba de precios en el mercado internacional, lo que empuja las importaciones es un incremento en las cantidades.

Esto significa que cualquier cambio en el mercado de las commodities agrícolas podría poner una presión mayor sobre los números.

El Gobierno se entusiasma con una proyección de exportaciones para todo el año del orden de los u$s85.000 millones -un aumento de 9% respecto del obtenido en 2021-, una cifra que no parece inalcanzable, dado que el primer cuatrimestre ya acumula u$s27.681 y todavía faltan varios meses de entrada fuerte de «sojadólares».

Pero claro, el problema es que del otro lado de la cuenta también hay una suba acelerada. Las cifras son contundentes: mientras las ventas corren a una velocidad de 28% interanual, las importaciones lo hacen a un 42%.

El saldo de la balanza comercial creció en abril, pero sigue mostrando datos preocupantes, como la velocidad a la que crece la compra de combustibles

El saldo de la balanza comercial creció en abril, pero sigue mostrando datos preocupantes

El gas, la piedra en el zapato del modelo

Y el dato que -aun siendo esperado- nunca deja de impactar es el de los combustibles. A esta altura, ya representa casi un 13% del total de las importaciones, lo cual duplica la participación de hace un año.

A partir de la disparada de los precios de petróleo y gas, como consecuencia de la guerra en Ucrania, se aceleró la «fuga» de divisas por este rubro. Crece a una espectacular tasa de 203% interanual, por lejos el ítem de mayor crecimiento en la lista de importaciones.

Pero la situación es más preocupante de lo que parece. El informe de Indec señala que el rubro de combustibles tuvo un aumento de 73,8% en los precios y de un 72,6% en las cantidades compradas. Esto significa que el déficit por la importación de este rubro no se debe únicamente al impacto global causado por la guerra, sino también a los propios problemas estructurales de Argentina en su matriz energética: la dependencia del suministro del gas importado es cada vez más acentuada.

Es cierto que Argentina también está aprovechando el auge en el precio del petróleo para exportar, y que en el primer cuatrimestre las ventas de crudo dejaron en las arcas del Banco Central u$s2.587, pero la balanza tenderá a ser mucho más deficitaria en los próximos meses, cuando el rigor invernal haga incrementar las compras de gas licuado.

Este hecho es lo que lleva a los economistas más escépticos a pronosticar un sacrificio de divisas por u$s8.000 millones durante 2022.

¿Exportación primarizada?

En contraste, las exportaciones argentinas están subiendo no tanto por un incremento en las cantidades sino de los precios. Este fenómeno se observa sobre todo en los productos industriales -los precios aumentaron 26% y las cantidades 29%-, en los productos primarios -suba de 18% en precios contra 8% en cantidades- y en las manufacturas de origen agropecuario, donde directamente se produjo una disminución de 6,6% en la cantidad exportada, compensada por un aumento de precios de 24%.

Este último rubro es uno de los que motoriza la crítica de las agremiaciones rurales al Gobierno, por haber incrementado las retenciones de exportación de productos agroindustriales como el aceite y la harina de soja. Fue una medida controvertida, porque contradice el discurso oficial de incentivar la venta de productos industrializados, en oposición a la primarización de la exportación.

Para peor, la justificación de esta medida fue la implementación de un fideicomiso para subsidiar la elaboración de productos farináceos, pero a dos meses de haber sido creado, el fondo estabilizador del trigo no termina de arrancar, en medio de acusaciones de boicot entre los integrantes de la cadena industrializadora.

Harina de soja, uno de los productos industriales de origen agrícola que fueron castigados con mayores retenciones para formar un fideicomiso que no termina de arrancar

Los productos industriales de origen agrícola fueron castigados con mayores retenciones

Un superávit que no alcanza

Lo cierto es que, con las perspectivas que se abren para las importaciones, la mayoría de los consultores creen que habrá que resignarse a un saldo comercial sustancialmente menor al que espera el Gobierno.

La reciente encuesta Focus Economics, en la que participan analistas de los mayores bancos y firmas de consultoría, cree que en el año quedará un superávit de u$s10.700 millones, lo que implica una drástica reducción de 28% respecto del saldo de u$s14.750 que se había conseguido en 2021.

Claro que el hecho de tener superávit no deja de ser una buena noticia, pero el Gobierno teme que no resulte suficiente para compensar la salida de divisas por otros rubros, como la demanda de los ahorristas, que entre los gastos por turismo y las compras en modalidad de e-commerce ya se están llevando unos u$s600 millones al mes, con tendencia a incrementar la cifra.

Y, además, está el tema que Cristina Kirchner se encargó de poner en primer plano tras su último discurso pronunciado en Chaco: la demanda de divisas que realizan las empresas endeudadas en dólares.

¿De cuántos dólares, exactamente, está hablando Cristina? En el informe cambiario del Banco Central, durante 2021, el rubro del déficit del sector privado no financiero -es decir, las empresas industriales y comerciales- marcó un déficit de u$s5,132 millones, un promedio de u$s427 millones por mes. Y, en marzo pasado, cuando ya se sintió en el balance el ingreso del refuerzo aportado por el FMI a las reservas, ese rubro tuvo un déficit de u$s586 millones, de los cuales u$s252 millones correspondieron al saldo de deudas mientras que u$s314 se explican por el pago de tarjetas de crédito con proveedores del exterior.

Más allá de la controversia por la insinuación de Cristina Kirchner en el sentido de que se debería restringir el acceso de las empresas para el pago de sus deudas dolarizadas, lo que quedó en evidencia fue la gran preocupación del Gobierno: no alcanza con los dólares que entran por la exportación, no porque sean pocos, sino porque hay una extrema dificultad para retenerlos.

Y esto lleva a que los economistas consideren casi incumplible una de las metas que parecían más fáciles en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: el incremento de u$s5.800 millones en las reservas del Banco Central.

Miguel Pesce, titular del Banco Central, pronosticaba un bajo crecimiento de las importaciones este año, pero están creciendo al doble de velocidad que las exportaciones

Miguel Pesce, titular del Banco Central, pronosticaba un bajo crecimiento de las importaciones este año

Un error de diagnóstico

A esta altura, también quedó en evidencia que hubo un error de diagnóstico por parte de Miguel Pesce, el presidente del Banco Central. El funcionario había adelantado que este año las importaciones no implicarían un problema, porque se rompería la maldición del «tres a uno», esa relación histórica que implica que, por cada dólar que crezca el PBI, las importaciones deben hacerlo en tres dólares.

Pesce había estimado que esa relación no se mantendría este año, dado que en 2021 muchos importadores habían adelantado compras para incrementar sus stocks.

Su argumento era que, en un año en el que la economía había crecido 10%, las importaciones habían saltado un 50%, algo que no se justificaba por las necesidades comerciales ni productivas, y que había sido provocada por una actitud especulativa. Pero se mostraba confiado en que, este año, ese fenómeno se revertiría, de forma que el crecimiento importador fuera menor.

Pero los números están mostrando otra realidad: las importaciones crecen a casi el doble de velocidad que las exportaciones. Y, cuando se considera la proyección oficial de crecimiento del PBI, esa velocidad a la que aumentan las compras es más del triple de lo que los funcionarios esperaban.

Lo que se percibe en el mercado es que, lejos de haber terminado el fenómeno del «sobre-stockeo» motivado por la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, se está acentuando.

Así, se producen a diario cuellos de botella y protestas de sectores que reclaman ser considerados prioritarios a la hora de asignar los dólares escasos.

Esto fue lo que llevó a que se intentara paliar el problema con préstamos desde las casas matrices a las filiales, sobre todo en la industria automotriz, una de las más amenazadas por la escasez de divisas para importar autopartes.

Pero, más allá de la búsqueda de soluciones sectoriales, lo que los economistas están señalando es que los números de la balanza comercial dejan en evidencia los efectos de un atraso cambiario que se profundiza.



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ECONOMIA

Energía reglamenta segmentación tarifaria y da el manejo a un hombre de Guzmán

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Casi dos semanas después de haber aprobado el marco normativo del nuevo régimen tarifario, Energía salió a «reglamentar las funciones y tareas»

Por Antonio Rossi

28/06/2022 – 21,00hs

Energía reglamenta segmentación tarifaria y da el manejo a un hombre de Guzmán

La puesta en marcha de la segmentación tarifaria y quita de subsidios en los servicios de energía eléctrica y gas se asemeja bastante a la recordada movilización de los tanques y la tropa del General Ernesto Alais durante la rebelión carapintada de 1987. Tras la orden impartida por el entonces presidente Raúl Alfonsín para trasladarse desde Entre Ríos a Campo de Mayo para repeler la asonada encabezada por Aldo Rico, el General Alais se movió a paso de tortuga y de tan lento que fue su desplazamiento terminó llegando muy tarde y cuando el conflicto ya se había superado.

Algo similar sucede con la implementación del nuevo esquema de reducción de subsidios y ajustes tarifarios en las facturas de luz y gas que la administración de Alberto Fernández acordó con el FMI en medio de una fuerte disputa interna con los funcionarios kirchneristas del área energética.

Doce días después de haber aprobado por medio del decreto 332 el «marco normativo» del nuevo régimen tarifario, la Secretaría de Energía -que comanda el neuquino Darío Martínez– recién salió a «reglamentar las funciones y tareas» de las dependencias y organismos oficiales que deben llevar adelante los cambios en juego.

Lo hizo a través de la resolución 467, donde la Secretaría de Martínez -en su carácter de «autoridad de aplicación» del sistema segmentado de tarifas energéticas- procedió a «delegar y a instruir» a las segundas líneas de mando las distintas acciones previstas para «revisar la incidencia distributiva de los subsidios a los servicios públicos de forma tal que se cumpla con los principios de equidad y solidaridad».

A paso de tortuga, el Gobierno avazan en la segmentación tarifaria.

A paso de tortuga, el Gobierno avazan en la segmentación tarifaria.

Segmentación de tarifas: qué dice la nueva reglamentación

La resolución reglamentaria presenta dos datos salientes. 

Por un lado, descarga prácticamente toda la responsabilidad operativa del nuevo régimen tarifario en la Subsecretaría de Planeamiento Energético comandada por Santiago López Osornio, el único funcionario del staff de Energía que responde directamente al ministro de Economía, Martín Guzmán. Y, por otro lado, no fija plazos, ni tiempos concretos para el reempadronamiento que deben realizar los usuarios y tampoco para la entrada en vigencia de las modificaciones tarifarias y la anunciada supresión de subsidios a los usuarios de mayores ingresos.

De acuerdo con la letra chica de la resolución 467, la Subsecretaría de López Osornio tendrá a su cargo las siguientes atribuciones y tareas:

  • Establecer los procedimientos tendientes a identificar la capacidad de pago de los usuarios de los servicios de electricidad y de gas natural de todo el país.
  • Poner en funcionamiento el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y confeccionar los padrones de beneficiarios, a partir de la información que se obtenga de las declaraciones juradas que deberán complementar los usuarios en el sistema digital que disponga la Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público dependiente de la Jefatura de Gabinete.
  • Instrumentar y gestionar de manera integral el flujo de información en relación directa con los organismos que serán su fuente de información, sus usuarios y quienes la enriquezcan y complementen.
  • Definir los mecanismos y acreditaciones necesarios para que los inquilinos puedan adquirir la condición de «Usuario o Usuaria Residencial del Servicio».
Guzmán junto a López Osornio, su hombre de confianza en Energía.

Guzmán junto a López Osornio, su hombre de confianza en Energía.

Traspaso de responsabilidades

A su vez, Martínez le transfirió a la Subsecretaría de Coordinación Institucional -piloteada por Guillermo Usandivaras, quien llegó a ese puesto de la mano del Jefe de Gabinete, Juan Manzur- la responsabilidad de «proyectar y promover la suscripción de convenios con las jurisdicciones y entes reguladores provinciales y municipales con el fin de establecer el alcance nacional de la segmentación de subsidios en los servicios de energía eléctrica y gas natural«.

Esos convenios servirán para que los organismos de control y las autoridades provinciales informen el segmento correspondiente a cada suministro a las distribuidoras y cooperativas que prestan los servicios de luz y gas, quienes deberán utilizar esos datos para realizar la facturación correspondiente que refleje la categoría especifica contenida en el RASE gestionado por López Osornio.

Con respecto a los entes reguladores nacionales -el ENRE, a cargo de la camporista Soledad Manin, y el Enargas, manejado por el especialista K y vocal del Instituto Patria, Federico Bernal-, la resolución establece que, en sus nuevos roles de «Unidades Operativas de Implementación», deberán «desarrollar todas las acciones que disponga la subsecretaría de Planeamiento Energético».

El Gobierno da un nuevo paso para concretar la segmentación tarifaria.

El Gobierno da un nuevo paso para concretar la segmentación tarifaria.

Qué deberán hacer las distribuidoras de servicios

A su vez, las distribuidoras eléctricas y gasíferas deberán ponerse a la orden de López Osornio y recabar toda la información de los usuarios que les sea requerida para el armado y procesamiento del RASE.

Además, las distribuidoras y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) –que preside la camporista Fernanda Raverta– deberán habilitar sus oficinas para la atención presencial facilitando la carga digital de aquellas personas que no tengan acceso a la tecnología digital.

Como dato novedoso, la resolución deja la puerta abierta para que Planeamiento Energético disponga que otros organismos o instituciones se sumen a «la atención personalizada y gratuita» de los usuarios que no puedan tramitar su inscripción en el RASE por la vía digital.

Lo que no aparece aclarado, ni detallado con precisión en la norma reglamentaria son las fechas y los tiempos en que debería estar operativo el RASE y desde cuándo comenzarían a recortarse los subsidios a los usuarios de mayor poder económico.

Como única referencia, uno de los artículos de la resolución señala que «la Subsecretaría de Planeamiento Energético– con previa intervención de las áreas competentes de la Subsecretaría de Energía Eléctrica y de la Subsecretaría de Hidrocarburos–establecerá un mecanismo gradual de asunción plena del costo del componente de energía eléctrica en tercios bimestrales. Y, en el caso del gas, ese costo no podrá ser superior al promedio de todas las regiones».



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